María Guadalupe Segura Ancona

Expediente 2010/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2010/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe Segura Ancona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en estos autos el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su resolutivo primero sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso, coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y siete minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con el Licenciado Guillermo Bacab Pech, Secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, el Secretario hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, mismo que se puso a la vista con conocimiento de las partes, registrado con el número 21176. Seguidamente, el Juez acuerda: téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado rendido por la responsable. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta al Juez con las copias certificadas que remitió la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, como justificación del acto reclamado. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrado este período. A continuación, se abre la etapa de alegatos y el Secretario da cuenta únicamente con el pedimento 652/2022, formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; asimismo, certifica que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. Al respecto el Juez determina: téngase por hecha la petición de la Agente del Ministerio Público de la Federación en su pedimento de cuenta, así como la certificación de la Secretaría, con lo que también se cierra este periodo. Seguidamente, no habiendo diligencias por desahogar, el Juez declara visto el expediente y se procede a dictar sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo 2010/2022-VII-A, promovido por María Guadalupe Segura Ancona, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de esta anualidad, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el veinticuatro siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, misma que se registró con el número 2010/2022-VII-A; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la puesta a la vista que se dio del informe justificado agregado por auto de veintiuno de septiembre esta anualidad, con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que la certeza del acto reclamado se acreditó con el informe justificado y las constancias remitidas como justificación del acto reclamado, de los que se desprende la existencia del acto reclamado, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista. Máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio por parte de este Juzgador, al no haber razón jurídica para que primordialmente la quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por las responsables. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de radicar la demanda laboral que promovió en contra de Afore Inbursa, Sociedad Anónima de Capital Variable, y señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, pues si bien al rendir su informe justificado, registrado con el número 21176, lo negó; a continuación realizó manifestaciones que evidencian su certeza, lo que se corrobora con las documentales que remitió como justificación de su acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada Ley de la materia. Al respecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso, de las constancias que remitió la Junta responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Se advierte que mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda laboral promovida por la aquí quejosa con el número 891/2022, y se fijó fecha y hora para la audiencia de conciliación demanda y excepciones, lo que se hizo del conocimiento de la actora, aquí quejosa, el veintinueve de agosto siguiente. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. QUINTO. Protección de datos. Toda vez que la parte impetrante del amparo, manifestó su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto, lo cual fue acordado favorablemente; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura de sentencia. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Guadalupe Segura Ancona, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el que remite el juicio de amparo I.2308/2022, del índice de ese Juzgado, con cinco copias del escrito de demanda y ocho anexos de pruebas, por considerar que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, que conoció del diverso juicio de amparo 2328/2021-VII-B, que promovió el quejoso ALEJANDRO RODRÍGUEZ PÉREZ, contra el auto aprobatorio de remate, dictado en el expediente 1652/2008, del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, es a quien le corresponde conocer, por razón de turno, de aquél juicio que también promueve el mencionado quejoso contra la orden de otorgar la escritura pública a favor de su contraparte. Criterio que no comparte el suscrito, pues en el caso no se cumple con el criterio de relación a que se refiere el artículo 45 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el Sistema de Recepción, Registro y Turno de Asuntos; y las Consultas de Turno; para que este Juzgado de Amparo se avoque al conocimiento de la demanda presentada en el Juzgado Quinto de Distrito en esta entidad. En razón de lo siguiente: La finalidad del returno al tenor de lo establecido en el artículo 46 fracciones II y V del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no solamente se cumple con enviar un asunto relacionado a un diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio, relativo a utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Sino que implica, además, aprovechar ese conocimiento previo, por haber conocido de otro acto relacionado o vinculado, de manera general o específica, que constituye el antecedente o hecho común que dio origen al acto impugnado correspondiente, que implica un conocimiento previo. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis XVII.2o.2 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 3342, del Tomo IV, Libro 52, Marzo de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, con número de registro digital 2016445, que establece: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL TURNO DE LOS ASUNTOS. El acuerdo general mencionado, fue modificado, entre otros, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, el cual retomó el contenido del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, modificado por el diverso Acuerdo General 48/2008, en el que se instauró el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las oficinas de correspondencia común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 46 del acuerdo citado en primer término, entre ellos, el que refiere su fracción III, respecto de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo al que tenga el antecedente del que deriva, conocido por cualquier vía, con la única excepción de que se trate de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Por otra parte, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un asunto relacionado a un diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio, relativo a utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de sentencias contradictorias, sino que implica, además, aprovechar ese conocimiento previo, por haber conocido de otro acto relacionado o vinculado, de manera general o específica, que constituye el antecedente o hecho común que dio origen al acto impugnado correspondiente, que implica un conocimiento previo. En ese sentido, en términos del artículo 46, fracción III, indicado, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin excepción o límite a su aplicación, salvo la prevista en la parte final de la fracción III referida, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos. Lo anterior toda vez que, se itera, la finalidad del returno se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional, ya sea por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; o bien, cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo." Lo que en el caso no acontece, ya que como antes se dijo el acto reclamado en la demanda que dio origen al juicio de amparo promovido ante este Juzgado, fue el auto aprobatorio de remate dictado en el juicio de origen, misma demanda que fue desechada por notoriamente improcedente, esto es, no se entró al estudio de fondo del asunto. Lo anterior, por cuanto ese acto sólo puede impugnarse como violación cometida en ese procedimiento (remate) hasta que se dicte la resolución que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega del bien rematado, lo cual esto último es ahora materia del nuevo juicio de amparo promovido por ALEJANDRO RODRÍGUEZ PÉREZ. Determinación que fue recurrida en queja, y resuelta por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, el cual declaró infundado dicho recurso, confirmándose el auto recurrido. Luego, al no existir ese conocimiento previo en el antecedente en que se funda el Juez Quinto de Distrito en el Estado, para returnar el juicio de amparo de su índice a este Juzgado, pues se itera en el antecedente que cita no se realizó algún pronunciamiento de fondo sobre el problema planteado en el negocio, que conlleve a utilizar esas consideraciones en el dictado de la resolución que se pronuncie en la nueva demanda y así evitar el dictado de sentencias contradictorias. Procédase a devolver el juicio de amparo I.2308/2022, con sus anexos al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, para que continúe con el conocimiento del juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, y las tarjetas de acuse de recibo correspondientes a los oficios 26020/202 y 26021/2022, de las que se advierte que la totalidad de las partes se encuentran debidamente notificadas de la sentencia dictada el veintitrés de junio del año en curso; asimismo, se desprende que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables Delegado Estatal en Quintana Roo del Registro Agrario Nacional, con sede en esta Chetumal, Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional y con sede en la Ciudad de México, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, en el término señalado, o de no manifestar el impedimento que tienen para ello, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe.

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