María Guadalupe Macías Alvarez

Expediente 505/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
505/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2015

Partes del expediente

  • María Guadalupe Macías Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de octubre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda, el oficio 13267/2015, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite copia certificada del testimonio de la resolución emitida con motivo de la queja interpuesta por la parte quejosa en contra el auto de dieciséis de julio del año en curso, en el juicio de amparo 505/2015, hágase del conocimiento de las partes que dicho Tribunal resolvió: ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ***************, en contra del auto de dieciséis de julio de dos mil quince, dictado por el Juez Séptimo de Distrito con sede en esta ciudad en el juicio de amparo indirecto 505/2015 de su índice. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto de dieciséis de julio del año en curso dictado por este juzgador ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, acúsese recibo de estilo y agréguese el cuadernillo de antecedentes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe. *eam

  2. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua, siete de agosto de dos mil quince. Agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 15479, con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 505/2015, el original y copia del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Asimismo, informa que se registró con el toca 137/2015, lo anterior con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.*eam

  3. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua, dieciséis de julio de dos mil quince. Vista la demanda de ***, contra actos de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otra. Fórmese el expediente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno respectivo, como juicio de amparo 505/2015-I-1. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En la especie, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.] Sobre el tópico que se analiza, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "personalidad. en contra de la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, resultando inaplicable la jurisprudencia p./j. 4/2001 (ley de amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013).", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de acuerdo con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, los actos procesales causan un perjuicio de imposible reparación siempre que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente algún derecho fundamental del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; pues los efectos negativos que pudieran causar esos actos no se destruirán con el solo hecho de obtener sentencia definitiva favorable. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la materia. Así, de la interpretación funcional del principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se colige que éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia, cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la propia Carta Magna o en tratados internacionales. En esa virtud, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Para estar en condiciones de evidenciar por qué se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es importante destacar los hechos expuestos por la parte promovente en su demanda, los cuales fueron vertidos bajo protesta de decir verdad y cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, siendo los hechos siguientes: 1.- Con fecha 8 de Julio del 2013, la suscrita presenté demanda laboral en contra de la ahora Tercero Interesada, ******, la cual fue radicada ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, reclamando el pago de diversas prestaciones. 2.- Una vez que la demanda quedó radicada ante la Junta Especial # 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el Expediente # *****, habiéndose desahogado la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, a las 11:00 horas del día 7 de Febrero del 2014. En la multicitada audiencia trifásica, fue desahogada la etapa conciliatoria y la etapa conciliatoria y la etapa de Ofrecimiento de Pruebas reservándose la facultad de calificar las pruebas ofrecidas por las partes. 3.- Mediante auto de fecha 6 de Marzo del 2015, publicado en lista de estrados el día 31 de Marzo del 2015 se reanudó la audiencia trifásica en la etapa de admisión de pruebas en la cual se desecharon las pruebas .de COTEJO y de INSPECCION JUDICIAL ofrecidas por la actora, admitiéndose la CONFESIONAL de la demandada entre otras. 4.- Inconforme con el desahogo de la audiencia en cuestión, estando en tiempo y forma para ello, es decir, dentro de los 3 días que para la interposición establece la Ley Federal del Trabajo, promoví mediante escrito de fecha 8 de Abril del 2015, Incidente de Nulidad de Actuaciones. 5.- Con fecha 8 de Abril del 2015 se dio entrada al incidente de Nulidad de Actuaciones promovido, admitiéndolo en artículo de previo y especial pronunciamiento con suspensión del juicio en lo principal, citándose a las partes para la sustanciación del mismo a las 9:00 horas del día 24 de Junio del 2015. 6.- El 24 de Junio de12015, a las 9:00 horas se desahogó la audiencia incidental y en la misma se resolvió el incidente promovido, declarándolo improcedente Ahora, los actos reclamados por la quejosa, entonces, es: IV.- ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha 24 de junio del 2015, dictada en el Incidente de Nulidad de Actuaciones e Incidente de Nulidad de Actuaciones, resolución que me fue notificada en la misma fecha, encontrándome en tiempo y forma para la interposición de la demanda de amparo. Contra los actos anteriormente relacionados el juicio de amparo resulta improcedente, dado que las violaciones que argumenta le causó el hecho de que se omitió dolosamente el estudio del escrito incidental y en consecuencia de las pruebas ofrecidas para probar lo afirmado en el mismo, son meramente procesales, los cuales, por su naturaleza no afectan en forma directa e inmediata derecho sustantivo alguno en contra del impetrante de garantías, que no pueda subsanarse ni aún en el caso de obtener sentencia favorable. Así se sostiene, pues la parte quejosa se duele de que el tribunal natural declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que se interpuso contra el desechamiento de las pruebas de cotejo e inspección judicial que ofertó; lo que no trastoca derecho fundamental alguno porque se trata de un aspecto procesal que, en su caso, sólo es posible de lesionar los derechos de la parte que se ve desfavorecida con la determinación, cuando se resuelva el juicio de mérito en definitiva, pues será hasta este momento procesal cuando podrá advertirse si el incidente de nulidad con el que se pretendió combatir el desechamiento de las pruebas de mérito, dejó sin defensa al accionante y trascendió al resultado del fallo. Lo que se corrobora con la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, registrada con el número 2006339, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, mayo de dos mil catorce, Tomo III, página 1570, Décima Época, del tenor siguiente: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal. Por tanto, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 196196, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la ley invocada, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y vista la certificación de cuenta, en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, se autoriza a la profesionista que refiere en su demanda. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia de personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Finalmente, en términos de los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.*eam

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