María Guadalupe Nevarez Ortiz

Expediente 1016/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1016/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Nevarez Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de marzo de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese en lista electrónica, por oficio a la autoridad responsable y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1016/2022-III, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El ocho de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió de manera electrónica la demanda de amparo promovida por *******, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo 1016/2022-III y una vez desahogada la prevención, en auto de dieciocho de mismo mes y año se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto cuya ejecución se efectuó en el lugar en el que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral *******, específicamente la omisión de concluir el periodo probatorio en el juicio de origen, al no requerir al Instituto Mexicano del Seguro Social, los oficios ordenados dentro de ese periodo y la omisión de ésta última en rendirlos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, manifestó que es cierto el acto reclamado; adjuntando para tal efecto copia certificada de diversas constancias relativas al expediente *******. Son ciertos de igual manera los actos reclamados al Instituto Mexicano del Seguro Social, no obstante que al rendir su informe justificado, haya señalado que no lo son. Ello es así, pues de las constancias con que acompañó a su informe, se desprende, que fue hasta el dos de diciembre de dos mil veintidós, es decir, después de presentada la demanda de amparo -que se recibió el ocho de noviembre de misma data, como ya fue referido- que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su oficina alterna de servicios jurídicos en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, rindió los oficios requeridos por la junta responsable, mediante auto de catorce de julio de ese mismo año. Además, el ocho de diciembre siguiente, al recibir la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, tales oficios, determinó que toda vez que no quedaron pruebas pendientes de perfeccionar, concedió a las partes el termino común de dos días hábiles, a efectos de que formularan alegatos, auto notificado a las mismas por medio de estrados. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, como lo es el secretario adscrito a la junta responsable. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, la suscrita estima que, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]" De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, la parte quejosa, en esencia, reclama al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral *******, específicamente la omisión de concluir el periodo probatorio en el juicio de origen, al no requerir al Instituto Mexicano del Seguro Social, que rindiera los oficios solicitados dentro de ese proceso y a ésta última la omisión de rendirlos. Sin embargo, de las constancias remitidas por las responsables como soporte de su informe justificado, así como con posterioridad, consistentes en la totalidad de las actuaciones que integran el juicio laboral *******, se desprende que, mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, la Junta responsable recibió los oficios requeridos al Instituto Mexicano del Seguro Social, documental cuyo valor probatorio se le reconoció en el considerando que antecede. De manera que, si el Instituto Mexicano del Seguro Social, el dos de diciembre, remitió los oficios requeridos mediante acuerdo de catorce de julio, y la Junta responsable proveyó lo conducente en auto de ocho de diciembre, todos de dos mil veintidós; es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a la quejosa en el goce de la garantía violada, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban, esto es, la continuidad de las etapas del juicio laboral de origen. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concede la protección constitucional tiene por efecto precisamente el obligar a la Junta responsable en términos de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, a actuar en los términos de la legislación de la materia, y proveer lo conducente respecto al requerimiento de los oficios ordenados mediante acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, lo cual finalmente ocurrió debido a la actuación de la propia responsable Instituto Mexicano del Seguro Social. Máxime que en esa misma fecha, una vez que no quedaron más pruebas por perfeccionar, la responsable ordenó pasar ese procedimiento de origen, al periodo de alegatos, así, mediante acuerdo de fecha nueve de enero de dos mil veintitrés, la responsable certificó que las partes no los presentaron, certificación con lo cual dio vista a las partes a efecto de declarar cerrada esa etapa procesal. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 61 fracción XXI, 74 y 75, de la Ley de Amparo, así como 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del expediente *******. En razón de lo anterior, se le tiene dado cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado mediante acuerdo de diecinueve de enero del presente año. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe justificado de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, de las constancia que remitió adjuntas a su informe se aprecie que carecen de la firma del secretario de acuerdos en la certificación correspondiente. En razón de lo anterior, a efecto de estar en posibilidad de resolver el presente asunto y en su caso advertir alguna causal de improcedencia que impida que la suscrita entre al estudio del fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, a fin de que dentro del término de tres días, computado legalmente, remita a este juzgado copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral ******* de su índice; o en su caso, informe el impedimento que tuviere para tal efecto. Apercibida que una vez que fenezca el plazo concedido y no cumplir con lo que este auto ordena, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de ***. Ahora, de la certificación que antecede se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, en atención a lo referido en el párrafo que antecede, no es posible su desahogo; en consecuencia, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto, el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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