María Guadalupe Ontiveros Ochoa
Expediente 292/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 11/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Guadalupe Ontiveros Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de octubre de dos mil veintiuno. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales Finalmente, en cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional, el incidente de suspensión original es destruible de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2020-VI, promovido por **********, contra actos del Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cinco de agosto de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado el mismo día, la quejosa María Guadalupe Ontiveros Ochoa, promovió juicio de amparo contra actos del Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, a quienes reclamó los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Derechos que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento de una prevención, en acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se aceptó la competencia planteada, se registró la demanda bajo el número **********/2021-VI, se admitió a trámite, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues, se reclama un acto emitido en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado; por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se determina que la quejosa reclamó lo siguiente: De los Jueces Primero, Segundo y Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, así como de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Civiles por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La orden de desalojo, del bien inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, Del cual, la quejosa afirma, ser poseedora. Del Encargado de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La ejecución de dicha orden de desalojo. Del Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La protocolización de la adjudicación del bien inmueble descrito, a favor de la parte actora, en el juicio natural. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Los Jueces Primero y Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, en sus informes justificados, negaron la existencia del acto que se les reclamó. De igual forma, los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en sus informes justificados, negaron la existencia del acto que se les atribuyó.Por su parte, el Encargado de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclamó, esencialmente debido a que sus funciones son administrativas, no jurisdiccionales.Por último, el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante que fue oportunamente requerido, vía correo electrónico, el veintiuno de agosto de dos mil veinte; sin embargo, no ha lugar a presumir cierto el acto que se le reclamó, pues como se indicará en el considerando siguiente, los actos reclamados en este asunto, derivan de un juicio oral ordinario civil del índice del Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este asunto, en relación con las autoridades responsables señaladas en este considerando.Cuarto. Existencia del acto reclamado. El Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, sin embargo, de las constancias que se le requirieron y que remitió mediante oficio recibido en este Juzgado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, relativas al juicio oral ordinario civil **********/2018, se advierte lo siguiente: Que dicho juicio fue promovido por **********, S.R.L. de C.V., por conducto de su representante legal, contra **********, Que el veinte de marzo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en la cual se declaró procedente la vía especial hipotecaria y que la parte actora acreditó la procedencia de la acción y la parte demandada incurrió en rebeldía, asimismo, se declaró vencido anticipadamente el contrato base de la acción, se condenó a la parte demandada al pago de gastos y costas y se le indicó que si no hace el pago de las prestaciones a que se le condenó, se haría el trance y remate del bien inmueble hipotecado y con el producto de ello, se pagaría al actor, Que el bien inmueble hipotecado es el ubicado en calle Piña o Canela, número 5465, interior 34, de la Colonia Vista del Valle, en esta ciudad, del cual dijo ser poseedora, la aquí quejosa, Que dicha sentencia causó ejecutoria en auto de diez de abril de dos mil diecinueve, Que en auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se determinó adjudicar el bien inmueble hipotecado a la parte actora, sin procedimiento de remate, debido a que el avalúo de dicho bien resultó mayor al monto de la condena, Que en auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó la protocolización de la adjudicación, la cual llevó a cabo el Notario número cinco en esta ciudad, y Que mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Décimo responsable ordenó poner en posesión de dicho bien inmueble, a la parte actora. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se remitió copia certificada de las mismas por el Secretario adscrito, quien estampando su firma en la leyenda correspondiente, así como el sello oficial de dicho órgano jurisdiccional. De manera que, el acto que reclama la aquí quejosa, es cierto, pues el Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el juicio oral ordinario civil **********/2018, ordenó poner en posesión de la parte actora, precisamente el bien inmueble que la quejosa dijo poseer; juicio natural respecto del cual, la quejosa es tercero extraña en sentido estricto, pues no es parte formal en el mismo, de manera que no fue llamada al mismo. Por su parte, el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, manifestó que inscribió la adjudicación en rebeldía, del bien inmueble descrito, con el número 2785, a folio 171, del libro 2165, de la sección primera, de la cual remitió copia certificada, la cual también cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los citados artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo tanto, la existencia de los actos reclamados aquí descritos, está fehacientemente demostrada. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 5º, fracción I, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme a dicho numeral, se advierte que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598, del Tomo II, Libro 64, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Marzo de 2019, Materia Común, con número de registro 2019456, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, procede analizar si en el caso, la quejosa se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si los actos reclamados son susceptibles de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en el Libro XIX, Tomo 3, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, abril de dos mil trece, Materia Común, con número de registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. En el caso, la quejosa, reclamó del Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la orden de desalojo, del bien inmueble ubicado en calle Piña o Canela, número 5465, interior 34, de la Colonia Vista del Valle, en esta ciudad, que dictó en el juicio oral ordinario civil **********/2018, bien inmueble que la quejosa dijo poseer. Pues bien, la quejosa tiene el carácter de tercero extraña en sentido estricto, respecto del juicio natural, pues no fue llamada al mismo, ya que no es parte formal en la relación jurídico procesal ahí entablada. Ahora bien, para demostrar que es poseedora del bien inmueble objeto del juicio natural, la quejosa anexó a su demanda de amparo, copia certificada del contrato celebrado el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, que contiene la cancelación parcial de hipoteca, el contrato de compra venta (celebrado entre los demandados en el juicio natural **********, como compradores, y Constructora y Promotora de León, S.A. de C.V., como vendedora), así como la constitución del crédito y garantía hipotecaria (celebrado entre el trabajador ********** y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), todo ello, respecto del bien inmueble objeto del juicio natural. Sin embargo, dicho documento no es apto para demostrar que la aquí quejosa es poseedora -situación de hecho- del bien inmueble descrito, pues se refiere a un acto traslativo de dominio (compra venta) -situación de Derecho-respecto de dicho bien, en el cual ella no participó de manera alguna. Sin que haya ofrecido diverso medio de prueba para demostrar fehacientemente, que ella es poseedora, de buena fe, del bien inmueble que nos ocupa, lo cual era necesario para demostrar su interés jurídico, conforme a lo ya expuesto, pues si bien el artículo 14 Constitucional, protege ese derecho, es la parte interesada la que debe demostrar que efectivamente es titular del mismo y, se insiste, que lo ejerza en función de un título adquirido de buena fe, lo cual no ocurre en este caso. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, materia Civil, Novena Época, con registro digital 187733, del contenido siguiente: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Así pues, ya que la quejosa no demostró ser poseedora de buena fe del bien inmueble objeto del juicio natural, en consecuencia, no demostró su interés jurídico, lo que actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por **********, en contra de las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy trece de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2020-VI, promovido por **********, contra actos del Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cinco de agosto de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado el mismo día, la quejosa María Guadalupe Ontiveros Ochoa, promovió juicio de amparo contra actos del Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, a quienes reclamó los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Derechos que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento de una prevención, en acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se aceptó la competencia planteada, se registró la demanda bajo el número **********/2021-VI, se admitió a trámite, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues, se reclama un acto emitido en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado; por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se determina que la quejosa reclamó lo siguiente: De los Jueces Primero, Segundo y Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, así como de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Civiles por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La orden de desalojo, del bien inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, Del cual, la quejosa afirma, ser poseedora. Del Encargado de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La ejecución de dicha orden de desalojo. Del Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La protocolización de la adjudicación del bien inmueble descrito, a favor de la parte actora, en el juicio natural. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Los Jueces Primero y Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, en sus informes justificados, negaron la existencia del acto que se les reclamó. De igual forma, los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en sus informes justificados, negaron la existencia del acto que se les atribuyó.Por su parte, el Encargado de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclamó, esencialmente debido a que sus funciones son administrativas, no jurisdiccionales.Por último, el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante que fue oportunamente requerido, vía correo electrónico, el veintiuno de agosto de dos mil veinte; sin embargo, no ha lugar a presumir cierto el acto que se le reclamó, pues como se indicará en el considerando siguiente, los actos reclamados en este asunto, derivan de un juicio oral ordinario civil del índice del Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este asunto, en relación con las autoridades responsables señaladas en este considerando.Cuarto. Existencia del acto reclamado. El Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, sin embargo, de las constancias que se le requirieron y que remitió mediante oficio recibido en este Juzgado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, relativas al juicio oral ordinario civil **********/2018, se advierte lo siguiente: Que dicho juicio fue promovido por **********, S.R.L. de C.V., por conducto de su representante legal, contra **********, Que el veinte de marzo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en la cual se declaró procedente la vía especial hipotecaria y que la parte actora acreditó la procedencia de la acción y la parte demandada incurrió en rebeldía, asimismo, se declaró vencido anticipadamente el contrato base de la acción, se condenó a la parte demandada al pago de gastos y costas y se le indicó que si no hace el pago de las prestaciones a que se le condenó, se haría el trance y remate del bien inmueble hipotecado y con el producto de ello, se pagaría al actor, Que el bien inmueble hipotecado es el ubicado en calle Piña o Canela, número 5465, interior 34, de la Colonia Vista del Valle, en esta ciudad, del cual dijo ser poseedora, la aquí quejosa, Que dicha sentencia causó ejecutoria en auto de diez de abril de dos mil diecinueve, Que en auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se determinó adjudicar el bien inmueble hipotecado a la parte actora, sin procedimiento de remate, debido a que el avalúo de dicho bien resultó mayor al monto de la condena, Que en auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó la protocolización de la adjudicación, la cual llevó a cabo el Notario número cinco en esta ciudad, y Que mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Décimo responsable ordenó poner en posesión de dicho bien inmueble, a la parte actora. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se remitió copia certificada de las mismas por el Secretario adscrito, quien estampando su firma en la leyenda correspondiente, así como el sello oficial de dicho órgano jurisdiccional. De manera que, el acto que reclama la aquí quejosa, es cierto, pues el Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el juicio oral ordinario civil **********/2018, ordenó poner en posesión de la parte actora, precisamente el bien inmueble que la quejosa dijo poseer; juicio natural respecto del cual, la quejosa es tercero extraña en sentido estricto, pues no es parte formal en el mismo, de manera que no fue llamada al mismo. Por su parte, el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, manifestó que inscribió la adjudicación en rebeldía, del bien inmueble descrito, con el número 2785, a folio 171, del libro 2165, de la sección primera, de la cual remitió copia certificada, la cual también cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los citados artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo tanto, la existencia de los actos reclamados aquí descritos, está fehacientemente demostrada. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 5º, fracción I, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme a dicho numeral, se advierte que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598, del Tomo II, Libro 64, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Marzo de 2019, Materia Común, con número de registro 2019456, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, procede analizar si en el caso, la quejosa se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si los actos reclamados son susceptibles de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en el Libro XIX, Tomo 3, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, abril de dos mil trece, Materia Común, con número de registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. En el caso, la quejosa, reclamó del Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la orden de desalojo, del bien inmueble ubicado en calle Piña o Canela, número 5465, interior 34, de la Colonia Vista del Valle, en esta ciudad, que dictó en el juicio oral ordinario civil **********/2018, bien inmueble que la quejosa dijo poseer. Pues bien, la quejosa tiene el carácter de tercero extraña en sentido estricto, respecto del juicio natural, pues no fue llamada al mismo, ya que no es parte formal en la relación jurídico procesal ahí entablada. Ahora bien, para demostrar que es poseedora del bien inmueble objeto del juicio natural, la quejosa anexó a su demanda de amparo, copia certificada del contrato celebrado el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, que contiene la cancelación parcial de hipoteca, el contrato de compra venta (celebrado entre los demandados en el juicio natural **********, como compradores, y Constructora y Promotora de León, S.A. de C.V., como vendedora), así como la constitución del crédito y garantía hipotecaria (celebrado entre el trabajador ********** y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), todo ello, respecto del bien inmueble objeto del juicio natural. Sin embargo, dicho documento no es apto para demostrar que la aquí quejosa es poseedora -situación de hecho- del bien inmueble descrito, pues se refiere a un acto traslativo de dominio (compra venta) -situación de Derecho-respecto de dicho bien, en el cual ella no participó de manera alguna. Sin que haya ofrecido diverso medio de prueba para demostrar fehacientemente, que ella es poseedora, de buena fe, del bien inmueble que nos ocupa, lo cual era necesario para demostrar su interés jurídico, conforme a lo ya expuesto, pues si bien el artículo 14 Constitucional, protege ese derecho, es la parte interesada la que debe demostrar que efectivamente es titular del mismo y, se insiste, que lo ejerza en función de un título adquirido de buena fe, lo cual no ocurre en este caso. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, materia Civil, Novena Época, con registro digital 187733, del contenido siguiente: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Así pues, ya que la quejosa no demostró ser poseedora de buena fe del bien inmueble objeto del juicio natural, en consecuencia, no demostró su interés jurídico, lo que actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por **********, en contra de las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy trece de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado de autos, se advierte que a las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve se encontraba fijada la cita para la quejosa **********, a fin de que ratificara su escrito de desistimiento, sin que se presentara en las instalaciones de este juzgado. Se agenda nuevamente cita de desistimiento Así, en términos del artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, cítese por última ocasión a la quejosa **********; ello con la finalidad de que se constituya en las instalaciones de este órgano jurisdiccional a ratificar su desistimiento de la demanda de amparo, apercibida que de no acatar el requerimiento que se le formula o indicar la imposibilidad que tiene para ello, se continuará con la tramitación del presente juicio. Generación código QR En términos de la fracción I del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de lograr la presencia física del quejoso, este órgano jurisdiccional generará la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", por lo que, deberá constituirse en las instalaciones de este órgano jurisdiccional a las diez horas con treinta minutos del siete de septiembre de dos mil veintiuno. En atención a lo anterior, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción a fin de que se constituya en el domicilio señalado por el accionante del amparo, y le notifique el presente acuerdo, haciéndole entrega de la constancia impresa en la que obra el código QR a nombre de María Guadalupe Ontiveros Ochoa. Asimismo, deberá indicarle que el día de la cita para ingresar a este juzgado federal tiene que presentarse de forma puntual, debidamente identificado, exhibir a la entrada del edifico el referido código de respuesta rápida y cumplir con el protocolo de acceso implementado para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2. Notifíquese en lista y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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