Maria Guadalupe González Calderon
Expediente 878/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Maria Guadalupe González Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
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Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio SEADS/473/2018, recibido en este Juzgado Federal el cinco de los corrientes, téngase al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informando que en sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la readscripción del Juez David César Aranda González, como Titular de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, con efectos a partir del dieciséis de los corrientes. Hágase del conocimiento de las partes tal designación, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de siete de marzo de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primero párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración por haberse concedido la media cautelar solicitada. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, como se advierte que el presente expediente es un asunto totalmente concluido; previa certificación de su existencia desglósese y devuélvase a la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, los autos originales del toca *******, de su índice, mismo que fue anexado como justificación a su informe, solicitando acuse el recibo de estilo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante la Secretaria *******, que autoriza y da fe. Doy Fe.*eam
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Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de marzo de dos mil dieciocho. VISTO para dictar la resolución de cumplimiento en el expediente de amparo indirecto 878/2017-III, promovido por *******. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El veintidós de agosto de dos mil diecisiete, la quejosa presentó demanda de amparo directo ante la autoridad responsable Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, quien la remitió al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en esta sede, el que mediante acuerdo de diez de octubre de dos mil diecisiete declaró firme la resolución en la que se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa, y en el mismo proveído ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en turno. El once de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, la demanda que dio origen al juicio, misma que fue turnada a este Juzgado de Distrito ese mismo día. En el escrito inicial la quejosa ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en su carácter de ordenador y del Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en su carácter de ejecutor, la resolución de catorce de julio de dos mil diecisiete, en la que el primero de los mencionados determinó que era improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada y estableció que era competente el Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos para continuar y concluir el juicio ejecutivo mercantil *******, promovido por ******* en contra de la aquí quejosa. SEGUNDO. Concesión de amparo. En proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a juicio el amparo 878/2017-III; se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; asimismo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; e integrado que fue el juicio, en lo que interesa a este cumplimiento se celebró la audiencia constitucional el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y se terminó de engrosar el treinta y uno de enero del año en curso, en la cual se determinó conceder el amparo, para que la autoridad responsable efectuara lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar, emita otra en la que: 3. Motive lo relativo a la condenación en costas atribuida a la demandada, hoy quejosa, es decir, exprese los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio. TERCERO. Firmeza de la sentencia de amparo. En proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, se declaró que la sentencia de amparo había causado ejecutoria, para todos los efectos legales y, como consecuencia de ello, se requirió el cumplimiento respectivo. CUARTO. Determinación emitida por la Autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria. La autoridad responsable Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, mediante oficio *******, recibido en este juzgado el seis de febrero del año en curso, remitió en copia certificada la comparecencia de treinta y uno de enero de este año, en la que la quejosa *******, ratificó el escrito que presentó ante ese juzgado el trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el manifestó que la firma que calza el escrito fue puesta de su puño y letra y que era su deseo dar por concluido el juicio ejecutivo mercantil *******, del índice de ese juzgado, así como también se le tuvo conforme con el desistimiento que presentó la parte actora, aquí tercero interesado, ******* y manifestando que no se reservaba acción presente o futura alguna en ese litigio. Asimismo, por oficio ******* recibido el quince de febrero de este año, el Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, remitió en copia certificada la comparecencia de trece de ese mismo mes y año, del licenciado ******* en su carácter de representante de *******, quien ratificó el escrito que presentó el trece de diciembre del año próximo pasado, en el que manifestó que era su deseo desistirse del juicio ejecutivo mercantil *******, toda vez que la parte demandada, hoy quejosa, dio cumplimiento al pago de las prestaciones que le reclamó, por lo que el juez responsable dio por concluido el juicio. En atención a lo anterior, se considera que existe imposibilidad material y jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 192, 193, 196, 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo. Ello, porque los efectos de la sentencia de amparo en el presente juicio fueron para que el Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejara insubsistente la resolución dictada el catorce de julio de dos mil diecisiete dentro del toca *******, donde se declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada y se declaró competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil *******, promovido por ******* en contra de la aquí quejosa, al Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; en su lugar, dictara otra; y motivara la condenación en costas atribuida a la demandada. Sin embargo, toda vez que la quejosa *******, así como el tercero interesado *******, se desistieron del juicio ejecutivo mercantil *******, del índice del Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y se les tuvo por conformes con ese desistimiento, dándose por concluido el juicio del que emana el acto que aquí se reclamó, lo que procede es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se declara sin materia el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y notifíquese personalmente a la parte quejosa este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en los artículos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo vigente. En su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y del conocimiento de las autoridades responsables la circunstancia anterior. Por otra parte, toda vez que la Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 173/2018, recibido en este juzgado el seis de febrero pasado, remitió en copia certificada la comparecencia de la quejosa *******, mediante la cual ratificó el escrito presentado ante ese juzgado el trece de diciembre de dos mil diecisiete, manifestando que la firma que calza dicho escrito fue puesta de su puño y letra y que es su deseo dar por concluido el juicio ejecutivo mercantil *******, del índice de ese juzgado, y se tuvo por conforme con el desistimiento presentado por el tercero interesado *******; por tanto, con su contenido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, posteriores a la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y apercíbasele que de no hacer manifestación alguna, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente. Lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 105, de la Ley de Amparo y Jurisprudencia 247, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, cuyo contenido es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEIDO DE FECHA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 878/2017-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintidós de agosto de este año, la quejosa presentó demanda de amparo directo ante la autoridad responsable Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, quien la remitió al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en esta sede, el que mediante acuerdo de diez de octubre de dos mil diecisiete declaró firme la resolución en la que se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa, y en el mismo proveído ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en turno. El once de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, la demanda que dio origen al juicio, misma que fue turnada a este Juzgado de Distrito ese mismo día. En el escrito inicial la quejosa ************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que hizo consistir en la resolución dictada por éste último el catorce de julio de dos mil diecisiete dentro del toca 329/2017, donde se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada y donde se declara competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil 1216/2016, promovido por **************, **************, **************, ************** en contra de la aquí quejosa, al Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado al Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, sin que fuera necesario solicitarse al Magistrado responsable en virtud de que éste ya obraba en autos, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, previo diferimiento, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia civil en el que se reclama una resolución de órgano jurisdiccional que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: Del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en su carácter de ordenador y del Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en su carácter de ejecutor, la resolución de catorce de julio de dos mil diecisiete, en la que el primero de los mencionados determinó que era improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada y estableció que era competente el Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos para continuar y concluir el juicio ejecutivo mercantil 1216/2016, promovido por **************, ************** **************, ************** en contra de la aquí quejosa. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo que antecede del que se analizará su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir sus informes justificados, el Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y el Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, indicaron que es cierto el acto reclamado, lo que constituye una confesión con valor probatorio pleno para tener por acreditada su certeza, de conformidad con los artículo 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria de la Ley de Amparo. Para corroborar lo anterior, el Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua remitió el expediente relativo al toca 329/2017, en el que obra el testimonio de diversas constancias relacionadas con el juicio ejecutivo mercantil 1216/2016 y la resolución emitida el catorce de julio de dos mil diecisiete, que constituye el acto reclamado (fojas 42 a 264); probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De manera que, se tienen como ciertos los actos reclamados. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados son inoperantes en una parte y fundados en otra. Como cuestión previa, es oportuno establecer que la inoperancia de los conceptos de violación se sustenta en el hecho de que las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales del Estado se encuentran investidas de una presunción de validez, por lo que, para obtener su modificación, la legalidad de ese acto jurídico necesariamente debe ser destruida en forma absoluta, con relación a las consideraciones torales en que se sustente. En esa medida, cuando lo expuesto por la parte inconforme elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación, los conceptos de violación que se propongan para desvirtuar el fallo combatido devienen inoperantes. Esto es así, pues los argumentos o causa de pedir que se expresen en los motivos de inconformidad deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta la resolución que se combata, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano constitucional y deberán calificarse de inoperantes. De ahí que exista la necesidad de que los razonamientos que se propongan para demostrar la ilegalidad de una resolución deban atacar de manera frontal y eficaz el fallo que se pretende modificar, pues de lo contrario, debe permanecer incólume la decisión combatida, en aquellos casos en que no esté autorizado por la Ley de Amparo suplir la deficiencia de la queja. En el caso, para desvirtuar la legalidad de las consideraciones de la Sala responsable respecto a la improcedencia de la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada, aquí quejosa y que por ende, la determinación relativa a que resulta competente el Juez Tercero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos para continuar y concluir el juicio ejecutivo mercantil 1216/16 de su índice, la hoy quejosa, en los conceptos de violación, sustancialmente expresó lo siguiente: Se viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque el Magistrado responsable en forma ilegal y apartándose de las disposiciones procesales pertinentes al caso, confirma la competencia de la Juez Tercero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, basándose en una incorrecta interpretación de la cláusula "TRIGÉSIMA NOVENA" del "Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente para la expedición y el uso de Tarjetas de Crédito", llamada "DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN". El Magistrado declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la aquí quejosa, con base en preceptos, fundamentos y consideraciones que devienen inaplicables, porque las partes celebraron el "Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente para la expedición y uso de Tarjetas de Crédito", y en términos de la referida cláusula "TRIGÉSIMA NOVENA. DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN", se convino que "(.) Para los efectos de este Contrato, (.) las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Monterrey, N. L. (.)"; por ende, es indudable, que las partes decidieron y acordaron expresamente en tal instrumento, someter cualquier conflicto derivado de ese contrato a los tribunales de Monterrey, Nuevo León, con exclusión de cualquiera otra jurisdicción, por lo que el Juez Tercero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, debe abstenerse de seguir conociendo del juicio. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1093 del Código de Comercio, hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa y, en el caso, los contratantes renunciaron a someterse a cualquier otra jurisdicción, ya que efectuaron renuncia expresa al fuero que la ley les concede e hicieron la designación de tribunales competentes, como lo exige la norma para que su pacto sea eficaz, aunado a que en dicho contrato la institución bancaria **************, señaló como su domicilio el ubicado en **************, colonia **************, **************, **************, pues es donde se encuentran ubicadas sus oficinas administrativas, consecuentemente, es factible someter el conocimiento y resolución del negocio a la jurisdicción de los tribunales correspondientes al lugar donde tiene sus oficinas administrativas la institución bancaria, pues las partes concertaron la sumisión expresa a los tribunales de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, excluyendo cualquier otro. La inoperancia de los reseñados conceptos de violación, radica en el hecho de que, con ellos, la inconforme no combate las consideraciones torales en que la Sala del conocimiento apoyó su determinación. Para evidenciar este aserto, conviene precisar que la Sala responsable determinó que era improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada y el Juez Tercero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos era competente para continuar y concluir el asunto, para ello, determinó lo siguiente: 1. Como lo manifiesta la parte demandada en la excepción que plantea, en la especie existe sumisión expresa para fijar la competencia, tal y como se encuentra estipulado en la cláusula Trigésimo Novena, del contrato base de la acción, misma que a la letra establece: "(.) TRIGÉSIMA NOVENA. DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN. Para los efectos de este contrato, las partes señalan como sus domicilios los indicados en la solicitud de este contrato, o en su caso, en notificaciones posteriores. Para la interpretación y complimiento de este contrato las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de Monterrey, Nuevo León, o del lugar de celebración de este contrato, a elección de la parte actora, renunciando al fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles. (.)". 2. Del contenido de la cláusula, se puede concluir que en el caso, las partes llevaron a cabo una sumisión expresa, la cual se actualiza cuando las partes que intervienen en un contrato, aparte de designar con toda precisión al juez a quien se someten, renuncian al fuero que por la ley les pudiera corresponder en razón de su domicilio, tal y como lo prescriben los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, que establecen: "(.) Artículo 1092.- Es juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente. - - - "Artículo 1093.- Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa (.)". 3. En la especie, la parte demandada lleva a cabo una interpretación incompleta de dicha cláusula, toda vez que afirma que se estableció únicamente que serían competentes los tribunales de Monterrey, Nuevo León, lo que resulta falso, ya que en la propia cláusula Trigésimo Novena se estableció que serían competentes los tribunales de Monterrey, Nuevo León, o los de lugar de la celebración del contrato, a elección del actor. 4. Conforme a lo dispuesto en la referida cláusula, se tiene que el contrato base de la acción se celebró en Ciudad Juárez, Chihuahua, tal y como consta en la parte final del contrato visible a foja veinticuatro del testimonio; y en dicha cláusula, también se convino que, la parte actora puede elegir el tribunal competente para la interpretación y cumplimiento del contrato base de la acción, tal y como acontece en la especie, en donde demanda su cumplimiento en los tribunales del fuero común de Ciudad Juárez, Chihuahua. 5. Finalmente, la autoridad responsable invoca en apoyo sus argumentos por analogía y mayoría de razón la tesis de rubro: "COMPETENCIA EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CORRESPONDE AL JUEZ A QUIEN LAS PARTES SE SOMETIERON EN EL CONTRATO", y concluye, declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria propuesta por la parte demandada, ya que existe sumisión expresa respecto de la competencia, tal y como lo prevé el artículo 1093 del Código de Comercio. Frente a los anteriores razonamientos, la parte inconforme se concreta a afirmar que el Magistrado responsable en forma ilegal y apartándose de las disposiciones procesales pertinentes al caso, confirma la competencia de la Juez Tercero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, basándose en una incorrecta interpretación de la cláusula trigésima novena del Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente para la expedición y el uso de Tarjetas de Crédito; que el Magistrado declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria con base en preceptos, fundamentos y consideraciones que devienen inaplicables, porque las partes celebraron el contrato y de acuerdo con la cláusula trigésima novena, las partes decidieron y acordaron expresamente someter cualquier conflicto derivado de ese contrato a los tribunales de Monterrey, Nuevo León, con exclusión de cualquiera otra jurisdicción, por lo que el Juez Tercero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, debe abstenerse de seguir conociendo del juicio; y que conforme a lo dispuesto en el artículo 1093 del Código de Comercio, en el caso, los contratantes renunciaron a someterse a cualquier otra jurisdicción, ya que efectuaron renuncia expresa al fuero que la ley les concede e hicieron la designación de tribunales competentes, como lo exige la norma para que su pacto sea eficaz, aunado a que en dicho contrato la institución bancaria **************, señaló como su domicilio el ubicado en **************, **************, colonia **************, **************, **************, pues es donde se encuentran ubicadas sus oficinas administrativas, consecuentemente, debe someterse el conocimiento y resolución del negocio a la jurisdicción de los tribunales correspondientes al lugar donde tiene sus oficinas administrativas la institución bancaria, pues las partes concertaron la sumisión expresa a los tribunales de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, excluyendo cualquier otro. Expuesto lo anterior, del análisis comparativo entre las consideraciones que sustentan la resolución que se impugna y los conceptos de violación expuestos para controvertirlas, se colige que el peticionario del amparo no impugna la consideración de la Responsable relativa a que la parte demandada lleva a cabo una interpretación incompleta de la cláusula trigésima novena, del contrato multireferido, al afirmar que se estableció únicamente que serían competentes los tribunales de Monterrey, Nuevo León, ya que eso resulta falso, porque en la propia cláusula Trigésimo Novena se estableció que serían competentes los tribunales de Monterrey, Nuevo León, o los de lugar de la celebración del contrato, a elección del actor. Tampoco combate la quejosa la consideración de la responsable relativa a que el contrato base de la acción se celebró en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en la cláusula trigésima novena, también se convino que, la parte actora puede elegir el tribunal competente para la interpretación y cumplimiento del contrato base de la acción, tal y como acontece en la especie, en donde demanda su cumplimiento en los tribunales del fuero común de Ciudad Juárez, Chihuahua. Finalmente, la parte inconforme, no impugna el contenido de la tesis que invocó la autoridad responsable en apoyo sus argumentos por analogía y mayoría de razón de rubro: "COMPETENCIA EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CORRESPONDE AL JUEZ A QUIEN LAS PARTES SE SOMETIERON EN EL CONTRATO". En esa medida, dado que en la resolución que se impugna se expusieron diversas consideraciones para determinar la improcedencia de la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada, aquí quejosa y que por ende, la competencia del Juez Tercero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos para continuar y concluir el juicio ejecutivo mercantil 1216/16 de su índice, y la quejosa lejos de combatir esas consideraciones, se concreta a esgrimir argumentos sin impugnar directamente los razonamientos expuestos por la autoridad responsable para apoyar su fallo; en consecuencia, los conceptos de violación aducidos resultan inoperantes. Luego, tales omisiones constituyen un impedimento legal para que este juzgado analice la legalidad de la resolución combatida en torno a la excepción de competencia por declinatoria, pues no se aportaron las bases mínimas para emprender ese estudio y no se está en presencia de algún supuesto en que esté autorizado suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo. Es aplicable en el presente caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 72, tercera parte, página 49, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES POR INCOMPLETOS. Cuando hay consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo rebatido que no se atacan en los conceptos de violación, resultan inoperantes los mismos, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo. Por otra parte, es fundado el argumento en el que la peticionaria del amparo aduce que el magistrado en la sentencia de catorce de julio de dos mil diecisiete, la condena al pago de costas, sin que motive dicha condena, aunado a que en ningún momento ha actuado de mala fe, ni con falsedad o sin derecho. Tal argumento es fundado. Para evidenciar lo anterior, cabe precisar que la violación a los derechos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el segundo párrafo del artículo 14 y primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, admite diferentes grados, y por ende las consecuencias jurídicas también son diferentes, en tanto que una cosa es que el acto de autoridad no se encuentre fundado y motivado (ausencia total), y otra que se encuentre deficientemente fundado y motivado. Al respecto, los preceptos constitucionales en comento establecen: 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. - - - Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento. Del segundo precepto constitucional invocado, se advierte que es requisito indispensable de los actos de autoridad, se encuentren fundados y motivados; entendiéndose por lo primero, que se expresen con precisión los preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo, que se señalen las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se demuestre la configuración de las hipótesis normativas para el caso concreto. De acuerdo a lo anterior, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirvan de apoyo y además, que exprese los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, séptima época, Volumen 97-102, Tercera Parte, , página 143, con número de registro 238212, del siguiente tenor: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Ahora bien, de la parte considerativa del fallo que se combate, específicamente del punto "3. - SENTIDO DEL FALLO", se advierte la siguiente consideración de la autoridad responsable: "(.) Se hace especial condena en costas a cargo de la parte demandada, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio (.)". Asimismo, en el tercer punto resolutivo, determinó "(.) Se hace especial condena en costas a cargo de la parte demandada, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio (.)". De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable fundamentó la condena en costas, pues citó el precepto legal aplicable que le sirvió de apoyo para emitir dicha condena, en ese caso, la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio; sin embargo, no motivó esa condena, pues omitió expresar los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en el supuesto de la norma invocada, es decir, omitió exponer los motivos o razones que la llevaron a tomar esa determinación. Cuestiones éstas que debieron ser expresadas por la responsable al momento de dictar el acto reclamado, pues inciden directamente en su afirmación a la parte quejosa e infringe el artículo 16 constitucional; de ahí lo fundado del concepto de violación a estudio. Consecuentemente, al resultar fundado el concepto de violación analizado, procede conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que sin perjuicio de los aspectos que quedaron definidos en la presente resolución, la Responsable: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar, emita otra en la que: 3. Motive lo relativo a la condenación en costas atribuida a la demandada, hoy quejosa, es decir, exprese los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se Resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a **************, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado **************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **************, hasta el día de hoy, treinta de enero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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