Maria Guadalupe González Calderon
Expediente 891/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Maria Guadalupe González Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Vistos para resolver el juicio de amparo 891/2017-V, promovido por *********, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Distrito Judicial Bravos, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por oficio recibido el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua residente en esta ciudad, y remitido el mismo día a este Juzgado por razón de turno, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, remitió la demanda de amparo directo 650/2017, promovida por *********, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Distrito Judicial Bravos y Juez Tercero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, de quienes reclama: [.] La SENTENCIA DEFINITIVA dentro del Toca número 330/17, radicado ante la Segunda Sala Civil Regional, para este Distrito Bravos, de fecha 14 de Julio del presente año, donde el C. Magistrado declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la suscrita y donde se declara competente para conocer la presente controversia a la C. Juez Tercero de lo Civil por Audiencias, Distrito Judicial Bravos. [.] Por auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se aceptó la competencia declinada y se admitió a trámite la demanda la cual quedó registrada con el número de expediente 891/2017-V; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, y se dio la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien se abstuvo de formular alegato ministerial; finalmente se citó a las partes a la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama a autoridad que reside dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, lo anterior, en acatamiento a la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, página 32, Novena Época, registro 192097, de contenido: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa se duele de la resolución dictada el catorce de julio de dos mil diecisiete, dentro del toca número 330/17, por la Segunda Sala Civil Regional del Distrito Judicial Bravos, en la que el Magistrado declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la garante y declaró competente para conocer la controversia planteada al Juez Tercero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Lo anterior, atento a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/98, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, página 227, Novena Época, registro 195745, del rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Distrito Judicial Bravos y Juez Tercero de lo Civil por Audiencias, Distrito Judicial Bravos, al rendir sus informes justificados convinieron en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con el testimonio que adjuntó la primera de dichas autoridades a su informe justificado, relativas al toca 330/2017. Documentales con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el segundo numeral de esta última. Tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, página 153, 1995, de rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 2000, tomo VI, Común, Quinta Época, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en la demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como requisito de la sentencia que el juzgador los transcriba para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en aquélla, pues se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen Constitucional de la Resolución Reclamada. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. Como cuestión previa, debe precisarse que la quejosa reclama la resolución emitida el catorce de julio de dos mil diecisiete, en el toca 330/2017, en la cual el Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional en esta ciudad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (fojas 190 a 194, tomo de pruebas II), declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, promovida por la aquí quejosa *********, y determinó que resulta competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil 1214/2016, promovido por *********, *********, *********, *********, en contra de la quejosa, la Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ello al considerar que las partes contratantes formularon sumisión expresa a los tribunales competentes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León o del lugar de celebración del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria, atendiendo a la cláusula vigésimo cuarta del contrato base de la acción. En principio, es oportuno precisar que en la cláusula vigésimo cuarta del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria (fojas 40 a 48, tomo de pruebas II), se estableció lo siguiente: [.] VIGÉSIMA CUARTA.- TRIBUNALES.- Para el caso de presentarse algún conflicto relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución de este Contrato y sus obligaciones "EL BANCO", "LA PARTE ACREDITADA", "EL (LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) Y AVALISTA(S)" Y "EL DEPOSITARIO" se someten a la Leyes y Tribunales de ciudad de Monterrey, Nuevo León o del lugar de la celebración de este Contrato, a elección de parte actora renunciando expresamente al fuero de cualquier domicilio que les pudiera corresponder presente o futuro. "LA PARTE ACREDITADA" declara y manifiesta que le fueron explicados los distintos preceptos legales mencionados en este Contrato, así como las obligaciones adquiridas en virtud de los mismos, por lo que bien enteradas de su contenido y alcance legal, las partes firman por duplicado en la ciudad de CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, el día 29 de Mayo del 2012. Asimismo, "LA PARTE ACREDITADA" manifiesta que en este acto recibe un ejemplar del presente Contrato.[.] Ahora bien, los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio establecen: 1092.- Es juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente. 1093.- Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa. En el caso de que se acuerden pluralidad de jurisdicciones, el actor podrá elegir a un tribunal competente entre cualquiera de ellas. De los citados numerales, así como de lo establecido en la cláusula Vigésimo Cuarta del mencionado contrato, se advierte que las partes llevaron a cabo una sumisión expresa, misma que se actualizó cuando la parte actora en este caso *********, *********, *********, *********, (tercero interesado), presentó una demanda ejecutiva mercantil el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en el Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, esto es, eligió a dicho Tribunal para interpretación y cumplimiento del contrato base de la acción. En esa línea de pensamiento, es inconcuso que como lo solicita la quejosa el Juez competente sea el que tenga sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dado que como se precisó anteriormente la actora optó por un Tribunal del Fuero común en esta ciudad. Por lo que, del análisis de la resolución emitida por la Segunda Sala Civil Regional, en esta ciudad, y de las documentales que obran en autos y en tomos por separado, es correcta la determinación tomada por dicha Sala, en el sentido de que es improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria propuesta por la quejosa, pues como se afirmó en líneas precedentes existe una sumisión expresa, respecto a la competencia, tal y como lo establece el numeral 1093 del Código de Comercio. A las documentales anexas se les reconoce valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 5/97, de la Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia Civil, página 155, que a la letra dice: COMPETENCIA EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CORRESPONDE AL JUEZ A QUIEN LAS PARTES SE SOMETIERON EN EL CONTRATO. De conformidad con los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio "Es Juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente", entendiéndose que "Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede y para el caso de controversia, señalen como tribunales competentes los del domicilio de cualquiera de las partes del lugar de cumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas o de la ubicación de la cosa." Ahora bien, si en los contratos de arrendamiento mercantil cuya rescisión se demanda en el juicio, se estipuló que para la interpretación y cumplimiento de los mismos las partes se sometían a los tribunales de determinado lugar, renunciando al fuero que por razón de su domicilio pudiera corresponderles, debe entenderse que existió sumisión expresa a la competencia del Juez del lugar designado, siendo, por consecuencia, éste el competente para conocer del juicio y no el del domicilio del demandado, pues se renunció clara y terminantemente al mismo, sin que obste el hecho de que no se señale el artículo en que se establezca la competencia a la cual renuncian, ya que ello no lo exige el artículo 1093 del Código de Comercio para la existencia de la sumisión expresa. En esas condiciones, al no advertir este juzgador suplencia que hacer valer, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federales solicitados por la quejosa *********. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución por no ser combatido por vicios propios, conforme a la jurisprudencia 91, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 72, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS" En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *********contra las autoridades precisadas en el considerando tercero, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO, POR LO QUE SE EMPLAZA A JUICIO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO, POR ESTAR ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa por auto de trece de diciembre del año en curso, a fin de que proporcionara el domicilio del tercero interesado *******, para emplazarlo al presente juicio, sin que a la fecha hubiere exhibido promoción alguna al respecto. Por otra parte, toda vez que de los autos que comprenden el presente juicio de amparo, se advierte que el tercero interesado, fue notificado del amparo promovido ante la Segunda Sala del Tribunal de Justicia del Estado, en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, en consecuencia, se ordena que el Actuario de la adscripción se constituya en dicho domicilio, a fin de que se sirva emplazar al tercero interesado *******, para lo cual deberá entregarle copia de la demanda y hacer de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con diez minutos del veintitrés de enero de dos mil dieciocho, para su desahogo. Notifíquese personalmente al tercero interesado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa por auto de trece de diciembre del año en curso, a fin de que proporcionara el domicilio del tercero interesado *******, para emplazarlo al presente juicio, sin que a la fecha hubiere exhibido promoción alguna al respecto. Por otra parte, toda vez que de los autos que comprenden el presente juicio de amparo, se advierte que el tercero interesado, fue notificado del amparo promovido ante la Segunda Sala del Tribunal de Justicia del Estado, en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, en consecuencia, se ordena que el Actuario de la adscripción se constituya en dicho domicilio, a fin de que se sirva emplazar al tercero interesado *******, para lo cual deberá entregarle copia de la demanda y hacer de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con diez minutos del veintitrés de enero de dos mil dieciocho, para su desahogo. Notifíquese personalmente al tercero interesado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*arc
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no se ha logrado el emplazamiento del tercero interesado *******, por tal motivo existe imposibilidad para celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data. A fin de dar margen a que ocurra lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con diez minutos del veintitrés de enero de dos mil dieciocho, para su desahogo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis IX.1º.26 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 580 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Noviembre de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto. De igual forma, por identidad de razón, sirve de sustento jurídico la jurisprudencia XV.2º.J/9, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible en la página 78, del Semanario Judicial de la Federación, 83, Noviembre de 1994, Octava Época, del siguiente tenor: REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. Si los demandados en el juicio natural, ahora tercero perjudicados, no fueron emplazados oportunamente en el juicio constitucional y, consecuentemente, tampoco fueron oídos, ello se traduce en una violación al procedimiento que amerita su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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