María del Carmen García Ávila

Expediente 762/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
762/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen García Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintitrés. 1. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir el auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se desechó la demanda de amparo, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que la parte quejosa no exhibió documentos originales con el escrito inicial de demanda. 4. Constancia. Como lo establece el artículo 34, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por María del Carmen García Ávila, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán; fórmese expediente y Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 762/2023. 2. Precisión de los actos reclamados. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número xxxxxxxxxxxxx sobre acreditación de estado de interdicción de xxxxxxxxxxxxxxxxx emitido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, en el que se determinó que el plazo para plantear la recusación con expresión de causa que hizo valer feneció y por tanto dicha autoridad jurisdiccional seguirá conociendo del asunto. 3. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal prevé que, y el diverso 107, fracción V, d ela Ley de Amparo establecen que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dentro de juicio, pues en la fracción V del referido precepto legal, estableció que sólo sería procedente contra aquellos de "imposible reparación", los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo que implica que contra los actos procesales, esto es, que no tienen una ejecución irreparable dado que no lesionan por sí mismos los derechos sustantivos, no es procedente el juicio de amparo, dado que sólo producen efectos de carácter intraprocesal, e inciden en las posturas jurídicas de los contendientes, a fin de obtener la satisfacción de sus pretensiones en el juicio de que se trate; de modo que, si se obtiene una sentencia favorable, las afectaciones en el procedimiento quedarán superadas por la decisión final. En ese sentido se pronuncia la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, aplicable en vía de orientación, intitulada: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En el caso particular, el acto reclamado consiste en el auto de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en las diligencias de Jurisdicción Voluntaria número ******************** sobre acreditación de estado de interdicción de ********************, emitido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, en el que se determinó que el plazo para plantear la recusación con expresión de causa que hizo valer feneció y por tanto dicha autoridad jurisdiccional seguirá conociendo del asunto, es decir, desechó la incidencia propuesta por parte quejosa. Lo anterior permite advertir que el acto reclamado sólo constituye una afectación a derechos adjetivos o meramente procesales, dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria, pues aun cuando la peticionaria de amparo considere que se afecta su derecho fundamental de legalidad y de la correcta impartición de justicia, lo cierto es que tal circunstancia no permite concluir válidamente que se afecten derechos sustantivos de la promovente de amparo, ello es así puesto que no se trata de una determinación que trasgreda por ejemplo el derecho a la vida, posesión, propiedad, o de la intimidad de la impetrante de amparo. De ahí que se considere que, en su caso, el acto reclamado sólo implicaría violaciones procesales reparables en la resolución que, en su momento, llegue a dictarse y que ponga fin a las diligencias de jurisdicción voluntaria. Máxime, que en caso de que se presente alguna trasgresión a derechos adjetivos, y en caso de que los mismos no se vean superados con un fallo favorable, puede hacerse valer esa circunstancia al impugnar dicha sentencia final. Al respecto, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1770, tomo II, libro 3, julio de 2021, del a Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2023342, de rubro y texto siguientes: "RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal". No obsta, que en el caso el acto reclamado no se trate de un acto dictado "en juicio", puesto que la misma regla de procedencia del juicio constitucional, es aplicable a los procedimientos de jurisdicción voluntaria, en términos de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 744, tomo I, Libro XIX, abril de 2013, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2003301, de rubro y texto siguientes: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". Así, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, del ordenamiento legal en cita, este último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que ******************** gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así ********************y********************. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. 1. Autoridad informa gestiones. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta remitidos por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, mediante los cuales informa las gestiones encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria. Asimismo, remite copia de la sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, emitido dentro del proceso penal ********************, ello con la finalidad de cumplir con la ejecutoria de amparo. 2. Se ordena notificar acuerdo de responsable. Ahora, toda vez que forma parte de los efectos del fallo protector, la notificación de dicha resolución; en obvio de mayores dilaciones procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, en relación con que el acceso a la justicia debe ser expedito, aunado a que se debe evitar la prolongación del cumplimiento de las ejecutorias de amparo -mismas que son de orden público-, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que proceda a notificar de manera personal a la parte quejosa el contenido del presente proveído así como la sentencia antes citada, en el domicilio señalado en autos. Lo que se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, página: 122, registro digital 194481, que establece: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." 3. Vista de cumplimiento. Por tanto, dese vista a las partes con lo anexado por la responsable, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento de que este juzgado con el desahogo de la vista o sin ella se pronunciara en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

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