María del Carmen Murillo Vázquez
Expediente 956/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María del Carmen Murillo Vázquez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintidós. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por Guillermo Álvarez Torres, en cuanto apoderado jurídico de María del Carmen Murillo Vázquez, por medio del cual, cumple con la prevención que le fue formulada mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós. 1.2. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión por parte de la responsable de ejecutar el laudo dictado el nueve de enero de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario laboral 1170/2015. 1.3. Causa de improcedencia actualizada. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, respecto del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." En este contexto, resulta necesario reiterar que el acto reclamado consiste, en esencia, en la omisión por parte de la responsable de ejecutar el laudo dictado el nueve de enero de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario laboral 1170/2015, lo que se traduce en la omisión genérica de ejecutar dicho laudo, porque la parte quejosa no precisó el acto o actos concretos que el Tribunal responsable excluyó realizar. En efecto, en el escrito aclaratorio de demanda, la parte quejosa precisó que el acto reclamado deriva de la omisión de la responsable de decretar las medidas de apremio eficaces por la contumacia de cumplir con el laudo, no así derivado de solicitudes especificas presentadas por la parte quejosa para el impulso de la ejecución. En este orden de ideas, para que una omisión se considere concreta es necesaria la existencia de: Una causa generadora de un acto de autoridad, que se traduce en la existencia de un acto del gobernado o resolución de autoridad, que constriña a la responsable a emitir un acto en consecuencia. Un deber específico de autoridad, que significa la existencia de una norma general o una resolución de autoridad, que obliga a la responsable a emitir un acto particularizado en correspondencia con la causa generadora; y La omisión de cumplir con ese deber específico dentro de los términos señalados por la propia normatividad. En este sentido, debe decirse que el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que establece que la obligación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y dictar las medidas procedentes, deberá ser con la previa petición del ejecutante. Por tanto, como en el caso se reclama la omisión genérica encaminada a la ejecución del laudo, el juicio de amparo es improcedente, conforme a las jurisprudencias que enseguida se citan y transcriben. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que cuando se reclama en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo deviene improcedente, porque el acto reclamado resulta jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. Resulta aplicable la jurisprudencia que a la letra dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecuciónforzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Por esas razones no puede constreñirse a la responsable para que de manera genérica, mediante la promoción del amparo se ordene proveer lo conducente de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo. Apoya de lo anterior, la jurisprudencia que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." 14. Desechamiento. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia citadas, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por Guillermo Álvarez Torres, en cuanto apoderado legal de María del Carmen Murillo Vázquez -carácter que se le reconoce de conformidad al artículo 11 de la Ley de Amparo, toda vez que de la documental que anexa se advierte que dicho carácter le fue reconocido ante la autoridad responsable-; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 956/2022. 1.2. Prevención. Previo a acordar lo que conforme a derecho proceda, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 108, fracción IV, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la quejosa a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: ÚNICO. Precise si el acto lo reclama exclusivamente por la omisión de la autoridad responsable de actuar o impulsar de oficio la ejecución; o bien, a consecuencia de la falta de atención a la solicitud de ejecución presentada el cinco de enero de dos mil veintidós. Circunstancia que resulta ineludible para estar en condiciones de proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo y fijar la Litis constitucional. 1.3 Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa, que de no cumplir con la prevención que antecede en el plazo concedido para hacerlo, bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por la quejosa o su apoderado legal, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Así como la diversa Jurisprudencia 1a./J. 50/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Libro 9, Tomo I, Agosto 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 1.4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a la persona que nombra, en el entendido de que no gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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