María del Carmen León Esparza
Expediente 1407/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1407/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María del Carmen León Esparza
- Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de enero de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por María del Carmen León Esparza, por su propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad responsable; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1407/2022. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama la omisión de dar respuesta a la solicitud que presentó el veinticinco de julio del año en curso, en que solicitó fecha de pago al folio 012000277-1, relativo al pago de marcha, y su notificación. 1.3. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior es así, dado que en el juicio de amparo es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados a las autoridades responsables implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. En el caso concreto, las autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado que fueron señaladas como responsables no tienen ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridades responsables a las señaladas para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. En efecto, la omisión que se les reclama está vinculada a la falta de contestación a una petición que le formula en cuanto beneficiario de quien tuvo una relación laboral con la Secretaría de Educación. Es así, dado que su petición lo fue para que se realice el pago de marcha del folio 012000277-1, siendo que dicho pago corresponde a una indemnización que reciben los deudos o beneficiarios de un trabajador que ha fallecido. Lo cual pone de manifiesto que el acto reclamado deriva de una relación de coordinación establecida entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. Se sostiene lo anterior, virtud a que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades. Por lo que, si en el caso, la solicitud que elevó la peticionaria del amparo lo hace en cuanto beneficiaria de un trabajador vinculado a la Secretaría de Educación por una relación laboral, la omisión de atender a tal petición, surge en el ámbito laboral, por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que las responsables en este caso, no se ubican en una posición de supra a subordinación con la quejosa. En efecto, las omisiones o decisiones que se adopten en las instituciones de educación, que tengan vinculación con la falta de respuesta a alguna petición, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva secretaría actúa como patrón frente a sus empleados, y en el caso, de la quejosa, como beneficiaria de uno de ellos. Por tanto, si el acto reclamado proviene de un nexo de índole laboral, entonces carece de las particularidades para ser calificado como acto de autoridad. Por analogía jurídica, ilustra la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCIÓN QUE EJERCE UN BENEFICIARIO PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE AYUDA SINDICAL POR DEFUNCIÓN AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL (SNTSS). AL DERIVAR SÓLO DEL REGLAMENTO RELATIVO Y NO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y LA CITADA AGRUPACIÓN OBRERA, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES LABORALES DEL ESTADO DE HIDALGO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a criterios divergentes al analizar si la prestación denominada pago de ayuda sindical por defunción es una prestación que sólo deriva del Reglamento del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción de los Trabajadores del Seguro Social, o bien, si deriva también del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el referido Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del citado organismo de salud; pues mientras uno de ellos consideró que tal ayuda económica únicamente está instituida en el referido reglamento y, por tanto, la competencia para conocer de la acción para exigir el pago del referido fondo corresponde a una autoridad laboral del Estado de Hidalgo, el otro estimó que tal prestación deriva tanto del reglamento mencionado como del contrato colectivo de trabajo respectivo, por lo que al estar involucrada la aplicación del pacto laboral gremial, corresponde conocer a un órgano jurisdiccional federal laboral con residencia en la misma entidad federativa. Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo Noveno Circuito determina que la acción que ejerce un beneficiario para exigir el pago de la ayuda sindical por defunción de un obrero al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), es una prestación que sólo deriva del Reglamento del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción referido y no del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la citada agrupación obrera, por tanto, corresponde conocer de dicho asunto a las autoridades laborales del Estado de Hidalgo. Justificación: El análisis conjunto e interpretación sistemática de los artículos 1, 2, 8, 14, 15 y sexto transitorio del Reglamento del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción de los Trabajadores del Seguro Social, permite observar que la referida prestación fue creada por la voluntad de los trabajadores sindicalizados, y que precisamente ese acto de creación se formalizó y materializó en tal cuerpo de normas, con la finalidad de fundar el derecho respectivo; es decir, la voluntad de los agremiados se plasmó en el reglamento como una forma normativa de creación del derecho al pago de un fondo por el fallecimiento de un trabajador sindicalizado; sin que las cláusulas 4 y 96 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del citado instituto, vigente en 2019-2021, puedan considerarse como el origen sustantivo del citado derecho, en cuanto debe diferenciarse el derecho a demandar la citada prestación, de la mecánica de aportación individual de cada trabajador sindicalizado para integrar el fondo relativo, máxime que dichas cláusulas únicamente se refieren al ámbito de aplicación del aludido contrato colectivo y a la obligación que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social de descontar las cuotas ordinarias inherentes, del sueldo de los obreros sindicalizados. De esta manera, al derivar la prestación del pago del fondo sindical por fallecimiento de un trabajador, únicamente del Reglamento del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción de los Trabajadores del Seguro Social y no así del contrato colectivo de trabajo, la competencia para conocer de la acción para exigir el pago de la citada prestación corresponde a las autoridades laborales del Estado de Hidalgo, ello, al no actualizarse los supuestos establecidos en los artículos 123, apartado A, de la Constitución General y 527 de la Ley Federal del Trabajo." Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para que la quejosa combata el acto que aquí reclama, virtud a que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante la autoridad de trabajo competente, para hacer valer sus derechos de beneficiaria de quien guardó un vínculo con las autoridades que señala como responsables, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Se suman a lo anterior, las razones que expone la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito". No pasa inadvertido el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ello pues, si bien determina que en el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo; sin embargo, cuando la improcedencia es evidente y manifiesta, resulta innecesario reservar su estudio hasta sentencia, en razón de que ese sentido no variaría, máxime cuando existe criterio jurisprudencial en el que la misma Sala, considera factible el análisis de una causal de improcedencia desde el auto inicial de demanda, ante hechos notorios y manifiestos que den lugar a su desechamiento, como ocurre en el caso. Se invoca a lo anterior la jurisprudencia de voz siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA ALGUNA ADICIÓN O REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -RESPECTO A SU CONTENIDO MATERIAL-, LO QUE DA LUGAR A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DESDE EL AUTO INICIAL." En tales condiciones, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda, y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que ********************y********************, gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tienen sus cédulas inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 3. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
POR ESTE MEDFIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por María del Carmen León Esparza, por su propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad responsable; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1407/2022. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama la omisión de dar respuesta a la solicitud que presentó el veinticinco de julio del año en curso, en que solicitó fecha de pago al folio 012000277-1, relativo al pago de marcha, y su notificación. 1.3. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior es así, dado que en el juicio de amparo es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados a las autoridades responsables implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. En el caso concreto, las autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado que fueron señaladas como responsables no tienen ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridades responsables a las señaladas para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. En efecto, la omisión que se les reclama está vinculada a la falta de contestación a una petición que le formula en cuanto beneficiario de quien tuvo una relación laboral con la Secretaría de Educación. Es así, dado que su petición lo fue para que se realice el pago de marcha del folio 012000277-1, siendo que dicho pago corresponde a una indemnización que reciben los deudos o beneficiarios de un trabajador que ha fallecido. Lo cual pone de manifiesto que el acto reclamado deriva de una relación de coordinación establecida entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. Se sostiene lo anterior, virtud a que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades. Por lo que, si en el caso, la solicitud que elevó la peticionaria del amparo lo hace en cuanto beneficiaria de un trabajador vinculado a la Secretaría de Educación por una relación laboral, la omisión de atender a tal petición, surge en el ámbito laboral, por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que las responsables en este caso, no se ubican en una posición de supra a subordinación con la quejosa. En efecto, las omisiones o decisiones que se adopten en las instituciones de educación, que tengan vinculación con la falta de respuesta a alguna petición, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva secretaría actúa como patrón frente a sus empleados, y en el caso, de la quejosa, como beneficiaria de uno de ellos. Por tanto, si el acto reclamado proviene de un nexo de índole laboral, entonces carece de las particularidades para ser calificado como acto de autoridad. Por analogía jurídica, ilustra la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCIÓN QUE EJERCE UN BENEFICIARIO PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE AYUDA SINDICAL POR DEFUNCIÓN AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL (SNTSS). AL DERIVAR SÓLO DEL REGLAMENTO RELATIVO Y NO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y LA CITADA AGRUPACIÓN OBRERA, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES LABORALES DEL ESTADO DE HIDALGO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a criterios divergentes al analizar si la prestación denominada pago de ayuda sindical por defunción es una prestación que sólo deriva del Reglamento del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción de los Trabajadores del Seguro Social, o bien, si deriva también del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el referido Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del citado organismo de salud; pues mientras uno de ellos consideró que tal ayuda económica únicamente está instituida en el referido reglamento y, por tanto, la competencia para conocer de la acción para exigir el pago del referido fondo corresponde a una autoridad laboral del Estado de Hidalgo, el otro estimó que tal prestación deriva tanto del reglamento mencionado como del contrato colectivo de trabajo respectivo, por lo que al estar involucrada la aplicación del pacto laboral gremial, corresponde conocer a un órgano jurisdiccional federal laboral con residencia en la misma entidad federativa. Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo Noveno Circuito determina que la acción que ejerce un beneficiario para exigir el pago de la ayuda sindical por defunción de un obrero al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), es una prestación que sólo deriva del Reglamento del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción referido y no del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la citada agrupación obrera, por tanto, corresponde conocer de dicho asunto a las autoridades laborales del Estado de Hidalgo. Justificación: El análisis conjunto e interpretación sistemática de los artículos 1, 2, 8, 14, 15 y sexto transitorio del Reglamento del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción de los Trabajadores del Seguro Social, permite observar que la referida prestación fue creada por la voluntad de los trabajadores sindicalizados, y que precisamente ese acto de creación se formalizó y materializó en tal cuerpo de normas, con la finalidad de fundar el derecho respectivo; es decir, la voluntad de los agremiados se plasmó en el reglamento como una forma normativa de creación del derecho al pago de un fondo por el fallecimiento de un trabajador sindicalizado; sin que las cláusulas 4 y 96 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del citado instituto, vigente en 2019-2021, puedan considerarse como el origen sustantivo del citado derecho, en cuanto debe diferenciarse el derecho a demandar la citada prestación, de la mecánica de aportación individual de cada trabajador sindicalizado para integrar el fondo relativo, máxime que dichas cláusulas únicamente se refieren al ámbito de aplicación del aludido contrato colectivo y a la obligación que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social de descontar las cuotas ordinarias inherentes, del sueldo de los obreros sindicalizados. De esta manera, al derivar la prestación del pago del fondo sindical por fallecimiento de un trabajador, únicamente del Reglamento del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción de los Trabajadores del Seguro Social y no así del contrato colectivo de trabajo, la competencia para conocer de la acción para exigir el pago de la citada prestación corresponde a las autoridades laborales del Estado de Hidalgo, ello, al no actualizarse los supuestos establecidos en los artículos 123, apartado A, de la Constitución General y 527 de la Ley Federal del Trabajo." Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para que la quejosa combata el acto que aquí reclama, virtud a que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante la autoridad de trabajo competente, para hacer valer sus derechos de beneficiaria de quien guardó un vínculo con las autoridades que señala como responsables, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Se suman a lo anterior, las razones que expone la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito". No pasa inadvertido el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ello pues, si bien determina que en el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo; sin embargo, cuando la improcedencia es evidente y manifiesta, resulta innecesario reservar su estudio hasta sentencia, en razón de que ese sentido no variaría, máxime cuando existe criterio jurisprudencial en el que la misma Sala, considera factible el análisis de una causal de improcedencia desde el auto inicial de demanda, ante hechos notorios y manifiestos que den lugar a su desechamiento, como ocurre en el caso. Se invoca a lo anterior la jurisprudencia de voz siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA ALGUNA ADICIÓN O REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -RESPECTO A SU CONTENIDO MATERIAL-, LO QUE DA LUGAR A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DESDE EL AUTO INICIAL." En tales condiciones, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda, y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que ********************y********************, gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tienen sus cédulas inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 3. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- María de Lourdes Vera Rodríguez130/2023
- María de Luz Monroy Cázares261/2023
- María del Carmen Chacón Cerriteño1034/2023
- María del Carmen García Ávila762/2023
- María del Carmen García Ávila796/2023
- María del Carmen Lara Valdovinos387/2021
- María del Carmen López Pedraza749/2022
- María del Carmen Medina Tello371/2022
- María del Carmen Murillo Vázquez956/2022
- María del Carmen Murillo Vázquez495/2022
- María del Carmen Ramírez Zarco799/2023
- María del Carmen Reyes Oropeza908/2023