María de Lourdes Martínez Aguilar

Expediente 1262/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1262/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • María de Lourdes Martínez Aguilar
  • Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado acusa recibo y admite queja contra auto que desechó la demanda. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio de cuenta, que remite el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa el recibo correspondiente y hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, dando origen al expediente 331/2023; lo que se asienta para constancia y efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se tramita queja contra auto que desechó la demanda. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por el apoderado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer, remítase copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por la parte quejosa y recurrente, así como una copia de este para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe sobre la materia de la queja, adjuntando las constancias que se estimaron necesarias para la tramitación del recurso de queja en mención. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que feneció el término de tres días otorgado a las autoridades responsables Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán con residencia en Zamora y Actuario adscrito a dicha Junta, en acuerdo de seis de septiembre del año en curso, para que cumpliera con el fallo protector. 2. Requerimiento. En tales condiciones, requiérase nuevamente a las responsables, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, realicen lo siguiente: Dictar de inmediato la resolución interlocutoria correspondiente dentro del incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada, en el juicio ordinario laboral ********************, de acuerdo a lo establecido en el artículo 763 de la Ley Federal de Trabajo y notificarlo a las partes. Esta precisión se realiza con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 3. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en los términos ordenados, o en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $********************), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. 4. Parte quejosa hace manifestaciones. Finalmente, agréguese el escrito signado por el apoderado jurídico de la promovente, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en el sentido que se requiera nuevamente a la autoridad el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se le hagan efectivos los apercibimientos decretados; atento a ello, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Jairo Francisco Rodríguez Ortiz, apoderado jurídico de María de Lourdes Martínez Aguilar -carácter que se le reconoce en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, al tenor del instrumento notarial que en documento electrónico anexa a su escrito inicial de demanda, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que el mismo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, con lo que cumple con lo establecido en el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo-, contra actos del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1262/2023. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La inscripción del gravamen con registro número 00000033 del tomo 00000351, de treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, correspondiente al Distrito de Zamora, relativo al contrato de apertura de crédito de habilitación o avío, celebrado por "Banamex, SNC", como acreedor y como deudor Ignacio Ruiz Mendoza, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil nuevos pesos 00/100 moneda nacional), sobre el inmueble propiedad de la aquí quejosa, identificado como casa habitación con oficinas ubicada en la calle Lázaro Cárdenas sin número en la población de El Platanal, Municipio de Jacona, Michoacán, que se encuentra inscrita ante la responsable con el registro número 00000030 tomo 00004117 del libro de propiedad correspondiente al distrito de Zamora, Michoacán. 1.3. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, la autoridad que fue señalada como responsable no tiene ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso concreto, se reclama del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, la inscripción del gravamen con registro número 00000033 del tomo 00000351, de treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, correspondiente al Distrito de Zamora, relativo al contrato de apertura de crédito de habilitación o avío, celebrado por "Banamex, SNC", como acreedor y como deudor Ignacio Ruiz Mendoza, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil nuevos pesos 00/100 moneda nacional), sobre el inmueble propiedad de la aquí quejosa, identificado como casa habitación con oficinas ubicada en la calle Lázaro Cárdenas sin número en la población de El Platanal, Municipio de Jacona, Michoacán, que se encuentra inscrita ante la responsable con el registro número 00000030 tomo 00004117 del libro de propiedad correspondiente al distrito de Zamora, Michoacán. En ese sentido, los actos reclamados en esta instancia constitucional se relacionan con la función registral que no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo en los términos señalados en los párrafos que anteceden, ya que en este caso se trata de un ente registral cuya función tiene por objeto entre otras cosas dar publicidad a actos jurídicos y dar seguridad jurídica a los bienes inscritos y eficacia de las garantías que recaen sobre los mismos, la protección de adquirentes y acreedores, la defensa y legitimación de las titularidades inscritas y publicidad de todo lo inscrito y anotado para que surta efectos frente a terceros, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán de Ocampo. Por ello, este juzgador estima que tales actuaciones no pueden considerarse como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, debido a que derivan de actos entre particulares, esto es de un contrato de apertura de crédito de habilitación o avío, celebrado por "Banamex, SNC", como acreedor y como deudor Ignacio Ruiz Mendoza, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil nuevos pesos 00/100 moneda nacional), sobre el inmueble antes descrito que defiende la aquí quejosa, por lo que no existe una relación de supra a subordinación, máxime que no se advierte que dicho gravamen haya sido ordenado por alguna autoridad jurisdiccional, sobre todo porque no existe reclamo en ese aspecto. Se corrobora lo anterior; puesto que de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la parte quejosa, así como de las documentos que anexó a su escrito de cuenta, relativos al contrato en cita y que se relacionan con el bien inmueble de que se trata, es evidente que los actos que reclama la parte quejosa en esta instancia judicial, derivan de un acuerdo de voluntades entre particulares y no de orden judicial. En ese tenor, aun cuando no se desestima que las conductas desplegadas por la autoridad responsable puedan causar un menoscabo sobre los derechos de la aquí inconforme, el juicio de amparo no es el medio para reclamar la restitución de tales derechos, pues dicha afectación no proviene de un órgano del Estado que actúe con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, así como tampoco de un particular que realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en la Ley de Amparo, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Esto es, no obstante la efectividad horizontal de los derechos humanos, no debe confundirse con la garantía que tutela derechos fundamentales, pues se insiste, el sólo hecho de que en una relación entre particulares pueda verse menoscabado un derecho fundamental de alguna delas partes, no le da en automático la calidad de autoridades responsables a los trasgresores a que se refiere la Ley de Amparo; y por tanto, tampoco hace procedente esta vía de control constitucional. En todo caso, la aquí quejosa tiene expedito su derecho y puede acudir ante la autoridad competente y promover el juicio respectivo, a fin de que reclame lo relativo a la cancelación del gravamen de que se duele. Orientan a lo anterior por las razones sustentadas, las tesis de rubro y texto siguientes: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. NATURALEZA JURÍDICA. El Registro Público de la Propiedad tiene una naturaleza jurídica eminentemente administrativa, pues aun cuando tiene su fundamento legal en el título segundo de la tercera parte del libro cuarto del Código Civil para el Distrito Federal, esto es, se encuentra dentro de las disposiciones legales de observancia general en materia civil, de la lectura de las reglas contenidas en éstas y de su reglamento, se desprende que es una institución integrante de la administración pública del Distrito Federal, cuyo objeto es dar publicidad a los actos jurídicos que requieran surtir efectos contra tercero, para lo cual puede actuar por solicitud de quien tenga interés legítimo en el derecho que se va a inscribir o anotar, por el notario que haya autorizado la escritura de que se trate, o bien, por orden de cualquier autoridad judicial." "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA CONSTITUYE UN ACTO MERAMENTE ADMINISTRATIVO, POR LO QUE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA SU NEGATIVA COMPETE A UN TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos de derechos, a fin de que surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tengan sobre los bienes, como el de propiedad, provienen del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción. En ese sentido, la cancelación del registro de un contrato privado de compraventa constituye un acto meramente administrativo, pues no implica pronunciamiento en relación con el derecho real que pudiera amparar el contrato, ya que no conlleva determinación sobre su subsistencia legal y exigibilidad entre las partes contratantes ni respecto del derecho de propiedad del inmueble en cuyo folio real se haya registrado; es decir, la mera cancelación del asiento registral no extingue, destruye ni modifica el derecho que pudiera haber surgido, el cual subsistirá y surtirá sus efectos legales entre las partes. Por tal motivo, corresponde a un tribunal de lo contencioso administrativo y no a un Juez civil, conocer del juicio promovido contra la negativa de cancelación de la inscripción de un contrato como el mencionado." No pasa inadvertido el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ello pues, si bien determina que en el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo; sin embargo, cuando la improcedencia es evidente y manifiesta, resulta innecesario reservar su estudio hasta sentencia, en razón de que ese sentido no variaría, máxime cuando existe criterio jurisprudencial en el que la misma Sala, considera factible el análisis de una causal de improcedencia desde el auto inicial de demanda, ante hechos notorios y manifiestos que den lugar a su desechamiento, como ocurre en el caso. Se invoca a lo anterior la jurisprudencia de voz siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA ALGUNA ADICIÓN O REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -RESPECTO A SU CONTENIDO MATERIAL-, LO QUE DA LUGAR A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DESDE EL AUTO INICIAL." En tales condiciones, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene al promovente señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra. 3. Usuario. Como lo pide el quejoso y con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le autoriza la consulta del expediente electrónico, para lo cual, el personal relativo deberá dar de alta vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el usuario "********************" que proporciona. 4. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, se autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa, a través del uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido de que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos); asimismo, si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. De igual forma, dígase al solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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