María de Lourdes Barajas Ponce

Expediente 1202/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1202/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • María de Lourdes Barajas Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1202/2023, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: La omisión de la responsable de emitir el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas, en el juicio laboral ********************, dentro de los términos legales. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos de naturaleza omisiva cuya demanda de amparo se presentó en línea y se registró en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, en donde este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado inicialmente negó la existencia de la omisión reclamada; sin embargo, posteriormente mediante oficio recepcionado el seis de noviembre de dos mil veintitrés, aceptó su existencia. Lo anterior se corrobora con la copia certificada que allegó de las constancias del expediente laboral ********************, con valor probatorio pleno conforme los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Materia Común, correspondiente a la Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia; tampoco fueron hechas valer por las partes. QUINTO. Estudio de fondo. Es fundado el único concepto de violación. Lo anterior es así, pues el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, garantiza el derecho a toda persona a que se administre en su favor justicia de forma gratuita, por conducto de los tribunales expeditos para hacerlo, los que deberán respetar los plazos y términos que fijen las leyes para tal efecto, así pues, que sus resoluciones deberán emitirse de forma completa e imparcial. Ahora, la autoridad responsable adjuntó a su informe, entre otras, copia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de trece de marzo de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio laboral ********************, de la que se observa que en esa data, la responsable tuvo a la parte actora y demandada ofreciendo medios de convicción; y, reservó proveer respecto a su admisión y/o desechamiento; sin que a la fecha se haya acordado nada al respecto. Lo que hace evidente que la autoridad responsable, ha sido omisa en proveer proveer respecto de la admisión y/o desechamiento de los medios de prueba ofertados por las partes en el juicio laboral de origen, dentro de los términos legales. En efecto, el artículo 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al momento que fue promovido el juicio natural de donde emana el acto reclamado, en lo medular dispone que la Junta, concluido el término del ofrecimiento probatorio, admitirá o desechará las pruebas, o en su caso se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. En el caso, la omisión de la responsable es patente y transgresora de derechos fundamentales puesto que desde hace ocho meses no ha proveído sobre la admisión o desechamiento de las pruebas. Consecuentemente, el actuar de la responsable resulta contrario al principio de administración de justicia, además de soslayar los plazos que establece el artículo 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, para el desahogo de pruebas. Así, la inobservancia del dispositivo 17 de la Constitución Federal que establece que la impartición de justicia debe realizarse en los términos que fije la ley respectiva. Sirve de sustento la jurisprudencia con registro digital 172759, de epígrafe: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.". En esa tesitura, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, contra la omisión reclamada a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. SEXTO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, deberá: Emitir de inmediato el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas, en el juicio laboral ********************, dentro de los plazos que establece el artículo 883 de la ley Federal de Trabajo. Sin que dicha concesión implique abarcar las subsecuentes etapas durante el desarrollo del procedimiento laboral, toda vez que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función de las omisiones reclamadas y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª.CV/2013(10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Sin que sea el caso hacer manifestación alguna en cuanto a lo que concierne al pedimento presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, dado que no forma parte de la litis. Apoya la consideración anterior, la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA AL JUZGADOR CONSTITUCIONAL.- Al dictar sentencia, el juez de Distrito no está obligado a resolver en el sentido del pedimento del Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, cuenta habida de que ese documento tan sólo contiene la opinión de una de las partes del juicio y, por lo tanto, no obliga al juzgador constitucional a fallar necesariamente en tal sentido". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra la omisión reclamada a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de este fallo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Cumple requerimiento y rinde informe justificado. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de dieciséis de octubre pasado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable referida rindiendo su informe justificado en relación con el expediente laboral ********************, con lo que se ordena dar vista a las partes. 1.1. Prueba documental. Por otra parte, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable referida ofertando como prueba de su parte la documental adjunta a su informe, la que será tomada en consideración al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Por otra parte, del estado de autos, específicamente de la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días otorgado en proveído de dieciséis de octubre del año en curso, a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que aclare su informe justificado en los términos ahí señalados, o en su caso informe la imposibilidad que tenga para ello, toda vez que dicho proveído le fue notificado por medio del oficio 29761/2023, el veinticuatro de octubre del año en curso, tal y como se aprecia del acuse de recibo respectivo, por lo que el referido término legal le transcurrirá del treinta de octubre al seis de noviembre del presente año. 1.1. Diferimiento audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. 1. Autorizado de la parte quejosa realiza aclaración y solicita se requiera a la autoridad responsable. Visto lo de cuenta, agréguense los escritos firmados electrónicamente por Erick Simón Soto Guevara, apoderado legal de la quejosa María de Lourdes Barajas Ponce, mediante los cuales aclara que el número de expediente del que emana la omisión reclamada, lo es 3B-2634/2019 y no 3B-2634/2022; lo que acreditó con la documental que acompañó a la demanda de amparo; por tanto se le tiene haciendo sus manifestaciones para los efectos legales conducentes. 1.1. Requerimiento. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir de la legal notificación del presente proveído, aclare su informe justificado, tomando en consideración que el acto reclamado deriva del expediente laboral 3B-2634/2019 y no del diverso 3B-2634/2022, como se señaló por error en el escrito inicial de demanda, o en su caso informe la imposibilidad que tenga para ello. Lo anterior, dado que pasar inadvertida tal consideración, impediría el análisis del acto reclamado. 1.2. Apercibimiento. Lo anterior, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) en términos de los artículos 237 y fracción I, 259, de la Ley de Amparo. 2. Diferimiento constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. 3. Se reciben alegatos. Finalmente, incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, se le tiene formulando los alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 3.1. Solicita copia. Asimismo, solicita se le expida copia certificada de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará entrega de la copia solicitada. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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