María de Lourdes López Cabello
Expediente 1707/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 89 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1707/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 89
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María de Lourdes López Cabello
- María de Lourdes López Cabello y Otros.
- presidente Municipal de la Heroica ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 89.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. III. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. IV. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos, y este proveído. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que precluyó el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, por lo que, el suscrito procede a verificar si la responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en sus términos. Marco normativo. En atención al caso concreto, debe precisarse que conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVI, tercer párrafo; 204 y 205, de la Ley de Amparo, el cumplimiento de una sentencia puede realizarse de una manera alterna o diversa a la consignada en la resolución de amparo, entre otras hipótesis, cuando las partes celebren un convenio, a través del cual se establezcan los términos en que se restituirá a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales considerados infringidos en la ejecutoria federal. En efecto, la fracción XVI, tercer y cuarto párrafo, del artículo 107 constitucional, es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional. No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional; [.]". De igual manera, en la Ley de Amparo, en el capítulo IV se establecen las bases que se deben de aplicar al incidente de cumplimiento sustituto. En ese sentido, en dicho ordenamiento se estatuye lo siguiente: "CAPÍTULO IV Incidente de cumplimiento sustituto Artículo 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. Artículo 205. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que: I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. La solicitud podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia. El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta Ley. Declarado procedente, el órgano jurisdiccional de amparo determinará a forma y cuantía de la restitución. Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo; éste, una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos, mandará archivar el expediente". Atento a lo anterior, la figura constitucional admite tres escenarios al tenor de los cuales se puede decretar el cumplimiento de la sentencia de amparo de una manera diversa a la consignada en la resolución: 1. Que la parte quejosa solicite el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo; 2. Que el juzgador de amparo lo decrete de oficio; y, 3. Que las partes establezcan un convenio, sancionado ante el propio órgano jurisdiccional, a través del cual se pacten los términos mediante los cuales tendrán por cumplida la sentencia de garantías. La razón que subyace a esta figura es que las sentencias de amparo se deben cumplir siempre, pero precisamente ante la inconveniencia de ello o su imposibilidad, el constituyente permanente previó la hipótesis referente al cumplimiento de la sentencia de amparo de una forma distinta a los lineamientos definidos en el propio fallo federal. En ese orden de ideas, si la sentencia de amparo se cumple de una forma diversa de la estatuida en la propia ejecutoria federal -ya sea que se hubiere solicitado por la parte quejosa, que hubiere sido decretado de oficio, o que hubiere sido acordado mediante convenio entre las partes-, la disposición constitucional prevé dos formas a través de las cuales se podrá hacer: a. El pago de daños y perjuicios al quejoso, y b. El cumplimiento del convenio acordado entre el quejoso y la autoridad o autoridades responsables, y que fuere sancionado por el órgano jurisdiccional de amparo. Esta última hipótesis es la que se actualiza en el caso concreto -como se destacará en párrafos subsecuentes-, en este caso, por regla general, la voluntad de las partes rige sobre la forma en que habrá de cumplirse con la sentencia de garantías. En este supuesto, a fin de que se considere cumplida la protección federal concedida por la parte quejosa, el órgano jurisdiccional de amparo solo debe verificar que lo que fue acordado por las partes (quejoso y autoridad o autoridades responsables) se acató, sin que le sea dable analizar los términos de dicho convenio. Ello es así, toda vez que precisamente el no cumplimiento de la sentencia de amparo en los términos consignados en la sentencia -cualquiera que sea el motivo-, es lo que permite que las partes convengan en cumplir, de manera alterna, el fallo federal. En estos términos, resultaría contradictorio que el órgano jurisdiccional de amparo considerase que el contenido del convenio no resulta adecuado para que se tenga por cumplida la ejecutoria, pues precisamente las partes acordaron una forma distinta de cumplimiento. Apoya lo antes expuesto la tesis P. V/2016 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. De tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REGLAS A SEGUIR CUANDO LAS PARTES LO CONVIENEN. En términos del artículo 107, fracción XVI, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo procede en el supuesto de que las partes establezcan un convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional, en cuyo caso, por regla general, la voluntad de las partes rige sobre la forma en que habrá de cumplirse con la sentencia de garantías. Así, en principio, el órgano jurisdiccional de amparo solo debe verificar que lo que fue acordado por las partes (quejoso y autoridad o autoridades responsables) se verifique en los términos consignados en el propio convenio, sin que resulte imperioso analizar los términos de dicho instrumento. Ello será así, precisamente porque el incumplimiento de la sentencia de amparo, en los términos consignados en esta, es lo que permite que las partes convengan en cumplir de manera alterna dicho fallo, por lo que resultaría contradictorio que el órgano jurisdiccional de amparo considerase que el contenido del convenio no resulta adecuado para que se tenga por cumplida la sentencia de amparo, pues precisamente las partes acordaron una forma distinta para ello". Delimitada la materia sobre la cual debe versar el estudio, se impone narrar las constancias que conforman la fase de ejecución de la sentencia de amparo, a fin de contar con los elementos necesarios para determinar, si se encuentra o no cumplido el correspondiente fallo. Estudio del cumplimiento. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima pertinente precisar que en el presente asunto se concedió el amparo a la quejosa, para que le restituyeran en el pleno goce del derecho de la propiedad vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban, esto es, las autoridades responsables deberían devolverle a la aquí quejosa la superficie de doscientos cuatro metros cuadrados, que le fue privada como resultado del proceso de ejecución de una obra de pavimentación de la calle Nayarit de la colonia Santa Rosa, de Huajuapan de León, Oaxaca. Lo anterior, en el entendido de que tal reparación será únicamente respecto de las medidas y colindancias expuestas en el dictamen del perito Luis Alberto Ramírez Canseco (designado por la parte quejosa). En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por oficio remitido por el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, recibido en este juzgado el uno de marzo de este año, informó que sostenía platicas con la parte quejosa, con la finalidad de celebrar convenio de permuta respecto a la superficie a restituir, por un inmueble propiedad de dicho Ayuntamiento. Posteriormente, el veinte de abril del año en curso, se tuvo informando al Síndico Procurador del Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, que el siete de abril pasado, se firmó minuta de acuerdos en la que se formalizó el convenio con la quejosa; documento del cual, remitió un tanto en original. Consecutivamente, el once de mayo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó que el convenio se elevó a acuerdo de cabildo en la sesión ordinaria de veintiuno de abril de este año, autorizando la firma del contrato de permuta correspondiente. Finalmente, el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se firmó el contrato de permuta entre el Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, representado por la Síndica Hacendaria (el permutante), y la ciudadana María de Lourdes López Cabello (la permutante), en el que el Ayuntamiento le transfirió la propiedad de doscientos cuatro metros del inmueble ubicado en el la calle Mitla de la Colonia Monte Albán, en dicho Municipio, a favor de la quejosa; y la permutante le transfirió la propiedad de doscientos cuatro metros del inmueble ubicado en la calle Nayarit de la Colonia Santa Rosa, segunda sección, al Ayuntamiento. Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable remitió copias certificadas de la sesión ordinaria de cabildo y del contrato de permuta, anteriormente referidas. En mérito de lo anterior, este juzgador estima que se cumplió el convenio firmado el siete de abril pasado, el cual fue celebrado por las partes como mecanismo sustituto de cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, de conformidad con el último párrafo del numeral 205 de la Ley de Amparo; máxime que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa con la vista de tal cumplimiento sin que manifestaran nada al respecto. Se estima así, en razón de que si bien, no fue posible devolver a la quejosa la superficie de doscientos cuatro metros de un inmueble de su propiedad, de la cual cual fue privada como resultado del proceso de ejecución de una obra de pavimentación en la calle Nayarit de la colonia Santa Rosa, de Huajuapan de León, Oaxaca; a cambio, el ayuntamiento responsable convino con la quejosa en que la restitución de la superficie de doscientos cuatro metros que le correspondía, fueran en un lugar distinto de aquel en que se ubicaba el inmueble materia de este juicio constitucional, esto es, el predio que corresponde a la quejosa ahora se ubica en el la calle Mitla de la Colonia Monte Albán, en dicho Municipio; con lo anterior, las parte contratantes acordaron dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 205 de la Ley de Amparo, se ordena archivar este expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese al juicio de amparo en que se actúa, el oficio remitido por el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de las constancias que remite se advierte que la citada autoridad responsable, informa lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a dicho cumplimiento. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este órgano jurisdiccional resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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