María de Lourdes Ríos Clímaco
Expediente 1053/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 13/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María de Lourdes Ríos Clímaco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial, se declara consentido el acuerdo de trece de mayo del año en curso, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido en proveído de veintiocho de abril de esta anualidad, con la vista dada respecto del cumplimiento que la responsable pretende dar a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, ya que al haber transcurrido el plazo de tres días dispuesto en el numeral 196 de la ley de la materia, corresponde a este Juzgado Quinto de Distrito determinar si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Así lo dispone la jurisprudencia de título: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Antecedentes del acto reclamado. Se concedió a la quejosa, el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: ".la Sala Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, deberá: De manera inmediata continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1946/18-15-01-4, para ello deberá proveer y gestionar lo correspondiente para hacer efectivas las multas impuestas a la autoridad obligada en el juicio de origen, así como todos los subsecuentes que resulten necesarios, a fin de vencer la contumacia de los encargados de la Delegación Estatal Oaxaca y Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de llevar a cabo el total cumplimiento del fallo de que se trata. Para efecto de constreñir a las autoridades señaladas como responsables en este sumario, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que acaten las determinaciones adoptadas por la sala tendentes a obtener el cumplimiento de las sentencia de nulidad, podrá dictar las medidas más eficaces e inmediatas, entre ellas multas al superior jerárquico, dar vista al Órgano de Control Interno y cualquier otra que resulte necesaria e idónea para tal fin, de conformidad con sus facultades y atribuciones. Por su parte, las autoridades adscritas a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán realizar las gestiones conducentes para calcular, programar y realizar el pago de las prestaciones a favor de la quejosa en los términos indicados en la sentencia de nulidad antes referida. Cabe destacar que tratándose de los alcances por los que se otorga la protección constitucional, éstos deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento de génesis, sin que pueda abarcar el análisis constitucional de actos procesales posteriores; asimismo, que los anteriores son extensivos a todas las autoridades señaladas como responsables". Mediante oficio 15-1-1-20484/22, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió copia certificada del acuerdo que dictó el veintiséis de abril de este año, de donde se advierte que declaró cumplida y firme la sentencia definitiva de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 1946/18-15-01-4, de su índice. Asimismo, que el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió la resolución contenida en el oficio SP/DPSHT/JN/3743/2021 de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, de la que se desprende que informó a la parte actora que en cumplimiento a la sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 1946/18-15-01-4, se aplicaron a su cuota pensionaria los incrementos de 36.83% y 3.50%, respecto de los años 2010 y 2017. De lo anterior se obtiene que la Sala Regional desplegó las acciones correspondientes para llevar a cabo el total cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1946/18-15-01-4, y realizar el cálculo y el pago de las prestaciones a favor de la quejosa. Bajo la tutela de los razonamientos expuestos, a consideración de este juzgador federal y con fundamento en el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. El presente proveído declara por cumplida la ejecutoria que recayó en esta litis constitucional, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido en proveído de veintiocho de abril de esta anualidad, con la vista dada respecto del cumplimiento que la responsable pretende dar a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, ya que al haber transcurrido el plazo de tres días dispuesto en el numeral 196 de la ley de la materia, corresponde a este Juzgado Quinto de Distrito determinar si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Así lo dispone la jurisprudencia de título: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Antecedentes del acto reclamado. Se concedió a la quejosa, el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: ".la Sala Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, deberá: De manera inmediata continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1946/18-15-01-4, para ello deberá proveer y gestionar lo correspondiente para hacer efectivas las multas impuestas a la autoridad obligada en el juicio de origen, así como todos los subsecuentes que resulten necesarios, a fin de vencer la contumacia de los encargados de la Delegación Estatal Oaxaca y Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de llevar a cabo el total cumplimiento del fallo de que se trata. Para efecto de constreñir a las autoridades señaladas como responsables en este sumario, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que acaten las determinaciones adoptadas por la sala tendentes a obtener el cumplimiento de las sentencia de nulidad, podrá dictar las medidas más eficaces e inmediatas, entre ellas multas al superior jerárquico, dar vista al Órgano de Control Interno y cualquier otra que resulte necesaria e idónea para tal fin, de conformidad con sus facultades y atribuciones. Por su parte, las autoridades adscritas a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán realizar las gestiones conducentes para calcular, programar y realizar el pago de las prestaciones a favor de la quejosa en los términos indicados en la sentencia de nulidad antes referida. Cabe destacar que tratándose de los alcances por los que se otorga la protección constitucional, éstos deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento de génesis, sin que pueda abarcar el análisis constitucional de actos procesales posteriores; asimismo, que los anteriores son extensivos a todas las autoridades señaladas como responsables". Mediante oficio 15-1-1-20484/22, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió copia certificada del acuerdo que dictó el veintiséis de abril de este año, de donde se advierte que declaró cumplida y firme la sentencia definitiva de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 1946/18-15-01-4, de su índice. Asimismo, que el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió la resolución contenida en el oficio SP/DPSHT/JN/3743/2021 de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, de la que se desprende que informó a la parte actora que en cumplimiento a la sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 1946/18-15-01-4, se aplicaron a su cuota pensionaria los incrementos de 36.83% y 3.50%, respecto de los años 2010 y 2017. De lo anterior se obtiene que la Sala Regional desplegó las acciones correspondientes para llevar a cabo el total cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1946/18-15-01-4, y realizar el cálculo y el pago de las prestaciones a favor de la quejosa. Bajo la tutela de los razonamientos expuestos, a consideración de este juzgador federal y con fundamento en el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. El presente proveído declara por cumplida la ejecutoria que recayó en esta litis constitucional, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
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