Maria de Lourdes Ruiz Romero

Expediente 193/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
193/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Maria de Lourdes Ruiz Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, dado que resulta innecesaria la retención del tomo de pruebas formado con las copias certificadas de las constancias del juicio laboral *** que la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca exhibió en este medio extraordinario de defensa, devuélvase ese instrumento mediante el oficio que al efecto se elabore; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo. Notifíquese.

  2. Principal

    ".S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 193/2020 promovido por María de Lourdes Ruiz Romero, en contra de las omisiones de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca (i) de pronunciarse sobre la admisibilidad o no de las pruebas que las partes ofrecieron en el incidente de acumulación planteado en el juicio laboral 72/2016 (4), (ii) de dictar el acuerdo que corresponda al escrito que su apoderado presentó en ese contradictorio el quince de agosto de dos mil diecinueve, y de notificar tal proveído, (iii) de emitir la interlocutoria respectiva en dicha incidencia y (iv) de dictar el laudo en el juicio laboral señalado, así como (v) la paralización del referido contradictorio con motivo de la substanciación del aludido incidente. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si los actos impugnados vulneran en perjuicio de la inconforme el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva reconocido por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES 1. Mediante escrito presentado el quince de enero de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, María de Lourdes Ruiz Romero demandó al Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca diversas prestaciones en su calidad de agremiada de ese colectivo. 2. Por auto de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió a trámite la demanda, registrándola bajo el expediente 72/2016 (4), señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dispuso que se emplazara a juicio a la parte demandada y formuló diversas prevenciones a las partes. 3. En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones celebrada el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, la operaria amplió su demanda y señaló como nueva enjuiciada a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; en razón de lo anterior, el referido Tribunal del trabajo admitió la ampliación del escrito inicial y dispuso que se llamara a juicio a la nueva demandada. 4. En la audiencia de ley que tuvo verificativo el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca planteó un incidente de acumulación con el objeto de que el citado contradictorio se acumulara al diverso 976/2009 (4) del índice de la propia Junta, porque sostuvo que en ambos juicios la trabajadora exigía prestaciones similares de los demandados; en dicha diligencia, la Junta admitió la incidencia planteada, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, dispuso que se corriera traslado al resto de las partes con el escrito en donde se interpuso ese incidente y suspendió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 5. El doce de junio de dos mil diecinueve, el Tribunal del trabajo señalado celebró la audiencia incidental a la que sólo asistieron los demandados; de esa diligencia se desprenden las circunstancias siguientes: 5.1. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ofreció diversas documentales, el cotejo, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones para demostrar la procedencia del incidente planteado y formuló sus alegatos. 5.2. El Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca anunció la inspección, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones y formuló sus alegatos en relación con la citada incidencia. 5.3. Posteriormente, la referida casa de estudio se adhirió e hizo suyas las pruebas ofertadas por la organización gremial indicada. 5.4. La Junta tuvo a los enjuiciados por ofrecidos sus medios de convicción y por formulados sus alegatos; por otro lado, tuvo a la parte actora María de Lourdes Ruiz Romero por perdido su derecho de anunciar los medios de convicción que estimara pertinentes respecto del citado incidente y de formular sus alegatos. 5.5. Finalmente, el Tribunal del trabajo se reservó emitir el pronunciamiento que correspondía en cuanto a la admisibilidad o no de las pruebas que los demandados ofertaron y estableció que en su oportunidad resolvería la aludida incidencia. 6. A través del escrito presentado el quince de agosto de dos mil diecinueve, el mandatario de la trabajadora solicitó al referido órgano jurisdiccional que proveyera sobre las pruebas que las partes anunciaron y, en su caso, resolviera el incidente de acumulación planteado. 7. El diez de agosto de dos mil veinte, la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca dictó la interlocutoria respectiva en el multicitado incidente, de cuyo contenido se advierten las determinaciones siguientes: 7.1. En atención al ocurso presentado por el apoderado de la operaria por un lado admitió las documentales, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones que los enjuiciados ofrecieron y, por otro, desechó el cotejo y la inspección que esos litigantes anunciaron. 7.2. Resolvió la incidencia planteada y estimó que era improcedente, porque estableció que en el diverso juicio laboral 976/2009 (4) de su estadística ya había dictado el laudo correspondiente y se encontraba en la etapa de ejecución. 7.3. En razón de lo anterior, ordenó la reanudación del juicio en lo principal y señaló hora y fecha para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 8. El veinte y el veinticuatro de agosto del año próximo pasado, se notificó a los apoderados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y de la accionante María de Lourdes Ruiz Romero la resolución incidental descrita, respectivamente. 9. En el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se reprogramó la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, porque el Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca no estaba notificado aún de la referida interlocutoria ni de la hora y la fecha señaladas para la continuación de la audiencia de ley. 10. En consideración de la titular de la acción de amparo los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 11. Mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, María de Lourdes Ruiz Romero promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. 12. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. 13. Por acuerdo de trece de febrero del año próximo pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró bajo el expediente 193/2020 y previno a la justiciable para que aclarara su escrito inicial, lo que realizó a través de sus ocursos presentados el veintiuno de febrero y el dos de marzo posterior. 14. En el auto de cinco de marzo de dos mil veinte, este Juzgado Federal tuvo a la parte quejosa por cumplida la prevención formulada; en razón de lo anterior, determinó lo siguiente: 14.1. Decretó la separación de este medio extraordinario de defensa respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca y al Auxiliar de ese órgano de administración de justicia derivados del juicio laboral 907/2016 (4 Bis). 14.2. Dispuso que se continuara el trámite de este medio procesal de tutela constitucional en relación con los actos combatidos a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca que emanan del juicio laboral 72/2016 (4). 14.3. Desechó de plano el escrito inicial en cuanto al acto impugnado a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el proveído que correspondiera al escrito que el apoderado de la inconforme presentó en el juicio laboral 72/2016 (4) el nueve de enero de dos mil veinte, y de notificar tal acuerdo. 14.4. Admitió parcialmente la demanda respecto de la autoridad y los actos que posteriormente se precisaran; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 15. En el proveído de siete de septiembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional reconoció la calidad de tercero interesado al Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y dispuso que se emplazara a este juicio constitucional. 16. La audiencia constitucional se llevó a cabo el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 17. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que se atribuyen a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 18. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 19. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 20. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y sus aclaraciones, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama los actos siguientes: De la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca combate: ? Las omisiones (i) de pronunciarse sobre la admisibilidad o no de las pruebas que las partes ofrecieron en el incidente de acumulación planteado en el juicio laboral 72/2016 (4), (ii) de dictar el acuerdo que corresponda al escrito que su apoderado presentó en ese contradictorio el quince de agosto de dos mil diecinueve, y de notificar tal proveído, (iii) de emitir la interlocutoria respectiva en dicha incidencia y (iv) de dictar el laudo en el juicio laboral señalado. ? La paralización del referido contradictorio con motivo de la substanciación del aludido incidente. V. INEXISTENCIA DE UNO DE LOS ACTOS COMBATIDOS 21. No es cierto el acto impugnado a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 72/2016 (4), porque la citada autoridad en su informe justificado negó la existencia de esa actuación, ya que adujo que no puede pronunciar ese fallo en razón de que en ese contradictorio no se ha cerrado la instrucción, puesto que se encuentra en la fase conciliación, demanda y excepciones, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. 22. Además, la inexistencia de esa actuación se desprende de las constancias del juicio de origen que la mencionada responsable allegó en copias certificadas. 23. En efecto, conforme a los antecedentes relatados en el primer apartado de esta sentencia es factible establecer que dicho contradictorio se encuentra en la fase de conciliación, demanda y excepciones, sin que se haya cerrado la instrucción, lo cual es una condición para que el Tribunal del trabajo responsable esté en aptitud de dictar el laudo en ese asunto, puesto que la declaratoria del cierre de la instrucción da pauta a establecer que un juicio laboral se encuentra en estado de resolución y hasta entonces es posible considerar que dicho órgano jurisdiccional tiene el deber de pronunciar ese fallo que dirima la controversia sometida a su consideración, como se constata del contenido de los arábigos 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, que prescriben lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en sesión de la Junta, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." 24. En este punto, se tiene en cuenta que en la dinámica procesal del juicio de amparo indirecto, admitida la demanda se solicita a la o las autoridades responsables el informe en el que justificará su actuar u omisión; también se tiene presente que el ente responsable tiene diversas cargas durante la substanciación del juicio, entre otras, rendir el citado informe en términos de lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, con la oportunidad de defender la constitucionalidad de la ley, el acto u omisión reclamados. 25. Precisa destacar que dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 26. En el caso de la omisión, como en la especie sucede, no basta con que la citada autoridad no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, las condiciones o la aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 27. Se sostiene lo anterior, porque cuando la responsable niega haber incurrido en la omisión que se le reprocha, en realidad implica que sí actuó, o bien, que no actuó porque no estaban en condiciones de hacerlo. 28. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto, o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevé el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; empero, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar su negativa, sino que debe probar con argumentos o pruebas que no existe el acto combatido. 29. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." 30. Es justo en este escenario, en donde se tiene en cuenta la negativa que la Junta responsable sostuvo en su informe justificado y al valorar las constancias del juicio laboral 72/2016 (4) este órgano jurisdiccional detecta que no existe la omisión de dictar el laudo reclamada, porque ese contradictorio se encuentra en la fase de conciliación, demanda y excepciones, sin que se haya cerrado la instrucción, lo cual es un presupuesto para que la Junta responsable esté en aptitud de dictar ese fallo conforme a lo establecido por los ordinales 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo. 31. En ese contexto, al no existir la declaratoria del cierre de la instrucción en el juicio de origen es factible sostener que la omisión atacada no es cierta, sin que el análisis anterior implique un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad esa actuación, sino una cuestión previa relacionada con el examen de la inexistencia del acto reclamado, que es necesario realizar en este apartado de la estructura formal de la sentencia. 32. Luego, si la inconforme no desvirtuó la negativa que la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca sostuvo en su informe con justificación y en este juicio constitucional está demostrada la inexistencia de la omisión impugnada es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 33. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." 34. También cobra vigencia la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." 35. Igualmente, fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito , que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." 36. En consecuencia, con fundamento en lo estatuido por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente asunto en cuanto al acto combatido a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 72/2016 (4), dada su inexistencia. VI. EXISTENCIA DE LOS DIVERSOS ACTOS IMPUGNADOS 37. Son ciertos los actos reprochados a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, consistentes en las omisiones (i) de pronunciarse sobre la admisibilidad o no de las pruebas que las partes ofrecieron en el incidente de acumulación planteado en el juicio laboral 72/2016 (4), (ii) de dictar el acuerdo que corresponda al escrito que el apoderado de la justiciable presentó en ese contradictorio el quince de agosto de dos mil diecinueve, y de notificar tal proveído y (iii) de emitir la interlocutoria respectiva en dicha incidencia, así como (iv) la paralización del referido contradictorio con motivo de la substanciación del aludido incidente, a pesar de que en su informe justificado negó la existencia de esas actuaciones; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las constancias que obran en este sumario. 38. En efecto, la certeza de las actuaciones impugnadas se patentiza con las diversas constancias del juicio laboral 72/2016 (4), que la responsable aportó en el presente sumario en copias certificadas, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que de los autos de ese contradictorio se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda -doce de febrero de dos mil veinte- esa autoridad no se había pronunciado sobre la admisión o no de las pruebas que los demandados ofrecieron en el citado incidente ni existía un proveído respecto de la promoción que el mandatario de la quejosa presentó en ese asunto el quince de agosto de dos mil diecinueve, y tampoco estaba notificada la justiciable de tal proveído; también se detecta que no se había dictado la interlocutoria correspondiente en dicha incidencia y que la instrumentación del incidente de acumulación motivó la suspensión del proceso contencioso laboral, por lo que se encontraba paralizado este último; de ahí que las circunstancias destacadas conducen a establecer la existencia de los actos reclamados descritos. 39. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. OPORTUNIDAD 40. Por la naturaleza de los actos impugnados la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse de omisiones y de una dilación que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la justiciable que no se subsana mientras aquéllas subsistan. 41. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 43/2003 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." VIII. LEGITIMACIÓN 42. María de Lourdes Ruiz Romero se encuentra legitimada para promover por sí este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que está probado que la inconforme figura como parte actora en el juicio laboral 72/2016 (4), por lo que las omisiones y la paralización del procedimiento atacadas tienen impacto en su esfera normativa, porque le impiden obtener una resolución en donde se defina si es factible o no la acumulación de esa controversia al diverso juicio laboral 976/2009 (4) del índice del Tribunal del trabajo responsable e imposibilitan la continuación del proceso contencioso laboral de donde emanan los actos reclamados y esas circunstancias la legitiman para ejercer por sí la acción de amparo en contra de tales actuaciones. IX. PROCEDENCIA 43. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. 44. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 45. En el caso, de oficio se advierte que en relación con los actos combatidos a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, consistentes en las omisiones (i) de pronunciarse sobre la admisibilidad o no de las pruebas que las partes ofrecieron en el incidente de acumulación planteado en el juicio laboral 72/2016 (4), (ii) de dictar el acuerdo que corresponda al escrito que el apoderado de la justiciable presentó en ese contradictorio el quince de agosto de dos mil diecinueve, y de notificar tal proveído y (iii) de emitir la interlocutoria respectiva en dicha incidencia, así como (iv) la paralización del referido contradictorio con motivo de la substanciación del aludido incidente, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos. 46. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" 47. El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 48. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que indica: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." 49. Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 50. Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. 51. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 52. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. 53. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. 54. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. 55. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que la solicitante del amparo reclama de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, las omisiones (i) de pronunciarse sobre la admisibilidad o no de las pruebas que las partes ofrecieron en el incidente de acumulación planteado en el juicio laboral 72/2016 (4), (ii) de dictar el acuerdo que corresponda al escrito que su mandatario presentó en ese contradictorio el quince de agosto de dos mil diecinueve, y de notificar tal proveído y (iii) de emitir la interlocutoria respectiva en dicha incidencia, así como (iv) la paralización del referido contradictorio con motivo de la substanciación del aludido incidente, por lo que su pretensión de fondo en este juicio constitucional es obtener un pronunciamiento mediante el cual se vincule a esa autoridad a emitir las determinaciones que correspondan en cuanto a (1) la admisión o no de las pruebas que los demandados ofrecieron en dicho incidente, (2) la promoción que su apoderado presentó en la data indicada y la notificación del acuerdo relativo, (3) la resolución de esa incidencia y (4) la continuación de la secuela del proceso contencioso laboral de donde emanan las actuaciones combatidas. 56. Ahora, de las constancias del juicio laboral 72/2016 (4) que obran en este sumario se advierten los aspectos siguientes: 57. En la audiencia de ley que tuvo verificativo el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la demandada Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca planteó un incidente de acumulación con el objeto de que el citado contradictorio se acumulara al diverso 976/2009 (4) del índice de la propia Junta, porque sostuvo que en ambos juicios la trabajadora exigía prestaciones similares de los demandados; en dicha diligencia, la Junta admitió la incidencia planteada, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, dispuso que se corriera traslado al resto de las partes con el escrito en donde se interpuso ese incidente y suspendió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 58. El doce de junio de dos mil diecinueve, el Tribunal del trabajo señalado celebró la audiencia incidental a la que sólo asistieron los demandados; de esa diligencia se desprenden las circunstancias siguientes: 58.1. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ofreció diversas documentales, el cotejo, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones para demostrar la procedencia del incidente planteado y formuló sus alegatos. 58.2. El demandado Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca anunció la inspección, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones y formuló sus alegatos en relación con la citada incidencia. 58.3. Posteriormente, la referida casa de estudio se adhirió e hizo suyas las pruebas ofertadas por la organización gremial indicada. 58.4. La Junta tuvo a los enjuiciados por ofrecidos sus medios de convicción y por formulados sus alegatos; por otro lado, tuvo a la parte actora María de Lourdes Ruiz Romero por perdido su derecho de anunciar los medios de convicción que estimara pertinentes respecto del citado incidente y de formular sus alegatos. 58.5. Finalmente, el Tribunal del trabajo se reservó emitir el pronunciamiento que correspondía en cuanto a la admisibilidad o no de las pruebas que los demandados ofertaron y estableció que en su oportunidad resolvería la aludida incidencia. 59. A través del escrito presentado el quince de agosto de dos mil diecinueve, el mandatario de la trabajadora solicitó al referido órgano jurisdiccional que proveyera sobre las pruebas que las partes anunciaron y, en su caso, resolviera el incidente de acumulación planteado. 60. El diez de agosto de dos mil veinte, la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca dictó la interlocutoria respectiva en el multicitado incidente, de cuyo contenido se advierten las determinaciones siguientes: 60.1. En atención al ocurso presentado por el apoderado de la operaria por un lado admitió las documentales, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones que los enjuiciados ofrecieron y, por otro, desechó el cotejo y la inspección que esos litigantes anunciaron. 60.2. Resolvió la incidencia planteada y estimó que era improcedente, porque estableció que en el diverso juicio laboral 976/2009 (4) de su estadística ya había dictado el laudo correspondiente y se encontraba en la etapa de ejecución. 60.3. En razón de lo anterior, ordenó la reanudación del juicio en lo principal y señaló hora y fecha para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 61. El veinte y el veinticuatro de agosto del año próximo pasado, se notificó a los apoderados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y de la accionante María de Lourdes Ruiz Romero la resolución incidental descrita, respectivamente. 62. En el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se reprogramó la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, porque el Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca no estaba notificado aún de la referida interlocutoria ni de la hora y la fecha señaladas para la continuación de la audiencia de ley. 63. Lo anterior evidencia que la responsable ya se pronunció sobre los aspectos siguientes: (i) la admisión y desechamiento de los medios de convicción que los demandados ofrecieron en el incidente de acumulación planteado en el juicio laboral 72/2016 (4), (ii) el libelo que el apoderado de la quejosa presentó en ese contradictorio el quince de agosto de dos mil diecinueve; además, se notificó la determinación respectiva y (iii) la resolución de dicha incidencia; aunado a lo anterior, (iv) ordenó la reanudación del juicio en lo principal y señaló hora y fecha para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por lo que ante esas situaciones es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada. 64. Se sostiene lo anterior, porque con la emisión de la interlocutoria de diez de agosto de dos mil veinte, la responsable acreditó lo siguiente: 64.1. Que proveyó sobre la admisión y el desechamiento de las pruebas que los enjuiciados ofertaron en el incidente de acumulación planteado en el juicio natural. 64.2. Que acordó la promoción que el mandatario de la disconforme presentó el quince de agosto de dos mil diecinueve, en donde pidió que se proveyera sobre los medios de convicción que las partes anunciaron y, en su caso, se resolviera dicha incidencia. 64.3. Que resolvió ese incidente. 64.4. Que ordenó la reanudación del juicio en lo principal y señaló hora y fecha para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 65. Por otra parte, con la notificación de veinticuatro de agosto posterior, acreditó que comunicó procesalmente al apoderado de la quejosa la resolución incidental descrita, en donde se pronunció sobre el libelo que tal mandatario presentó el quince de agosto de dos mil diecinueve. 66. Finalmente, con la citada interlocutoria y el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, evidenció que ya no existe la paralización del referido contradictorio con motivo del multicitado incidente de acumulación, puesto que dispuso la reanudación del proceso contencioso laboral de origen y señaló hora y fecha para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 67. Las actuaciones destacadas ponen de relieve que los efectos y las consecuencias de los actos atacados han cesado, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación al artículo 17 Constitucional. 68. Es así, porque las omisiones y la dilación reprochadas al Tribunal del trabajo responsable que motivaron la promoción del juicio de amparo cesaron al haberse pronunciado en el juicio de origen las resoluciones jurisdiccionales de diez de agosto y de veintiuno de septiembre, ambos de dos mil veinte, así como con la verificación de la notificación de veinticuatro de agosto del año próximo pasado; por tanto, la violación al derecho fundamental previsto por el arábigo 17 de la Carta Magna, que correlativamente impone a los órganos y a las autoridades encargadas de administrar justicia la obligación de substanciar y de resolver las controversias e incidentes planteados ante ellas dentro de los plazos y los términos previstos legalmente, que en determinado momento pudo haberse cometido en perjuicio de la parte quejosa fue reparada por la propia autoridad al haber dictado las determinaciones descritas y comunicarse procesalmente la resolución incidental señalada al apoderado de la inconforme. 69. En esa línea, si en este juicio de amparo está demostrado que la Junta responsable se pronunció sobre los aspectos siguientes: (i) la admisión y desechamiento de los medios de convicción que los enjuiciados ofrecieron en el incidente de acumulación planteado en el juicio laboral 72/2016 (4), (ii) el libelo que el apoderado de la justiciable presentó en ese contradictorio el quince de agosto de dos mil diecinueve; además, se notificó a ese mandatario la determinación respectiva y (iii) la resolución de dicha incidencia; aunado a lo anterior, (iv) ordenó la reanudación del juicio en lo principal y señaló hora y fecha para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones es incuestionable que las consecuencias jurídicas de las conductas atribuidas a la citada autoridad han cesado, ya que con la emisión de las resoluciones jurisdiccionales de diez de agosto y de veintiuno de septiembre, ambos de dos mil veinte, y la práctica de la notificación de veinticuatro de agosto del año próximo pasado se destruyeron sus efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional, es decir, se eliminó de manera total, completa, definitiva y permanente el resultado que producían esas actuaciones, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en el que se encontraban antes de la promoción del juicio de amparo y, en esa medida, se repuso a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. 70. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto de los actos impugnados a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, consistentes en las omisiones (i) de pronunciarse sobre la admisibilidad o no de las pruebas que las partes ofrecieron en el incidente de acumulación planteado en el juicio laboral 72/2016 (4), (ii) de dictar el acuerdo que corresponda al escrito que el apoderado de la justiciable presentó en ese contradictorio el quince de agosto de dos mil diecinueve, y de notificar tal proveído y (iii) de emitir la interlocutoria respectiva en dicha incidencia, así como (iv) la paralización del referido contradictorio con motivo de la substanciación del aludido incidente; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. 71. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." X. DECISIÓN 72. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto de los actos que la justiciable reclamó a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, consistentes en las omisiones (i) de pronunciarse sobre la admisibilidad o no de las pruebas que las partes ofrecieron en el incidente de acumulación planteado en el juicio laboral 72/2016 (4), (ii) de dictar el acuerdo que corresponda al escrito que el apoderado de la justiciable presentó en ese contradictorio el quince de agosto de dos mil diecinueve, y de notificar tal proveído y (iii) de emitir la interlocutoria respectiva en dicha incidencia, así como (iv) la paralización del referido contradictorio con motivo de la substanciación del aludido incidente. 73. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. 74. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." 75. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. 76. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 77. También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." 78. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María de Lourdes Ruiz Romero en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en los apartados V y IX de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca en atención al requerimiento de diecinueve de febrero pasado, remite copias certificadas de las constancias del juicio laboral****; al respecto, se tiene a la citada autoridad por cumplido el aludido requerimiento. En otro punto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo téngase a la responsable por anunciadas las documentales indicadas, sin perjuicio de admitirlas, relacionarlas y desahogarlas en la audiencia constitucional, conforme a lo estatuido por los arábigos 123 y 124 de la ley de la materia; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos. Por otro lado, para un mejor manejo de las documentales aportadas, fórmese por separado el tomo I de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Tribunal, en el entendido de que conforman el expediente relativo a este asunto. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 37/2020 del Pleno del citado Consejo, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con relación al periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en este medio extraordinario de defensa no obran todas las actuaciones del juicio laboral 72/2016 (4) del índice de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, ni las relativas al incidente de acumulación planteado en ese contradictorio, en las cuales tienen su génesis los actos impugnados. En consecuencia, con fundamento en lo estatuido por los artículos 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al primer ordenamiento, requiérase al Tribunal del trabajo responsable para que en el plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en el que reciba la comunicación que derive de este proveído, remita copias certificadas, ordenadas, completas y legibles de todo lo actuado en el juicio laboral 72/2016 (4) y en el incidente de acumulación planteado en esa controversia, de donde derivan los actos reclamados, dado que esas constancias son necesarias para resolver este medio procesal de tutela constitucional. Apercibida que de no hacerlo se impondrá en su contra una multa por cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad, según lo previsto por el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración, a las CATORCE HORAS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca.

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