María de Lourdes Castellanos Morales
Expediente 995/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María de Lourdes Castellanos Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase a la presidenta ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, rindiendo su informe justificado y ofreciendo como prueba las documentales que acompaña. Ahora bien, del estado de autos y del estudio del contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la quejosa ********************, reclama del presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la omisión de despachar el auto de requerimiento de pago y embargo dictado en el expediente laboral ********************y no señalar día y hora para que sea reinstalada en el trabajo que venía desempeñando para el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. Por su parte, atendiendo al informe justificado y documentales señaladas en la cuenta que remitió la referida responsable, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente: La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo. Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el supuesto concreto, el quejosa reclamó la omisión del presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la omisión de despachar el auto de requerimiento de pago y embargo dictado en el expediente laboral ********************y no señalar día y hora para que sea reinstalada en el trabajo que venía desempeñando para el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. En ese tenor, -como se anticipó- la autoridad responsable, en su informe justificado manifestó que mediante proveídos de seis y diez de octubre del año en curso, dictados en el expediente laboral ********************/********************(********************) requirió a la parte demandada el pago del cumplimiento del laudo, así como, señaló las once horas del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, para que el actuario adscrito a dicha junta y en compañía de la aquí quejosa ********************, se presenten en su fuente de trabajo ubicada en Tamazulapan del Progreso, Teposcolula, Oaxaca, y en diligencia formal dé fe de la reinstalación material y jurídica de la trabajadora, mismo que le fue notificado el trece de octubre del año que transcurre. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en el diverso 63, fracción V de la misma legislación reglamentaria, de las diversas 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 7********************, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Con motivo de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha programadas para la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase a la presidenta ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, rindiendo su informe justificado y ofreciendo como prueba las documentales que acompaña. Ahora bien, del estado de autos y del estudio del contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la quejosa ********************, reclama del presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la omisión de despachar el auto de requerimiento de pago y embargo dictado en el expediente laboral ********************y no señalar día y hora para que sea reinstalada en el trabajo que venía desempeñando para el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. Por su parte, atendiendo al informe justificado y documentales señaladas en la cuenta que remitió la referida responsable, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente: La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo. Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el supuesto concreto, el quejosa reclamó la omisión del presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la omisión de despachar el auto de requerimiento de pago y embargo dictado en el expediente laboral ********************y no señalar día y hora para que sea reinstalada en el trabajo que venía desempeñando para el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. En ese tenor, -como se anticipó- la autoridad responsable, en su informe justificado manifestó que mediante proveídos de seis y diez de octubre del año en curso, dictados en el expediente laboral ********************/********************(********************) requirió a la parte demandada el pago del cumplimiento del laudo, así como, señaló las once horas del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, para que el actuario adscrito a dicha junta y en compañía de la aquí quejosa ********************, se presenten en su fuente de trabajo ubicada en Tamazulapan del Progreso, Teposcolula, Oaxaca, y en diligencia formal dé fe de la reinstalación material y jurídica de la trabajadora, mismo que le fue notificado el trece de octubre del año que transcurre. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en el diverso 63, fracción V de la misma legislación reglamentaria, de las diversas 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 7********************, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Con motivo de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha programadas para la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJO
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, de conformidad con el numeral 124 de la ley en cita, téngase a la parte quejosa realizando manifestaciones en vía de alegatos. Por otro lado, como del estado de autos se advierte que mediante proveído de diecisiete de octubre pasado, se ordenó dar vista a las partes con el dictamen pericial emitido por el experto oficial ********************, así como el diverso formulado por la especialista señalada por la parte quejosa y tomando en consideración que con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, se declararon como días inhábiles del dieciocho al veintinueve de octubre del presente año, y se suspendieron términos y plazos procesales durante dicho periodo, de ahí que a la fecha se encuentre transcurriendo el plazo con el que cuentan las partes para imponerse de los mencionados dictámenes. Por tanto, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O.) se apersona a este juicio en su carácter de tercero interesado, y formula alegatos por conducto de su apoderada y representante legal Carmen Monserrat Revilla Pérez: atento a su contenido, se provee: De conformidad con lo establecido en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonado a este juicio de amparo, con el carácter de tercero interesado al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O.); y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Eduardo Osorio Velasco, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con el número 6165504 y para los mismos efectos e imponerse de los autos, sin las demás facultades que confiere dicho artículo a las restantes personas que refiere, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en dicho Sistema. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, por hechas las manifestaciones que hace valer en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Con fundamento en lo estatuido por el ordinal 119 de la Ley de Amparo téngase a la ocursante anunciando la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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