María de Lourdes Castellanos Morales

Expediente 424/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
424/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • María de Lourdes Castellanos Morales

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo conforme a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención del tomo de pruebas relativo a las copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral 356/2017 (4), que la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca remitió en apoyo de su informe justificado, devuélvase ese instrumento mediante el oficio que al efecto se elabore; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo. Notifíquese.

  2. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 424/2021 promovido por ***, en contra de la omisión de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca de dictar el laudo en el juicio laboral *** . El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si el acto impugnado vulnera en perjuicio de la inconforme el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva reconocido por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca ** demandó en la vía ordinaria laboral al Instituto Estatal de Educación Pública de esta entidad federativa el cumplimiento del contrato que unía a esos sujetos, la reinstalación en el empleo que desempeñaba en ese organismo descentralizado con la categoría de médico escolar ante el despido injustificado del que adujo fue objeto, el reconocimiento de su antigüedad y el pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y salarios caídos y devengados. De ese asunto correspondió conocer, por razón de turno, a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, quien en el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, lo registró bajo el expediente 356/2017 (4), admitió a trámite la demanda, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dispuso que se emplazara a la entidad pública enjuiciada y previno a las partes para que manifestaran si deseaban que sus datos personales aparecieran en las resoluciones que se dictaran en ese contradictorio. En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y su continuación que se llevó a cabo el doce de octubre, el veintiuno y el veintidós de noviembre, todos de dos mil diecisiete, la parte actora ratificó su demanda y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca dio contestación al escrito inicial; luego, en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y su continuación que se verificaron el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, y el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, las partes ofertaron los medios de convicción que estimaron pertinentes y objetaron las probanzas de su contraria, por lo que referido Tribunal del trabajo reservó calificar la admisibilidad o no de los medios probatorios que los litigantes anunciaron en una actuación posterior; además, en atención a la solicitud de la entidad pública enjuiciada, el órgano de administración de justicia indicado dispuso que se llamara a juicio como tercero a Francisco Fernández Santos, quien no se incorporó a la relación procesal, por lo que se le tuvo por inconforme con todo arreglo conciliatorio y por contestada la demanda en sentido afirmativo. En el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la Junta admitió algunas pruebas que los litigantes ofrecieron y desechó otras; los medios de convicción admitidos se desahogaron en ese proveído y en la audiencia que tuvo verificativo el veinte de agosto de dos mil diecinueve, en la que también se otorgó a los contendientes un plazo de dos días para que presentaran sus alegatos por escrito; la parte demandada únicamente ejerció esa prerrogativa. En el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el mencionado Tribunal del trabajo declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar el expediente al Auxiliar Dictaminador de su adscripción para que elaborara el proyecto de resolución en forma de laudo. El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca dictó el laudo respectivo en el juicio laboral señalado, en donde determinó lo siguiente: a) estableció que los litigantes acreditaron parcialmente sus pretensiones y excepciones y defensas; b) condenó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a cumplir del contrato que unía a los contendientes, por lo que dispuso que debía reinstalar a la operaria en su fuente de empleo, reconocer su antigüedad y pagar a la trabajadora el aguinaldo, las vacaciones por el período de servicio prestado, la prima vacacional y los salarios caídos y devengados; c) absolvió a la entidad pública demandada de cubrir las vacaciones durante el lapso en el que se tramitó el juicio de origen; y, d) absolvió al tercero Francisco Fernández Santos de las prestaciones exigidas en el escrito inicial. El catorce de mayo del año en curso, se notificó al apoderado de la accionante el laudo pronunciado en el referido contradictorio. En consideración de la titular de la acción de amparo el acto combatido vulnera sus derechos fundamentales y ocasiona perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, María de Lourdes Castellanos Morales promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de la actuación combatida y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de veinte de abril pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, registrándola con el progresivo 424/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama el acto siguiente: De la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca combate: La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 356/2017 (4). V. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO Es cierto el acto reprochado a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, porque así lo reconoció en su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de la actuación que fue atribuida a ese ente público. En el caso es aplicable la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de la omisión impugnada se patentiza con las copias certificadas de las constancias del juicio laboral 356/2017 (4), que la responsable aportó en el presente sumario, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que de los autos de ese contradictorio se desprende que el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Tribunal del trabajo responsable declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar el expediente al Auxiliar Dictaminador de su adscripción para que elaborara el proyecto de resolución en forma de laudo, sin que a la fecha de la presentación de la demanda -es decir, al diecinueve de abril de dos mil veintiuno- haya dictado ese fallo, por lo que esa situación conduce a establecer la existencia del acto reclamado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto impugnado la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse precisamente de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de la justiciable que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 43/2003 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." VII. LEGITIMACIÓN María de Lourdes Castellanos Morales se encuentra legitimada para promover por sí este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que está probado que la inconforme figura como parte actora en el juicio laboral 356/2017 (4), por lo que la omisión de dictar el laudo en ese contradictorio tiene un impacto en su esfera normativa, porque le impide obtener un fallo en donde se diluciden sus pretensiones y esa circunstancia la legitima para ejercer por sí la acción de amparo en contra de tal abstención. VIII. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca aduce que en relación con el acto impugnado consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 356/2017 (4) se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos, porque el veintiocho de abril del año en curso, ese órgano de administración de justicia dictó el fallo correspondiente en el aludido contradictorio. El motivo que sustenta la causal de improcedencia invocada es fundado. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que indica: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que la solicitante del amparo reclama de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 356/2017 (4), por lo que su pretensión de fondo en este juicio constitucional es obtener un pronunciamiento mediante el cual se vincule a esa autoridad a emitir un fallo en donde dirima la controversia sometida a su conocimiento. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, en particular de las actuaciones del juicio laboral 356/2017 (4), que la responsable aportó en el proceso en apoyo de su informe justificado se advierten los aspectos siguientes: Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca María de Lourdes Castellanos Morales demandó en la vía ordinaria laboral al Instituto Estatal de Educación Pública de esta entidad federativa el cumplimiento del contrato que unía a esos sujetos, la reinstalación en el empleo que desempeñaba en ese organismo descentralizado con la categoría de médico escolar ante el despido injustificado del que adujo fue objeto, el reconocimiento de su antigüedad y el pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y salarios caídos y devengados. De ese asunto correspondió conocer, por razón de turno, a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, quien en el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, lo registró bajo el expediente 356/2017 (4), admitió a trámite la demanda, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dispuso que se emplazara a la entidad pública enjuiciada y previno a las partes para que manifestaran si deseaban que sus datos personales aparecieran en las resoluciones que se dictaran en ese contradictorio. En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y su continuación que se llevó a cabo el doce de octubre, el veintiuno y el veintidós de noviembre, todos de dos mil diecisiete, la parte actora ratificó su demanda y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca dio contestación al escrito inicial; luego, en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y su continuación que se verificaron el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, y el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, las partes ofertaron los medios de convicción que estimaron pertinentes y objetaron las probanzas de su contraria, por lo que referido Tribunal del trabajo reservó calificar la admisibilidad o no de los medios probatorios que los litigantes anunciaron en una actuación posterior; además, en atención a la solicitud de la entidad pública enjuiciada, el órgano de administración de justicia indicado dispuso que se llamara a juicio como tercero a Francisco Fernández Santos, quien no se incorporó a la relación procesal, por lo que se le tuvo por inconforme con todo arreglo conciliatorio y por contestada la demanda en sentido afirmativo. En el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la Junta admitió algunas pruebas que los litigantes ofrecieron y desechó otras; los medios de convicción admitidos se desahogaron en ese proveído y en la audiencia que tuvo verificativo el veinte de agosto de dos mil diecinueve, en la que también se otorgó a los contendientes un plazo de dos días para que presentaran sus alegatos por escrito; la parte demandada únicamente ejerció esa prerrogativa. En el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el mencionado Tribunal del trabajo declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar el expediente al Auxiliar Dictaminador de su adscripción para que elaborara el proyecto de resolución en forma de laudo. El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca dictó el laudo respectivo en el juicio laboral señalado, en donde determinó lo siguiente: a) estableció que los litigantes acreditaron parcialmente sus pretensiones y excepciones y defensas; b) condenó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a cumplir del contrato que unía a los contendientes, por lo que dispuso que debía reinstalar a la operaria en su fuente de empleo, reconocer su antigüedad y pagar a la trabajadora el aguinaldo, las vacaciones por el período de servicio prestado, la prima vacacional y los salarios caídos y devengados; c) absolvió a la entidad pública demandada de cubrir las vacaciones durante el lapso en el que se tramitó el juicio de origen; y, d) absolvió al tercero Francisco Fernández Santos de las prestaciones exigidas en el escrito inicial. El catorce de mayo del año en curso, se notificó al apoderado de la accionante el laudo pronunciado en el referido contradictorio. Lo anterior evidencia que la responsable ya dictó el laudo en el juicio natural y notificó a la justiciable ese fallo, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con la emisión del laudo y su notificación a la inconforme los efectos y las consecuencias del acto omisivo atacado han cesado. Efectivamente, el hecho de que el Tribunal del trabajo responsable haya dictado el laudo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 356/2017 (4) y que se comunicó procesalmente esa resolución a la disidente evidencia que los efectos y las consecuencias de la omisión reclamada a esa autoridad han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación al artículo 17 Constitucional. Es así, porque la conducta omisiva ejercida por la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca que motivó la promoción del juicio de amparo cesó al haber pronunciado el fallo definitivo en el contradictorio de origen y comunicar procesalmente a la disidente esa resolución; por tanto, la violación al derecho fundamental previsto por el arábigo 17 de la Carta Magna, que correlativamente impone a los órganos y a las autoridades encargadas de administrar justicia la obligación de substanciar y de resolver las controversias planteadas ante ellas dentro de los plazos y los términos previstos legalmente, que en determinado momento pudo haberse cometido en perjuicio de la parte quejosa fue reparada por la propia autoridad al haber dictado el laudo descrito y notificar dicho fallo a la agraviada. Conforme a lo expuesto es indudable que el laudo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, pronunciado en el juicio laboral 356/2017 (4) y su notificación a la quejosa genera la cesación de los efectos del acto reclamado, porque no debe perderse de vista que el juicio de amparo fue promovido contra la omisión de dictar el fallo definitivo en esa controversia; por tanto, la protección constitucional que en su caso se otorgara en términos de lo prescrito por los ordinales 73 y 77, fracción II, de la ley de la materia tendría el efecto de obligar a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca a que respetara el derecho fundamental de la promovente reconocido por el precepto 17 de la Carta Magna; por consiguiente, a que dictara el laudo correspondiente en el referido contradictorio. Desde esa perspectiva, si en este juicio de amparo está demostrado que la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca pronunció el laudo en el juicio laboral 356/2017 (4) y comunicó procesalmente a la disconforme esa resolución es incuestionable que las consecuencias jurídicas de la conducta omisiva atribuida a la citada autoridad han cesado, ya que con la emisión del fallo definitivo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en ese asunto y su notificación se destruyeron sus efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional, es decir, se eliminó de manera total, completa, definitiva y permanente el resultado que producía esa omisión, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en el que se encontraban antes de la promoción del juicio de amparo y, en esa medida, se repuso a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto impugnado a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 356/2017 (4); de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente, como la citada autoridad lo expuso. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." IX. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que la justiciable reclamó a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 356/2017 (4). Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado VIII de esta sentencia. Notifíquese."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta entidad federativa en atención al requerimiento de trece de mayo pasado, remite copias certificadas de las actuaciones que integran el juicio laboral 356/2017 (4), entre las cuales obran el laudo dictado en ese contradictorio y las notificaciones de tal fallo realizadas a las partes en dicho asunto; al respecto, se tiene a la citada autoridad por cumplido el aludido requerimiento. En otro punto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo téngase a la responsable por anunciados los instrumentos indicados, sin perjuicio de admitirlos, relacionarlos y desahogarlos en la audiencia constitucional, conforme a lo estatuido por los arábigos 123 y 124 de la ley de la materia, por lo que dese vista a las demás partes con el contenido de esa documentación. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, con relación al periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. Por otra parte, para un mejor manejo de las documentales aportadas correspondientes al juicio laboral 356/2017 (4), fórmese por separado el tomo I de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Tribunal, en el entendido de que conforma el expediente relativo a este asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo se tiene a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca por rendido su informe justificado y por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlos al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, con relación al periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. Por otra parte, téngase a la referida autoridad señalando el correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. En otro punto, con fundamento en lo estatuido por el dispositivo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo requiérase a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta entidad federativa para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir del momento siguiente al en el que reciba la comunicación que derive de este proveído, remita copias certificadas, ordenadas, completas y legibles de todas las constancias que integran el juicio laboral 356/2017 (4), incluido el laudo dictado en ese contradictorio y su notificación a las partes en ese asunto, dado esas actuaciones son indispensables para resolver este medio extraordinario de defensa. Apercibida que de no hacerlo se impondrá en su contra una multa por cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad, según lo previsto por el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las trece horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de mayo próximo, se difiere de manera anticipada fijándose para su celebración a las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente. NOTIFICACION A PARTE QUEJOSA

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