María de Lourdes Burgoa Pereda
Expediente 400/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 400/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María de Lourdes Burgoa Pereda
Actuaciones
- Principal
MESA V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil quince. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución dictada el veintitrés de abril de dos mil quince (fojas 58 a 63), se sobreseyó el juicio de amparo promovido por María Lourdes Burgoa Perea, transcurrió del veintiocho de abril al trece de mayo de dos mil quince, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que tal determinación no se recurrió, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que, por una parte, se reclamó el contenido del oficio OP/DG/955/2015, suscrito por el director general de la Oficina de Pensiones y por otra se sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
MESA V-B * "...VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 400/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Escrito de demanda, autoridades responsables, actos reclamados y preceptos constitucionales que se estiman violados. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil quince, en la oficina de correspondencia común a los juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y al día siguiente ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, María Lourdes Burgoa Perea, por su propio derecho (fojas 2 a 17), solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos descritos en su libelo de amparo. La peticionaria del amparo, narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 22, 25, 26, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil quince (fojas 20 a 22), este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, al que correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la referida demanda de amparo, que se registró en el libro de gobierno con el número 400/2015 que le correspondió; dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó su informe justificado a la autoridad responsable y citó a las partes a la audiencia constitucional, misma que se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque este juzgado conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado es de naturaleza administrativa y la autoridad responsable tiene su residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, esto es, dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que esencialmente reclama la parte quejosa del director de pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, es el contenido del oficio OP/DG/955/2015, de diecinueve de febrero de dos mil quince, suscrito por el director General de la Oficina de Pensiones, por el cual le hizo saber la negativa a autorizar la devolución de cuotas que solicitó del fondo de pensiones. TERCERO.- Certeza del acto reclamado. Del informe justificado rendido por el director general de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado (foja 26), se advierte negó categóricamente la existencia del acto reclamado, consistente en el contenido del oficio número OP/DG/955/2015, de diecinueve de febrero de dos mil quince. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que la quejosa María Lourdes Burgoa Perea, ofreció como prueba de su parte la copia del oficio número OP/DG/955/2015, de diecinueve de febrero de dos mil quince, suscrito por el director general de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, por el que da contestación al escrito de la peticionaria de cuatro de junio de dos mil catorce en cumplimiento a la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 1319/2014, no obstante que se trata de una copia simple, este juzgador le otorga valor de indicio a dicha documental, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que adminiculado con el silencio y la falta de objeción a dicho documento por parte de la autoridad responsable hace factible tener por cierto el acto reclamado al citado director, consistente en la emisión del oficio OP/DG/955/2015, de diecinueve de febrero de dos mil quince.,. CUARTO.- Estudio de una causal de improcedencia.- Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. De las constancias que integran el sumario, a las que se les confieren valor probatorio pleno al tenor de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio, se advierte que María Lourdes Burgoa Perea, reclama en esta instancia el contenido del oficio número OP/DG/955/2015, de diecinueve de febrero de dos mil quince, suscrito por el director general de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, por el cual, en contestación al escrito de la peticionaria de cuatro de junio de dos mil catorce y en cumplimiento a la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 1319/2014,le hace saber que no es procedente autorizar la devolución de las cuotas que solicita del fondo de pensiones, ya que de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, tal devolución procede cuando el peticionario no está trabajando o no tiene derecho a la pensión, lo cual no sucede en el caso porque la peticionaria confiesa que es pensionada por jubilación. Aun cuando la quejosa precisa en su libelo de amparo que tuvo conocimiento de tal oficio el veintisiete de febrero de dos mil quince; lo cierto, es que de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 1319/2014, de este propio órgano jurisdiccional, revelan que conocía el sentido de la determinación que ahora combate, desde el veintiséis de febrero de dos mil quince, cuando se le dio vista a su autorizada legal con el contenido del oficio que ahora combate y que se emitió en cumplimiento a la sentencia dictada en el referido juicio. Por ello, resulta evidente que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, que hace inejercitable la acción constitucional, pues la justiciable consintió tácitamente el acto que reclama, ya que promovió el presente juicio de amparo fuera del plazo que para tal efecto establece el precepto 17 del ordenamiento legal en cita, por las razones que a continuación se expondrán. Del contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, se advierte que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, por regla general; Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir, que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computa acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo vigente, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. En este orden de ideas, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, que no se trata de alguno que atente contra la libertad personal fuera de procedimiento, para la promoción del juicio de amparo debe de observarse el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, pues no se está en la excepción prevista en la fracción IV de dicho numeral, que permite la promoción del amparo en cualquier tiempo, ya que no se trata de actos que vulneren la libertad personal emitidos fuera de procedimiento, lo que impone que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia que hace inejercitable la acción constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley en cita, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.; (.)." De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal; es decir, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Entones, si existe constancia fehaciente que pone de manifiesto de manera clara e indudable que el oficio cuya inconstitucionalidad se controvierte por esta vía, se hizo del conocimiento de la autorizada legal de la quejosa el veinticinco de febrero de dos mil quince (foja 134 del legajo correspondiente al tomo de pruebas) y si la demanda de amparo se presentó en la oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito hasta el veintitrés de marzo de dos mil catorce, como se aprecia del sello que se estampó en ésta (foja 2); es claro que el aludido escrito inicial se presentó fuera del plazo que prevé el numeral 17 de la Ley de la Materia. Es así, porque conforme a la ley que rige el acto reclamado, las notificaciones surten efectos el día en que se realizan, por tanto si la notificación del oficio cuya constitucionalidad se controvierte por esta vía se hizo del conocimiento de la aquí quejosa, por conducto de la persona autorizada para ello, en el domicilio que refiere bajo formal protesta de decir verdad, es de su propiedad, el veinticinco de febrero de dos mil quince, dicha notificación surtió efectos en esa propia fecha y por tanto los quince días para la promoción de esta instancia transcurrieron del veintiséis de febrero al diecinueve de marzo actual. Luego, si la demanda de amparo se presentó hasta el día veintitrés de marzo, es claro que se hizo fuera del plazo que la Ley de Amparo establece para ello; por tanto, el juicio de amparo es improcedente por extemporáneo, ya que la justiciable consintió tácitamente el acto reclamado, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es sobreseer en el juicio, con base en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita. No obsta para resolver en los términos expuestos, que en la demanda de amparo la impetrante refiera que a ella le hizo saber su autorizada legal el acto reclamado hasta el veintisiete de febrero del año en curso; pues no exhibió prueba alguna de la que se evidencia ese hecho. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación vertidos por la promovente del amparo, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el agraviado considera violados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prosperó por declararse improcedente el ejercicio de la acción constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 63 fracción V, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Lourdes Burgoa Perea, contra el acto que reclamó del director de pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, consistente en el contenido del oficio OP/DG/955/2015, de diecinueve de febrero de dos mil quince, suscrito por el director General de la Oficina de Pensiones, por el cual le hizo saber la negativa a autorizar la devolución de cuotas que solicitó del fondo de pensiones. Notifíquese...
- Principal
MESA V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de abril de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el informe justificado rendido por el director general de la oficina de pensiones del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual niega la existencia del acto reclamado por la quejosa María de Lourdes Burgoa Perea; dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes. Asimismo aclara que la autoridad responsable denominada por la parte quejosa como: "Directora o jefa o encargada de la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca", no existe. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngansele señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y designando como delegados a las personas que refiere. Notifíquese...
- Principal
MESA V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil quince. Datos de la demanda. Vista la demanda de cuenta, promovida por María Lourdes Burgoa Perea, contra actos del director de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 400/2015, que le corresponde; en consecuencia, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la referida demanda. Trámite del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión relativo, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó, ni se está en alguno de los supuestos para decretarlo de oficio. Solicitud de informes. En términos de los artículos 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y según el caso, acompañarán copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el mismo fundamento, apercíbaseles que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se impondrá a la omisa una multa por la cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de incurrir en la conducta sancionada. Apercibimiento. Se precisa a la parte quejosa, que si las autoridades señaladas como responsables y la denominación que indica en la demanda, no existen, se tendrán aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y en su oportunidad se resolverá la litis constitucional conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o señalamiento corregido. Audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo vigente, se señalan las diez horas con diez minutos del veintitrés de abril del año dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional. Emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación. Como el agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, es parte en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, por esta ocasión, con fundamento en los artículos 26, inciso K), y 27 fracción I, del mismo ordenamiento legal, notifíquesele este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y sus anexos, entregándole copia íntegra del presente auto, autorizada por la secretaria encargada del trámite de este asunto. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas por parte de la quejosa las documentales que anexa a su escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda. Autorizados. Se tiene como autorizada para oír y recibir notificaciones con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, misma que se encuentra registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que s e dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para los impetrantes de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Consulta expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx La parte que desee realizar el registro, una vez que ingrese a dicha página, deberá como primer paso, llenar el formulario, proporcionar su nombre completo, domicilio, correo electrónico y la contraseña de su preferencia. Como segundo paso, deberá revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparece en el mensaje. El tercer paso es imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. Cuarto, dicha solicitud deberá presentarse en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, que es en donde se encuentra radicado su expediente de amparo y esperar que el suscrito juez federal acuerde favorablemente su solicitud. Hecho lo anterior, estará listo para utilizar el portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la consulta del expediente por vía electrónica, en esta etapa piloto, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. Ley de Transparencia. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. Notifíquese...
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