María de Jesús Garcia Ortiz
Expediente 104/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María de Jesús Garcia Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que mediante acuerdo de cuatro de junio del año en curso, se tuvo al delegado de las autoridades responsables Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, Presidente, Síndico, Procurador, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del referido Ayuntamiento con sede en esta ciudad, informando el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo; de ahí que, en dicho auto se ordenó dar vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera; asimismo, la quejosa no desahogó la vista que se le hizo en dicho proveído. Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, Presidente, Síndico, Procurador, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del referido Ayuntamiento con sede en esta ciudad, -por conducto de su delegado-. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que por resolución emitida el treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado para el efecto de que las autoridades responsables: "Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, además del Presidente, Síndico Procurador, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del referido Ayuntamiento, con domicilio en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, una vez que se les notifique la ejecutoria que se dicte en este asunto, dentro del término legal de cinco días, provean lo conducente a fin de que la autoridad que corresponda acuerde de manera inmediata lo conducente respecto a la solicitud planteada por la aquí quejosa María de Jesús García Ortiz y que se relaciona con este juicio de amparo; asimismo, se le notifique en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dicte al respecto.". En el entendido, que el efecto de la concesión del amparo, no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por la parte quejosa, pues tal derecho sólo la obliga a recibir y contestar en breve término y de manera congruente, por escrito, las solicitudes o promociones que se le presenten; así como a hacerla saber al promovente. Por su parte, las autoridades responsables Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, Presidente, Síndico, Procurador, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del referido Ayuntamiento con sede en esta ciudad, -por conducto de su delegado-, a través del oficio sin número recibido en la oficialía de partes de este juzgado el tres de junio del año en curso, al cual anexó el diverso comunicado 338/04/2021 de dos del mismo mes y año, dirigido a la parte quejosa, del que se desprende que en dictamen de veintiocho de abril del actual, se emitió el dictamen de reconocimiento de antigüedad, el cual le fue notificado por conducto de su autorizado legal, y en constancia de notificación de dos de junio de dos mil veintiuno exhibida por la autoridad responsable, en la cual se le hicieron entrega de las copias certificadas solicitadas, es decir, de su expediente laboral, así como del reporte general de personal de seguridad Pública, emitido por el Sistema Integral de Seguridad Pública, a través del Banco de Datos. Ahora bien, cabe destacar que este Juzgado cuenta con las más amplias facultades para determinar oficiosamente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo se advierte que el fin último de la sentencia amparadora es el de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, cuando se trate de actos que impliquen un hacer positivo de la autoridad; o bien, el de obligar a la responsable a actuar en apego a la garantía que se estime infringida, en caso de que el acto reclamado haya consistido en una negativa o en un actuar u omisión por parte de esta. De tal modo que la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debe realizar aquellos actos que abonen a la consecución del fin último de la sentencia amparadora. Se ha dicho que existe defecto en la ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, esto es, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado. Existe exceso, en cambio, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, extralimitándose en su ejecución. En esta línea, contrastando la petición incoada a las responsables consistente en el grado superior inmediato y la jubilación por años de servicios; con la respuesta otorgada por las autoridades, consistente en la Sesión de Cabildo y en la procedencia del beneficio de jubilación por años de servicios y el grado superior inmediato, es inconcuso que las autoridades atendieron la petición formulada por el quejoso. Lo anterior, se reitera contrastando la petición con la respuesta otorgada por las responsables: Fundaron y motivaron su actuar, ante la petición del quejoso; Precisaron que el beneficio era procedentes. Realizaron la entrega de las copias certificadas por la parte quejosa. Por tanto, al haber atendido las responsables la petición que les fue realizada, atinente a la jubilación por años de servicios y grado superior inmediato, y obteniendo como respuesta la resolución de cabildo otorgando el beneficio de jubilación por años de servicios y el grado inmediato superior, precisando la motivación y fundamentación para ello, es inconcuso que la respuesta es congruente con lo peticionado. Esto es, el escrito de la parte quejosa consistió en solicitar beneficios de jubilación por años de servicios y grado superior inmediato, y las autoridades responsables atendieron dichos aspectos. Así las cosas, el amparo se otorgó para el efecto de que las autoridades responsables, en observancia del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución de la República, dieran respuesta a la solicitud elevada por la quejosa, lo cual así aconteció. Si bien, el derecho de petición no constituye un derecho a la obtención de una repuesta favorable a los intereses del peticionario, sino solamente a obtener una respuesta por escrito, tampoco puede la autoridad contestar de cualquier forma, sino tendrá que hacerlo de manera congruente con lo solicitado (congruencia entre lo pedido y la respuesta obtenida). En otra palabras, el derecho de petición precisa no solamente de una respuesta, sino que ésta debe ser en el sentido de ceñirse a lo que está pidiendo y, además debe ser de tal manera clara que no produzca confusión en el peticionario, a fin de que éste cuente con los elementos indispensables para impugnar en la vía que corresponda, la legalidad de esa respuesta. Por ilustrativa se cita la Tesis (aislada), con registro 252257 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 123, Volumen 115-120, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que indica: "PETICION, DERECHO DE. RESPUESTAS AMBIGUAS. El artículo 8o. constitucional garantiza, como derecho constitucional de los gobernados, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Ahora bien, si ese derecho constitucional debe tener algún sentido y no ser una mera norma hueca e inoperante, es claro que cuando la petición elevada a la autoridad contiene la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho, y si esa petición se funda y motivo, la respuesta de la autoridad no debe ser evasiva, o sibilina, o limitarse a dar largas al asunto, ni a embrollarlo, sino que en forma clara y directa debe resolver sobre la pretensión deducida. Si las autoridades consideran que la pretensión es infundada, así deben decirlo claramente, expresando también claramente, por qué estiman improcedente o infundada la petición, a fin de dar al peticionario una respuesta congruente con su petición, en un sentido o en otro, pero en un sentido que ese peticionario pueda acatar o impugnar con pleno y cabal conocimiento de causa. Resultaría contrario al espíritu de la norma constitucional que si la petición no cuenta con el beneplácito de la autoridad, dicha petición se tenga por contestada, incongruentemente, con respuestas evasivas, o ambiguas, imprecisas: eso no es satisfacer el derecho de petición, sino disfrazar la negativa a satisfacerlo, y deja al peticionario en situación de indefensión, violándose de paso el debido proceso legal que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, para que no se respire un clima de opresión y de decisiones no sujetas a derecho, sino un clima de paz y precisamente el correspondiente a un estado de derecho, es menester que las autoridades resuelvan las peticiones en forma franca clara, dando razón completa del por qué no se otorga lo solicitado, y dando al gobernado los elementos para aceptar o impugnar su negativa, de manera que dichas autoridades tengan por mayor interés que sus conflictos con los gobernados sean compuestos (aun judicialmente) en cuanto al mérito de sus pretensiones, que negar lo que no quieren conceder mediante el camino de las imprecisiones los laberintos, lo que más bien da impresión de que se pretende obstaculizar la petición del quejoso y el que pueda llegar a plantearla sólidamente ante los tribunales, o sea, el prevalecer de la potestad sobre el derecho. Y es fundada la argumentación del quejoso de que la respuesta recaída a su petición no es congruente con ella, si esa respuesta no resuelve sobre si procede o no, conceder la pretensión que deduce, sino que en forma ambigua, imprecisa, se limita a decir que una vez que se cumpla con los requisitos de ciertos preceptos "y demás relativos" se procederá en los términos que ordenan los mismos. Para que la respuesta hubiera sido congruente, debió decirse con toda claridad y precisión cuáles eran todos los preceptos aplicables, qué requisitos concretos debió satisfacer el peticionario en opinión de la autoridad, y cuáles serían las consecuencias de satisfacerlos o no, a fin de que con esa respuesta el gobernado supiese ya a qué atenerse respecto a su pretensión, o del acatamiento o de la impugnación de la respuesta recibida.". De los medios de convicción remitidos por las autoridades responsables entorno al cumplimiento de la sentencia constitucional, mismos que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, se obtiene que efectivamente, las autoridades responsables cumplieron de manera completa con los efectos de la concesión del amparo, pues se dio a conocer a la quejosa mediante dictamen de veintiocho de abril del actual, se emitió el dictamen de reconocimiento de antigüedad, el cual le fue notificado por conducto de su autorizado legal, y en constancia de notificación de dos de junio de dos mil veintiuno exhibida por la autoridad responsable, en la cual se le hicieron entrega de las copias certificadas solicitadas, es decir, de su expediente laboral, así como del reporte general de personal de seguridad Pública, emitido por el Sistema Integral de Seguridad Pública, a través del Banco de Datos; entonces, atendió las solicitudes de la impetrante y como consecuencia la sentencia constitucional ha sido cumplida. Motivos por los cuales se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose a la impetrante en el pleno goce de sus garantías violadas, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos. Lo anterior es así, ya que para la garantía de audiencia solo tiene que existir respuesta congruente con lo solicitado pero no en el sentido de la respuesta.
- Principal
réguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con anexos, signado por el delegado de las responsables Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, Presidente, Síndico, Procurador, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del referido Ayuntamiento con sede en esta ciudad, mediante el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo, y adjunta diversas constancias. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, y anexos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a las autoridades responsables les ha transcurrido el término improrrogable de diez días que se les dio en proveído de cuatro de los actuales, a fin de que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que a la fecha no han informado a este juzgado el cumplimiento a la misma, o el impedimento legal o material que tuvieren para ello. En esa virtud, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las responsables Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, Presidente, Síndico, Procurador, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del referido Ayuntamiento con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo y remita las constancias certificadas respectivas o en su caso, manifieste el impedimento legal o material que para ello tuviere. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que: Las autoridades responsables Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, además del Presidente, Síndico Procurador, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del referido Ayuntamiento, con domicilio en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, una vez que se les notifique la ejecutoria que se dicte en este asunto, dentro del término legal de cinco días, provean lo conducente a fin de que la autoridad que corresponda acuerde de manera inmediata lo conducente respecto a la solicitud planteada por la aquí quejosa María de Jesús García Ortiz y que se relaciona con este juicio de amparo; asimismo, se le notifique en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dicte al respecto. Por último, se apercibe a las citadas autoridades responsables, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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