María de Jesús Macias Alvarado
Expediente 883/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María de Jesús Macias Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Único. Se concede a *******+, la suspensión definitiva, contra los actos de las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo y en los términos del considerando último de la presente resolución interlocutoria.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el escrito que suscribe la quejosa María de Jesús Macías Alvarado, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de ocho de noviembre de la presente anualidad. Por tanto, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125, 128, último párrafo y, demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de garantías promovida por **************** contra actos del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ahome y otras autoridades. Tramítese el incidente de suspensión. Pídase informe justificado a la autoridades señaladas como responsables quienes deberán rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, al correo electrónico, 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En la inteligencia de que quedan apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se les impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo. Se señalan las diez horas con veinte minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, acorde al artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su escrito inicial de demanda, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en el presente juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito. En atención a lo dispuesto en los artículos 6° Constitucional, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo establecido en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dígase a las partes que las determinaciones que se dicten en el presente asunto están a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información establecido en los señalados ordenamientos. En tal virtud, infórmese a las partes que están en posibilidad de oponerse a que se publiquen sus nombres y datos personales, acorde a lo dispuesto por el ordinal 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en congruencia con el diverso numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la citada Ley. De igual forma, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020.
- Incidental
Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha, en el cuaderno principal, con una copia del escrito inicial de demanda de amparo y del escrito aclaratorio, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 883/2023-3A, promovido por María de Jesús Macías Alvarado, contra actos del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ahome y otras autoridades. En ese contexto, con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 139, 140, 142, 147 y 150 de la Ley de Amparo, anexando copia de la demanda constitucional, requiérase el informe previo a las autoridades señaladas como responsables; informe que deberán rendir en el término de cuarenta y ocho horas, en términos del artículo 138 de la citada ley, expresando, en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, pudiendo expresar las razones que estime pertinentes acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión, debiendo proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este juzgado de distrito establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. En el entendido de que, las responsables podrán rendir el informe de referencia por la vía ordinaria, o bien, al correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y, además, en su caso, se impondrá a la omisa una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, acorde a los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, se señalan las trece horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Pues bien, para decidir sobre la procedencia de la suspensión el órgano de control constitucional debe examinar si la naturaleza de los actos permite su paralización; y, si se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la medida la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior implica que para la procedencia de la medida cautelar, se requiere que los actos sean suspendibles y que concurran los requisitos exigidos por el artículo 128 de la ley de la materia; la falta de cualquiera de los citados requisitos hace Improcedente la suspensión. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo y su aclaración, se aprecia que el reclamo de la parte quejosa se relaciona con: **************** En ese contexto, se advierte que se reúnen los requisitos que exige el artículo 128 de la Ley de Amparo; es decir, a) existe petición de la parte quejosa; b) no se sigue perjuicio al interés social ni a las disposiciones de orden público, pues atendiendo a la naturaleza del acto y la violación reclamada que se hace consistir sustancialmente el no haber sido emplazada al procedimiento administrativo de origen, la orden de embargo y su probable ejecución y, c) de ejecutarse los actos reclamados, se causarían a la amparista daños de difícil reparación, toda vez que se le provocarían violaciones en su esfera jurídica, aunado a la posibilidad de su afectación con los actos reclamados, la cual se determina con la afirmación bajo protesta de decir verdad de los hechos y abstenciones que le constan, y con las documentales exhibidas resultan aptos para acreditar el interés en que se suspendan. Por lo que con apoyo en los preceptos 139 y 151 de la ley de la materia, se concede la suspensión provisional que se solicita para el efecto de que la quejosa, no sea desposeída ni desalojada del bien inmueble ubicado en calle ********************número ********************, ********************, de esta ciudad --es decir, que las cosas se mantengan en el estado que guardan respecto al mismo-- y que, sin suspender el procedimiento administrativo de origen, por ser de orden público, no se escriture ese bien a favor de terceros, siempre y cuando esto no se haya verificado con anterioridad al otorgamiento de esta medida. Sin que en el caso sea procedente fijar garantía para que la medida cautelar surta efectos que establece el artículo 135 de la Ley de Amparo; toda vez, que dicho crédito fiscal ya se encuentra garantizado con el embargo de ese bien inmueble que, según las manifestaciones de la quejosa, originó dicha contribución. Lo anterior hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables el sentido de la resolución que se pronuncie sobre la suspensión definitiva. Por otra parte, de conformidad en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************poniente, fraccionamiento ********************de esta ciudad, y como sus autorizados para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados ******************** y ********************.
- Principal
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