Maria de Jesus Armenta Guerrero

Expediente 545/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
545/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Maria de Jesus Armenta Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós (notificado el ocho siguiente), en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ******************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS QUE DICE: Vista la demanda de cuenta, promovida por María de Jesús Armenta Guerrero, por propio derecho, contra actos de la Notaria Público, licenciada Laura Elizabeth Cebreros Varela y el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guasave, Sinaloa, por considerarlos violatorios del derecho fundamental previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 545/2022-5. Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado numeral, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El mismo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." El citado criterio jurisprudencial establece que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En ese contexto, María de Jesús Armenta Guerrero, señaló como autoridades responsables a la Notaria Público, licenciada Laura Elizabeth Cebreros Varela y al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guasave, Sinaloa, de quienes reclamó el aviso preliminar o preventivo del contrato de compraventa celebrado entre las personas señaladaa como terceros interesados en el presente juicio de amparo, y su ejecución, respectivamente. De un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que analizados en su conjunto a contrario sensu, establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de autoridades que no tengan el carácter de responsables, siendo autoridad responsable en el juicio de amparo aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2ª./J.164/2011, con rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", expuso que una autoridad para efectos del juicio de amparo se distingue: 1) por ser un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2) que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable; 3) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados; y 4) que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En esa misma línea de pensamiento, la misma Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5º, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable, se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre el citado tema, la Suprema Corte estableció que, cuando un notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria, sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco, sin que eso implique desconocer que dichos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo. Lo así dicho se encuentra inmerso en la ejecutoria que le da origen a la jurisprudencia 2ª./J.112/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1797, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, correspondiente al mes de octubre de 2015, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción indicada, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, esto es, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, las AFORES que, en cumplimiento a los artículos 109, fracción X, 166 y 170, primer y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, así como los párrafos tercero, cuarto, quinto y octavo de la Regla I.3.10.5 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para el año 2013, retienen el impuesto sobre la renta derivado de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en tanto que no actúan de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación con respecto a los trabajadores titulares de las subcuentas, sino como auxiliares del fisco federal y responsables solidarios del cumplimiento de la obligación a cargo de los contribuyentes." Las anteriores consideraciones jurídicas, aplicadas en el caso que nos ocupa, conllevan a establecer que se acredita la causa de inatacabilidad de que se trata, porque la Notaria Público señalada como autoridad responsable, no actúa con imperio o facultad decisoria, sino únicamente como el profesional del Derecho que ejerce la actividad del Notariado en el Estado de Sinaloa, facultada para autenticar actos y hechos jurídicos, y para dar fe en los términos de la ley a los instrumentos que en ellos se consignen, ello de conformidad con los artículos 1º y 2º de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa1. Esto es, la Notaria Público en comento, conforme se lo ordena la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, solo se limitó a autenticar el contrato de compraventa que le hicieron llegar las personas que son señaladas terceros interesados en la demanda de amparo de cuenta; pero de ninguna forma, esta actuación se traduce como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; se insiste, porque la citada fedataria no actúo de manera unilateral y obligatoria, sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, los cuales, no tienen la naturaleza de ser unilaterales, imperativos o coercitivos. Por tanto, la presente demanda de amparo es notoriamente improcedente. 1 Artículo 1°. El ejercicio del Notariado en el Estado de Sinaloa, es una función de orden e interés público que corresponde al Estado, quien la ejerce por conducto de profesionales del derecho, en virtud del Fiat que para tal efecto expida el Titular del Poder Ejecutivo, en los términos de la presente Ley. ARTICULO 2°. El Notario es un Licenciado en Derecho investido por el Estado de fe pública, facultado para autenticar actos y hechos jurídicos, y para dar forma en los términos de Ley a los instrumentos en que los mismos se consignen. La formulación de los instrumentos solo se hará a petición de parte o de autoridad competente. Igual consideración debe adoptarse respecto del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Guasave, Sinaloa, en tanto que su actuación, se circunscribe a cumplir con lo ordenado por el Notario Público en comento, esto es, no actuó de forma unilateral, imperativa o coercitiva, esto es, desde una posición de supra a subordinación, al margen del concurso de voluntades de las partes involucradas en dicho acto civil (compraventa celebrado por los señalados como terceros interesados en la demanda de cuenta), sino por orden expresa de un fedatario público, de manera que la simple inscripción de ese acto jurídico en los formatos respectivos no se traduce en un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, pues su actuar no creó, modificó o extinguió situaciones jurídicas concretas. En efecto, conforme lo señala el segundo párrafo de artículo 2º del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de Sinaloa2, la finalidad del Registro Público de la Propiedad es otorgar seguridad y certeza jurídica a las inscripciones, anotaciones y certificaciones, con el objeto de preservar los derechos en él inscrito, entre otras cosas; destacando dicho numeral que, la inscripción de los actos registrados en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Sinaloa, tendrá efectos 2 Artículo 2. La finalidad del Registro Público de la Propiedad es otorgar seguridad y certeza jurídica a las inscripciones, anotaciones y certificaciones, con el objeto de preservar los derechos en el inscritos, así como facilitar el tráfico inmobiliario y mobiliario de los bienes que sean propiedad privada a publica y cumplan con las formalidades establecidas por el Código Civil y el presente Reglamento. La inscripción de los actos registrados en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Sinaloa, tendrá efectos declarativos, en los términos del artículo 2880 del Código Civil. Para otorgar certeza y seguridad jurídica a los actos registrales, se deberán aplicar can toda exactitud en el ejercicio de las funciones, los principios registrales de publicidad, legitimación, rogación, consentimiento, prelación, calificación registral, inscripción, especialización y tracto sucesivo, observando además en su actuación la fe pública registral y la legalidad. declarativos, en los términos del artículo 2880 del Código Civil del Estado. De allí que dichas autoridades responsables Notaria Público, licenciada Laura Elizabeth Cebreros Varrela y el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guasave, Sinaloa, no tengan el carácter de autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo. En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda formulada por María de Jesús Armenta Guerrero, por notoriamente improcedente en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Con apoyo en los preceptos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en Calle Paseo Nogales número 1884, fraccionamiento Urbivilla del Bosque, de esta ciudad; de igual manera, téngase como sus autorizado legal para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Armando Hernández Mercado y Miguel Ángel Rodríguez Beltrán; y únicamente para imponerse de autos a Carmen Ernesto Grijalva Anaya, en atención a que no tiene registrada, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito, su autorización para ejercer la abogacía. Ahora, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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