Maria de Jesus Orduño Rodriguez

Expediente 155/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
155/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Maria de Jesus Orduño Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno (notificado el dieciséis siguiente), en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por María de Jesús Orduño Rodríguez; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa. Por otra parte, con fundamento en el artículo 1º, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA: MARIA DE JESUS ORDUÑO RODRIGUEZ, EL ACUERDO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Vista la demanda de cuenta, promovida por María de Jesús Orduño Rodríguez, contra actos de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 155/2021-5. A) Análisis de la demanda de amparo. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el??????????????? escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". B) Acto reclamado y sus antecedentes. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, a quien le reclamó lo siguiente:??????????????? ". Lo es el infundado, ilegal, inconstitucional y fuera de todo contexto jurídico, lógico y humano, el auto resolución de fecha 11 de febrero de 2021, emitido por la H. Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, emitido dicho auto o resolución dentro de los autos del toca civil número 68/2020, derivado del recurso de apelación promovido por DORA IRMA ORDUÑO VALENZUELA, quien tuvo el carácter de demandada en el juicio de origen número 187/2019, relativo al juicio ordinario civil promovido por la suscrita en contra de esta persona, mismo auto o resolución de fecha 11 de febrero de 2021 que en forma no sustentada y fuera de todo contexto legal, determina no ha lugar a admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones que la suscrita promovió, en contra de nefasta notificación que no cumplía ni tan siquiera los mínimos requisitos de ser una notificación formal, legal y personal. ." Ahora, del capítulo de antecedentes se advierte que la promovente de amparo demandó en la vía ordinaria civil de Dora Irma Orduño Valenzuela, la rescisión de diverso contrato; esta demanda se radicó con el número de expediente 187/2019, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. En el citado procedimiento se dictó sentencia declarando la rescisión del contrato, la que fue confirmada por el tribunal de alzada, al resolver el recurso de apelación 68/2020, pero, en este fallo judicial, también se le condenó a la aquí promovente para que pagara rentas por el uso de un bien inmueble. Al respecto, la promovente informa que en dicha sentencia dictada por la alzada, se ordenó la notificación personal, pero ésta se practicó con persona distinta a la promovente, y esto le impidió presentar su demanda de amparo directo. Inconforme con lo anterior, la promovente de amparo, interpuso incidente de nulidad de actuaciones, pero la autoridad responsable ordenadora (Sala Civil), por auto del once de febrero de dos mil veintiuno, determinó no admitir a trámite dicha incidencia, por extemporánea. Este es el acto reclamado. C) Causa de improcedencia actualizada. Establecido lo anterior, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque contra el auto de declaración de herederos procede el recurso de apelación en efecto devolutivo. La citada hipótesis normativa señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera?????????????de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." El principio de definitividad exige que previa a la instauración del juicio de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que contra ese acto procedan, como anteriormente quedó expuesto. Dicho de otra forma, dicho precepto legal dispone la improcedencia del amparo respecto de resoluciones provenientes de autoridades judiciales, tribunales administrativos o del trabajo, cuando la ley que los rija prevea algún medio de defensa legal susceptible de modificarlas, revocarlas o nulificarlas, siempre que no se trate de resoluciones que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro y, en general, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; incluyendo aquellos que afecten la libertad (en las distintas modalidades señaladas en la fracción en comento); de igual forma, no se tendrán que agotar esos medios ordinarios de defensa, cuando se trata de personas extrañas al procedimiento, autos de vinculación a proceso o, cuando para la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este último caso, el quejoso estará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por tanto, para poder atender sobre la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, se deben de atender a los elementos de ésta, y de la forma en cómo se satisfacen para que la misma prospere. Así, de la simple lectura de la fracción en comento, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causa de improcedencia a que se ha hecho referencia, que: a) El acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo;??????????????? b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que ese medio de defensa tenga por objeto modificar, revocar o nulificar la recurrida; e) Que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto jurídico. Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto que en esta vía constitucional se combate, se hace consistir en el auto de once de febrero de dos mil veintiuno, que tiene por no admitido el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la aquí promovente de amparo; sin embargo, debe decirse que, dicho acto de autoridad es susceptible de ser combatido por los medios legales que establecen las leyes ordinarias, previo a la interposición del juicio de amparo, como lo es el recurso de revocación, previsto en los artículos 679 y 680 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, por lo que, se actualiza la hipótesis prevista en la parte inicial de la fracción XVIII de artículo 61 de la Ley de Amparo. Los citados numerales de la legislación procesal, además del artículo 678, prevén lo siguiente: "Artículo 678. Las sentencias no podrán revocarse por el juez o Tribunal que las dicte." "Artículo 679. Las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo juez o tribunal que las haya pronunciado." "Artículo 680. La revocación no suspende los trámites del juicio. Debe interponerse por escrito expresando los agravios correspondientes, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución que se impugna, dándose vista a la contraparte por igual plazo, y resolviendo el juez también dentro del tercer día." Como se observa, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, prevé entre otras cosas, que las sentencias no podrán revocarse por el juez o tribunal que las dicte; pero, todas las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo juez o tribunal que las pronunció, tramitación que será en la forma y términos allí señalados; hipótesis normativa materializada en la especie, porque la Sala señalada como responsable tuvo por no interpuesto un incidente de nulidad de actuaciones, por tanto, en términos del artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, la promovente debió impugnar esa determinación a través del recurso de revocación, y al no haberlo hecho así, procede desechar la presente demanda de amparo. Se afirma lo anterior, porque en principio cabe señalar que el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre ellos el de definividad, como anteriormente se ha señalado, que tiene su regulación en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclama, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetar este principio, el juicio de amparo será improcedente. En efecto, y como se indicó, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia señalada ya que debe agotarse, previa a la presentación de la demanda de amparo, el recurso de revocación previsto en el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, el cual, de forma expresa y sin mayor interpretación, es claro en señalar que, contra las resoluciones que no sean sentencias y que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo juez o tribunal que las dictó. Es obvio que el acto aquí reclamado no es susceptible de apelarse, porque la autoridad que emitió el acto reclamado es, precisamente, el tribunal de alzada, y contra sus determinaciones no procede otro recurso. Por tanto, atendiendo al texto del citado precepto procesal, resulta inconcuso que el acto que en esta vía constitucional se reclama, no es de aquellos considerados como definitivos, en contra del cual procede de forma inmediata el juicio de amparo indirecto, puesto que el mismo al tratarse de una resolución (entendiéndose ésta en sentido amplio), dictada en el toca civil 68/2020, en donde se tuvo por no admitido el incidente de nulidad de actuaciones que hizo valer, acto de impero que se rige por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, se trata de un pronunciamiento sujeto a una diversa determinación que, en su caso, emita la misma Sala, al momento que se haga valer el recurso de revocación, ante la cual tiene la oportunidad la parte promovente de amparo de hacer valer las manifestaciones que considere pertinentes, para que dicho acto de molestia pueda ser revocado, por tanto, la parte promovente debe agotar el principio de definitividad para estar en posibilidades de acudir al juicio de amparo. Ahora bien, se afirma que los elementos antes señalados sí se satisfacen, toda vez que la resolución que se impugna la emitió un órgano judicial del Estado de Sinaloa, por su parte, el artículo en estudio prevé el recurso de revocación contra determinaciones diferentes a una sentencia; este medio ordinario de defensa se establece dentro de un procedimiento civil que se hizo valer ante la responsable, procedimiento en el cual, la promovente de amparo es parte. Aunado a lo anterior, el citado medio de defensa tiene por objeto, y atendiendo al nombre que utiliza, la de revocar las determinaciones impugnadas y, por último, de las constancias de autos no se advierte que la promovente de amparo se encuentre en alguna de las excepciones al principio de definitividad, porque el acto por ella reclama no tiene relación con alguna con aquellos que señala la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, además que el recurso de revocación señalado en el artículo 679 del ordenamiento local, no está sujeto a interpretación adicional, y su texto no es insuficiente en su regulación. Es preciso señalar que, aun cuando la Ley de la Materia utiliza el término "resolución", éste debe entenderse como una resolución en sentido amplio, esto es, la doctrina ha establecido que las resoluciones son los pronunciamientos de los jueces y tribunales a través de los cuales acuerdan delimitaciones de trámite o resuelven cuestiones planteadas por las partes, incluyendo la resolución del fondo del conflicto.??????????????? Dicho de otra forma, toda resolución dictada por un tribunal puede dividirse, a su vez, en acuerdos, decretos, autos definitivos, provisionales, preparatorios y sentencias, las que, a su vez, se dividen en interlocutorias y definitivas; por todo ello, es claro que nada varía la determinación aquí adoptada a pesar de que, lo que se reclama es un auto de trámite, toda vez que éste, como se indicó, es susceptible de modificarse o revocarse mediante el recurso ordinario de revocación. Por su parte, es preciso señalar que la promovente de amparo tampoco se ubica en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, es decir, no operan a favor de ésta las causas que legal y jurisprudencialmente le faculten a no interponer el recurso de revocación para atacar el acto de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por identidad de razón, la tesis VI.2º.C.567 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a páginas 1646, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, correspondiente al mes de agosto de dos mil siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. EL AUTO QUE LO DESECHA DEBE COMBATIRSE MEDIANTE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, PREVIO A SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47, 408 y 414, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se advierte que si bien es cierto que contra las resoluciones dictadas en los incidentes no procede recurso alguno, también lo es que el auto que desecha un incidente de nulidad de actuaciones no es de aquellos con que culmina el procedimiento incidental previsto en el último de los numerales mencionados; aunado a ello, dicho proveído no pone fin al procedimiento principal, ni tiene la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutoria, ya que no resuelve la cuestión incidental planteada. De tal suerte que la resolución que desecha un incidente de nulidad de actuaciones constituye un simple auto que no pone fin al procedimiento y, por tanto, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, previo a su impugnación en amparo indirecto, debe ser combatido mediante el recurso de reclamación previsto en el referido artículo 408, pues dicho principio establece la obligación del quejoso de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. De lo contrario, el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, conforme a la fracción XIII del artículo 73 de la ley de la materia." De igual forma, cobra aplicación, por identidad de razón, la tesis XIX.1º.28 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible a páginas 1121, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, correspondiente al mes de febrero de dos mil cuatro, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN EN EL JUICIO CIVIL. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBE INTERPONERSE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DESECHA EL DIVERSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). El artículo 914 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas es claro en cuanto a la procedencia del recurso de revocación en primera instancia respecto de los autos que no fueren apelables y los decretos, y como también lo es al señalar que la revocación procede en contra de esas resoluciones, cuando sean dictadas en segunda instancia. Ahora bien, bajo el principio jurídico de que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, se tiene que si en segunda instancia procede la revocación en contra de todos los autos y decretos que en ella se dicten, esa misma disposición debe seguirse tratándose de todos los autos y decretos dictados en la primera instancia, esto es, que en contra de ellos procede la revocación, a excepción de los que fueren apelables. Luego, debe concluirse que en contra del auto del Juez que en primera instancia deseche el recurso de apelación, tratándose de juicios civiles, procede la revocación, dado que sería ilógico considerar que si en contra de un auto que emita el tribunal de alzada sobre la inadmisión del recurso de apelación procede la revocación, en tratándose de su desechamiento por parte del Juez de primera instancia, no procediera el recurso de revocación, máxime que a la luz del dispositivo legal en consulta se puede establecer que cualquier resolución de primera instancia que no decida el fondo del negocio, esto es, la cuestión principal planteada, deberá considerarse un auto, pues de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, de la codificación en cita, los autos son resoluciones de las cuales pueden derivarse cargas o efectos sobre derechos procesales de las partes contendientes; consecuentemente, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, cabe establecer que, previamente a la interposición del amparo en contra del auto desechatorio del recurso de alzada, debe interponerse el recurso de revocación a que alude el artículo 914 del código en cita, pues con él puede lograrse la revocación, modificación o anulación del auto desechatorio, a no ser que la parte a quien perjudique este último desee ejercitar la alternativa procesal de insistir sobre su admisión, conforme a la prerrogativa contenida en los artículos 932, 938, parte final y 947, segundo párrafo, del código en consulta; por lo que si no se hizo valer, procede desechar la demanda de garantías, o bien, sobreseer al surtirse la causa de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XVIII, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo formulada por María de Jesús Orduño Rodríguez, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Con apoyo en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º, párrafo segundo de la misma ley, se autoriza como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Privada Álamos número 1711 sur, colonia Raúl Romanillo, código postal 81285, Los Mochis, Sinaloa, y como su autorizado para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley?????????de Amparo, a los licenciados Pedro Ortega Soto y César Rodríguez Picos; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Manuel Enrique Figueroa Valenzuela y Víctor Manuel Armenta Acosta, en razón de que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de la adscripción para que practique cualquier diligencia o notificación personal relacionada con el presente asunto.

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