Maria de Jesus Villegas Ulloa
Expediente 521/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Maria de Jesus Villegas Ulloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede de los que se advierte a la fecha ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión que señala el diverso 81, fracción I, inciso e) de la ley de la materia, contra la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (notificada el catorce de noviembre de dos mil diecinueve a la autoridad responsable), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa María de Jesús Villegas Ulloa; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, y toda vez que por sentencia pronunciada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se concedió a la quejosa María de Jesús Villegas Ulloa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Cuerpo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, de respuesta completa a la petición de la quejosa María de Jesús Villegas Ulloa, contenida en el escrito de trece de mayo de dos mil diecinueve, donde interpuso recurso de inconformidad en contra de la resolución número 19/71551, de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, suscrita por la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis, Sinaloa, con número de expediente administrativo C.C.SIN. 252/2019, lo cual deberá justificar con las constancias relativas; pues sólo así será posible restituir el pleno goce de los derechos fundamentales violados, como lo ordena el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto, en la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamente en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, indique a este Juzgado Federal, de cualquier otra autoridad que tenga o deba intervenir en el cumplimiento de la sentencia, cuya obligación provenga del ámbito de su competencia. Es aplicable la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.".
- Principal
ÚNICO. La Justicia del Unión ampara y protege a la quejosa María de Jesús Villegas Ulloa, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, por los motivos y para el efecto que se precisan, respectivamente en los considerandos QUINTO y SEXTO de esta resolución.
- Principal
Visto el estado de autos de los que advierte que está transcurriendo el término concedido a las partes para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional, Delegación Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán. Por tanto, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
- Principal
Visto el oficio firmado por la Jefa del Departamento Contencioso en ausencia del Secretario del Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual rinde su informe justificado, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa delegados; agréguese a los presentes autos para que surtan sus efectos legales. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado, por señalado domicilio para para oír y recibir notificaciones y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados a los profesionistas que indica. Dese vista a las partes con el informe que se agrega para que se impongan de su contenido.
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