Maria Barbara Mouriño Perez
Expediente 1083/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Barbara Mouriño Perez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 26 DE JULIO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte la inexistencia de los actos reclamados por las autoridades que fueron señaladas como responsables - como enseguida se evidenciará - lo cual conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. En principio, conviene establecer que en el caso que nos ocupa la quejosa María Bárbara Mouriño Pérez, mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal el doce de julio de dos mil dieciséis y ante este órgano federal al día siguiente, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Jueces 1. Primero, 2. Segundo, 3. Tercero, 4. Cuarto, 5. Quinto, 6. Sexto, 7. Séptimo y 8. Octavo, todos de lo Penal de la ciudad de Puebla, 9. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, 10. Juez Municipal Civil y Penal de San Pedro Cholula, Puebla, 11. Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, 12. Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de Cuautlancingo, Puebla, 13. Fiscal General del Estado de Puebla y 14. Director General de la Agencia Estatal de Investigación, que hizo consistir en la orden de aprehensión presuntamente girada en su contra, así como su ejecución. Mediante proveído de catorce de julio del actual se admitió a trámite la demanda de amparo, requiriendo a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados. En ese sentido, al rendir sus informes justificados las autoridades responsables Jueces 1. Primero, 2. Segundo, 3. Tercero, 4. Cuarto, 5. Quinto, 6. Sexto, 7. Séptimo y 8. Octavo, todos de lo Penal de la ciudad de Puebla, 9. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, 10. Juez Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, 11. Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, 12. Juez Municipal Civil y Penal de Cuautlancingo, Puebla, 13. Titular de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del Fiscal General y 14. Director General de la Agencia Estatal de Investigación negaron la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar tales negativas, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con cuarenta minutos del doce de agosto de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes"
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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