Maria Antonia Hernandez Aldaraca
Expediente 160/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Antonia Hernandez Aldaraca
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Notifíquese por lista a la parte promovente.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LOS PROVEÍDOS DE 04 Y 18, AMBOS DE FEBRERO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido al quejoso Jorge Enrique Montesinos Ruiz, para que desahogara la vista otorgada en proveído de veinte de enero de este año, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que la haya desahogado dentro del término concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a Jorge Enrique Montesinos Ruiz, para que la autoridad responsable 1. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Bernardo Reginaldo Reyes Herrera, Comandante de la Sexta Brigada de Policía Militar, realizara lo siguiente: ". NOVENO. "(.) Concesión del amparo y sus efectos. En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder a Jorge Enrique Montesinos Ruiz, el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: 1. Para que la autoridad 1. General Brigadier Diplomado Estado Mayor, Bernardo Reginaldo Reyes Herrera, comandante de la Sexta Brigada de Policía Militar, se abstenga de ejercer en el quejoso Jorge Enrique Montesinos Ruiz, todo acto de tortura, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes; para lo cual deberá girar las instrucciones correspondientes a fin de que el personal a su mando tenga conocimiento de lo anterior, lo que deberá supervisar el Comandante de la XXV Zona Militar, quien queda vinculado al cumplimiento de esta sentencia en su carácter de superior jerárquico. 2. El Delegado en Puebla de la Fiscalía General de la República y el agente del Ministerio Público que designe para investigar el delito de tortura, queda vinculado a cumplir esta sentencia para que, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera el cumplimiento, de inmediato: Se inicie una carpeta de investigación y se ordene en ese acto la práctica de las diligencias más urgentes que la autoridad investigadora estime procedentes, sin perjuicio de las determinaciones que durante la integración de la indagatoria se tomen para tal efecto, atento a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; y, 3. Remitan a esta autoridad las constancias con las que acrediten lo anterior. En relación con lo anterior, es necesario precisar que no se puede conceder el amparo para que se desahoguen las diligencias que se ordenen con motivo de la investigación de los hechos y se determine la indagatoria en determinado lapso, en virtud de que los alcances de la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados.". Inconformes con dicha determinación, Rodrigo Herrera Huizar, General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Comandante de la Vigésima Quinta Zona Militar (autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo) y Bernardo Reginaldo Reyes Herrera, General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Comandante de la Sexta Brigada de la Policía Militar (autoridad responsable), ambos de la Secretaría de la Defensa Nacional, interpusieron recurso de revisión; medio de impugnación del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Así, en resolución pronunciada en sesión virtual de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, dentro de los autos del recurso de revisión R-127/2020, los Magistrados Integrantes del citado Tribunal Colegiado, determinaron: "PRIMERO. Se desechan los recursos de revisión interpuestos. SEGUNDO. Queda firme la sentencia recurrida emitida por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla, el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en el juicio de amparo indirecto número 326/2020, de su índice." En razón que la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictada en el presente sumario constitucional quedó firme, en acuerdo de cuatro de enero de este año (fojas 281 a 288), se requirió su cumplimiento. En el referido auto, se hizo saber al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Orientadora Ocho de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata en Puebla, de la Fiscalía General de la República, María de Lourdes Ramiro Renero, que al ser designada por el Delegado en Puebla, de la Fiscalía General de la República, para conducir la investigación por tortura ordenada en la sentencia de amparo, quedaba vinculada a su cumplimiento. Mediante los oficios PUE-X-01/2021 y PUE-X-02/2021 signados por María de Lourdes Ramírez Renero, agente del Ministerio Público Federal Titular de la Mesa Orientadora Ocho de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata en Puebla, informó lo siguiente: Que el ocho de septiembre de dos mil veinte, inició la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002400/2020, debido a la vista que este juzgado dio con motivo de la manifestación de posibles actos de tortura en contra de los aquí quejosos; y, que el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se radicó la diversa carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002592/2020, en atención a lo ordenado en la sentencia pronunciada en este juicio de garantías; por lo que, al estar relacionadas ambas indagatorias, el cinco de octubre de dos mil veinte, se ordenó acumular la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002592/2020, a la primera de las indicadas. Del mismo modo, comunicó que el responsable de conducir la investigación es Juan José Corona Jiménez agente del Ministerio Público Federal Titular de la Mesa Orientadora Cinco de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata en Puebla. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 5, fracción II y 1971 de la Ley de Amparo, al ser el último de los representantes sociales mencionados, quien conduce la investigación por actos de tortura ordenada en la sentencia de amparo, en proveído de ocho de enero de dos mil veintiuno (fojas 297 y 298), se tuvo como autoridad sustituta a Juan José Corona Jiménez agente del Ministerio Público Federal Titular de la Mesa Orientadora Cinco de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata en Puebla; quien quedó vinculado al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por otra parte, mediante oficio PUE-X-203/2021 el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Orientadora "5" de la Unidad de Atención Inmediata Puebla Juan José Corona Jiménez, informó las diligencias más urgentes que ordenó practicar para la investigación del delito de tortura posiblemente cometido en contra del aquí quejoso Jorge Enrique Montesinos Ruiz y, para acreditar su dicho, remitió copia autentica de diversas constancias que obran en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002400/2020 de su estadística, entre las que destacan: ( Solicitud de copias certificadas de todo lo actuado en el juicio de amparo 326/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Jorge Enrique Montesinos Ruiz. ( Oficio FGR/CMI/CGSP/0588/2020 suscrito por el Coordinador General de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de la República, por el que propone peritos en las materias de medicina forense, psicología y fotografía forense, a efecto que se realice el dictamen médico-psicológico al quejoso Jorge Enrique Montesinos Ruiz. ( Gestiones realizadas por el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Orientadora "5" de la Unidad de Atención Inmediata Puebla Juan José Corona Jiménez, a fin que los expertos designados para practicar el dictamen médico-psicológico al quejoso de referencia, intervengan a la brevedad posible y, señalen día y hora para su verificativo. ( Oficio PUE-X-7861/2020 suscrito por el perito oficial en psicología, por el que solicitó al Fiscal que lleva cabo la investigación del delito de tortura, la habilitación de un espacio con las condiciones adecuadas para realizar la evaluación requerida conforme a las disposiciones del Protocolo de Estambul, tales como ventilación, luz, privacidad, mobiliario (mesas y sillas), en las oficinas de la Fiscalía General de la República y, programa los días, en que el peticionario de amparo de referencia debía comparecer para la práctica del examen respectivo, para lo cual, dicho perito solicitó que fuera localizado y notificado de tal circunstancia. ( Constancia de lectura y explicación de derechos de la víctima u ofendido, correspondiente al quejoso Jorge Enrique Montesinos Ruiz. ( Comparecencia de Jorque Enrique Montesinos Ruiz -aquí impetrante de amparo-, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, Orientador de la Mesa V de la Unidad de Atención Inmediata en Puebla, en la Delegación de la Fiscalía General de la República en Puebla, de fecha siete de diciembre de dos mil veinte. ( Recordatorio girado a la Coordinadora General de Servicios Periciales, para que se desahogara la evaluación médica, en razón que ya había tenido verificativo la diligencia en materia de psicología. ( Designación de perito en materia de fotografía forense. ( Resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emitida en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002400/2020, iniciada por el hecho que la ley señala como delito de lesiones, en contra del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Bernardo Reginaldo Reyes Herrera; Teniente Coronel de Caballería Arturo Cruz Germán y/o Arturo Cruz Guzmán; Teniente de Fuerza Aérea Controlador de Vuelo José Luis Vázquez Sánchez y el Sargento Segundo Conductor Vicente García Simón y/o quien resulte responsable, mediante la cual, declinó la competencia de la citada carpeta de investigación, a la Fiscalía General de Justicia Militar, para que continúe investigando. Por su parte, el Comandante de la Vigésima Quinta Zona Militar de Puebla, en su calidad de superior jerárquico y autoridad vinculada al cumplimiento, instruyó al Comandante de la Sexta Brigada de Policía Militar, para que cumpliera cabalmente con la ejecutoria de amparo emitida en este asunto, en el sentido que se abstuviera de ejercer en el quejoso Jorge Enrique Montesino Ruiz, todo acto de tortura, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes, así como para que le informara las acciones implementadas al respecto; como se advierte de los oficios A-J/039, A-J/063, A-J/069, recibidos en proveídos de once, diecisiete y veinte de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, mediante la misiva A-J/043, recepcionada en este órgano jurisdiccional, el once de enero del año que transcurre (fojas 377 a 380), la mencionada autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, remitió copia certificada del diverso comunicado S-1/Pnal./064, por el que informó que el General Brigadier de Estado Mayor, Reginaldo Reyes Herrera (autoridad responsable inicialmente encargada del cumplimiento de la sentencia), causó baja como Comandante de la Sexta Brigada de Policía Militar en Puebla y, alta en la Planta del Cuartel General del Cuerpo de Policía Militar Jardines del Pedregal en la Ciudad de México; motivo por el que se reconoció la calidad de autoridad sustituta a Ernesto García Sánchez, General Brigadier de Estado Mayor, actual Comandante de la Sexta Brigada de Policía Miliar, y se le requirió para que acatara la ejecutoria de amparo. Mediante oficio E.J.-032/2021 suscrito por la autoridad responsable sustituta antes mencionada (fojas 389 a 391), remitió copia certificada del "Mensaje C.E.I" número EJ.031/2021 de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, por el cual, a fin de acatar la sentencia dictada por esta potestad federal, adujo haber instruido al personal bajo su mando, para que se abstuviera de ejercer en el quejoso Jorge Enrique Montesinos Ruiz, todo acto de tortura, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes. No obstante lo anterior, como la mencionada autoridad responsable no acreditó haber notificado dicha comunicación oficial con denominación "Mensaje C.E.I." número EJ.031/2021, al personal bajo su mando -que contiene la instrucción girada relativa a que se abstuvieran de ejercer en el peticionario de amparo, todo acto de tortura, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes-, en auto de diecisiete de enero de dos mil veintiuno (fojas 396 a 399), se requirió al General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Comandante de la Sexta Brigada de Policía Militar, Ernesto García Sánchez, para que enviara a este juzgado las constancias relativas a la notificación de la orden girada de su parte, a sus subalternos. En atención a tal requerimiento, por oficio E.J-036/2021 recibido en este órgano jurisdiccional, el diecinueve de enero del año en curso (fojas 413 a 432), la referida autoridad responsable, remitió copia certificada del acuse de recibo de la comunicación oficial denominada "Mensaje C.E.I. número E.J.-031/2021 de dieciséis de enero pasado, por la que la autoridad responsable General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Comandante de la Sexta Brigada de Policía Militar, Ernesto García Sánchez, instruyó al personal bajo su mando, que se abstuviera de ejercer contra el quejoso antes mencionado, todo acto de tortura, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes. A las documentales descritas, se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de las que se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables y las diversas vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo 326/2020 del índice de este Juzgado, por lo que se refiere al quejoso Jorge Enrique Montesinos Ruiz, realizaron lo siguiente: I. Primer efecto del fallo protector. A través de la misiva E.J.-032/2021 suscrita por la autoridad responsable sustituta General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Comandante de la Sexta Brigada de Policía Militar, Ernesto García Sánchez, (fojas 389 a 391), remitió copia certificada del "Mensaje C.E.I" número EJ.031/2021 de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, por el cual, a fin de acatar la sentencia dictada por esta potestad federal, instruyó al personal bajo su mando, para que se abstuviera de ejercer en el quejoso Jorge Enrique Montesinos Ruiz, todo acto de tortura, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes; de lo que quedaran notificados los subalternos mencionados en el comunicado en cita, los días diecisiete y dieciocho de enero de este año, como se advierte de las constancias de notificación y acuse respectivo, adjuntos al oficio E.J.-036/2021, suscrito por la aludida autoridad militar responsable y recibido en este Juzgado, el diecinueve de enero del año en curso (fojas 413 a 432). De los oficios A-J/039, A-J/063, A-J/069, recibidos en proveídos de once, diecisiete y veinte de enero de dos mil veintiuno, se corrobora que el Comandante de la Vigésima Quinta Zona Militar de Puebla, en su calidad de superior jerárquico y autoridad vinculada al cumplimiento, giró las instrucciones que resultaron necesarias, al Comandante de la Sexta Brigada de Policía Militar, para que cumpliera cabalmente con la ejecutoria de amparo emitida en este asunto, e informara las acciones implementadas al respecto. En ese orden, en virtud que como se estableció en el fallo protector, el quejoso Jorge Enrique Montesinos Ruiz, fue objeto de posibles actos de tortura, mientras se encontraba bajo el mando de la autoridad responsable, General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Comandante de la Sexta Brigada de Policía Militar, por ello, se le otorgó el amparo y protección, para el efecto que dicha potestad militar se abstuviera de ejercer en el quejoso Jorge Enrique Montesinos Ruiz, todo acto de tortura, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes; para lo cual debía girar las instrucciones correspondientes a fin de que el personal a su mando tuviera conocimiento de tal orden; lo cual debía supervisar el Comandante de la XXV Zona Militar, quien quedó vinculado al cumplimiento de dicha sentencia, en su carácter de superior jerárquico. Entonces, de la documental reseñada con antelación, queda demostrado que tal efecto de la sentencia concesoria de amparo, fue acatado puntualmente por General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Comandante de la Sexta Brigada de Policía Militar, Ernesto García Sánchez, (fojas 389 a 391), en los términos mencionados, pues como se dijo antes, mediante el "Mensaje C.E.I" número EJ.031/2021 de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, ordenó al personal bajo su mando, para que se abstuviera de ejercer en el quejoso Jorge Enrique Montesinos Ruiz, todo acto de tortura, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes, quedando debidamente notificados los subalternos de tal instrucción. II. Segundo efecto de la concesión de amparo. Por lo que respecta a la segunda vertiente analizada en la sentencia ejecutoria de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, consistente en la tortura como materia de indagatoria ante autoridad y fuero distintos, encaminados a la acreditación de una eventual conducta delictiva sancionada por leyes penales, se concedió el amparo al quejoso, para el efecto que el Delegado de la Fiscalía General de la República, por conducto del agente del Ministerio Público que al efecto se designara, iniciara de inmediato una investigación meticulosa, para dilucidar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de Jorge Enrique Montesinos Ruiz y en su caso, identificara y condujera a proceso a las personas que resultaran probables responsables. Sobre el particular, de las actuaciones detalladas con antelación, se obtiene que por oficio DEP/5561/2020, el Delegado Estatal en Puebla, de la Fiscalía General de la República, comunicó que instruyó al agente del Ministerio Público de la Federación correspondiente, que iniciara una carpeta de investigación por el delito de tortura. Así, en observancia a la sentencia pronunciada el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se inició la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002592/2020, por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Orientadora Ocho de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata en Puebla, María de Lourdes Ramírez Renero, por el delito de tortura, indagatoria que el cinco de octubre siguiente, se acumuló a la diversa carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002400/2020, instaurada el ocho de septiembre de dos mil veinte, con motivo de la vista que este juzgado dio con motivo de la manifestación de posibles actos de tortura en contra de los aquí quejosos, al encontrarse relacionadas. En ese tenor, mediante el comunicado PUE-X-203/2021, la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia agente del Ministerio Público Federal Titular de la Mesa Orientadora Cinco de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata en Puebla, Juan José Corona Jiménez, informó las diligencias más urgentes que ordenó practicar para la investigación del delito de tortura posiblemente cometido en contra del aquí quejoso Jorge Enrique Montesinos Ruiz y, para corroborar su dicho, remitió copia certificada de diversas constancias que obran en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002400/2020 y su acumulada FED/PUE/PBL/0002592/2020, mismas que se detallaron en párrafos precedentes. De ese modo, es evidente que el agente del Ministerio Público mencionado en el párrafo que precede, en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, emitida en el presente sumario constitucional, observó cabalmente el fallo protector, relativo a iniciar de inmediato una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura en perjuicio del peticionario de amparo. No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, que de las actuaciones remitidas en copia certificada por el agente del Ministerio Público Federal Titular de la Mesa Orientadora Cinco de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata en Puebla, Juan José Corona Jiménez, derivadas de la integración de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002400/2020 y su acumulada FED/PUE/PBL/0002592/2020, se advierta la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual, declinó la competencia de la citada carpeta de investigación, a la Fiscalía General de Justicia Militar, para que continúe investigando; ello, en razón a que, como se advierte del considerando octavo de la sentencia concesoria pronunciada en este asunto, se precisó que el efecto consistía en que se iniciara una carpeta de investigación y se ordenara la práctica de las diligencias más urgentes que la autoridad investigadora estimara pertinentes, sin perjuicio de las determinaciones que durante la integración de la indagatoria se tomaran al efecto, incluso, sin que los alcances del efecto protector, abarcaran el desahogo de las diligencias ordenadas con motivo de la investigación de los hechos; de ahí, que tal determinación de incompetencia no incide en el cumplimiento dado por la autoridad ministerial mencionada, máxime, que de la misma se aprecia que la competencia declinada fue por el delito de lesiones, y continuaba pendiente que se practicara al quejoso Jorge Enrique Montesinos Ruiz, en su totalidad, el dictamen médico-piscológico (en virtud que faltaba el dictamen médico), conforme a los lineamientos previstos en el Protocolo de Estambul. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. En diverso aspecto, cabe señalar que ante la emergencia mundial sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, quedaron suspendidos los plazos y términos procesales del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia ocasionada por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales; cuya vigencia fue ampliada mediante Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, primero al quince de enero de dos mil veintiuno y después al veintiocho de febrero del mismo año. No obstante, mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Que tales medidas, implican que se daría trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad; asimismo, que se recibirán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales o por oficio. De manera que para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales. Que las medidas adoptadas en la citada sesión extraordinaria, tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. En similar sentido, mediante diversa circular SECNO/08/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó el regreso al esquema de contingencia establecido por el referido acuerdo general 13/2020, por lo que nuevamente se suspendieron los plazos y términos procesales del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno. Sin embargo, aun cuando en el presente asunto no se colmaron las condiciones para continuar su tramitación bajo el esquema de "juicio en línea", dado que el acto reclamado lo constituyeron los actos de tortura cometidos contra el quejoso, y en la sentencia pronunciada en este juicio de garantías se concedió la protección constitucional para que dichos actos cesaran, el suscrito juzgador estimó procedente continuar con las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de fallo protector, lo cual aconteció en los términos apuntados. No obstante, esta autoridad considera que la urgencia destacada ha cesado, en la medida que se han cumplido los efectos de la protección constitucional concedida, como se apuntó, por lo que deviene improcedente continuar el trámite del presente expediente y se ordena suspender los plazos y términos procesales hasta el nueve de febrero de dos mil veintiuno, o hasta que el Consejo de la Judicatura Federal determine. Se estima de esa manera, en virtud de que, tomando en consideración la naturaleza de la presente determinación, resulta necesaria su notificación personal al quejoso, lo cual está vedado por el referido acuerdo general 13/2020, pues como se dijo, la urgencia ha cesado. En atención a ello, se reserva la notificación del presente acuerdo a las partes hasta que se reanuden los plazos y términos procesales. Publíquese electrónicamente y cúmplase..." Y "San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Ponderaciones previas. Vista la certificación de cuenta, se advierte lo siguiente: -Que ante la emergencia mundial sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, quedaron suspendidos los plazos y términos procesales del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. -Que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia ocasionada por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales; cuya vigencia fue ampliada mediante Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, con el primero, al quince de enero de dos mil veintiuno y con el segundo, al veintiocho de febrero del mismo año. No obstante, mediante circulares SECNO/08/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que, para los órganos pertenecientes al Sexto Circuito, entre otros, durante el periodo comprendido del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo. Tal medida, implica que se daría trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad; asimismo, que se recibirán y tramitarán los asuntos que puedan seguirse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales o por oficio. De manera que para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. Que las medidas adoptadas tendrían vigencia del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, por lo que en el presente asunto se suspendieron los plazos y términos por el periodo aludido, ante la imposibilidad de proseguir su tramitación a través de medios electrónicos. Así, mediante Circular SECNO/10/2021 signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que a partir del dieciocho de febrero del presente año, para la operación de los órganos jurisdiccionales, es aplicable el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En ese sentido, como el periodo de suspensión ha fenecido, hágase saber a las partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Precisado lo anterior, se acuerda: Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede aparece que en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, entre otras cosas, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, y se reservó la notificación a las partes de dicho auto, en atención a que se estimó que la urgencia que inicialmente motivó su continuación había cesado. En esa tesitura, como se han reanudado los plazos y términos procesales, así como la posibilidad de realizar diligencias de notificación personal y mediante oficio, se instruye al actuario de la adscripción que corresponda para que notifique personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables, el contenido de este proveído así como el de cuatro de febrero de esta anualidad, para los efectos legales procedentes Notifíquese el presente proveído y el diverso de cuatro de febrero del presente año: personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables, a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y cúmplase..."
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