MARIA AURELIA GARCIA LOPEZ y Otros.
Expediente 174/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 174/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Aurelia Garcia Lopez
- MARIA AURELIA GARCIA LOPEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra la sentencia dictada el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente Juicio de Amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el Juicio de Amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se negó la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Jueza de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele la copia certificada de la carpeta de ejecución número 660/2015/JES/E, de su índice (anexo I), y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTIOCHO DE MARZO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Joaquín Márquez Cerezo y María Aurelia García López, en contra de los actos reclamados al 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla y 2. Diligenciario adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla, precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando quinto..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales procedentes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 117, cuarto párrafo del precitado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad responsable oficiante la documental que anexa a su informe justificado, sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno. Dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite dicha autoridad, fórmese el cuaderno de prueba I del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo. En otro aspecto, ya que de autos se desprende que el presente juicio de amparo podría tener relación con los diversos juicios de derechos fundamentales 404/2016, de la estadística del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y 95/2017 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con fundamento en el párrafo tercero del citado artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese atentamente al Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y al Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla que de no tener inconveniente alguno remita copia certificada de las siguientes constancias: 1) Demanda de amparo; 2) Auto admisorio; 3) Informe justificado de la 1. Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla (sin anexos); 4) Acuerdo por el que se proveyó dicho informe, con la respectiva constancia de notificación a la parte quejosa; 5) Sentencia dictada; 6) Auto por el cual causó ejecutoria dicha resolución o por el que se haya recibido la ejecutoria del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente; 7) Cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizado por la autoridad responsable, en el supuesto en el que se concediera el amparo (con anexos); 8) Acuerdo por el que se haya otorgado vista a la parte quejosa con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el supuesto en el que se concediera el amparo, así como su respectiva notificación; y, 9) Determinación por la que declaró el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el supuesto en el que se concediera el amparo. Todas esas constancias derivadas de los juicios de amparo anteriormente citados. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante acuerdo dictado el seis de marzo del actual se reservó de proveer lo conducente respecto al emplazamiento de los terceros interesados Ángel Salgado Vélez y Lorenza Yolanda Téllez, hasta en tanto la autoridad responsable ordenadora rindiera su informe justificado. Ahora bien, no obstante que en este acuerdo se tiene por rendido el aludido informe, la suscrita juzgadora estima que es necesario tener a la vista las constancias que se requieren, a fin de que se esté en aptitud de considerar procedente su emplazamiento; por tanto, resérvese nuevamente de proveer lo conducente, hasta la llegada de las documentales requeridas o hasta la celebración de la audiencia constitucional.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecisiete. I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 174/2017-A y su acumulado 175/2017, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Joaquín Márquez Cerezo y María Aurelia García López, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Joaquín Márquez Cerezo y María Aurelia García López, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146 fracción I de la Ley de Amparo vigente, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa, fueron: I. El auto dictado por el 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla, el veintinueve de diciembre de dos mil quince, por el cual, se requiere a los sentenciados el cumplimiento al fallo dictado en el proceso penal de primera instancia, en concreto, al pago de la reparación del daño; II. La cédula de notificación de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en la cual se advierte que hizo del conocimiento de los sentenciados la resolución de veintinueve de diciembre de dos mil quince; y, III. El acuerdo recaído al escrito presentado el diez de febrero de dos mil dieciséis ante la responsable, por el cual solicitaron una prórroga a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de primera instancia. Y solicitó la suspensión para el efecto de que se suspenda el procedimiento de ejecución dentro del expediente 660/2015/JESE. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo Foja 1 Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla. Aceptó 34 y 35 2 Diligenciario adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla Aceptó 42 CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar solicitada respecto a la quejosa María Aurelia García López. Las autoridades responsables al rendir su informe previo aceptaron la existencia del acto que se les reclama; sin embargo, no ha lugar a conceder la suspensión definitiva para el efecto solicitado, esto es, que se mantengan las cosas en el estado que guardan, pues no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, en razón de que cualquier procedimiento judicial no puede suspenderse, ya que de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues es de interés de la sociedad el que se administre justicia de manera pronta y expedita; además, la parte quejosa no acreditó que con la continuación del procedimiento respectivo pueda causarle daños y perjuicios de modo irreparable. Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo. (Apen.; 3a. Sala; Ap. 1975; Parte IV; Pág. 836; [J])." "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga." También, por analogía, la diversa tesis VIII.5o.8 L del Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, cuyos rubro, texto y datos de localización son: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES ILEGAL CONCEDERLA CONTRA LA PARALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, SI NO EXISTEN NI SIQUIERA INDICIARIAMENTE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE JUSTIFIQUEN QUE CON SU CONTINUACIÓN PUEDEN QUEDAR IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE A LA PARTE QUEJOSA. Del artículo 138 de la Ley de Amparo se advierte que en los casos en que la suspensión de los actos reclamados en un juicio de amparo sea procedente, no debe impedirse la continuación de los procedimientos jurisdiccionales hasta que se dicte en ellos resolución firme, y como excepción opera cuando de continuarse el procedimiento puedan quedar irreparablemente consumados los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte quejosa; de manera que si no existen ni siquiera indiciariamente elementos de convicción que justifiquen la hipótesis de excepción, resulta ilegal conceder la suspensión para que quede paralizado el procedimiento laboral; además, el agraviado puede defenderse en el juicio natural mediante el acreditamiento de sus excepciones, y con ello obtener un laudo favorable o, en su defecto, de serle adverso, impugnarlo a través del amparo directo." QUINTO. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SIN MATERIA, RESPECTO DEL QUEJOSO JOAQUÍN MÁRQUEZ CEREZO. Como ya se precisó, el 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla y Diligenciario adscrito a dicho juzgado, al rendir sus informes previos, reconocieron la existencia del acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 660/2015JES/E de su índice y la falta de notificación a éste, lo anterior respecto al quejoso Joaquín Márquez Cerezo. Así mismo, el mencionado juez penal, manifestó que el referido quejoso promovió diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos y las mismas autoridades que los que aquí se analizan, por lo que este órgano jurisdiccional solicitó al Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla se sirviera remitir, entre otras, copia certificada de la interlocutoria dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 404/2016 de su índice, a fin de que la suscrita estuviera en condiciones de resolver lo correspondiente en torno a la suspensión definitiva solicitada. Ahora bien, del análisis realizado a dichas copias certificadas (fojas 49 a 78), las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se advierte que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 404/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante interlocutoria de once de marzo de dos mil dieciséis, se negó y concedió la suspensión definitiva solicitada por el quejoso Joaquín Márquez Cerezo respecto al auto de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 660/2015JES/E del índice de la responsable y la falta de notificación a éste, es decir, respecto de los mismos actos y autoridad responsable ordenadora por los cuales se resuelve la suspensión definitiva en esta interlocutoria. Atento a lo anterior, es preciso acudir al contenido del artículo 145 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión. Del precepto transcrito se deduce que, para declarar sin materia el incidente de suspensión, es menester que se actualicen los siguientes supuestos: a) Que exista otro juicio de amparo, ante otro juzgado de Distrito o ante el mismo órgano jurisdiccional, en el cual se haya resuelto sobre la suspensión definitiva; b) Que dicho juicio haya sido promovido por el mismo quejoso, o por otra persona en su nombre o representación; y, c) Que se trate del mismo acto y contra las propias autoridades. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie se colman los requisitos antes indicados, ya que respecto del acto reclamado por el peticionario de amparo consistente en el auto de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 660/2015JES/E de su índice y la falta de notificación a éste, ya se le había concedido la suspensión definitiva en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 404/2016 de su índice y, por ende, debe declararse sin materia el presente incidente de suspensión en términos de artículo 145 de la Ley de Amparo vigente, únicamente en relación con la citada orden de aprehensión. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE LA DEFINITIVA EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y POR LOS MISMOS ACTOS, AUN CUANDO SE HAYA DICTADO SENTENCIA EJECUTORIA EN EL PRINCIPAL. El artículo 134 de la Ley de Amparo en vigor prevé que debe declararse sin materia el incidente de suspensión cuando en la audiencia incidental se demuestre que se resolvió sobre la definitiva en un diverso juicio de amparo promovido por el propio quejoso, o su representante, contra las mismas autoridades y por los mismos actos; lo cual tiende a desalentar una conducta dolosa, en tanto se presume que la interposición del segundo juicio de garantías sólo tiene como fin obtener la suspensión del acto para retardar injustificadamente su ejecución. Por tanto, la circunstancia de que en el primer juicio de amparo se haya dictado sentencia ejecutoria en el principal, no es óbice para proceder en los términos indicados, pues si bien es cierto que ello conlleva la insubsistencia de lo decidido sobre la medida cautelar, también lo es que el pronunciamiento relativo a la constitucionalidad o la inatacabilidad del acto, en tanto adquiere la calidad de cosa juzgada, genera la improcedencia del segundo juicio de garantías y, por ende, la presunción válida de que éste se promovió con el único propósito de obtener la suspensión del acto para retrasar injustificadamente su ejecución o evitar sus efectos." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por la quejosa María Aurelia García López, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas. SEGUNDO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión respecto del quejoso Joaquín Márquez Cerezo, en relación con los actos reclamados precisados en el considerando quinto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.
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