Maria Carlos Nambo
Expediente 660/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Carlos Nambo
- MARIA CARLOS NAMBO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 184 a 187), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticuatro de octubre al quince de noviembre de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para realizar la devolución de documentos originales, en virtud de que no obra alguno en el presente expediente. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe respectivo, devuélvansele a la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, el anexo I que se formó con copia autorizada de la carpeta judicial administrativa 812/2018/PUEBLA de su índice, así como los registros de audio y video de las audiencias relativas a ese expediente contenidas en cinco discos versátiles digitales (DVD) que se encuentran integrados al expediente a fojas cincuenta y tres, ciento cuarenta y uno y ciento sesenta y nueve, previo desglose y fojas de sustitución que para tal efecto se inserten en su lugar; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de dos de octubre de dos mil dieciocho (fojas 171 y 172), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que los quejosos hayan desahogado dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 110 a 126), se concedió el amparo y protección a María Carlos Nambo y José Froylán López Morales, para el efecto de que Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, deberá realizar lo siguiente: a) Deje insubsistente el proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta judicial administrativa 812/2018/PUEBLA, de su índice, única y exclusivamente por cuanto hace a María Carlos Nambo y José Froylan López Morales. b) Admita la solicitud de revisión de medida cautelar propuesta por María Carlos Nambo y José Froylan López Morales, le dé el trámite legal correspondiente y, en su oportunidad, con plenitud de jurisdicción resuelva de forma fundada y motivada lo que en derecho corresponda. c) Remita a este Juzgado las constancias que acrediten el cumplimiento a lo aquí determinado." Mediante oficio 13287/2018/JC de catorce de septiembre de dos mil dieciocho (foja 140), la jueza de control responsable informó que en audiencia celebrada en esa fecha, en la causa penal 812/2018/PUEBLA autorizó la suspensión condicional del proceso a favor de la quejosa María Carlos Nambo, y remitió del registro de audio y video generado con motivo de esa actuación (DVD-1 foja 141); sin embargo, en acuerdo de diecinueve de septiembre del año que cursa (foja 143) se reservó proveer sobre tal información hasta que la sentencia de amparo adquiriera firmeza. En acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 149 a 153) se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria; y, se declaró sin materia que el cumplimiento de la sentencia de amparo por cuanto hace a María Carlos Nambo, en atención a lo informado por la autoridad responsable en el oficio y anexo referidos en el párrafo que antecede, por lo que se requirió el cumplimiento de la ejecutoria únicamente respecto del quejoso José Froylán López Morales. Así, mediante oficio 13958/2018/JC de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 165), la jueza de control responsable comunicó las gestiones realizadas para cumplir la sentencia de amparo, pues informó que dejó sin efectos el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial administrativa 812/2018/PUEBLA y señaló las nueve horas del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de revisión de medida cautelar respecto de José Froylán López Morales. Por ello, en acuerdo de veintisiete de septiembre de la presente anualidad (foja 166), se requirió a la autoridad responsable para que, una vez celebrada esa audiencia, lo comunicara a esta autoridad. Mediante oficio 14073/2018/JC de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (foja 168) Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, comunicó que en audiencia celebrada en esa data en la causa penal de origen, resolvió lo relativo a la revisión, modificación o sustitución de la medida cautelar solicitada por el aquí quejoso José Froylán López Morales y envió el registro de audio y video generado con motivo de dicha audiencia (foja 169 -DVD 2-). A las documentales referidas consistentes en los discos versátiles digitales remitidos por la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, pues de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicabilidad, en cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." De cuyo contenido se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la jueza responsable realizó lo siguiente: 1. En acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dejó sin efectos el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial administrativa 812/2018/PUEBLA y señalo las nueve horas del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de revisión de medidas cautelares respecto de José Froylán López Morales (foja 165). 2. En audiencia celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, realizó lo siguiente: a) La juez de control responsable declaró abierta la audiencia (09:31:16 DVD 2), y cuestionó al quejoso José Froylán López Morales si deseaba designar como sus defensores a Carlos Sánchez Serrano y Arturo Reyes García (09:34:41 DVD 2); el imputado respondió que sí (09:34:42 DVD 2). b) Los defensores particulares nombrados aceptaron y protestaron el cargo conferido por el peticionario de amparo (09:34:46 a 09:34:53 DVD 2). c) La jueza responsable reiteró que dejó sin efectos el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial administrativa de origen (09:37:49 DVD 2). d) En uso de la voz, el defensor particular de José Froylán López Morales expresó que, como fue diverso defensor del quejoso quien solicitó la revisión de la medida cautelar, se impuso de los registros contenidos en la carpeta judicial administrativa de origen y expresó que tiene pleno conocimiento de las actuaciones realizadas en ese expediente (09:38:26 DVD 2). e) Dicho profesionista manifestó que no coincide en que hayan variado de manera objetiva las condiciones en las que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria contra su representado (09:40:08 DVD 2), y señaló que hizo saber a su defendido, aquí quejoso, que puede obtener su libertad mediante diversas formas de terminación anticipada del procedimiento; por lo que el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, presentó un escrito ante el agente del Ministerio Público Jorge Luis Herrera Velazco, en el que manifestaron su deseo de optar por una terminación anticipada consistente en el procedimiento abreviado (09:40:22 DVD 2) y reiteró que no coincide que, hasta ese momento, hayan variado objetivamente las condiciones en que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria (09:41:07 a 09:41:19 DVD 2). f) La jueza de control responsable preguntó a José Froylán López Morales si le fue explicado previamente lo que su defensor particular manifestó (09:41:23 DVD 2), a lo que contestó que sí (09:41:37 DVD 2); asimismo, lo cuestionó si coincide con las manifestaciones de su defensor (09:41:41 DVD 2) y el quejoso nuevamente respondió que sí (09:41:57 DVD 2). g) La juez concedió el uso de la voz al fiscal y en uso de la voz manifestó que coincide con lo manifestado por el defensor particular del imputado, en relación a que no han variado las condiciones en que se impuso la medida cautelar y confirmó que la defensa del encausado presentó un escrito para solicitar la terminación anticipada, por lo que afirmó que se encuentra realizando las gestiones necesarias para la autorización de ese procedimiento (09:42:03 a 09:43:48 DVD 2). h) La jueza de control responsable declaró cerrada la intervención de la partes, estableció que al no existir controversia sobre la revisión de medida cautelar no existe materia para atender dicha petición de revisar, modificar y en su caso, sustituir la medida cautelar de prisión preventiva necesaria en que se encuentra José Froylán López Morales (09:44:00 a 09:46:47 DVD 2). En atención a lo expuesto, se advierte que, si bien la autoridad responsable Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla no analizó la procedencia de la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria en que se encuentra el peticionario de amparo, ello obedeció a que su nuevo defensor particular expresó que no considera que hayan variado objetivamente las condiciones en que aquella se impuso, y manifestó su deseo de optar por una terminación anticipada, consistente en el procedimiento abreviado, lo que fue consentido expresamente por el imputado, aquí quejoso. Así mismo, es importante reiterar que, por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, esta autoridad declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo por cuanto hace a María Carlos Nambo debido a que la juzgadora responsable le concedió el beneficio de suspensión condicional del proceso, suspendió la medida cautelar de prisión preventiva necesaria y ordenó su libertad (fojas 149 a 153). Por ello, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de dos de octubre de dos mil dieciocho (fojas 171 y 172), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que los quejosos hayan desahogado dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 110 a 126), se concedió el amparo y protección a María Carlos Nambo y José Froylán López Morales, para el efecto de que Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, deberá realizar lo siguiente: a) Deje insubsistente el proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta judicial administrativa 812/2018/PUEBLA, de su índice, única y exclusivamente por cuanto hace a María Carlos Nambo y José Froylan López Morales. b) Admita la solicitud de revisión de medida cautelar propuesta por María Carlos Nambo y José Froylan López Morales, le dé el trámite legal correspondiente y, en su oportunidad, con plenitud de jurisdicción resuelva de forma fundada y motivada lo que en derecho corresponda. c) Remita a este Juzgado las constancias que acrediten el cumplimiento a lo aquí determinado." Mediante oficio 13287/2018/JC de catorce de septiembre de dos mil dieciocho (foja 140), la jueza de control responsable informó que en audiencia celebrada en esa fecha, en la causa penal 812/2018/PUEBLA autorizó la suspensión condicional del proceso a favor de la quejosa María Carlos Nambo, y remitió del registro de audio y video generado con motivo de esa actuación (DVD-1 foja 141); sin embargo, en acuerdo de diecinueve de septiembre del año que cursa (foja 143) se reservó proveer sobre tal información hasta que la sentencia de amparo adquiriera firmeza. En acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 149 a 153) se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria; y, se declaró sin materia que el cumplimiento de la sentencia de amparo por cuanto hace a María Carlos Nambo, en atención a lo informado por la autoridad responsable en el oficio y anexo referidos en el párrafo que antecede, por lo que se requirió el cumplimiento de la ejecutoria únicamente respecto del quejoso José Froylán López Morales. Así, mediante oficio 13958/2018/JC de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 165), la jueza de control responsable comunicó las gestiones realizadas para cumplir la sentencia de amparo, pues informó que dejó sin efectos el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial administrativa 812/2018/PUEBLA y señaló las nueve horas del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de revisión de medida cautelar respecto de José Froylán López Morales. Por ello, en acuerdo de veintisiete de septiembre de la presente anualidad (foja 166), se requirió a la autoridad responsable para que, una vez celebrada esa audiencia, lo comunicara a esta autoridad. Mediante oficio 14073/2018/JC de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (foja 168) Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, comunicó que en audiencia celebrada en esa data en la causa penal de origen, resolvió lo relativo a la revisión, modificación o sustitución de la medida cautelar solicitada por el aquí quejoso José Froylán López Morales y envió el registro de audio y video generado con motivo de dicha audiencia (foja 169 -DVD 2-). A las documentales referidas consistentes en los discos versátiles digitales remitidos por la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, pues de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicabilidad, en cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." De cuyo contenido se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la jueza responsable realizó lo siguiente: 1. En acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dejó sin efectos el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial administrativa 812/2018/PUEBLA y señalo las nueve horas del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de revisión de medidas cautelares respecto de José Froylán López Morales (foja 165). 2. En audiencia celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, realizó lo siguiente: a) La juez de control responsable declaró abierta la audiencia (09:31:16 DVD 2), y cuestionó al quejoso José Froylán López Morales si deseaba designar como sus defensores a Carlos Sánchez Serrano y Arturo Reyes García (09:34:41 DVD 2); el imputado respondió que sí (09:34:42 DVD 2). b) Los defensores particulares nombrados aceptaron y protestaron el cargo conferido por el peticionario de amparo (09:34:46 a 09:34:53 DVD 2). c) La jueza responsable reiteró que dejó sin efectos el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial administrativa de origen (09:37:49 DVD 2). d) En uso de la voz, el defensor particular de José Froylán López Morales expresó que, como fue diverso defensor del quejoso quien solicitó la revisión de la medida cautelar, se impuso de los registros contenidos en la carpeta judicial administrativa de origen y expresó que tiene pleno conocimiento de las actuaciones realizadas en ese expediente (09:38:26 DVD 2). e) Dicho profesionista manifestó que no coincide en que hayan variado de manera objetiva las condiciones en las que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria contra su representado (09:40:08 DVD 2), y señaló que hizo saber a su defendido, aquí quejoso, que puede obtener su libertad mediante diversas formas de terminación anticipada del procedimiento; por lo que el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, presentó un escrito ante el agente del Ministerio Público Jorge Luis Herrera Velazco, en el que manifestaron su deseo de optar por una terminación anticipada consistente en el procedimiento abreviado (09:40:22 DVD 2) y reiteró que no coincide que, hasta ese momento, hayan variado objetivamente las condiciones en que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria (09:41:07 a 09:41:19 DVD 2). f) La jueza de control responsable preguntó a José Froylán López Morales si le fue explicado previamente lo que su defensor particular manifestó (09:41:23 DVD 2), a lo que contestó que sí (09:41:37 DVD 2); asimismo, lo cuestionó si coincide con las manifestaciones de su defensor (09:41:41 DVD 2) y el quejoso nuevamente respondió que sí (09:41:57 DVD 2). g) La juez concedió el uso de la voz al fiscal y en uso de la voz manifestó que coincide con lo manifestado por el defensor particular del imputado, en relación a que no han variado las condiciones en que se impuso la medida cautelar y confirmó que la defensa del encausado presentó un escrito para solicitar la terminación anticipada, por lo que afirmó que se encuentra realizando las gestiones necesarias para la autorización de ese procedimiento (09:42:03 a 09:43:48 DVD 2). h) La jueza de control responsable declaró cerrada la intervención de la partes, estableció que al no existir controversia sobre la revisión de medida cautelar no existe materia para atender dicha petición de revisar, modificar y en su caso, sustituir la medida cautelar de prisión preventiva necesaria en que se encuentra José Froylán López Morales (09:44:00 a 09:46:47 DVD 2). En atención a lo expuesto, se advierte que, si bien la autoridad responsable Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla no analizó la procedencia de la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria en que se encuentra el peticionario de amparo, ello obedeció a que su nuevo defensor particular expresó que no considera que hayan variado objetivamente las condiciones en que aquella se impuso, y manifestó su deseo de optar por una terminación anticipada, consistente en el procedimiento abreviado, lo que fue consentido expresamente por el imputado, aquí quejoso. Así mismo, es importante reiterar que, por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, esta autoridad declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo por cuanto hace a María Carlos Nambo debido a que la juzgadora responsable le concedió el beneficio de suspensión condicional del proceso, suspendió la medida cautelar de prisión preventiva necesaria y ordenó su libertad (fojas 149 a 153). Por ello, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Control de la Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla, así como con un disco versátil digital que anexa, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber cumplido con la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con el diverso oficio integrado en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 166), dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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