María Blanca Guevara Espinosa

Expediente 43/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 87 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
43/2015
Año
2015
Actuaciones
87
Última actuación
10/10/2019

Partes del expediente

  • María Blanca Guevara Espinosa
  • MARÍA BLANCA GUEVARA ESPINOSA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 87.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil diecinueve.Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el acuerdo dictado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 639 a 644 tomo V), mediante el cual, se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciocho de septiembre al ocho de octubre de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III, del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida.Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en el duplicado.Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la copia certificada del expediente expropiatorio 2/2014, que remitió la autoridad responsable Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, con la que se ordenó formar los anexos I y II (foja 842 del tomo II), devuélvansele los mismos a dicha autoridad y requiérasele, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo respectivo.Se apercibe a la autoridad citada que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    --publicación aviso-- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 09 DE septiembre DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, que a la fecha de este proveído feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (fojas 622 y 623 del tomo V), a efecto que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables Director Jurídico de lo Contencioso, por sí y en representación del Secretario General de Gobierno y, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y, la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a la sentencia de amparo; sin que haya realizado pronunciamiento alguno sobre el particular. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar, de oficio, si la ejecutoria emitida en este asunto, fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de diez de julio de dos mil dieciocho (fojas 569 a 603, tomo IV), dictada en este juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la parte quejosa, para los siguientes efectos: ".1. Únicamente respecto al predio relacionado con la parte aquí quejosa, identificado con el número 437, ubicado la calle 12 Poniente, entre 3 y 5 Norte, en San Andrés Cholula, Puebla, y sólo respecto de la superficie de 19.66 metros cuadrados de dicho predio, pues como se analizó con anterioridad, el total del predio de los quejosos comprende 360.49 metros cuadrados y la parte que ya no era requerida por causa de utilidad pública era de 340.83 metros cuadrados, de manera que los citados 19.66 metros aún continúan afectados con el decreto expropiatorio de veinticinco de agosto de dos mil catorce; cuya propiedad se atribuyó únicamente a José Fernando Margarito Guevara Espinosa o José Fernando Margarito Guevara Espinoza; dejen sin efectos lo actuado en el procedimiento de expropiación 2/2014, que culminó con el Decreto expropiatorio de veinticinco de agosto de dos mil catorce, así como todas las consecuencias derivadas del citado procedimiento; y, 2. En el supuesto de que consideren nuevamente que deben afectar la porción del predio que defienden los quejosos, descrito en el cuerpo de esta sentencia, ordenen emplazarlos al procedimiento respectivo. La concesión del amparo se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Secretario de Finanzas y Administración y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Puebla, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de los actos controvertidos. [.]" [foja 603, tomo IV]. Inconformes con tal resolución, las autoridades responsables Gobernador del Estado de Puebla, por conducto de su consejero jurídico, Director Jurídico de lo Contencioso, por sí y en representación del Secretario General de Gobierno y, de la Directora General de Asuntos Jurídicos, interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer, por razón de turno, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; autoridad que lo radicó con el número de toca R.A. 370/2018 de su índice (fojas 310 Bis a 312, tomo V), lo admitió a trámite y, en ejecutoria correspondiente a la sesión de diecinueve de junio de dos mil diecinueve [fojas 318 a 375, tomo V], resolvió dicho medio de impugnación en los siguientes términos: ".PRIMERO.- Queda intocado el sobreseimiento expresado en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En la materia del recurso competencia delegada del tribunal colegiado, se confirma dicho fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a MARÍA BLANCA GUEVARA ESPINOSA y FERNANDO RODRÍGUEZ GUEVARA, en contra de las restantes autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de la presente de la presente ejecutoria, para los efectos indicados en la sentencia recurrida. [...]" Luego, ante la confirmación de la Superioridad, en relación con la sentencia recurrida, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en acuerdo de uno de julio de dos mil diecinueve [fojas 376 a 378, tomo V), se requirió a las autoridades responsables Gobernador, Secretario General de Gobierno, Directora de Asuntos Jurídicos, Directora Jurídica de lo Contencioso, estas últimas de la Secretaría General de Gobierno, y Secretario de Finanzas y Administración, todos del Estado de Puebla, para que en el término de tres días, contados a partir que surtiera efectos la notificación respectiva, dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los siguientes términos: "1. Únicamente respecto al predio relacionado con la parte aquí quejosa, identificado con el número 437, ubicado la calle 12 Poniente, entre 3 y 5 Norte, en San Andrés Cholula, Puebla, y sólo respecto de la superficie de 19.66 metros cuadrados de dicho predio, pues como se analizó con anterioridad, el total del predio de los quejosos comprende 360.49 metros cuadrados y la parte que ya no era requerida por causa de utilidad pública era de 340.83 metros cuadrados, de manera que los citados 19.66 metros aún continúan afectados con el decreto expropiatorio de veinticinco de agosto de dos mil catorce; cuya propiedad se atribuyó únicamente a José Fernando Margarito Guevara Espinosa o José Fernando Margarito Guevara Espinoza; dejen sin efectos lo actuado en el procedimiento de expropiación 2/2014, que culminó con el Decreto expropiatorio de veinticinco de agosto de dos mil catorce, así como todas las consecuencias derivadas del citado procedimiento; y, 2. En el supuesto de que consideren nuevamente que deben afectar la porción del predio que defienden los quejosos, descrito en el cuerpo de esta sentencia, ordenen emplazarlos al procedimiento respectivo. La concesión del amparo se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Secretario de Finanzas y Administración y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Puebla, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de los actos controvertidos." Así, mediante oficio SGG/SJ/DGAJ/DJCO/1014/2019, recibido el cinco de julio de dos mil diecinueve, en este Juzgado de Distrito [fojas 417 a 419, tomo V], el Director Jurídico de lo Contencioso, por sí y en representación jurídica del Secretario General de Gobierno y, de la Directora General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, en cumplimiento a la sentencia de amparo, remitió copia certificada del acuerdo de dos de julio de este año, dictado dentro del expediente de expropiación 2/2014, que se tramita en esa Dirección, en el que se dejó sin efecto, todo lo actuado en ese procedimiento, que culminó con el Decreto Expropiatorio de veinticinco de agosto de dos mil catorce, únicamente por cuanto hace al predio relacionado con la parte quejosa María Blanca Guevara Espinosa y Fernando Rodríguez Guevara, identificado con el número cuatrocientos treinta y siete, ubicado en la calle Doce Poniente, entre la Tres y la Cinco Norte, en San Andrés Cholula, Puebla y, sólo respecto de la superficie de 19.66 metros cuadrados de dicho predio. Asimismo, mediante diverso comunicado SGG/SJ/DGAJ/DJCO/1032/2019, la potestad responsable Director Jurídico de lo Contencioso de la Secretaría General de Gobierno, remitió copia certificada de la lista de notificación practicada el tres de julio del año en curso, a María Blanca Guevara Espinosa, Fernando Rodríguez Guevara y, a las demás partes, respecto del acuerdo de dos de ese mes y año, dictado en el expediente administrativo de expropiación 2/2014, así como la certificación de publicación respectiva [fojas 435 a 441, tomo V]. Por su parte, las autoridades responsables: Gobernador del Estado de Puebla y, el entonces, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de sus respectivos representantes, solicitaron una prórroga para cumplir con la ejecutoria dictada en este juicio; de ahí, que en proveídos de ocho y diez de julio de esta anualidad, se les otorgó el plazo solicitado para el fin indicado [fojas 429 a 431, 442 y 443, tomo V]. Una vez transcurrida la prórroga otorgada a las aludidas responsables, informaron lo siguiente: Mediante oficio CJG-CGJ-DAMP-1103/2019, de dieciséis de julio del actual (foja 449, tomo V), el Gobernador del Estado de Puebla, a través de su Consejera Jurídica, remitió copia certificada de la determinación pronunciada en la misma data, en la que en lo que aquí interesa, asentó: "PRIMERO. En estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, en representación del Gobernador del Estado de Puebla, y con las facultades que me fueron conferidas por disposición de Ley, PROCEDO A DEJAR EXPRESAMENTE INSUBSISTENTE el Decreto del Ejecutivo del Estado por el que expropia por Causa de Utilidad Pública, las superficies delimitadas en los cuadros de construcción, descritos en el numeral 2 de los considerandos del presente Decreto, inmuebles que serán destinados para la protección, conservación y restauración de parte de las poblaciones de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, publicado en fechas veintiséis, veintisiete y veintiocho de agosto de dos mil catorce, respectivamente, en el Periódico Oficial del Estado, ÚNICAMENTE en lo que corresponde a la superficie de 19.66 (diecinueve punto sesenta y seis) metros cuadrados, del predio identificado con el número 437, ubicado (sic) la calle 12 Poniente, entre 3 y 5 Norte, en San Andrés Cholula, Puebla, propiedad de los quejosos, María Blanca Guevara Espinosa y Fernando Rodríguez Guevara." (Foja 452, tomo V). Además, de dicha resolución, se advierte que la Consejera Jurídica, en representación de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Puebla, ordenó girar los oficios correspondientes al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla y a los Titulares de las Secretarías General de Gobierno y de Finanzas y Administración, para que, en su orden, conforme a sus facultades, procedieran a la cancelación de la inscripción del citado Decreto Expropiatorio y, dejaran sin efecto la ocupación de la superficie señalada en el primer punto resolutivo - que corresponde a los aquí quejosos- (foja 452 vuelta, tomo V). Así las cosas, por acuerdo de veintidós de julio del actual, se requirió al Gobernador del Estado de Puebla, a través de su Consejera Jurídica, para que remitiera copia certificada de las constancias de notificación practicadas a los aquí quejosos, así como las relativas a la cancelación del Decreto Expropiatorio en cuestión (foja 458, tomo V). Mediante oficio CJG-CGJ-DAMP-1131/2019, la Consejera Jurídica del Gobernador del Estado de Puebla, en representación de éste último, remitió copia fotostática certificada de las constancias relativas al acuerdo de trámite de veintidós de julio del año en curso, pronunciado en el expediente administrativo de expropiación 2/2014, así como de la notificación practicada a los quejosos mediante lista de veintitrés de julio siguiente (fojas 520, 521 y 525 a 537, tomo V). Por misiva SGG/SJ/DGAJ/DJCO/1092/2019, de veintitrés de julio siguiente, el Director Jurídico de lo Contencioso de la Secretaría General de Gobierno, en representación jurídica del Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla y de la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno (foja 461, tomo V), remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de julio del año en curso, dictado en el expediente 2/2014 que se tramita en esa Dirección, así como la notificación respectiva (fojas 462 a 473, tomo V). Por acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 554 y 555, tomo V), previas gestiones realizadas por este juzgado, se tuvo a la Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla, remitiendo copia certificada de la constancia que le fue requerida mediante oficio 311 derivado de proveído de veintiséis de julio del año en curso (fojas 538 a 540, tomo V), consistente en la inscripción del oficio CJG-CGJ-DAMP-1102/2019, signado por la Consejera Jurídica del Gobernador del Estado de Puebla, asentada en la partida 84, del Libro 10, tomo 2, de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, relacionado con el predio de la parte quejosa, identificado con el número 437, ubicado en la calle 12 Poniente, entre 3 y 5 Norte, en San Andrés Cholula, Puebla, sólo respecto de la superficie de 19.66 metros cuadrado de ese inmueble. Por su parte, el entonces Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla (ahora Secretario de Planeación y Finanzas) por conducto de su representante, a través de la comunicación SFA-CGJ-(31)-3081/2019 (foja 480), realizó diversas manifestaciones en torno a la imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio y remitió copia certificada del Acta Notarial de Fe de Hechos, redactada por el Notario Público Número Uno de Distrito Judicial de Cholula, Puebla, protocolizada mediante instrumento notarial número 25,241 (veinticinco mil doscientos cuarenta y uno), volumen 375 (trescientos setenta y cinco), pues señaló que la Secretaría que representa nunca tomó posesión del predio de que se trata, por lo que no existía acción pendiente por realizar de su parte, sobre el inmueble en cuestión. Entonces, de las constancias reseñadas se aprecia, que en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Gobernador, Secretario General de Gobierno, Directora de Asuntos Jurídicos y Directora Jurídica de lo Contencioso, estas últimas de la Secretaría General de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, realizaron lo siguiente: El Director Jurídico de lo Contencioso, por sí y en representación jurídica del Secretario General de Gobierno y, de la Directora General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría General de Gobierno, en cumplimiento a la sentencia de amparo, por acuerdo de dos de julio de este año, dictado dentro del expediente de expropiación 2/2014, que se tramita en esa Dirección, dejó sin efecto todo lo actuado en ese procedimiento, que culminó con el Decreto Expropiatorio de veinticinco de agosto de dos mil catorce, únicamente respecto del predio relacionado con los aquí quejosos María Blanca Guevara Espinosa y Fernando Rodríguez Guevara, identificado con el número cuatrocientos treinta y siete, ubicado en la calle Doce Poniente, entre la Tres y la Cinco Norte, en San Andrés Cholula, Puebla y, sólo respecto de la superficie de 19.66 metros cuadrados de dicho predio. Mientras que, el Gobernador del Estado de Puebla, por conducto de su representante, por resolución de dieciséis de julio de mil diecinueve, dejó insubsistente el Decreto Expropiatorio de veinticinco de agosto de dos mil catorce, únicamente respecto del predio relacionado a los quejosos María Blanca Guevara Espinosa y Fernando Rodríguez Guevara, identificado con el número cuatrocientos treinta y siete, ubicado en la calle Doce Poniente, entre la Tres y la Cinco Norte, en San Andrés Cholula, Puebla y, sólo respecto de la superficie de 19.66 metros cuadrados de dicho predio (fojas 450 a 454, tomo V). Además, ordenó la cancelación de la inscripción de tal Decreto, a la Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla; mientras que, al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, mandó dejar sin efecto la ocupación de la superficie indicada de 19.66 metros cuadrados; y, en ese sentido, la primera de las nombradas, procedió a la inscripción del oficio CJG-CGJ-DAMP-1102/2019, signado por la Consejera Jurídica del Gobernador del Estado de Puebla, la cual quedó asentada en la partida 84, del Libro 10, tomo 2, de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, y el segundo, informó que nunca tomó posesión del predio de mérito. Sin embargo, en auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve (fojas 574 a 581 del tomo V), se consideró que no se cumplieron a cabalidad, los lineamientos establecidos en el sentencia protectora, de modo que se requirió nuevamente a las autoridades responsables Gobernador, Secretario General de Gobierno, Directora de Asuntos Jurídicos y Director Jurídico de lo Contencioso, ambos de la Secretaría General de Gobierno, Secretario de Finanzas y Administración (ahora Secretario de Planeación y Finanzas), todos del Estado de Puebla, para que restituyeran materialmente a la parte quejosa en la posesión de la superficie de diecinueve punto sesenta y seis metros cuadrados, del predio identificado con el número cuatrocientos treinta y siete, ubicado en la calle Doce Poniente, entre la Tres y la Cinco Norte, en San Andrés Cholula, Puebla. En ese sentido, por auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se recibieron los oficios SG/SJ/DGAJ/00106/2019 y SFA-CGJ-(31)-3482/19, signados respectivamente, por el Director Jurídico de lo Contencioso, por sí y en representación de la Directora General de Asuntos Jurídicos y, del Secretario de Gobernación, así como por la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas, mediante los cuales, remitieron copias certificadas de diversas constancias que obran en el expediente de expropiación 2/2014, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, de las que se advierte, el acta levantada el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en el multicitado inmueble, con la comparecencia del Director Jurídico de lo Contencioso, en representación de la Secretaría de Gobernación; del Subdirector de Bienes Muebles e Inmuebles, en representación de la Secretaría de Finanzas y Administración; de Juan Carlos Michijua Calderón, perito topógrafo del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla; de la quejosa María Blanca Guevara Espinosa y Marylupe Guevara Espinosa, en representación de Fernando Rodríguez Guevara, en la que, en primer término, el perito topógrafo identificó plenamente la superficie de 19.66 metros cuadrados del inmueble identificado con el número 437, de la calle 12 Poniente, entre 3 y 5 Norte, en San Andrés Cholula, Puebla y, posteriormente, se restituyó la posesión a María Blanca Guevara Espinosa, en representación de Fernando Rodríguez Guevara, respecto de la citada superficie. En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, que a la fecha de este proveído feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (fojas 622 y 623 del tomo V), a efecto que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables Director Jurídico de lo Contencioso, por sí y en representación del Secretario General de Gobierno y, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y, la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a la sentencia de amparo; sin que haya realizado pronunciamiento alguno sobre el particular. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar, de oficio, si la ejecutoria emitida en este asunto, fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de diez de julio de dos mil dieciocho (fojas 569 a 603, tomo IV), dictada en este juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la parte quejosa, para los siguientes efectos: ".1. Únicamente respecto al predio relacionado con la parte aquí quejosa, identificado con el número 437, ubicado la calle 12 Poniente, entre 3 y 5 Norte, en San Andrés Cholula, Puebla, y sólo respecto de la superficie de 19.66 metros cuadrados de dicho predio, pues como se analizó con anterioridad, el total del predio de los quejosos comprende 360.49 metros cuadrados y la parte que ya no era requerida por causa de utilidad pública era de 340.83 metros cuadrados, de manera que los citados 19.66 metros aún continúan afectados con el decreto expropiatorio de veinticinco de agosto de dos mil catorce; cuya propiedad se atribuyó únicamente a José Fernando Margarito Guevara Espinosa o José Fernando Margarito Guevara Espinoza; dejen sin efectos lo actuado en el procedimiento de expropiación 2/2014, que culminó con el Decreto expropiatorio de veinticinco de agosto de dos mil catorce, así como todas las consecuencias derivadas del citado procedimiento; y, 2. En el supuesto de que consideren nuevamente que deben afectar la porción del predio que defienden los quejosos, descrito en el cuerpo de esta sentencia, ordenen emplazarlos al procedimiento respectivo. La concesión del amparo se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Secretario de Finanzas y Administración y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Puebla, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de los actos controvertidos. [.]" [foja 603, tomo IV]. Inconformes con tal resolución, las autoridades responsables Gobernador del Estado de Puebla, por conducto de su consejero jurídico, Director Jurídico de lo Contencioso, por sí y en representación del Secretario General de Gobierno y, de la Directora General de Asuntos Jurídicos, interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer, por razón de turno, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; autoridad que lo radicó con el número de toca R.A. 370/2018 de su índice (fojas 310 Bis a 312, tomo V), lo admitió a trámite y, en ejecutoria correspondiente a la sesión de diecinueve de junio de dos mil diecinueve [fojas 318 a 375, tomo V], resolvió dicho medio de impugnación en los siguientes términos: ".PRIMERO.- Queda intocado el sobreseimiento expresado en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En la materia del recurso competencia delegada del tribunal colegiado, se confirma dicho fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a MARÍA BLANCA GUEVARA ESPINOSA y FERNANDO RODRÍGUEZ GUEVARA, en contra de las restantes autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de la presente de la presente ejecutoria, para los efectos indicados en la sentencia recurrida. [...]" Luego, ante la confirmación de la Superioridad, en relación con la sentencia recurrida, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en acuerdo de uno de julio de dos mil diecinueve [fojas 376 a 378, tomo V), se requirió a las autoridades responsables Gobernador, Secretario General de Gobierno, Directora de Asuntos Jurídicos, Directora Jurídica de lo Contencioso, estas últimas de la Secretaría General de Gobierno, y Secretario de Finanzas y Administración, todos del Estado de Puebla, para que en el término de tres días, contados a partir que surtiera efectos la notificación respectiva, dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los siguientes términos: "1. Únicamente respecto al predio relacionado con la parte aquí quejosa, identificado con el número 437, ubicado la calle 12 Poniente, entre 3 y 5 Norte, en San Andrés Cholula, Puebla, y sólo respecto de la superficie de 19.66 metros cuadrados de dicho predio, pues como se analizó con anterioridad, el total del predio de los quejosos comprende 360.49 metros cuadrados y la parte que ya no era requerida por causa de utilidad pública era de 340.83 metros cuadrados, de manera que los citados 19.66 metros aún continúan afectados con el decreto expropiatorio de veinticinco de agosto de dos mil catorce; cuya propiedad se atribuyó únicamente a José Fernando Margarito Guevara Espinosa o José Fernando Margarito Guevara Espinoza; dejen sin efectos lo actuado en el procedimiento de expropiación 2/2014, que culminó con el Decreto expropiatorio de veinticinco de agosto de dos mil catorce, así como todas las consecuencias derivadas del citado procedimiento; y, 2. En el supuesto de que consideren nuevamente que deben afectar la porción del predio que defienden los quejosos, descrito en el cuerpo de esta sentencia, ordenen emplazarlos al procedimiento respectivo. La concesión del amparo se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Secretario de Finanzas y Administración y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Puebla, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de los actos controvertidos." Así, mediante oficio SGG/SJ/DGAJ/DJCO/1014/2019, recibido el cinco de julio de dos mil diecinueve, en este Juzgado de Distrito [fojas 417 a 419, tomo V], el Director Jurídico de lo Contencioso, por sí y en representación jurídica del Secretario General de Gobierno y, de la Directora General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, en cumplimiento a la sentencia de amparo, remitió copia certificada del acuerdo de dos de julio de este año, dictado dentro del expediente de expropiación 2/2014, que se tramita en esa Dirección, en el que se dejó sin efecto, todo lo actuado en ese procedimiento, que culminó con el Decreto Expropiatorio de veinticinco de agosto de dos mil catorce, únicamente por cuanto hace al predio relacionado con la parte quejosa María Blanca Guevara Espinosa y Fernando Rodríguez Guevara, identificado con el número cuatrocientos treinta y siete, ubicado en la calle Doce Poniente, entre la Tres y la Cinco Norte, en San Andrés Cholula, Puebla y, sólo respecto de la superficie de 19.66 metros cuadrados de dicho predio. Asimismo, mediante diverso comunicado SGG/SJ/DGAJ/DJCO/1032/2019, la potestad responsable Director Jurídico de lo Contencioso de la Secretaría General de Gobierno, remitió copia certificada de la lista de notificación practicada el tres de julio del año en curso, a María Blanca Guevara Espinosa, Fernando Rodríguez Guevara y, a las demás partes, respecto del acuerdo de dos de ese mes y año, dictado en el expediente administrativo de expropiación 2/2014, así como la certificación de publicación respectiva [fojas 435 a 441, tomo V]. Por su parte, las autoridades responsables: Gobernador del Estado de Puebla y, el entonces, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de sus respectivos representantes, solicitaron una prórroga para cumplir con la ejecutoria dictada en este juicio; de ahí, que en proveídos de ocho y diez de julio de esta anualidad, se les otorgó el plazo solicitado para el fin indicado [fojas 429 a 431, 442 y 443, tomo V]. Una vez transcurrida la prórroga otorgada a las aludidas responsables, informaron lo siguiente: Mediante oficio CJG-CGJ-DAMP-1103/2019, de dieciséis de julio del actual (foja 449, tomo V), el Gobernador del Estado de Puebla, a través de su Consejera Jurídica, remitió copia certificada de la determinación pronunciada en la misma data, en la que en lo que aquí interesa, asentó: "PRIMERO. En estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, en representación del Gobernador del Estado de Puebla, y con las facultades que me fueron conferidas por disposición de Ley, PROCEDO A DEJAR EXPRESAMENTE INSUBSISTENTE el Decreto del Ejecutivo del Estado por el que expropia por Causa de Utilidad Pública, las superficies delimitadas en los cuadros de construcción, descritos en el numeral 2 de los considerandos del presente Decreto, inmuebles que serán destinados para la protección, conservación y restauración de parte de las poblaciones de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, publicado en fechas veintiséis, veintisiete y veintiocho de agosto de dos mil catorce, respectivamente, en el Periódico Oficial del Estado, ÚNICAMENTE en lo que corresponde a la superficie de 19.66 (diecinueve punto sesenta y seis) metros cuadrados, del predio identificado con el número 437, ubicado (sic) la calle 12 Poniente, entre 3 y 5 Norte, en San Andrés Cholula, Puebla, propiedad de los quejosos, María Blanca Guevara Espinosa y Fernando Rodríguez Guevara." (Foja 452, tomo V). Además, de dicha resolución, se advierte que la Consejera Jurídica, en representación de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Puebla, ordenó girar los oficios correspondientes al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla y a los Titulares de las Secretarías General de Gobierno y de Finanzas y Administración, para que, en su orden, conforme a sus facultades, procedieran a la cancelación de la inscripción del citado Decreto Expropiatorio y, dejaran sin efecto la ocupación de la superficie señalada en el primer punto resolutivo - que corresponde a los aquí quejosos- (foja 452 vuelta, tomo V). Así las cosas, por acuerdo de veintidós de julio del actual, se requirió al Gobernador del Estado de Puebla, a través de su Consejera Jurídica, para que remitiera copia certificada de las constancias de notificación practicadas a los aquí quejosos, así como las relativas a la cancelación del Decreto Expropiatorio en cuestión (foja 458, tomo V). Mediante oficio CJG-CGJ-DAMP-1131/2019, la Consejera Jurídica del Gobernador del Estado de Puebla, en representación de éste último, remitió copia fotostática certificada de las constancias relativas al acuerdo de trámite de veintidós de julio del año en curso, pronunciado en el expediente administrativo de expropiación 2/2014, así como de la notificación practicada a los quejosos mediante lista de veintitrés de julio siguiente (fojas 520, 521 y 525 a 537, tomo V). Por misiva SGG/SJ/DGAJ/DJCO/1092/2019, de veintitrés de julio siguiente, el Director Jurídico de lo Contencioso de la Secretaría General de Gobierno, en representación jurídica del Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla y de la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno (foja 461, tomo V), remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de julio del año en curso, dictado en el expediente 2/2014 que se tramita en esa Dirección, así como la notificación respectiva (fojas 462 a 473, tomo V). Por acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 554 y 555, tomo V), previas gestiones realizadas por este juzgado, se tuvo a la Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla, remitiendo copia certificada de la constancia que le fue requerida mediante oficio 311 derivado de proveído de veintiséis de julio del año en curso (fojas 538 a 540, tomo V), consistente en la inscripción del oficio CJG-CGJ-DAMP-1102/2019, signado por la Consejera Jurídica del Gobernador del Estado de Puebla, asentada en la partida 84, del Libro 10, tomo 2, de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, relacionado con el predio de la parte quejosa, identificado con el número 437, ubicado en la calle 12 Poniente, entre 3 y 5 Norte, en San Andrés Cholula, Puebla, sólo respecto de la superficie de 19.66 metros cuadrado de ese inmueble. Por su parte, el entonces Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla (ahora Secretario de Planeación y Finanzas) por conducto de su representante, a través de la comunicación SFA-CGJ-(31)-3081/2019 (foja 480), realizó diversas manifestaciones en torno a la imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio y remitió copia certificada del Acta Notarial de Fe de Hechos, redactada por el Notario Público Número Uno de Distrito Judicial de Cholula, Puebla, protocolizada mediante instrumento notarial número 25,241 (veinticinco mil doscientos cuarenta y uno), volumen 375 (trescientos setenta y cinco), pues señaló que la Secretaría que representa nunca tomó posesión del predio de que se trata, por lo que no existía acción pendiente por realizar de su parte, sobre el inmueble en cuestión. Entonces, de las constancias reseñadas se aprecia, que en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Gobernador, Secretario General de Gobierno, Directora de Asuntos Jurídicos y Directora Jurídica de lo Contencioso, estas últimas de la Secretaría General de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, realizaron lo siguiente: El Director Jurídico de lo Contencioso, por sí y en representación jurídica del Secretario General de Gobierno y, de la Directora General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría General de Gobierno, en cumplimiento a la sentencia de amparo, por acuerdo de dos de julio de este año, dictado dentro del expediente de expropiación 2/2014, que se tramita en esa Dirección, dejó sin efecto todo lo actuado en ese procedimiento, que culminó con el Decreto Expropiatorio de veinticinco de agosto de dos mil catorce, únicamente respecto del predio relacionado con los aquí quejosos María Blanca Guevara Espinosa y Fernando Rodríguez Guevara, identificado con el número cuatrocientos treinta y siete, ubicado en la calle Doce Poniente, entre la Tres y la Cinco Norte, en San Andrés Cholula, Puebla y, sólo respecto de la superficie de 19.66 metros cuadrados de dicho predio. Mientras que, el Gobernador del Estado de Puebla, por conducto de su representante, por resolución de dieciséis de julio de mil diecinueve, dejó insubsistente el Decreto Expropiatorio de veinticinco de agosto de dos mil catorce, únicamente respecto del predio relacionado a los quejosos María Blanca Guevara Espinosa y Fernando Rodríguez Guevara, identificado con el número cuatrocientos treinta y siete, ubicado en la calle Doce Poniente, entre la Tres y la Cinco Norte, en San Andrés Cholula, Puebla y, sólo respecto de la superficie de 19.66 metros cuadrados de dicho predio (fojas 450 a 454, tomo V). Además, ordenó la cancelación de la inscripción de tal Decreto, a la Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla; mientras que, al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, mandó dejar sin efecto la ocupación de la superficie indicada de 19.66 metros cuadrados; y, en ese sentido, la primera de las nombradas, procedió a la inscripción del oficio CJG-CGJ-DAMP-1102/2019, signado por la Consejera Jurídica del Gobernador del Estado de Puebla, la cual quedó asentada en la partida 84, del Libro 10, tomo 2, de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, y el segundo, informó que nunca tomó posesión del predio de mérito. Sin embargo, en auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve (fojas 574 a 581 del tomo V), se consideró que no se cumplieron a cabalidad, los lineamientos establecidos en el sentencia protectora, de modo que se requirió nuevamente a las autoridades responsables Gobernador, Secretario General de Gobierno, Directora de Asuntos Jurídicos y Director Jurídico de lo Contencioso, ambos de la Secretaría General de Gobierno, Secretario de Finanzas y Administración (ahora Secretario de Planeación y Finanzas), todos del Estado de Puebla, para que restituyeran materialmente a la parte quejosa en la posesión de la superficie de diecinueve punto sesenta y seis metros cuadrados, del predio identificado con el número cuatrocientos treinta y siete, ubicado en la calle Doce Poniente, entre la Tres y la Cinco Norte, en San Andrés Cholula, Puebla. En ese sentido, por auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se recibieron los oficios SG/SJ/DGAJ/00106/2019 y SFA-CGJ-(31)-3482/19, signados respectivamente, por el Director Jurídico de lo Contencioso, por sí y en representación de la Directora General de Asuntos Jurídicos y, del Secretario de Gobernación, así como por la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas, mediante los cuales, remitieron copias certificadas de diversas constancias que obran en el expediente de expropiación 2/2014, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, de las que se advierte, el acta levantada el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en el multicitado inmueble, con la comparecencia del Director Jurídico de lo Contencioso, en representación de la Secretaría de Gobernación; del Subdirector de Bienes Muebles e Inmuebles, en representación de la Secretaría de Finanzas y Administración; de Juan Carlos Michijua Calderón, perito topógrafo del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla; de la quejosa María Blanca Guevara Espinosa y Marylupe Guevara Espinosa, en representación de Fernando Rodríguez Guevara, en la que, en primer término, el perito topógrafo identificó plenamente la superficie de 19.66 metros cuadrados del inmueble identificado con el número 437, de la calle 12 Poniente, entre 3 y 5 Norte, en San Andrés Cholula, Puebla y, posteriormente, se restituyó la posesión a María Blanca Guevara Espinosa, en representación de Fernando Rodríguez Guevara, respecto de la citada superficie. En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos los oficios SG/SJ/DGAJ/00106/2019 y SFA-CGJ-(31)-3482/19, signados respectivamente por el Director Jurídico de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas, mediante los cuales, dan cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este sumario constitucional el primero de julio de dos mil diecinueve [fojas 376 a 378] y, al efecto, remiten copias certificadas de diversas constancias que obran en el expediente de expropiación 2/2014, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Gobernación. En consecuencia, con el contenido de los oficios agregados, dese vista al quejoso, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga; apercibido que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por las autoridades oficiantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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