Maria Alejandra Montes Espinosa
Expediente 644/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Alejandra Montes Espinosa
- Comandante Adscrito A la Agencia Estatal de Investigación Encargado del Área de Seguridad, de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
- Angel Guizado Barrientos (Defensor)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintidós. I. ADQUIERE FIRMEZA AUTO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto dictado el treinta de junio de dos mil veintidós, la cual sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, depuracio´n, destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), así como, en términos de la fracción III, párrafo cuarto de la sección relativa a los "Expedientes que Corresponde Clasificar como Depurables o Destruibles por los Juzgados de Distrito de Conformidad con el Punto Vigésimo Primero" del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el presente juicio de amparo, y se decretó de plano la suspensión de los actos que reclamó la parte quejosa, no es de relevancia documental, y es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, por lo que se deberán conservar las actuaciones relativas a la concesión de dicha medida cautelar, ya que ésta tiene efectos definitivos; sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables; así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil veintidós. Estado de autos Por otra parte, visto el estado de autos se aprecia que la parte quejosa en el presente sumario demandó de las autoridades señaladas como responsables: "(.) ACTOS RECLAMADOS: De la ordenadora reclamo: La injustificada prolongación de la detención de mi representada y directa quejosa MARÍA ALEJANDRA MONTES ESPINOSA dentro de la carpeta de investigación número 11354/2022/FLAGRANCIA, de la unidad de Investigación de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, sin motivo justificado, habiéndose extinguido la acción penal por el otorgamiento de perdón." Ahora bien, el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Flagrancia, C5, informó que: - La restricción por cuanto hace a la libertad de la quejosa obedeció a que fue puesta a disposición de esa autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de la ciudad de Puebla, por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de lesiones, previsto y sancionados por los artículos 305, 306, fracción I, y 310, del Código Penal del Estado de Puebla. - Que el término concedido a esa representación social para realizar las investigaciones necesarias feneció a las quince horas con cincuenta minutos del dieciocho de junio de dos mil veintidós. - Que en atención a la voluntariedad que concurría para las partes la aplicación de lo que establece el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se canalizó a las involucradas a las Unidad de Medios Alternos de Solución al Conflicto de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a efecto de que las partes pudieran celebrar un acuerdo reparatorio y una vez celebrado esto se procedería conforme a lo establecido en el artículo 255, en relación con los diversos 186, 187, 188, 189 y 190, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, a su informe adjuntó el acuerdo de libertad, de diecisiete de junio del año en curso, en el cual expuso: "(.) PRIMERO.- SE DECRETA LA LIBERTAD DURANTE LA INVESTIGACIÓN A FAVOR DE LA IMPUTADA MARÍA ALEJANDRA MONTES ESPINOSA EN ATENCIÓN A QUE LA VÍCTIMA HA OTORGADO SU MAS AMPLIO Y CUMPLIDO PERDÓN QUE EN DERECHO PROCEDA A FAVOR DE LA IMPUTADA DE REFERENCIA. SEGUNDO.- HÁGASE LAS PREVENCIONES DE LEY AL C. MARÍA ALEJANDRA MONTES ESPINOSA. TERCERO.- EN VIRTUD DE QUE EL IMPUTADO (SIC) MARÍA ALEJANDRA MONTES ESPINOSA NO REPRESENTAN PELIGRO PARA LA VÍCTIMA NO ES NECESARIA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN NO CAUTELA. CUARTO.- CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y EL PUNTO SEGUNDO DE LA CIRCULAR 001/2022 DE FECHA 4 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SIGNADA POR EL ENTONCES FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE DECRETA LA INMEDIATA LIBERTAD DEL C. (SIC) MARÍA ALEJANDRA MONTES ESPINOSA ÚNICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE A ESTA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, POR LO QUE SE ORDENA GIRAR OFICIO A LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO PARA QUE LO PONGA (SIC) EN INMEDIATA LIBERTAD Y LA TRASLADE A ESTA OFICINA. (.)" Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Bajo los antecedentes citados, este Juzgador advierte que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se afirma lo anterior, debido a que de las constancias que obran en autos, consta que la quejosa María Alejandra Montes Espinosa, obtuvo su libertad el diecisiete de junio pasado, con motivo del otorgamiento del perdón en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I/011354/2022. En consecuencia, es indudable que respecto de la quejosa María Alejandra Montes Espinosa, cesaron los efectos del acto reclamado, pues fue puesta en libertad. Atento a lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable ya actuó en el sentido pretendido por el quejoso y, por tanto, al no existir más los actos reclamados, han quedado destruidos en forma total e incondicional todos sus efectos. En esa tesitura, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. En consecuencia de lo expuesto, se dejan sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del doce de julio de dos mil veintidós, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil veintidós. Estado de autos Por otra parte, visto el estado de autos se aprecia que la parte quejosa en el presente sumario demandó de las autoridades señaladas como responsables: "(.) ACTOS RECLAMADOS: De la ordenadora reclamo: La injustificada prolongación de la detención de mi representada y directa quejosa MARÍA ALEJANDRA MONTES ESPINOSA dentro de la carpeta de investigación número 11354/2022/FLAGRANCIA, de la unidad de Investigación de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, sin motivo justificado, habiéndose extinguido la acción penal por el otorgamiento de perdón." Ahora bien, el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Flagrancia, C5, informó que: - La restricción por cuanto hace a la libertad de la quejosa obedeció a que fue puesta a disposición de esa autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de la ciudad de Puebla, por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de lesiones, previsto y sancionados por los artículos 305, 306, fracción I, y 310, del Código Penal del Estado de Puebla. - Que el término concedido a esa representación social para realizar las investigaciones necesarias feneció a las quince horas con cincuenta minutos del dieciocho de junio de dos mil veintidós. - Que en atención a la voluntariedad que concurría para las partes la aplicación de lo que establece el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se canalizó a las involucradas a las Unidad de Medios Alternos de Solución al Conflicto de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a efecto de que las partes pudieran celebrar un acuerdo reparatorio y una vez celebrado esto se procedería conforme a lo establecido en el artículo 255, en relación con los diversos 186, 187, 188, 189 y 190, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, a su informe adjuntó el acuerdo de libertad, de diecisiete de junio del año en curso, en el cual expuso: "(.) PRIMERO.- SE DECRETA LA LIBERTAD DURANTE LA INVESTIGACIÓN A FAVOR DE LA IMPUTADA MARÍA ALEJANDRA MONTES ESPINOSA EN ATENCIÓN A QUE LA VÍCTIMA HA OTORGADO SU MAS AMPLIO Y CUMPLIDO PERDÓN QUE EN DERECHO PROCEDA A FAVOR DE LA IMPUTADA DE REFERENCIA. SEGUNDO.- HÁGASE LAS PREVENCIONES DE LEY AL C. MARÍA ALEJANDRA MONTES ESPINOSA. TERCERO.- EN VIRTUD DE QUE EL IMPUTADO (SIC) MARÍA ALEJANDRA MONTES ESPINOSA NO REPRESENTAN PELIGRO PARA LA VÍCTIMA NO ES NECESARIA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN NO CAUTELA. CUARTO.- CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y EL PUNTO SEGUNDO DE LA CIRCULAR 001/2022 DE FECHA 4 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SIGNADA POR EL ENTONCES FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE DECRETA LA INMEDIATA LIBERTAD DEL C. (SIC) MARÍA ALEJANDRA MONTES ESPINOSA ÚNICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE A ESTA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, POR LO QUE SE ORDENA GIRAR OFICIO A LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO PARA QUE LO PONGA (SIC) EN INMEDIATA LIBERTAD Y LA TRASLADE A ESTA OFICINA. (.)" Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Bajo los antecedentes citados, este Juzgador advierte que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se afirma lo anterior, debido a que de las constancias que obran en autos, consta que la quejosa María Alejandra Montes Espinosa, obtuvo su libertad el diecisiete de junio pasado, con motivo del otorgamiento del perdón en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I/011354/2022. En consecuencia, es indudable que respecto de la quejosa María Alejandra Montes Espinosa, cesaron los efectos del acto reclamado, pues fue puesta en libertad. Atento a lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable ya actuó en el sentido pretendido por el quejoso y, por tanto, al no existir más los actos reclamados, han quedado destruidos en forma total e incondicional todos sus efectos. En esa tesitura, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. En consecuencia de lo expuesto, se dejan sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del doce de julio de dos mil veintidós, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintidós********************Visto, el estado procesal de autos, se aprecia que mediante proveído de veinte de junio pasado, se tuvo a la autoridad responsable 1. ********************, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia C5, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, rindiendo su informe respecto de la suspensión de plano concedida en el presente asunto a la directa quejosa ********************, al que adjuntó diversas constancias que obran dentro de la carpeta de investigación ********************, de su estadística, de la que se aprecia que en diligencia dieciséis de junio del actual, la promovente ********************aceptó y protestó el cargo de defensora particular de la aquí quejosa********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento; y en términos del numeral 11, en relación con el diverso 14, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por reconocida la personalidad con la que aquella compareció al presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar********************Notifíquese por lista a las partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-.
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