MARI CARMEN MARTINEZ GUTIERREZ y Otros.
Expediente 1277/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1277/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- MARI CARMEN MARTINEZ GUTIERREZ y Otros.
- Mari Carmen Martinez Gutierrez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente ********************defensor particular de los directos quejosos ********************y******************** interpusiera recurso de queja contra el auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Francisco Javier Rivera Pelcastre defensor particular de los directos quejosos Mari Carmen Martínez Gutiérrez, Melitón Juan Carlos Castro González y Leonel Martínez Gutiérrez y, en atención a su contenido, téngasele desahogando el requerimiento que le fue formulado mediante auto de siete de septiembre. En ese sentido, es de señalarse que el presente juicio SE TRAMITARÁ conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo que aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Establecido lo anterior, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías y del escrito de desahogo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia consiste en el oficio 3800 de la Primera Sala en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el que ordena al Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, que decline competencia al juez competente en Estado de Veracruz, oficio que se tuvo por recibido mediante auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 146/2014. Luego, la suscrita Jueza de Distrito advierte que respecto del acto reclamado consistente apartado tercero de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Amparo vigente que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (..). XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, o de esta Ley" Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". De la lectura de los numerales transcritos se colige que el juicio de amparo procede contra actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un determinado asunto. De igual manera, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, resolvió que ésta no podía interpretarse literalmente para aseverar que por el sólo hecho de tratarse de una cuestión competencial el juicio de amparo es procedente puesto que para ello debe atenderse que no se afecten los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que se destacan en los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado, pero además, que éste sea de carácter definitivo. Ahora, si bien el legislador al crear la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, únicamente introdujo como un acto contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, ello sin especificar las necesarias para que dicho acto pueda ser analizado en su constitucionalidad mediante el juicio biinstancial; entonces, es necesario acudir a la interpretación de la Ley más acorde con el texto de la constitución a fin de cumplir con el principio de supremacía constitucional además de una adecuada y constante aplicación el orden jurídico. Así, tenemos en consideración que en la Constitución Federal se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio de amparo en contra de actos dictados en un juicio o un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, debe entenderse que dichos actos deben producir una afectación y real y actual a la esfera jurídica del gobernado, además de que dicho acto deber contener la característica de ser definitivo. Entonces, aun cuando en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, se haya dispuesto que aquél procedía contra actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, lo cierto es que primero deber superar el examen de procedibilidad citado. Por tanto, ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial (inhibitoria y declinatoria), en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa que deben agotarse (cuando estén previstos) y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso se interpongan y resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerase que el acto de que se trata es definitivo y por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado. En el caso, para dilucidar una cuestión de competencia, es evidente que involucra la participación de dos autoridades, de las cuales, cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia para conocer de determinado asunto. Luego, para dar una interpretación correcta a la fracción VIII, del artículo 107 de la Materia, debe entenderse que la afectación real y actual a los derechos del gobernado, surgen hasta el momento en que la autoridad a quien se le plantea dicha competencia, acepta la misma, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de competencia por inhibitoria). Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. En el caso concreto, el defensor particular de los directos quejosos reclama de las autoridades responsables, la orden por parte de la Sala al juez de primera instancia para que decline competencia al juez competente en el Estado de Veracruz, para que este continuara conociendo de la causa penal. Así, al no existir una determinación por parte de la autoridad competente en que acepte la competencia que le fue declinada por las hoy responsables genera que no exista un acto definitivo, que en el caso concreto sería que el Juez de Veracruz aceptara la competencia; por tanto, no se encuentran cubiertos los requisitos para la procedencia del juicio de amparo. Pues si bien, el acto combatido se refiere a una cuestión competencial decidida en los autos de la causa penal 146/2014, lo cierto es que no es definitiva, para que en términos de la jurisprudencia citada sea procedente el amparo indirecto en su contra y, por ende, su improcedencia es notoria y manifiesta. Esto es, no basta para la procedencia del juicio de amparo indirecto que la autoridad responsable declarara que carecía de competencia para conocer respecto de la causa penal instaurada en contra de los quejosos, sino que es necesario, dado que las cuestiones de incompetencia involucran al menos una segunda autoridad, que existiera un pronunciamiento de esta en el sentido de que aceptaba la competencia para conocer del asunto y, en contra del contra del cual es procedente el juicio de garantías. Así, al no existir acto que torne definitivo al realizado por las autoridades responsables y, por ende, procedente el juicio de amparo indirecto es porque se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII de la Ley de Amparo en conjunto con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocado en el presente auto, lo que conduce a desechar de plano la demanda de garantías, al actualizarse de modo manifiesto e indudable citada. En las relatadas circunstancias, en el caso es dable afirmar que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente en relación con el diverso 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS"
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda presentado por Francisco Javier Rivera Pelcastre defensor particular de los directos quejosos Mari Carmen Martínez Gutiérrez, Melitón Juan Carlos Castro González y Leonel Martínez Gutiérrez, contra actos de los 1. Magistrados Integrantes de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 2. Juez Séptimo de lo Penal en el Distrito Judicial de Puebla, 3. Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado Séptimo de lo Penal en el Distrito Judicial de Puebla, 4. Director del Centro de Reinserción Social en el Distrito Judicial de Puebla, 5. Director General de Centros de Reinserción Social, 6. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 7. Director General de Seguridad Pública y 8. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1277/2016-III-A. Signifíquese que la demanda de cuenta se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos preceptos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, dé cumplimiento con lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, esto es, que narre los antecedentes del caso y otorgue la protesta de conducirse con sujeción a la verdad. Señale cuál es el acto o actos que les reclama a las autoridades responsables ordenadoras, pues en el capítulo relativo al acto reclamado manifiesta que les reclama (de forma general) a "las autoridades ordenadoras el auto de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, pronunciado por el Juez Séptimo de lo Penal en el Distrito Judicial de Puebla", lo anterior sin individualizar que acto o actos les reclama a cada una de las autoridades responsables; y, Si señala un acto reclamado a los Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, narre los antecedentes de dicho acto reclamado, así como los antecedentes de la causa penal 146/2014 del índice del Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.127/99 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la ley de amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Lo anterior es así, ya que la omisión en que incurrió el promovente resulta relevante a efecto de proveer sobre la admisión o no de la demanda, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 fracción V de la Ley de Amparo, es obligación del inconforme narrar los antecedentes del acto que reclama bajo protesta de decir verdad, sin afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto que impugna. Así pues, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para hacer un estudio correcto de la demanda de amparo, pues no se tiene la certeza de la naturaleza del acto reclamado que se pretende combatir. En efecto, es necesario tener plenamente identificado el acto reclamado y sus antecedentes para la debida integración de la litis constitucional, pues constituye una cuestión de orden público que es necesario realizar en aras del mandato de una justicia completa, contenido en el artículo 17 de la Ley Fundamental. También es de destacarse que la interpretación sistemática del artículo 108 fracciones IV y V (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame y narrarse los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados y su antecedentes, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio. Luego, para dar cumplimiento al anterior requerimiento el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación. Con el apercibimiento que de no dar íntegro cumplimiento a la presente prevención en el término indicado (cinco días), se proveerá de conformidad con lo dispuesto en el indicado número 114 de la Ley de Amparo vigente; esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. No se inadvierte que en el primer párrafo de la demanda de amparo el promovente manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que es defensor particular de los quejosos directos; sin embargo, refiere que dicha protesta únicamente lo es para acreditar el carácter de defensor particular de los quejosos, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo y no para colmar el requisito de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. En ese sentido, hágase del conocimiento al promovente que deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes del mismo y del escrito de demanda en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas a las partes. Tienen aplicación a lo anterior por analogía, las tesis emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido se indican a continuación: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la presente prevención, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el y no por conducto de las personas que autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de la demanda. Por otra parte, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que se ordenen en este expediente. En diverso aspecto, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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