Maria Alicia Flores Hernandez

Expediente 1063/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1063/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Maria Alicia Flores Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. A sus autos, el oficio 48565/2022 proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual, adjunta el diverso 36421/2022 signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Ahora, del contenido de la segunda comunicación de referencia, se le tiene informando que por acuerdo de veinte de octubre pasado, en lo que interesa, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. Por lo tanto, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto quede firme el auto de once de octubre pasado. Notifíquese por lista a la parte promovente.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil veintidós. Intégrese, el escrito signado por la parte promovente María Alicia Flores Hernández, por medio del cual, en atención a lo requerido en auto de seis de octubre pasado, manifiesta lo siguiente: I. Que sí reclama la desposesión de un bien inmueble que alega de su propiedad, ubicado en calle 4 Sur, número 63, del Barrio Las Juanitas, Municipio Guadalupe Victoria, Puebla; I.I Que dicho acto, se lo atribuye a las personas Miguel Peña Mendoza, Luis Antonio Montiel Martínez y Marcelino Montiel Martínez. II. Que reclama la omisión del agente del Ministerio Público Investigador en Turno (quien conoce de la carpeta de investigación FGEP/C01/FIR/GPEVIC-1/010037/2022) de tomar la denuncia de la parte promovente, por los hechos delictivos que acontecieron en diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. III. Que a consecuencia del acto de desposesión, reclama del Juez de Paz del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, la omisión de prestarle el apoyo necesario. Atento a lo anterior, se provee: DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO QUE SEÑALA COMO DESPOSESIÓN ATRIBIDO A LAS PERSONAS MIGUEL PEÑA MENDOZA, LUIS ANTONIO MONTIEL MARTÍNEZ Y MARCELINO MONTIEL MARTÍNEZ. En principio debe precisarse que la peticionaria de amparo acude a esta contienda constitucional, y, reclama a Miguel Peña Mendoza, Luis Antonio Montiel Martínez y Marcelino Montiel Martínez, lo siguiente: -La desposesión de un bien inmueble que alega de su propiedad, ubicado en calle 4 Sur, número 63, del Barrio Las Juanitas, Municipio Guadalupe Victoria, Puebla. Por tanto, respecto del citado acto, esta autoridad federal estima que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II de dicho ordenamiento legal. Los artículos referidos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente en contra de actos de autoridad que vulneren derechos humanos y sus garantías fundamentales. Entendiéndose por autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente del Estado, de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ciertamente, sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar: 1. Las características particulares de aquel a quien se le imputa el acto reclamado; y 2. La naturaleza de este. Bajo tal contexto, no todo acto, aun emitido formalmente por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público, cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En el caso, en la demanda de amparo y el escrito aclaratorio la promovente manifiesta que reclama de Miguel Peña Mendoza, Luis Antonio Montiel Martínez y Marcelino Montiel Martínez, la desposesión del bien inmueble ubicado en calle 4 Sur, número 63, del Barrio Las Juanitas, Municipio Guadalupe Victoria, Puebla, sin embargo, dada la narrativa de los antecedentes, se advierte que no reúnen las características de actos equivalentes de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como anteriormente se analizó. Por lo tanto, se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II de dicho ordenamiento legal; lo que conlleva a DESECHAR LA DEMANDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. DESECHAMIENTO RESPECTO DE LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. En principio, previo análisis de la demanda de amparo y escrito de cuenta, debe precisarse que la parte quejosa acude a esta contienda constitucional; y, reclama del agente del Ministerio Público Investigador en Turno (quien conoce de la carpeta de investigación FGEP/C01/FIR/GPEVIC-1/010037/2022), y otra autoridad, en suma, el siguiente acto: - La omisión de tomar la denuncia de la parte quejosa María Alicia Flores Hernández, por los hechos delictivos que acontecieron en diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Respecto del citado acto reclamado, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie también se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Pues, de la interpretación sistemática de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución, 109, y 258 del Código Nacional, concluyó que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, entre las que destaca las omisiones que comete el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones, a través del medio de defensa innominado previsto en el último numeral citado. Por lo tanto, -indicó- previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, precisó que el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido pueda impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. El Máximo Tribunal del país estableció que la víctima u ofendido del delito tiene el derecho de impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; sin embargo, en la ejecutoria de mérito no se abordó el tema de si el imputado también tenía ese derecho. En ese orden de ideas, el Ministerio Público, como agente investigador, debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; y, al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación. Por su parte, durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En ese orden, el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control; como así lo disponen los artículos 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, este juzgado considera que el imputado también tiene derecho de impugnar, en sede judicial ordinaria, todas las omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora por conducto del medio de defensa previsto en el aludido precepto 258 y, por ende, debe acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de los imputados dentro del proceso penal acusatorio. De entre dichos derechos, se destaca la posibilidad de que se les reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezcan, para lo cual se le concederá el tiempo necesario para tal efecto. En relación con lo anterior, el artículo 216 del Código Nacional establece que durante la investigación, tanto el imputado -cuando haya comparecido o haya sido entrevistado- como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En el entendido de que el Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquéllos que sean conducentes en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición. Ahora bien, el medio de defensa que prevé el artículo 258 del Código Nacional resulta un medio idóneo para impugnar, ante sede judicial, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, tanto en la fase de investigación inicial como en la fase de investigación complementaria. En ese orden de ideas, si bien dicho precepto legal únicamente contempla, en su redacción literal, al ofendido o víctima del delito como sujeto legitimado para intentar el citado medio de defensa, no significa que el imputado no pueda hacerlo, toda vez que ambas partes tienen la misma prerrogativa de solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, por lo que es inconcuso que si existe una omisión o dilación por parte de la representación social en pronunciarse sobre una solicitud en ese sentido, éstas tienen el derecho de acudir ante el juez de control para dirimir esa circunstancia. Ciertamente, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. De modo que no sería acorde con la Constitución ni con el Código Nacional que únicamente la víctima u ofendido tuviera la oportunidad de acudir ante el juez de control para que se subsanaran las irregularidades que -estime- se cometieron o se están cometiendo en la etapa de investigación. Se dice lo anterior, en observancia a las consideraciones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmó en la contradicción de tesis que se analizó en el presente fallo, en el sentido de que si se acude directamente al juicio de amparo antes de agotar el multicitado medio de defensa, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal, porque: 1) Las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación pueden actualizarse tanto en la fase inicial como en la complementaria. Por ello, las posibles consecuencias con la promoción del juicio de amparo en una u otra fase, son distintas. 2) La promoción del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, supone que su trámite y posterior resolución puede encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve en sede judicial ordinaria, ante la posibilidad de que se actualicen las siguientes problemáticas: a) Que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescriba el ejercicio de la acción penal; o, b) Que se cumpla el plazo de investigación complementaria fijado por el juez de control y se cierre la fase respectiva, en cuyo caso la víctima u ofendido ya no tendrían oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio en la investigación del delito, pues concluida una etapa procesal, los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa siguiente. En otras palabras, no tendría sentido que, por una parte, se estableciera que el ofendido o víctima del delito tenga la obligación de agotar el citado recurso para evitar que sucedan esas incidencias en detrimento al natural desarrollo del procedimiento penal y, por otra, se sostuviera que el imputado no tenga esa carga, pues de ser así, el juicio de amparo, en vez de resultar un medio eficaz para reparar violaciones a derechos humanos, supondría un trámite que afectaría la naturaleza del nuevo sistema penal acusatorio y su naturaleza de recurso extraordinario. Aunado a lo anterior, el principio de igualdad procesal que rige al sistema acusatorio, contenido en el artículo 20, apartado A, fracción V, Constitucional y en los numerales 10 y 11 del Código Nacional, conlleva a que las partes gozarán de igualdad procesal para sostener tanto la acusación como la defensa, por lo que podrán aportar todo elemento de prueba con que cuenten e interponer los medios de impugnación que legalmente procedan. Por tanto, analizándolo desde otra perspectiva, el hecho de que el artículo 258 del Código Nacional no contemple expresamente al imputado, no le otorga una prerrogativa adicional para acceder optativamente al juicio de amparo, pues ello transgrediría el principio de igualdad apuntado en perjuicio de la víctima, quien sí debe agotarlo, constituyendo una carga adicional para dicha parte. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que los asuntos derivados del sistema penal acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término, en aras de recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, ello en consonancia con los principios que rigen dicho sistema y la preocupación de la judicatura de hacerlos compatibles con el juicio de amparo. Por lo tanto, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, contra la omisión de tomar la denuncia de la parte quejosa María Alicia Flores Hernández, por los hechos delictivos que acontecieron en diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por parte del agente del Ministerio Público Investigador en Turno (quien conoce de la carpeta de investigación FGEP/C01/FIR/GPEVIC-1/010037/2022), en la especie se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; lo que conlleva a DESECHAR LA DEMANDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y la tesis aislada I.6o.P.123 P (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." "ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que durante la etapa de investigación de un delito, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, como la víctima u ofendido del delito, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado o su defensor, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éstos tienen derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código, que establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por tanto, al no esar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo para el imputado agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial.". INCOMPETENCIA RESPECTO AL ACTO ATRIBUIDO AL JUEZ DE PAZ. Conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte promovente María Alicia Flores Hernández, reclama de la autoridad responsable: 2. Juez de Paz del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla: - La omisión de prestar apoyo respecto diverso acto de desposesión cometido por particulares. Ahora bien, de los antecedentes narrados tanto de la demanda de amparo y su respectivo escrito aclaratorio, se aprecia que dicha parte procesal acudió ante el 2. Juez de Paz del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, para solicitar el apoyo ante lo acontecido el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mismo que refiere dicha parte, se tradujo en la desposesión por parte de las personas Miguel Peña Mendoza, Luis Antonio Montiel Martínez y Marcelino Montiel Martínez, del inmueble ubicado en calle 4 Sur, número 63, del Barrio Las Juanitas, Municipio Guadalupe Victoria, Puebla; y, que dicha autoridad fue omisa al prestar dicho apoyo. De ahí que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y la autoridad responsable, esto es, la omisión por parte del 2. Juez de Paz del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, para brindar apoyo ante lo ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se arriba a la conclusión que se trata de un asunto cuya naturaleza deriva de un acto de carácter administrativo, y por ende, este órgano de amparo carece de competencia legal por razón de la materia para conocer del planteamiento formulado por la promovente. Ello porque, se reitera, atendiendo a la materia de donde derivan el acto reclamado y la autoridad que lo emite, es de naturaleza administrativa. Por tanto, este órgano de Control Constitucional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE MATERIA, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por la parte quejosa. Se invoca en apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Esto, al tomar en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y, 56 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los Juzgados Especializados en Amparo en Materia Penal. En efecto, tal dispositivo legal establece: "ARTICULO 56. Las y los jueces federales penales conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De dicho precepto se obtiene que los asuntos de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en específico y conforme a lo estatuido en la fracción I, son los siguientes: Resoluciones judiciales del orden penal. Actos de autoridad que afecten la libertad personal, con excepción de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. De ahí que, la promovente de amparo al reclamar la omisión de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por parte del 2. Juez de Paz del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, deriva de un procedimiento en materia administrativa y no de algún diverso en materia penal. Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente por razón de la materia para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia legal, POR RAZÓN DE LA MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional, se ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es al que se estima legalmente competente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos. Al efecto, se solicita el acuse de recibo de estilo, en el que se peticiona comedidamente precise si acepta o no la competencia legal de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda. Además, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 18/2020 (este último por cuanto hace a su período de vigencia), ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse los números telefónicos y correos electrónicos proporcionados, únicamente como medio para establecer contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que pueda presentar promociones ni notificarse por ese medio y sólo en casos excepcionales. AUTORIZADOS. Ténganse como autorizados en términos restringidos a las personas que refiere, ya que no proporcionó cédula profesional alguna. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente a la parte promovente y por oficio al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común. Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Nahieli Avendaño Palacios, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Jorge Isaac En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  3. Principal

    (CITATORIO ) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 11 DE OCTUBREDE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil veintidós. Intégrese, el escrito signado por la parte promovente María Alicia Flores Hernández, por medio del cual, en atención a lo requerido en auto de seis de octubre pasado, manifiesta lo siguiente: I. Que sí reclama la desposesión de un bien inmueble que alega de su propiedad, ubicado en calle 4 Sur, número 63, del Barrio Las Juanitas, Municipio Guadalupe Victoria, Puebla; I.I Que dicho acto, se lo atribuye a las personas Miguel Peña Mendoza, Luis Antonio Montiel Martínez y Marcelino Montiel Martínez. II. Que reclama la omisión del agente del Ministerio Público Investigador en Turno (quien conoce de la carpeta de investigación FGEP/C01/FIR/GPEVIC-1/010037/2022) de tomar la denuncia de la parte promovente, por los hechos delictivos que acontecieron en diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. III. Que a consecuencia del acto de desposesión, reclama del Juez de Paz del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, la omisión de prestarle el apoyo necesario. Atento a lo anterior, se provee: DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO QUE SEÑALA COMO DESPOSESIÓN ATRIBIDO A LAS PERSONAS MIGUEL PEÑA MENDOZA, LUIS ANTONIO MONTIEL MARTÍNEZ Y MARCELINO MONTIEL MARTÍNEZ. En principio debe precisarse que la peticionaria de amparo acude a esta contienda constitucional, y, reclama a Miguel Peña Mendoza, Luis Antonio Montiel Martínez y Marcelino Montiel Martínez, lo siguiente: -La desposesión de un bien inmueble que alega de su propiedad, ubicado en calle 4 Sur, número 63, del Barrio Las Juanitas, Municipio Guadalupe Victoria, Puebla. Por tanto, respecto del citado acto, esta autoridad federal estima que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II de dicho ordenamiento legal. Los artículos referidos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente en contra de actos de autoridad que vulneren derechos humanos y sus garantías fundamentales. Entendiéndose por autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente del Estado, de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ciertamente, sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar: 1. Las características particulares de aquel a quien se le imputa el acto reclamado; y 2. La naturaleza de este. Bajo tal contexto, no todo acto, aun emitido formalmente por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público, cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En el caso, en la demanda de amparo y el escrito aclaratorio la promovente manifiesta que reclama de Miguel Peña Mendoza, Luis Antonio Montiel Martínez y Marcelino Montiel Martínez, la desposesión del bien inmueble ubicado en calle 4 Sur, número 63, del Barrio Las Juanitas, Municipio Guadalupe Victoria, Puebla, sin embargo, dada la narrativa de los antecedentes, se advierte que no reúnen las características de actos equivalentes de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como anteriormente se analizó. Por lo tanto, se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II de dicho ordenamiento legal; lo que conlleva a DESECHAR LA DEMANDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. DESECHAMIENTO RESPECTO DE LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. En principio, previo análisis de la demanda de amparo y escrito de cuenta, debe precisarse que la parte quejosa acude a esta contienda constitucional; y, reclama del agente del Ministerio Público Investigador en Turno (quien conoce de la carpeta de investigación FGEP/C01/FIR/GPEVIC-1/010037/2022), y otra autoridad, en suma, el siguiente acto: - La omisión de tomar la denuncia de la parte quejosa María Alicia Flores Hernández, por los hechos delictivos que acontecieron en diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Respecto del citado acto reclamado, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie también se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Pues, de la interpretación sistemática de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución, 109, y 258 del Código Nacional, concluyó que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, entre las que destaca las omisiones que comete el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones, a través del medio de defensa innominado previsto en el último numeral citado. Por lo tanto, -indicó- previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, precisó que el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido pueda impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. El Máximo Tribunal del país estableció que la víctima u ofendido del delito tiene el derecho de impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; sin embargo, en la ejecutoria de mérito no se abordó el tema de si el imputado también tenía ese derecho. En ese orden de ideas, el Ministerio Público, como agente investigador, debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; y, al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación. Por su parte, durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En ese orden, el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control; como así lo disponen los artículos 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, este juzgado considera que el imputado también tiene derecho de impugnar, en sede judicial ordinaria, todas las omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora por conducto del medio de defensa previsto en el aludido precepto 258 y, por ende, debe acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de los imputados dentro del proceso penal acusatorio. De entre dichos derechos, se destaca la posibilidad de que se les reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezcan, para lo cual se le concederá el tiempo necesario para tal efecto. En relación con lo anterior, el artículo 216 del Código Nacional establece que durante la investigación, tanto el imputado -cuando haya comparecido o haya sido entrevistado- como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En el entendido de que el Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquéllos que sean conducentes en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición. Ahora bien, el medio de defensa que prevé el artículo 258 del Código Nacional resulta un medio idóneo para impugnar, ante sede judicial, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, tanto en la fase de investigación inicial como en la fase de investigación complementaria. En ese orden de ideas, si bien dicho precepto legal únicamente contempla, en su redacción literal, al ofendido o víctima del delito como sujeto legitimado para intentar el citado medio de defensa, no significa que el imputado no pueda hacerlo, toda vez que ambas partes tienen la misma prerrogativa de solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, por lo que es inconcuso que si existe una omisión o dilación por parte de la representación social en pronunciarse sobre una solicitud en ese sentido, éstas tienen el derecho de acudir ante el juez de control para dirimir esa circunstancia. Ciertamente, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. De modo que no sería acorde con la Constitución ni con el Código Nacional que únicamente la víctima u ofendido tuviera la oportunidad de acudir ante el juez de control para que se subsanaran las irregularidades que -estime- se cometieron o se están cometiendo en la etapa de investigación. Se dice lo anterior, en observancia a las consideraciones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmó en la contradicción de tesis que se analizó en el presente fallo, en el sentido de que si se acude directamente al juicio de amparo antes de agotar el multicitado medio de defensa, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal, porque: 1) Las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación pueden actualizarse tanto en la fase inicial como en la complementaria. Por ello, las posibles consecuencias con la promoción del juicio de amparo en una u otra fase, son distintas. 2) La promoción del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, supone que su trámite y posterior resolución puede encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve en sede judicial ordinaria, ante la posibilidad de que se actualicen las siguientes problemáticas: a) Que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescriba el ejercicio de la acción penal; o, b) Que se cumpla el plazo de investigación complementaria fijado por el juez de control y se cierre la fase respectiva, en cuyo caso la víctima u ofendido ya no tendrían oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio en la investigación del delito, pues concluida una etapa procesal, los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa siguiente. En otras palabras, no tendría sentido que, por una parte, se estableciera que el ofendido o víctima del delito tenga la obligación de agotar el citado recurso para evitar que sucedan esas incidencias en detrimento al natural desarrollo del procedimiento penal y, por otra, se sostuviera que el imputado no tenga esa carga, pues de ser así, el juicio de amparo, en vez de resultar un medio eficaz para reparar violaciones a derechos humanos, supondría un trámite que afectaría la naturaleza del nuevo sistema penal acusatorio y su naturaleza de recurso extraordinario. Aunado a lo anterior, el principio de igualdad procesal que rige al sistema acusatorio, contenido en el artículo 20, apartado A, fracción V, Constitucional y en los numerales 10 y 11 del Código Nacional, conlleva a que las partes gozarán de igualdad procesal para sostener tanto la acusación como la defensa, por lo que podrán aportar todo elemento de prueba con que cuenten e interponer los medios de impugnación que legalmente procedan. Por tanto, analizándolo desde otra perspectiva, el hecho de que el artículo 258 del Código Nacional no contemple expresamente al imputado, no le otorga una prerrogativa adicional para acceder optativamente al juicio de amparo, pues ello transgrediría el principio de igualdad apuntado en perjuicio de la víctima, quien sí debe agotarlo, constituyendo una carga adicional para dicha parte. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que los asuntos derivados del sistema penal acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término, en aras de recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, ello en consonancia con los principios que rigen dicho sistema y la preocupación de la judicatura de hacerlos compatibles con el juicio de amparo. Por lo tanto, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, contra la omisión de tomar la denuncia de la parte quejosa María Alicia Flores Hernández, por los hechos delictivos que acontecieron en diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por parte del agente del Ministerio Público Investigador en Turno (quien conoce de la carpeta de investigación FGEP/C01/FIR/GPEVIC-1/010037/2022), en la especie se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; lo que conlleva a DESECHAR LA DEMANDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y la tesis aislada I.6o.P.123 P (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." "ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que durante la etapa de investigación de un delito, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, como la víctima u ofendido del delito, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado o su defensor, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éstos tienen derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código, que establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por tanto, al no esar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo para el imputado agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial.". INCOMPETENCIA RESPECTO AL ACTO ATRIBUIDO AL JUEZ DE PAZ. Conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte promovente María Alicia Flores Hernández, reclama de la autoridad responsable: 2. Juez de Paz del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla: - La omisión de prestar apoyo respecto diverso acto de desposesión cometido por particulares. Ahora bien, de los antecedentes narrados tanto de la demanda de amparo y su respectivo escrito aclaratorio, se aprecia que dicha parte procesal acudió ante el 2. Juez de Paz del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, para solicitar el apoyo ante lo acontecido el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mismo que refiere dicha parte, se tradujo en la desposesión por parte de las personas Miguel Peña Mendoza, Luis Antonio Montiel Martínez y Marcelino Montiel Martínez, del inmueble ubicado en calle 4 Sur, número 63, del Barrio Las Juanitas, Municipio Guadalupe Victoria, Puebla; y, que dicha autoridad fue omisa al prestar dicho apoyo. De ahí que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y la autoridad responsable, esto es, la omisión por parte del 2. Juez de Paz del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, para brindar apoyo ante lo ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se arriba a la conclusión que se trata de un asunto cuya naturaleza deriva de un acto de carácter administrativo, y por ende, este órgano de amparo carece de competencia legal por razón de la materia para conocer del planteamiento formulado por la promovente. Ello porque, se reitera, atendiendo a la materia de donde derivan el acto reclamado y la autoridad que lo emite, es de naturaleza administrativa. Por tanto, este órgano de Control Constitucional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE MATERIA, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por la parte quejosa. Se invoca en apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Esto, al tomar en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y, 56 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los Juzgados Especializados en Amparo en Materia Penal. En efecto, tal dispositivo legal establece: "ARTICULO 56. Las y los jueces federales penales conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De dicho precepto se obtiene que los asuntos de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en específico y conforme a lo estatuido en la fracción I, son los siguientes: Resoluciones judiciales del orden penal. Actos de autoridad que afecten la libertad personal, con excepción de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. De ahí que, la promovente de amparo al reclamar la omisión de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por parte del 2. Juez de Paz del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, deriva de un procedimiento en materia administrativa y no de algún diverso en materia penal. Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente por razón de la materia para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia legal, POR RAZÓN DE LA MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional, se ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es al que se estima legalmente competente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos. Al efecto, se solicita el acuse de recibo de estilo, en el que se peticiona comedidamente precise si acepta o no la competencia legal de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda. Además, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 18/2020 (este último por cuanto hace a su período de vigencia), ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse los números telefónicos y correos electrónicos proporcionados, únicamente como medio para establecer contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que pueda presentar promociones ni notificarse por ese medio y sólo en casos excepcionales. AUTORIZADOS. Ténganse como autorizados en términos restringidos a las personas que refiere, ya que no proporcionó cédula profesional alguna. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente a la parte promovente y por oficio al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común. Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Nahieli Avendaño Palacios, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Jorge Isaac En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período.Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. -Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 16/2022; -Que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de octubre de dos mil veintidós al seis de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria.Que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el cinco de octubre de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1063/2022, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PREVENCIÓN.Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, y 114, fracciones I y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del plazo de cinco días computado legalmente, realice lo siguiente: ÚNICO.- Precise si también reclama como acto destacado la desposesión de su propiedad. Ello es así, porque en el apartado de "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO", refiere: "(.) EN MERITO DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 122, 123 124 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO SOLICITO SE ME CONCEDA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO, A AFECTOS DE QUE LA SUSCRITA NO SEA DESPOJADA DE MI PROPIEDAD, DEBIENDOSE SOLICITAR LOS INFORMES PREVIOS (.)". De ahí que, la promovente deberá indicar si reclama como acto destacado la desposesión de su predio a que hace referencia, de ser así, indique la autoridad o las autoridades a quien se lo reclama, proporcione el número de expediente de donde deriva esa orden, la fecha en que tuvo conocimiento, y el domicilio de dicho inmueble.En ese sentido, de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades responsables, debe señalarse con claridad y precisión, ya que este órgano de amparo no puede presumirlo, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales.En efecto, es necesario tener plenamente identificado el acto reclamado y sus antecedentes para la debida integración de la litis constitucional, pues constituye una cuestión de orden público que es necesario realizar en aras del mandato de una justicia completa, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También es de destacarse que la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones IV y V (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame y narrarse los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados y su antecedentes, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados.APERCIBIMIENTOPor lo anterior, se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento íntegro a la presente prevención en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo.Signifíquese a la promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él mismo, y no por autorizado alguno.Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. DOMICILIO.Téngase como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda. Además, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 18/2020 (este último por cuanto hace a su período de vigencia), ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse los números telefónicos y correos electrónicos proporcionados, únicamente como medio para establecer contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que pueda presentar promociones ni notificarse por ese medio y sólo en casos excepcionales.AUTORIZADOS.Ténganse como autorizados en términos restringidos a las personas que refiere, ya que no proporcionó cédula profesional alguna. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA.Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once.INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan.TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN.Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA".Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal.( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente.( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente.

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