Maria Amparo Margarita Sosa Barquet

Expediente 76/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
76/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Juez de Control de Oralidad Penal Y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, En Funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal Y de Ejecución de Todas las Regiones Judiciales del Estado Daniel (Iván Cruz Luna)
  • Maria Amparo Margarita Sosa Barquet

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. I. SENTENCIA CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Isaac En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. Sección: Trámite. Oficial Judicial C: Isaac. "2021, Año de la Independencia" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla Correo eléctrico: 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx Tel:(222) 303 7276 JUICIO DE AMPARO 76/2021-D OFICIO AUTORIDADES RESPONSABLES OF. D.109.1 Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Control de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las regiones judiciales del Estado. OF. D.109.2 Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. OF. D.109.3 Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. OF. D.109.4 Enrique López Criollo, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. OF. D.109.5 Aarón Hernández Chino, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. OF. D.109.6 Rosalva Elena Zarate Herrera, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. OF. D.109.7 Javier Vázquez Fernández, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. OF. D.109.8 Idalia Arciniega Arias, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. OF. D.109.9 Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. OF. D.109.10 María Guadalupe Muñoz Pérez, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. OF. D.109.11 Mirian Huerta Lechuga, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla OF. D.109.12 Magally Escamilla Rodríguez, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. OF. D.109.13 David Rodríguez González, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula. OF. D.109.14 Fernando Martínez Espinosa, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula. OF. D.109.15 Juzgado de Ejecución de Sentencias Itinerante. OF. D.109.16 Kenia Salgado Covarrubias, Jefa de Causas del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro Poniente, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. OF. D.109.17 Francisco Rubén Martínez Iñiguez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. OF. D.109.18 Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. OF. D.109.19 Milton Moctezuma Vega, Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal. OF. D.109.20 Jesús Enrique Palacios Iniestra, Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. OF. D.109.21 Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. OF. D.109.22 Fiscalía General del Estado de Puebla. OF. D.109.23 Fiscalía General de la República. FISCAL ADSCRITO OF. D.109.MPF Agente del Ministerio Público. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 76/2021-D PROMOVIDO POR MARÍA AMPARO MARGARITA SOSA BARQUET, EL DÍA DE HOY SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: "San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. I. SENTENCIA CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Glósese únicamente para que obre como legalmente corresponda, la razón actuarial asentada por el funcionario de la adscripción, en donde manifiesta su imposibilidad de notificar el oficio D-47-16-SP dirigido a la autoridad responsable: Kenya Salgado Covarrubias, Jefa de Causas del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro-Poniente, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; toda vez que en veinticinco de febrero pasado, se sobreseyó en este sumario constitucional. Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de marzo de dos mil veintiuno. Intégrese únicamente para que obre como legalmente corresponda, el telegrama de cuenta del 23. Fiscal General de la República a través de quien legalmente lo representa, por medio del cual pretende rendir su respectivo informe justificado; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, en razón que el veinticinco de febrero pasado, se sobreseyó en el juicio en que se actúa, sin que dicho informe cambie el sentido del fallo. Cúmplase.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 76/2021-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por María Amparo Margarita Sosa Barquet; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida el día hábil siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, María Amparo Margarita Sosa Barquet solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del 1. Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Control de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Administrador General de los juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las regiones judiciales Estado y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas las contenidas en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno (foja 11 a 18), se desechó parcialmente la demanda, respecto del acto reclamado consistente en: La orden de citación para la audiencia inicial de formulación de imputación dictada en su contra. Lo anterior al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, en dicho proveído (veintinueve de enero de dos mil veintiuno), se admitió la demanda de amparo respecto de los restantes actos reclamados, con incidente de suspensión por separado y duplicado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 39). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno (foja 11 a 18), se señalaron las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que María Amparo Margarita Sosa Barquet, en esta instancia constitucional, reclama: a) Las órdenes de aprehensión, detención, comparecencia, presentación en contra de la quejosa, así como su ejecución; y, b) Su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y exclusivamente ante su existencia, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando correspondiente- a las autoridades responsables siguientes: Número AUTORIDADES RESPONSABLES. SENTIDO DEL INFORME. 1 Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Control de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las regiones judiciales del Estado. Niega Foja 40 2 Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla, Niega Foja 43 3 Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega Foja 43 4 Enrique López Criollo, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega Foja 43 5 Aarón Hernández Chino, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega Foja 43 6 Rosalva Elena Zarate Herrera, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla, Niega Foja 43 7 Javier Vázquez Fernández, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega Foja 43 8 Idalia Arciniega Arias, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega Foja 43 9 Rosa Aurora Espejel Prado, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega Foja 43 10 María Guadalupe Muñoz Pérez, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega Foja 43 11 Mirian Huerta Lechuga, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega Foja 43 12 Magally Escamilla Rodríguez, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega Foja 43 13 David Rodríguez González, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula. Niega Foja 42 14 Fernando Martínez Espinosa, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula. Niega Foja 44 15 Juzgado de Ejecución de Sentencias Itinerante. Niega Foja 57, 58 y 59 16 Kenia Salgado Covarrubias, Jefe de Causas del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro Poniente, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Niega Foja 41 17 Francisco Rubén Martínez Iñiguez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. Niega Foja 51 y 52 18 Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. Niega Foja 47 y 48 19 Milton Moctezuma Vega, Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal. Niega Fojas 45 y 46 20 Jesús Enrique Palacios Iniestra, Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. Niega Foja 49 y 50 21 Marcela Elizabhet García Cante, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. Niega Foja 53 y 54 22 Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega Foja 55 23 Fiscalía General de la República. Omitió Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia del acto que a cada una les fue atribuido, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no exista el acto reclamado. Por tanto, correspondía a la quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto de los actos destacados en el considerando segundo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior que aún no se cuente con el informe de la autoridad ejecutora Fiscalía General de la República, en atención a que todas las autoridades ordenadoras negaron los actos reclamados por lo que no es factible que tal potestad lleve a cabo un acto que no es existente. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por María Amparo Margarita Sosa Barquet, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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