Maria Alejandra Andrade Rosales

Expediente 398/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
398/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Maria Alejandra Andrade Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, dígase a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para recuperar y recoger las documentales que exhibió en autos; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Marisol En la propia fecha se giraron el exhorto y los oficios correspondientes y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 15 DE JUNIO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, dígase a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para recuperar y recoger las documentales que exhibió en autos; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Marisol En la propia fecha se giraron el exhorto y los oficios correspondientes y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

  3. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 398/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por María Alejandra Andrade Rosales; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, ante el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado a este juzgado de Distrito, María Alejandra Andrade Rosales solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. La quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y parcial admisión. Por acuerdo dictado el veintinueve de abril del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla acordó lo siguiente: ( Registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 398/2021; ( Desechó la acción constitucional respecto al acto que la quejosa hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/TEPEACA-1/002661/2021, al considerar que contra dicho acto debió interponer el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales -incumplimiento al principio de definitividad-. ( Admitió a trámite el asunto por cuanto al acto que la quejosa hizo consistir en la negativa de entregarle o devolverle el vehículo Marca Hyundai, versión Grand I10 4 puertas GL Sedán Manual 4 cilindros, año 2017, motor G4LAGM979758, número de serie MALA74NC4HM171782, decretada dentro de la carpeta de investigación de origen -con incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Cita para audiencia. En acuerdo de diecisiete de mayo del actual, se fijaron las nueve horas con veintiséis minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto atribuido a autoridades ministeriales con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, de la revisión de los informes justificados y de las constancias de autos, se advierte que la quejosa María Alejandra Andrade Rosales reclama: ( La negativa de entregarle o devolverle el vehículo Marca Hyundai, versión Grand I10 4 puertas GL Sedán Manual 4 cilindros, año 2017, motor G4LAGM979758, número de serie MALA74NC4HM171782, decretada dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/TEPEACA-1/002661/2021. Tercero. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, la quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 1. Fiscal General del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Niega. 30. 2 2. Julio César Flores Tochihuitl, Agente del Ministerio Público a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Acepta parcialmente. 40 y 41. 3 3. Juan Carlos Peralta Carreón, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 39 Tabla Única. En ese sentido, este juzgador considera que no está demostrada la existencia del acto reclamado en la presente instancia constitucional, consistente en la negativa de entregar o devolver a la quejosa el vehículo Marca Hyundai, versión Grand I10 4 puertas GL Sedán Manual 4 cilindros, año 2017, motor G4LAGM979758, número de serie MALA74NC4HM171782, decretada -supuestamente- dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/TEPEACA-1/002661/2021; incluso, si uno de los fiscales antes referidos aceptó parcialmente la existencia del acto. Se explica. De las copias certificadas de la carpeta de investigación de origen, las cuales, por tratarse de un documento público, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierten los siguientes datos: 1. El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se inició la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/TEPEACA-1/002661/2021 como consecuencia de la querella formulada por María Alejandra Andrade Rosales -ahora quejosa- en contra de José Guadalupe Luna Jiménez, por su probable responsabilidad en la comisión de hechos con apariencia de delito. 2. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, se inició el expediente FGEP/EAT/FEIDAI/TEPEACA-I/000466/2021, con la puesta a disposición del vehículo Marca Hyundai, versión Grand I10 4 puertas GL Sedán Manual 4 cilindros, año 2017, motor G4LAGM979758, número de serie MALA74NC4HM171782, el cual fue localizado, en calidad de abandono, en la Calle 10 Sur, Barrio de San Sebastián, Municipio de Tepeaca de Negrete, Puebla. 3. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la quejosa presentó un escrito ante el fiscal investigador, solicitando -entre otras cuestiones- la devolución del automotor de referencia. 4. El ocho de abril de dos mil veintiuno, el fiscal investigador comunicó a la quejosa que se había determinado levantar el aseguramiento del vehículo en comento, por haberse acreditado la propiedad del mismo y, por ende, ordenó su devolución una vez que se tuvieran las diligencias necesarias. 5. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la quejosa y su vendedora María Amelia Aguilar Sabinas comparecieron ante la representación social a fin de que se acreditara plenamente la propiedad del vehículo y de que la segunda ratificara el endoso efectuado en favor de la quejosa dentro de la factura del propio vehículo, por lo que una vez realizado ello, el fiscal acordó -entre otras cuestiones- que la quejosa había acreditado de forma plena la propiedad del bien y, por otro lado, que no había lugar a acordar la expedición de las copias solicitadas para dar de baja las placas de circulación del motor, toda vez que la quejosa no era titular de la concesión de la que derivó ese emplacamiento. En ese tenor, se puede apreciar que no existe determinación alguna del ministerio público en la que haya negado entregar o devolver a la quejosa el vehículo Marca Hyundai, versión Grand I10 4 puertas GL Sedán Manual 4 cilindros, año 2017, motor G4LAGM979758, número de serie MALA74NC4HM171782; por el contrario, existen actuaciones que evidencian que dicho automotor ya no se encuentra asegurado y que se ha ordenado en favor de la quejosa la devolución del mismo. Incluso, lo anterior se corrobora con el informe justificado rendido por el fiscal Julio César Flores Tochihuitl, en donde indicó que la quejosa podía acudir a las instalaciones de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de las nueve horas a las veintiún horas de lunes a viernes para que se lleve a cabo la devolución del vehículo. Por otro lado, las documentales ofrecidas por la quejosa no son idóneas para acreditar la existencia del acto reclamado, sino, en todo caso, lo que en ellas se contiene, es decir: i) que la quejosa es propietaria del vehículo que defiende; ii) que aquélla presentó, con fechas veintiséis de marzo y veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dos escritos ante el aludido fiscal; iii) el deceso de quien dijo fue su concubino -Juan Francisco Juárez López-; y, iv) que Martha Facunda Gutiérrez Rosas es titular del permiso de transporte mercantil 24608. En ese sentido, correspondía a la quejosa la carga procesal probatoria para controvertir los informes respectivos; esto es, acreditar, primero que otra cuestión, la existencia de la negativa combatida. Consecuentemente, al no cumplir con la carga procesal de integrar al juicio de amparo prueba alguna que por su idoneidad pudiese desvirtuar las negativas de las autoridades responsables y acreditar que, como lo afirma, existe un acto de autoridad que le genera perjuicio en su esfera jurídica, no obstante que se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de las autoridades responsables y el acto reclamado. Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por María Alejandra Andrade Rosales, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista a la quejosa María Alejandra Andrade Rosales; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que se encuentran transcurriendo los ocho días que deben mediar entre las vistas otorgadas a las partes por acuerdos dictados el cuatro y diez de mayo de dos mil veintiuno, respecto a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla -por conducto de su representante-, 2. Julio César Flores Tochihuitl, Agente del Ministerio Público a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y 3. Juan Carlos Peralta Carreón, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del día de hoy se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con veintiséis minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Notifíquese por lista a las partes.

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