Marco Antonio Vigil Perez

Expediente 999/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
999/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
20/12/2018

Partes del expediente

  • Marco Antonio Vigil Perez
  • Agente del Ministerio Público Investigador de la Región Sur Oriente de Tehuacán, Puebla (Gerardo Montero Becerra)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta noviembre de dos mil dieciocho (fojas 262 a 269), en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 878/2018 del índice de este juzgado, en el que se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara al quejoso Marco Antonio Vigil Pérez, el proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla; por lo que, téngase por practicada la diligencia de mérito en los términos que de la misma se desprenden. Dése de baja la referida comunicación, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 856/2018 del índice de este juzgado, en el que se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara al quejoso Marco Antonio Vigil Pérez, los proveídos de catorce y veintiuno de noviembre pasados, corriéndole traslado con los informes justificados, en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla; por lo que, téngase por practicada la diligencia de mérito en los términos que de la misma se desprenden. Dése de baja la referida comunicación, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos se aprecia que en el presente asunto el quejoso Marco Antonio Vigil Pérez, reclamó: Del 1. Agente del Ministerio Público Investigador de la Región Sur-Oriente de Tehuacán, Puebla y del 2. Director de Seguridad Pública del Municipio de Tehuacán, Puebla: a) Su detención fuera de procedimiento efectuada el veintidós de octubre de dos mil dieciocho; y, b) La negativa de brindar alimentos. Es ese aspecto, este Juzgado advierte la actualización de diversas causales de improcedencia y que permiten decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. I. Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en su detención efectuada el veintidós de octubre de dos mil dieciocho. El artículo y fracción citados establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Del artículo y fracción normativa transcritos se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando opere un cambio de situación jurídica; y para tal efecto deben darse los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud de dicho acto; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso a estudio, de las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador de la Región Sur-Oriente de Tehuacán, Puebla y las recabadas por este juzgado en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, de la jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las veinte horas con cuarenta minutos, se llevó a cabo la detención del quejoso Marco Antonio Vigil Pérez, por flagrancia en la comisión del hecho con apariencia de delito de robo agravado previsto y sancionado en los artículos 373, 374, fracción IV, 377, 380, fracciones I, X, XI y XIII, en relación con los diversos, 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de "Cervecería Modelo de México", Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y "Cerveza Modelo del Altiplano"; y, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, fuerza armada y aérea, previsto y sancionado por los artículos 11, inciso b) y 83, fracción II de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo en relación con los artículo 9 y 13, fracción II del Código Penal Federal, cometido en agravio de la sociedad (fojas 169 a 178). En la citada data, se puso al quejoso Marco Antonio Vigil Pérez a disposición del agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla (fojas 169 a 178). El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 4092/2018, el agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla, solicitó audiencia de control de legal detención y formulación de imputación al Juez de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, comunicado que se recibió en la oficialía de partes de dicho órgano jurisdiccional el mismo veinticuatro de octubre (fojas 156 y 157). El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, calificó de legal la detención de Marco Antonio Vigil Pérez y otro; asimismo, impuso al imputado, aquí quejoso Marco Antonio Vigil Pérez, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término que durara el procedimiento (fojas 229 a 234). Mediante acuerdo de veintitrés de noviembre pasado (foja 237), se recibió en este órgano de control constitucional el oficio JOPTEH/2430/2018, de la jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, a través del cual informó que el treinta de octubre de dos mil dieciocho, en auxilio de la justicia federal, dictó auto de vinculación a proceso en contra del hoy quejoso Marco Antonio Vigil Pérez, por el hecho con apariencia del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 11, inciso b) y 83, fracción II de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con los artículos 9 y 13, fracción II del Código Penal Federal, cometido en agravio de la sociedad; además, resolvió declinar competencia en razón de fuero a favor del juez de Control Federal en turno, para la continuación del proceso penal. Aunado a ello, dictó auto de no vinculación a proceso en contra de Marco Antonio Vigil Pérez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 373, 374, fracción IV, 377, 380, fracciones I, X, XI y XIII en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de "Cervecería Modelo de México", Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y "Cerveza Modelo del Altiplano". Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo anterior, es que se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la detención del hoy quejoso Marco Antonio Vigil Pérez, acaecida el veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Esto, porque el acto reclamado se sustituyó por la calificación de legal detención de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, que emitió el juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla (fojas 229 a 234); y, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones constitucionales que reclamó relativas a la detención de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, ya que no es posible decidir sobre ésta, sin afectar su nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes". II. Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la negativa de brindar alimentos al hoy quejoso. Dicho numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Justamente, el precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora bien, de las constancias que remitió el Director de Seguridad Pública del Municipio de Tehuacán, Puebla, por su representación, se advierte que el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, a las nueve horas con treinta minutos y a las dieciséis horas, se hizo constar por parte de Héctor Pérez Santiago, elemento de Seguridad Pública Municipal adscrito a la Dirección antes señalada, que proporcionó alimentos a diversos detenidos, entre los que se encontraba el hoy quejoso Marco Antonio Vigil Pérez (fojas 109 y 110), lo que se corrobora con las constancias de entrega de alimentos donde incluso el quejoso estampó su firma, lo que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO". En ese sentido, si la demanda de amparo fue recibida en este Juzgado de Distrito por la secretaria de guardia a las dos horas con seis minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho y en esa fecha a las nueve horas con treinta minutos y a las dieciséis horas, le fueron proporcionados alimentos, resulta inconcuso que respecto del mencionado acto reclamado, han cesado los efectos, pues han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior, en virtud de que si el quejoso, se dolía de la omisión de las autoridades responsables en proporcionarle alimentos, al habérselos brindado, los mismos, en el presente caso, se le ha restituido en el goce del derecho que estimó transgredido, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, por lo que se concluye que han cesado los efectos del mismo, razón por la que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Tiene aplicación la jurisprudencia: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita la jurisprudencia III.2o. CJ/22, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así las cosas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracciones XVII y XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en la presente contienda constitucional. Por ende, se dejan sin efecto las nueve horas con diez minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (foja 162 vuelta); pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". No escapa a la atención del suscrito juez Federal que en autos del sumario en que se actúa no existe constancia sobre el emplazamiento a persona alguna con el carácter de tercero interesado; sin embargo, tal circunstancia no impide el dictado de este acuerdo, pues dado el sentido (sobreseimiento), es inconcuso que esta resolución no le causa ningún perjuicio. Cobra aplicación la tesis de datos siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Toda vez que el quejoso se encuentra interno, en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Marco Antonio Vigil Pérez, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 999/2018-E; Notifique a la parte quejosa la presente resolución junto con la audiencia constitucional; Le corra traslado con copia autorizada de la presente resolución junto con la audiencia constitucional; Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación antes ordenada sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión (vía despacho), y por oficio a las autoridades responsables, así como a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

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