Marco Antonio Vazquez Vazquez

Expediente 1273/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1273/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Marco Antonio Vazquez Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio 3194/2020, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual, devuelve los autos del presente juicio de amparo 1273/2019, un anexo de pruebas y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado el veintisiete de noviembre del año en curso, en el recurso de revisión R-84/2020 de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto en el presente juicio de garantías, que en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marco Antonio Vázquez Vázquez contra los actos y autoridades precisados en el cuerpo de esta sentencia." Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de revisión; glósense las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención a los artículos 15 y 18 inciso b) y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se negó la protección constitucional es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó y se declaró sin materia la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Asimismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Décimo Tercero de las Disposiciones Complementarias del artículo 35 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar las documentales exhibidas por la autoridad responsable 6. Jueza de Control de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas), relativas a la causa penal 2084/2019/PUEBLA (anexo I), así como el disco versátil digital allegado, devuélvanse a dicha autoridad. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de las constancias y el disco versátil digital devueltos, toda vez que la autoridad responsable indicada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales y el disco versátil descritos. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA (DE CONFORMIDAD A LO ORDENADO EL VEINTICINCO DE AGOSTO PASADO); POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA (DEBIÉNDOSE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LA LISTA A PUBLICAR, PARA QUE SE COLOQUE EN UN ESPACIO DE FÁCIL ACCESO PARA QUIEN ACUDA SIN CONTAR CON UNA CITA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21 DEL ACUERDO GENERAL 21/2020); POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, A LA AUTORIDAD TERCERA INTERESADA, ASÍ COMO A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA A ESTE JUZGADO Y A LA SUPERIORIDAD.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, con dos copias de la demanda y escrito aclaratorio, se forma por separado y duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1273/2019-C, promovido por Marco Antonio Vázquez Vázquez, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Puebla y otras autoridades, consistentes en no haber recabado el refrendo del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en la promulgación del decreto publicado en el periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de enero de dos mil doce, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, hoy Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en específico su artículo 373; y su aplicación, atribuida al juez responsable, al dictar al quejoso auto de vinculación a proceso de fecha diez de diciembre del año en curso, dentro de la carpeta administrativa 2084/2019/PUEBLA. CUESTIONES PRELIMINARES. Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión, es pertinente señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los actos reclamados, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual este órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para el quejoso la protección de la Justicia Federal. Por tanto, a fin de proveer respecto de la suspensión provisional solicitada resulta indispensable atender al marco jurídico legal que condiciona su procedencia, a saber, los artículos 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo vigente, de los que deriva que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados, que hace consistir en: a) No haber recabado el refrendo del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en la promulgación del decreto publicado en el periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de enero de dos mil doce, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, hoy Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en específico su artículo 373; atribuido a las autoridades responsables 1. Gobernador del Estado de Puebla, 2. Congreso del Estado de Puebla, 3. Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla y 4. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla. b) La publicación de dicho decreto, atribuido al 5. Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, c) El auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, en fecha diez de diciembre del año en curso, dentro de la carpeta administrativa 2084/2019/PUEBLA, atribuido al 6. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede la ciudad de Puebla. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. a) Atento a la naturaleza de los actos reclamados (omisiones), consistentes en no haber recabado el refrendo del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en la promulgación del decreto publicado en el periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de enero de dos mil doce, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, hoy Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en específico su artículo 373; debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión provisional solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la abstención de las autoridades 1. Gobernador del Estado de Puebla, 2. Congreso del Estado de Puebla, 3. Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla y 4. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a actuar de determinada manera, como ocurre con los actos reclamados, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues los actos reclamados por la parte quejosa son las omisiones de las autoridad citadas en el párrafo precedente, de recabar el refrendo del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en la promulgación del decreto publicado en el periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de enero de dos mil doce, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, hoy Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en específico su artículo 373; de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la siguiente tesis: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." b) Respecto del acto reclamado consistente en la publicación de dicho decreto, atribuido al 5. Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, toda vez que a dicho acto le reviste el carácter de consumado, pues ya que se llevó a cabo, por lo que resulta improcedente conceder la suspensión provisional solicitada. Lo anterior es así, pues de otorgarse la referida medida cautelar contra esos actos (consumados) se daría a la medida suspensional efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia o resolución definitiva con la que culmine el juicio de amparo del que emana el incidente de suspensión en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." c) Atinente al auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso el diez de diciembre del año en curso, dentro de la carpeta administrativa 2084/2019/PUEBLA, atribuido al 6. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede la ciudad de Puebla, se niega la suspensión provisional solicitada, pues dicho acto tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso, esto es, a la investigación formalizada y, el proceso penal como cualquier procedimiento judicial no puede suspenderse, ya que de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues es de interés de la sociedad el que se administre justicia de manera pronta y expedita; además, la parte quejosa no acreditó que la continuación del procedimiento respectivo pueda causarle daños y perjuicios de modo irreparable. Resultan aplicables a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga. " INFORME PREVIO. En acato a lo establecido por los numerales 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables, y requiéraseles su informe previo, que deberán rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas, en el que señalarán: Si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen; 2. Podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes (de estar en el supuesto). Dicho informe lo podrá rendir vía fax al número telefónico (222) 303 7276 o al correo institucional de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. En el entendido que de remitido vía correo electrónico o fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES RESPONSABLES. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, con la aplicación de multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA): i) En caso de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio de garantías; o ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe previo o lo haga sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado arábigo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia incidental; ello atendiendo a que el uno de enero de dos mil veinte, es considerado como inhábil de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas indicadas, esto es, sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ni proporcionarse los datos correspondientes de su cédula profesional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 1273/2019-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Vázquez Vázquez, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Puebla y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 19, 20 apartado B, 21 y 116, fracción I Constitucionales. VISTA MINISTERIAL. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. INFORME(S) JUSTIFICADO(S). Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) informe con justificación, el que deberá(n) rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo se remite al requerir el informe previo. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, o en su caso, el registro audiovisual de la audiencia en las que se hubieren dictado el acto reclamado, acompañando el índice cronológico de su desarrollo, en el que precise el momento de intervención de cada una de las partes; de igual forma, el juez de control responsable deberá remitir la resolución que conste por escrito del acto reclamado, en términos del artículo 67, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y para confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que ante la falta del informe justificado, se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho(s) acto(s) no sea(n) en sí mismo(s) violatorio(s) de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación de los acto(s) reclamado(s), ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo(s), salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rindan el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa, para la solución del juicio constitucional u omitan referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. SUSPENSIÓN PROCEDIMIENTO DE ORIGEN. Hágase saber al juez responsable que, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII segundo párrafo (última parte), de la Ley de Amparo, deberá suspender el procedimiento dentro de la carpeta administrativa 2084/2019/PUEBLA, por lo que hace a la parte quejosa una vez concluida la etapa intermedia, hasta en tanto se encuentre firme la sentencia que se pronuncie en los autos del juicio de amparo en que se actúa. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercera(s) interesada(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". TERCERO INTERESADO. Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Robo a Comercio y Robo a Casa Habitación, de la Fiscalía General Estado de Puebla, quien conoce la carpeta administrativa 2084/2019/PUEBLA; por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena emplazarlo al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo. En términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado a la persona moral denominada Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado legal Erik Vázquez Zarco, con domicilio para ser emplazado el ubicado en Prolongación de la Quince Sur, número dos mil setecientos trece "A", colonia Zerezotla, barrio Santa María Xixitla, San Pedro Cholula, Puebla. Por lo que, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción, realice lo siguiente: Le notifique a la referida parte tercero interesada el presente proveído; Emplace a dicha parte procesal, en el domicilio indicado; Le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio, por si a sus intereses conviene se apersone, ofrezca pruebas y alegue de su derecho; Haga de su conocimiento la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; La requiera para que comparezca ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ubicado en en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con la finalidad de que, si a sus intereses conviene, se apersone en el presente asunto; y, Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al Actuario Judicial que corresponda, realizar el emplazamiento de mérito aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En razón a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas indicadas, esto es, sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ni proporcionarse los datos correspondientes de su cédula profesional. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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