Marco Polo Rueda Galicia

Expediente 883/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
883/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
02/04/2018

Partes del expediente

  • Marco Polo Rueda Galicia
  • MARCO POLO RUEDA GALICIA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cinco al veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieron las autoridades responsables 1. Directora del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, 3. Director General de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, 4. Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública el Estado de Puebla y 5. Juez de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro-Poniente de San Andrés Cholula, Puebla en apoyo a sus informes justificados, devuélvanseles los anexos I a IV, correspondientemente, y requiéranseles para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Se apercibe a las citadas autoridades responsables que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se les impondrá por separado una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA A TRAVÉS DE LA ASESORA JURÍDICA FEDERAL LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 106 a 131), se sobreseyó en parte y se concedió por la otra el amparo solicitado por el quejoso, para el efecto de que el Juez de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro-Poniente de San Andrés Cholula, Puebla, realice lo siguiente: "Octavo. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a M.P.R.G., para el efecto de que el 5. Juez de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro-Poniente de San Andrés Cholula, Puebla, una vez que cause ejecutoria y se le requiera el cumplimiento de esta sentencia dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en la carpeta judicial administrativa 17/2017/CHOLULA de su índice: 1) Deje insubsistente la resolución de dos de agosto de dos mil diecisiete; y, 2) Con plenitud de jurisdicción, analice la solicitud de convalidación del traslado, ordenado por el 4. Subsecretario de Coordinación y Operación Policial del Estado de Puebla en contra del quejoso, el cual fue ejecutado el veintiocho de julio de dos mil diecisiete; y estudie la determinación de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, que dictó el Comité Técnico Consultivo del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, para que a partir de ello califique si fue legal o no el traslado del quejoso, en los términos de lo expuesto en el considerando que antecede, cumpliendo con los vicios formales estudiados. En el entendido de que deberá atender y analizar la oportunidad y de qué forma el quejoso pone en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario en el que estaba, de acuerdo con las constancias del expediente administrativo. Signifíquese a la autoridad responsable 5. Juez de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro-Poniente de San Andrés Cholula, Puebla que deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. (.) Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se regrese al quejoso al Centro de Reinserción Regional de Cholula, Puebla ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." Resolución que en auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 159 y 160). Así, mediante oficio remitido vía correo electrónico 1/2018 de tres de enero de dos mil dieciocho (fojas 180 a 189), el juez responsable remitió inserta la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en la carpeta judicial administrativa 17/2017/CHOLULA, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, en auto de diecinueve de enero del año en curso (fojas 198 a 200), incurría en una incongruencia, ya que en la transcripción que realizaba en el oficio que remitió a esta autoridad, primeramente refirió que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitió la resolución de tres de enero de dos mil dieciocho y posteriormente hacía referencia a una diversa de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, requiriendo a la autoridad responsable para que remitiera copia certificada de la resolución que dictó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por similar remitido vía correo electrónico 363/2018 de veinticinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 215 a 225), se tuvo al juez responsable remitiendo inserta la diversa resolución de tres de enero del mismo año, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada de dos de agosto de dos mil diecisiete. - Con la plenitud de jurisdicción que le fue concedida, analizó la solicitud de convalidación del traslado ordenado por el Subsecretario de Coordinación y Operación Policial del Estado de Puebla en contra del quejoso M. P. R. G., del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, al diverso de la ciudad de Puebla; para lo cual estudió la determinación de veintiséis de julio de dos mil diecisiete que dictó el Comité Técnico Consultivo del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, determinando legal dicho traslado, al referir: "Para sustentar su petición el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado, expuso como antecedentes los siguientes: + Acta de sesión extraordinaria celebrada el 26 de julio de dos mil diecisiete, del Comité Consultivo del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla. + Partida jurídica, estudios de personalidad y clínico criminológicos de M.P.R.G. + Resolución de 27 de julio de dos mil diecisiete dictada por el Director General de Centros de Reinserción Social en el Estado. Revisado lo anterior, puede decirse que los antecedentes aportados por la autoridad penitenciaria, analizados en este momento procesal bajo el amparo del artículo 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz de las reglas de valoración contenidas en los artículos 259 párrafo segundo, 260, 261 párrafo primero y 265 del mismo ordenamiento, esto es, de manera libre y lógica, permiten arribar a la siguiente conclusión: En primer término se cuenta con la partida jurídica del imputado M.P.R.G., quien se encuentra sufriendo prisión preventiva necesaria a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, dentro de la carpeta judicial administrativa 17/2017/CHOLULA, por su posible intervención en los hechos constitutivos del delito de SECUESTRO AGRAVADO en agravio de P.G.R. (.) Por otro lado se cuenta con los estudios de personalidad emitidos por el Comité Técnico Consultivo del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, integrado por especialistas en las áreas: jurídica, pedagógica, laboral, médica, trabajo social, psicológica, seguridad y custodia y criminología, quienes en su carácter de órgano consultivo y después de realizar una evaluación en cada una de sus áreas, determinaron: (.) Del mismo modo se tiene el acta de sesión de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, celebrado ante la licenciada María del Consuelo Reyes Rojas Presidenta del Honorable Comité Técnico Consultivo del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, asistida por el abogado Héctor Arturo Zepeda Loranca Secretario del Comité Técnico Consultivo, con la presencia del Comité Técnico Consultivo, en la cual se analizaron los estudios de personalidad, clínico criminológicos, tarjetas informativas y actas de procedimiento administrativo correccional del imputado M.P.R.G. y otros más; a fin de emitir opinión sobre la viabilidad de que ser trasladado a otro centro de reinserción social por requerir medidas especiales de seguridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la cual se determinó por unanimidad de votos solicitar al Director General de Centros de Reinserción Social del Estado, gestiones ante la autoridad competente el traslado urgente del imputado en mención y otros, por requerir medidas especiales de seguridad conforme a lo establecido en el artículo 52 fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal, toda vez que los delitos por lo que se ha ingresado es grave como el secuestro, y no se cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a personas privadas de la libertad con ese perfil clínico criminológico, tomando en cuenta que ese centro de reinserción social es considerado como de mínima seguridad y por las razones de seguridad y vigilancia especiales, con las cuales no cuenta el centro de reinserción social. Sesión que fue desahogada en términos de ley, cumpliendo con las formalidades necesarias para su validez, girándose el oficio DCRSRCH/DIR/085/17. (.) Asimismo indica, que el centro de reinserción social regional de Cholula, Puebla, tiene las siguientes desventajas: (.) En tales condiciones y con fundamento en los artículos 16 párrafo décimo cuarto, 18 y 21 noveno párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 fracción II y IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 7 y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, esta autoridad judicial, en base a las documentales remitidas y analizadas, considera que la determinación de que se realice el traslado del imputado MARCO ANTONIO (sic) RUEDA GALICIA, fue apegada a lo establecido en el artículo 52 fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues el imputado se encuentra a disposición de este órgano de control, en la carpeta judicial administrativa 17/2017/CHOLULA, por su probable intervención en el delito de SECUESTRO, el cual se encuentra calificado como grave, por ser un delito de alto impacto, y conforme a la opinión de los integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario, resultaba necesario su traslado a otro centro de reinserción social que cuente con la infraestructura, personal técnico y medidas de seguridad adecuadas que proporcionen un tratamiento técnico progresivo de tipo individualizado, aunado a que el centro de reinserción social de Cholula, Puebla, en un centro de mínima seguridad, aunado a las desventajas que presenta dicho centro de reinserción social, expresados por la autoridad administrativa, en tales circunstancias y atendiendo a la petición de la autoridad administrativa Director General de Centros de Reinserción Social en el Estado, ES PROCEDENTE CALIFICAR DE LEGAL Y PROCEDENTE EL TRASLADO que ordenó en relación al imputado M.P.R.G., conforme a lo dispuesto en el artículo 52 fracción U de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues la Directora del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, de acuerdo con sus facultades, estudio y analizó de manera individualizada al imputado, a efecto de proveer sobre el traslado involuntario que solicitó a la Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado, quien habiendo ponderado los bienes jurídicos de la reinserción social, autorizó su traslado." Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario Judicial de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar al tercero interesado por conducto de la asesora Jurídica Federal María Janet de la Cruz García el auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, se percató que la oficina se encuentra vacía y observó un letrero en la ventana de dicha oficina en el cual se puede leer "nuevo domicilio ubicado en calle dieciséis de septiembre sin número, esquina con calle cinco oriente, colonia Centro (arriba de la oficina de Correos)", por lo que se vio impedido para realizar dicha diligencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, notifíquese a la referida parte procesal el auto de diecinueve de febrero pasado y el presente proveído en el domicilio señalado en líneas anteriores.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario Judicial de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar al tercero interesado por conducto de la asesora Jurídica Federal María Janet de la Cruz García el auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, se percató que la oficina se encuentra vacía y observó un letrero en la ventana de dicha oficina en el cual se puede leer "nuevo domicilio ubicado en calle dieciséis de septiembre sin número, esquina con calle cinco oriente, colonia Centro (arriba de la oficina de Correos)", por lo que se vio impedido para realizar dicha diligencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, notifíquese a la referida parte procesal el auto de diecinueve de febrero pasado y el presente proveído en el domicilio señalado en líneas anteriores.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 106 a 131), se sobreseyó en parte y se concedió por la otra el amparo solicitado por el quejoso, para el efecto de que el Juez de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro-Poniente de San Andrés Cholula, Puebla, realice lo siguiente: "Octavo. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a M.P.R.G., para el efecto de que el 5. Juez de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro-Poniente de San Andrés Cholula, Puebla, una vez que cause ejecutoria y se le requiera el cumplimiento de esta sentencia dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en la carpeta judicial administrativa 17/2017/CHOLULA de su índice: 1) Deje insubsistente la resolución de dos de agosto de dos mil diecisiete; y, 2) Con plenitud de jurisdicción, analice la solicitud de convalidación del traslado, ordenado por el 4. Subsecretario de Coordinación y Operación Policial del Estado de Puebla en contra del quejoso, el cual fue ejecutado el veintiocho de julio de dos mil diecisiete; y estudie la determinación de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, que dictó el Comité Técnico Consultivo del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, para que a partir de ello califique si fue legal o no el traslado del quejoso, en los términos de lo expuesto en el considerando que antecede, cumpliendo con los vicios formales estudiados. En el entendido de que deberá atender y analizar la oportunidad y de qué forma el quejoso pone en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario en el que estaba, de acuerdo con las constancias del expediente administrativo. Signifíquese a la autoridad responsable 5. Juez de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro-Poniente de San Andrés Cholula, Puebla que deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. (.) Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se regrese al quejoso al Centro de Reinserción Regional de Cholula, Puebla ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." Resolución que en auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 159 y 160). Así, mediante oficio remitido vía correo electrónico 1/2018 de tres de enero de dos mil dieciocho (fojas 180 a 189), el juez responsable remitió inserta la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en la carpeta judicial administrativa 17/2017/CHOLULA, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, en auto de diecinueve de enero del año en curso (fojas 198 a 200), incurría en una incongruencia, ya que en la transcripción que realizaba en el oficio que remitió a esta autoridad, primeramente refirió que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitió la resolución de tres de enero de dos mil dieciocho y posteriormente hacía referencia a una diversa de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, requiriendo a la autoridad responsable para que remitiera copia certificada de la resolución que dictó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por similar remitido vía correo electrónico 363/2018 de veinticinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 215 a 225), se tuvo al juez responsable remitiendo inserta la diversa resolución de tres de enero del mismo año, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada de dos de agosto de dos mil diecisiete. - Con la plenitud de jurisdicción que le fue concedida, analizó la solicitud de convalidación del traslado ordenado por el Subsecretario de Coordinación y Operación Policial del Estado de Puebla en contra del quejoso M. P. R. G., del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, al diverso de la ciudad de Puebla; para lo cual estudió la determinación de veintiséis de julio de dos mil diecisiete que dictó el Comité Técnico Consultivo del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, determinando legal dicho traslado, al referir: "Para sustentar su petición el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado, expuso como antecedentes los siguientes: + Acta de sesión extraordinaria celebrada el 26 de julio de dos mil diecisiete, del Comité Consultivo del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla. + Partida jurídica, estudios de personalidad y clínico criminológicos de M.P.R.G. + Resolución de 27 de julio de dos mil diecisiete dictada por el Director General de Centros de Reinserción Social en el Estado. Revisado lo anterior, puede decirse que los antecedentes aportados por la autoridad penitenciaria, analizados en este momento procesal bajo el amparo del artículo 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz de las reglas de valoración contenidas en los artículos 259 párrafo segundo, 260, 261 párrafo primero y 265 del mismo ordenamiento, esto es, de manera libre y lógica, permiten arribar a la siguiente conclusión: En primer término se cuenta con la partida jurídica del imputado M.P.R.G., quien se encuentra sufriendo prisión preventiva necesaria a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, dentro de la carpeta judicial administrativa 17/2017/CHOLULA, por su posible intervención en los hechos constitutivos del delito de SECUESTRO AGRAVADO en agravio de P.G.R. (.) Por otro lado se cuenta con los estudios de personalidad emitidos por el Comité Técnico Consultivo del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, integrado por especialistas en las áreas: jurídica, pedagógica, laboral, médica, trabajo social, psicológica, seguridad y custodia y criminología, quienes en su carácter de órgano consultivo y después de realizar una evaluación en cada una de sus áreas, determinaron: (.) Del mismo modo se tiene el acta de sesión de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, celebrado ante la licenciada María del Consuelo Reyes Rojas Presidenta del Honorable Comité Técnico Consultivo del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, asistida por el abogado Héctor Arturo Zepeda Loranca Secretario del Comité Técnico Consultivo, con la presencia del Comité Técnico Consultivo, en la cual se analizaron los estudios de personalidad, clínico criminológicos, tarjetas informativas y actas de procedimiento administrativo correccional del imputado M.P.R.G. y otros más; a fin de emitir opinión sobre la viabilidad de que ser trasladado a otro centro de reinserción social por requerir medidas especiales de seguridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la cual se determinó por unanimidad de votos solicitar al Director General de Centros de Reinserción Social del Estado, gestiones ante la autoridad competente el traslado urgente del imputado en mención y otros, por requerir medidas especiales de seguridad conforme a lo establecido en el artículo 52 fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal, toda vez que los delitos por lo que se ha ingresado es grave como el secuestro, y no se cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a personas privadas de la libertad con ese perfil clínico criminológico, tomando en cuenta que ese centro de reinserción social es considerado como de mínima seguridad y por las razones de seguridad y vigilancia especiales, con las cuales no cuenta el centro de reinserción social. Sesión que fue desahogada en términos de ley, cumpliendo con las formalidades necesarias para su validez, girándose el oficio DCRSRCH/DIR/085/17. (.) Asimismo indica, que el centro de reinserción social regional de Cholula, Puebla, tiene las siguientes desventajas: (.) En tales condiciones y con fundamento en los artículos 16 párrafo décimo cuarto, 18 y 21 noveno párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 fracción II y IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 7 y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, esta autoridad judicial, en base a las documentales remitidas y analizadas, considera que la determinación de que se realice el traslado del imputado MARCO ANTONIO (sic) RUEDA GALICIA, fue apegada a lo establecido en el artículo 52 fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues el imputado se encuentra a disposición de este órgano de control, en la carpeta judicial administrativa 17/2017/CHOLULA, por su probable intervención en el delito de SECUESTRO, el cual se encuentra calificado como grave, por ser un delito de alto impacto, y conforme a la opinión de los integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario, resultaba necesario su traslado a otro centro de reinserción social que cuente con la infraestructura, personal técnico y medidas de seguridad adecuadas que proporcionen un tratamiento técnico progresivo de tipo individualizado, aunado a que el centro de reinserción social de Cholula, Puebla, en un centro de mínima seguridad, aunado a las desventajas que presenta dicho centro de reinserción social, expresados por la autoridad administrativa, en tales circunstancias y atendiendo a la petición de la autoridad administrativa Director General de Centros de Reinserción Social en el Estado, ES PROCEDENTE CALIFICAR DE LEGAL Y PROCEDENTE EL TRASLADO que ordenó en relación al imputado M.P.R.G., conforme a lo dispuesto en el artículo 52 fracción U de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues la Directora del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, de acuerdo con sus facultades, estudio y analizó de manera individualizada al imputado, a efecto de proveer sobre el traslado involuntario que solicitó a la Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado, quien habiendo ponderado los bienes jurídicos de la reinserción social, autorizó su traslado." Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano