Marco Polo Juarez Vazquez
Expediente 1131/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marco Polo Juarez Vazquez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. A. Informes relativos a la suspensión de plano. Agréguense a los autos el oficio 100/1ER turno, remitido -vía correo electrónico institucional- por 1. Luis Esteban Pacheco Aguilar, Juez Calificador del Primer Turno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla -autoridad responsable-, así como los oficios SSC/DJ/0128/2021 y SSC/DJ/0129/2021 remitidos -vía correo electrónico institucional- por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, Puebla, en representación de las autoridades responsables 2. Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Pedro Cholula, Puebla y 3. Encargado de la Cárcel o Galeras y/o Barandilla de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Pedro Cholula, Puebla (el primero con anexo), mediante los cuales rinden sus informes relativos a la suspensión de oficio y de plano decretada a favor del directo quejoso Marco Polo Juárez Vázquez en el presente controvertido constitucional; de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, téngase a las últimas autoridades mencionadas designando delegados, en términos del artículo 9 de la ley de Amparo. B. Diligencia actuarial. Por otro lado, agréguese a los autos la diligencia practicada a las tres horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno por el actuario judicial adscrito, entendida con el directo quejoso Marco Polo Juárez Vázquez, en las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública de San Pedro Cholula, Puebla, en la cual, en atención a lo ordenado en auto de veinte de noviembre del año actual, asentó: 1. Que requirió al directo quejoso Marco Polo Juárez Vázquez para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no interpuesta y quedarían sin efectos las providencias dictadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a lo que manifestó que sí la ratificaba. 2. Que el quejoso directo manifestó que habló con su esposa a las veinte horas del veinte de noviembre de dos mil veintiuno, que se encontraba detenido por alterar el orden público y que no había sido torturado ni golpeado. 3. Que en una inspección realizada al quejoso no se advirtieron golpes ni lesiones. 4. Que el juez calificador responsable comunicó que al quejoso no se le imputaba delito alguno y que su detención derivaba de una falta administrativa, por lo que a las tres horas con cincuenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la suspensión de plan, se puso en libertad. C. Desechamiento de demanda de amparo. En la especie, el suscrito juzgador Federal advierte que respecto de la demanda de amparo promovida por Xóchitl Carrillo Escoba, en representación de Marco Polo Juárez Vázquez, en la que reclama de 1. Luis Esteban Pacheco Aguilar, Juez Calificador del Primer Turno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, y de otras autoridades, la incomunicación y la detención y/o arresto administrativo del directo quejoso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se explica. Los citados preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Fiscal General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (.) " De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo: ( Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; ( Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, ( Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Cobra aplicación la siguiente tesis: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Sentado lo anterior, en primer lugar conviene señalar que de la diligencia practicada por el actuario judicial de la adscripción se colige que el quejoso no se encontraba incomunicado, como se afirmó en la demanda de amparo, en atención a las siguientes circunstancias: ( El quejoso Marco Polo Juárez Vázquez, en la diligencia de mérito, señaló que a las veinte horas del veinte de noviembre de dos mil veintiuno tuvo comunicación con su esposa Xóchitl Carrillo Escoba, quien es promovente del amparo. ( En la demanda de amparo, la citada promovente indicó que entabló comunicación con su esposo a las diecinueve horas con cincuenta minutos del mismo veinte de noviembre de dos mil veintiuno. ( De las constancias acompañadas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, Puebla, en representación de las autoridades responsables 2. Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Pedro Cholula, Puebla y 3. Encargado de la Cárcel o Galeras y/o Barandilla de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, se advierte que la aludida promovente visitó al quejoso a las diecinueve horas con siete minutos del veinte de noviembre de dos mil veintiuno. Entonces, no se advierte la existencia de alguno de los actos previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional, ya que los hechos que la promovente señaló como actos reclamados, no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y tampoco constituyen penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales. Esto es así, -se insiste- pues la promovente dijo acudir a esta instancia constitucional en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que en el capítulo de los antecedentes del acto reclamado manifestó que fue detenido por policías municipales y trasladado a las oficinas de la Comisaría de Seguridad Pública de San Pedro de Cholula, Puebla, en donde le informaron que el quejoso -su esposo- se encontraba detenido y en donde el juez calificador, ante quien se puso a disposición, se negó a entrevistarse con ella, aduciendo ésta desconocer el la razón por la cual el quejoso tenía prohibido comunicarse con el exterior. Sin embargo, de la referida diligencia se aprecia que el propio quejoso manifestó al actuario judicial adscrito que sí se le permitieron comunicarse con la promovente y que fue informado que se encontraba detenido por alterar el orden público; asimismo, indicó que no sufrió maltratos ni tortura ni golpes. Además, de las constancias acompañadas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, Puebla se desprende que la promovente visitó al quejoso en el lugar de su detención, previo a la presentación de la demanda de amparo. De ahí que el quejoso no ha sido ni ha estado incomunicado, lo que significa que la privación a la libertad a la que hace referencia la promovente, es derivada de un procedimiento administrativo que se instruyó en contra del quejoso directo por su responsabilidad en la comisión de una falta administrativa (alterar el orden público), tal como se corrobora con el informe rendido por el juez calificador responsable; por lo que no se trata de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, contemplados por el mencionado artículo 22 constitucional. Además, en el caso en particular, si bien el quejoso directo Marco Polo Juárez Vázquez estuvo detenido, también lo es, esto no quiere decir que estuviera incomunicado o tuviera impedimento legal alguno para firmar la demanda de amparo que se analiza, pues alguna persona o abogado pudo entrar al lugar de su detención y recabar la firma, de manera que no hay motivo para determinar, como ya se dijo, que se encontraba incomunicado. Lo anterior evidencia, que no se acredita el primer requisito previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, en virtud de que no se reclama ningún acto de los citados en el párrafo que antecede. Además, se reitera, en el caso no se actualiza alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que la legitimación en la causa, para promover el juicio de amparo indirecto, en términos del citado precepto legal, requiere, como se dijo, que se cumplan dos requisitos esenciales, primero, que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y, segundo, que el afectado esté imposibilitado para hacerlo directamente (lo que no ocurre en el presente caso); y que alguno de los actos reclamados encuadren en las hipótesis previstas por el citado precepto Constitucional. Así las cosas, se advierte que no existió legitimación procesal para instaurar la presente demanda de amparo en favor del quejoso directo Marco Polo Juárez Vázquez, porque no se reclama algún acto prohibido por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional y, en ese sentido, que el quejoso esté imposibilitado para ejercer la acción constitucional, porque ninguna razón se expone en ese sentido; por lo que, no existe razón que le impida promover personalmente en lo individual o por conducto de representante legal. En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto del quejoso directo Marco Polo Juárez Vázquez por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Orienta esta determinación, la tesis aislada VI.2o.C.242 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Abril de 2006, página 1051, novena época, con número de registro 175298, la cual no ha sido superada, que dice: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL AMPARO. NO DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE SI NO ES TITULAR DEL DERECHO VIOLADO O DESCONOCIDO CUYA TUTELA PRETENDE A TRAVÉS DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que al tenor de la jurisprudencia P./J. 43/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, si el juzgador federal advierte que la representación con que se ostenta el promovente del juicio de amparo no está debidamente justificada, debe prevenirlo para que satisfaga el requisito omitido; también lo es que tal obligación no se actualiza cuando quien pide amparo no tiene legitimación en la causa, por no ser titular del derecho violado o desconocido cuya tutela pretende a través del juicio de control constitucional, esto en virtud de que, aun cuando se trata de un presupuesto procesal, no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, dado que si la ley no otorga al sujeto el derecho de ser parte quejosa, por más que se le previniera para que demostrara tener tal carácter, tarde o temprano tendría que sobreseerse de conformidad con los artículos 73, fracción XVIII y 4o. de la Ley de Amparo." Notifíquese por lista a la parte promovente en cumplimiento a lo acordado en auto de veinte de noviembre de dos mil veintiuno; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el ocurso presentado -de manera electrónica- por José Antonio García Paredes, defensor público del quejoso Martín Edgar Morales Vargas, a través del cual -en atención al requerimiento de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, precisa las documentales de las cuales la parte procesal a quien representa requiere extraer copia certificada. Sin embargo, dígasele que este juzgado federal no cuenta con el expediente original, sino únicamente con un cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja 153/2021 que se tramita ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Por lo que, en su caso, se encuentra expedito su derecho para solicitarlas directamente ante dicha instancia, pues, de esperarse a que el expediente original sea devuelto a este órgano jurisdiccional, sería en detrimento de su representante, atento los fines para los cuales los solicitó. Notifíquese personalmente al defensor público del aquí quejoso.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 3501, signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, y en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad, acusando recibo del diverso oficio 526-ANR, mediante el cual se le devolvieron diversas constancias que obran dentro del proceso penal 30/2011 de su estadística (tomos anexos I a X) de su estadística, misma que remitió en apoyo a su informe justificado. CÚMPLASE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Marco Antonio Vazquez Vazquez1273/2019
- Marco Antonio Velazco Valero640/2016
- Marco Antonio Vigil Perez999/2018
- Marco Antonio Villegas Villalba6/2022
- Marco del Callejo Perez Salazar466/2022
- Marco Jose Luis Balbuena Carlos160/2023
- Marco Polo Rueda Galicia186/2017
- Marco Polo Rueda Galicia883/2017
- Marco Refugio Calvario Tlacomulco336/2022
- Marco Tulio Blanco Aguilar946/2018
- Marcos Alejandro Castillo Rosas861/2016
- Marcos Altamirano de Fermin299/2019