Marco Antonio Torres Hernandez

Expediente 709/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
709/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Marco Antonio Torres Hernandez
  • Juez de Control Y de Ejecución de la Región Judicial Centro Con Sede En la Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil dieciocho. Visto, el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, en atención a su contenido, téngase a la autoridad responsable Juez de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, con sede en Puebla acusando recibo del diverso oficio 1120-C-1, por el que se le devolvió el disco versátil digital, que remitió en apoyo a su informe justificado. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se negó el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que negó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se negó la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro en la ciudad de Puebla (DVD) en apoyo a su informe justificado, devuélvasele, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado HORACIO ÓSCAR ROSETE MENTADO, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Marco Antonio Torres Hernández, en contra del auto de vinculación a proceso dictado en su contra el cuatro de julio de dos mil dieciocho, en los autos de la causa penal 895/2018/PUEBLA, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en términos del considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del último considerando de este fallo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Vistos los autos del presente juicio de garantías, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se imponga del contenido del informe rendido por la autoridad responsable, trascurre del veinticuatro de agosto al cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, pues se les notificó por lista veintidós de agosto pasado, surtió efectos en el veintitrés siguiente, descontándose sábados y domingos, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no estar debidamente integrado este expediente para dictar sentencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, SE DIFIERE y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por José Abel Javier Machorro Ximitl, autorizado de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual ofrece pruebas y realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos; sin embargo, no ha lugar a acordar favorable su petición, en virtud de que del auto de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se advierte que dicho ocursante únicamente está autorizado en términos restringidos, por lo que no puede promover en nombre de la parte quejosa, además de que tampoco tiene reconocido el carácter de defensor particular.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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