Marco Antonio Hernandez Nava
Expediente 23/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 23/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marco Antonio Hernandez Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el acuerdo dictado el once de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 373 a 375), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinte de septiembre al diez de octubre de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en este expediente. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, toda vez que la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, remitió en apoyo a su informe justificado la documental consistente en copia certificada de la causa penal ********************en sus tomos I al VII, así como el duplicado de la referida causa penal en sus tomos VIII al X de su índice, con la que se formaron los anexos I al X; y como dichas documentales están relacionadas con el diverso juicio de amparo 882/2018 del índice de este juzgado; por tanto, con copia certificada del presente auto dese cuenta en el juicio de garantías mencionado para efecto de que los anexos de mérito sean integrados a ese expediente y surtan los efectos legales conducentes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho (foja 369), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada de su cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 113 a 136), se concedió el amparo y protección al quejoso para que el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla (Hipólito Alatriste Pérez) realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión. Procede conceder el amparo al quejoso Marco Antonio Hernández Nava, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: * Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 561/2015 y, dicte otro en el que de manera fundada y motivada, y con libertad de jurisdicción resuelva en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: Analice nuevamente el cuerpo de los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada, así como la probable responsabilidad de Marco Antonio Hernández Nava en la comisión de los mismos, prescindiendo de las pruebas destacadas en las consideraciones de este fallo, al resultar ilícitas. Lo anterior en el entendido de que el dictado de la nueva resolución deberá observar además los efectos de la sentencia que se dictó en el diverso juicio de amparo 734/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, la cual, ya se había hecho del conocimiento del juzgado de distrito responsable con anterioridad. (.) Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida." Inconforme con tal resolución, la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado interpuso recurso de revisión (foja 152 a 160), del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, autoridad que lo radicó con el número R-151/2018 de su índice (foja 298) y en ejecutoria de nueve de agosto de dos mil dieciocho (foja 301 a 338), confirmó la sentencia recurrida, por lo que en acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 339 y 340). Así, por oficio 4677/2018, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, remitió copia autorizada del auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, y del auto de término constitucional de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho (fojas 354 bis a 368), emitidos en la causa penal 561/2015 de su índice, Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 561/2015 de su índice, contra Marco Antonio Hernández Nava. b) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió la situación jurídica del quejoso de mérito y decretó auto de formal prisión en su contra, por los delitos siguientes: I. Secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 366, fracción I inciso a) (hipótesis de obtener rescate) y fracción II, incisos b), c) y d) (hipótesis que el sujeto activo haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública; quienes obren en grupo de dos o más personas; y se realice con violencia), del Código Penal Federal. II. Delincuencia organizada calificada, previsto y sancionado en los artículos 2, párrafo primero (hipótesis que cuando más de tres personas se organizan para realizar en forma reiterada, conductas que por sí, tienen como fin cometer alguno de los delitos siguientes); fracción V (Secuestro previsto en el artículo 366, del Código Penal Federal), 4, fracción II, inciso b) (hipótesis quien no tenga funciones de administración, dirección o supervisión) y 5, fracción I (servidor público -calificativa-) de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. En dicha determinación, el juez Federal responsable, en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo excluyó como pruebas (foja 357 vuelta): i) La inspección o fe de contenido de teléfono celular, realizada por el Agente del Ministerio Público del fuero común, de trece de octubre de dos mil ocho, sobre el teléfono celular marca LG, modelo Schnaider, color plateado, propiedad de Omar Vergara Juárez. ii) El análisis técnico contenido en el oficio PGR/SIEDO/DGAST/1058/2008, de treinta de octubre de dos mil ocho, signado Carlos Antonio Lozano Hernández, personal técnico de la SIEDO, realizado al teléfono celular marca LG, modelo ME97od, en color gris, con los números de identificación: FCCID:BEJM97oD, IMEI 011229002447086 y con número de serie: 705MMES244708, propiedad de Omar Vergara Juárez. iii) El análisis técnico contenido en el oficio PGR/SEIDO/CT/DGAST/1037/2008, de veintidós de octubre de dos mil ocho, signado por el personal técnico de la Dirección General Adjunta de Servicios Técnicos de la SIEDO, respecto del teléfono celular marca Sony Ericsson, modelo W910, el cual fue entregado por pobladores del municipio de Rafael de Lara Grajales, al reportero Daniel Eleazar Osorio García, quien a su vez lo entregó los agentes Federales de Investigación Y señaló que tal exclusión probatoria atiende a que las pruebas relatadas resultan ilícitas, pues la extracción de información se realizó sin la autorización respectiva de la autoridad federal competente. En atención a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LICENCIADA MARIA JANET DE LA CRUZ GARCIA, ASESORA JURIDICA FEDERAL, EN REPRESENTACION DE LOS TERCEROS INTERESADOS DE IDENTIDAD RESERVADA,1. M.J.S.L., 2. J.A.R.B., 3. D.O.B.B., 4. J.L.R.S., 5. J.A. C., 6. W.M.H., 7. J.P.C.A., 8. A.M.E.R., 9. A.G.A., 10. J.C.P.R., 11. E.N.P.C., 12. M.J.V.E., 13. Y.V.C., 14. W.B.H., 15. B.G.F., 16. D.A.G.Z., 17. E.A.C.B., 18. S.E.L., 19. C.A.F.P., 20. J.A.F.R. y 21. Y.H.E EL PROVEÍDO DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho (foja 369), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada de su cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 113 a 136), se concedió el amparo y protección al quejoso para que el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla (Hipólito Alatriste Pérez) realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión. Procede conceder el amparo al quejoso Marco Antonio Hernández Nava, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: * Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 561/2015 y, dicte otro en el que de manera fundada y motivada, y con libertad de jurisdicción resuelva en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: Analice nuevamente el cuerpo de los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada, así como la probable responsabilidad de Marco Antonio Hernández Nava en la comisión de los mismos, prescindiendo de las pruebas destacadas en las consideraciones de este fallo, al resultar ilícitas. Lo anterior en el entendido de que el dictado de la nueva resolución deberá observar además los efectos de la sentencia que se dictó en el diverso juicio de amparo 734/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, la cual, ya se había hecho del conocimiento del juzgado de distrito responsable con anterioridad. (.) Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida." Inconforme con tal resolución, la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado interpuso recurso de revisión (foja 152 a 160), del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, autoridad que lo radicó con el número R-151/2018 de su índice (foja 298) y en ejecutoria de nueve de agosto de dos mil dieciocho (foja 301 a 338), confirmó la sentencia recurrida, por lo que en acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 339 y 340). Así, por oficio 4677/2018, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, remitió copia autorizada del auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, y del auto de término constitucional de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho (fojas 354 bis a 368), emitidos en la causa penal 561/2015 de su índice, Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 561/2015 de su índice, contra Marco Antonio Hernández Nava. b) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió la situación jurídica del quejoso de mérito y decretó auto de formal prisión en su contra, por los delitos siguientes: I. Secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 366, fracción I inciso a) (hipótesis de obtener rescate) y fracción II, incisos b), c) y d) (hipótesis que el sujeto activo haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública; quienes obren en grupo de dos o más personas; y se realice con violencia), del Código Penal Federal. II. Delincuencia organizada calificada, previsto y sancionado en los artículos 2, párrafo primero (hipótesis que cuando más de tres personas se organizan para realizar en forma reiterada, conductas que por sí, tienen como fin cometer alguno de los delitos siguientes); fracción V (Secuestro previsto en el artículo 366, del Código Penal Federal), 4, fracción II, inciso b) (hipótesis quien no tenga funciones de administración, dirección o supervisión) y 5, fracción I (servidor público -calificativa-) de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. En dicha determinación, el juez Federal responsable, en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo excluyó como pruebas (foja 357 vuelta): i) La inspección o fe de contenido de teléfono celular, realizada por el Agente del Ministerio Público del fuero común, de trece de octubre de dos mil ocho, sobre el teléfono celular marca LG, modelo Schnaider, color plateado, propiedad de Omar Vergara Juárez. ii) El análisis técnico contenido en el oficio PGR/SIEDO/DGAST/1058/2008, de treinta de octubre de dos mil ocho, signado Carlos Antonio Lozano Hernández, personal técnico de la SIEDO, realizado al teléfono celular marca LG, modelo ME97od, en color gris, con los números de identificación: FCCID:BEJM97oD, IMEI 011229002447086 y con número de serie: 705MMES244708, propiedad de Omar Vergara Juárez. iii) El análisis técnico contenido en el oficio PGR/SEIDO/CT/DGAST/1037/2008, de veintidós de octubre de dos mil ocho, signado por el personal técnico de la Dirección General Adjunta de Servicios Técnicos de la SIEDO, respecto del teléfono celular marca Sony Ericsson, modelo W910, el cual fue entregado por pobladores del municipio de Rafael de Lara Grajales, al reportero Daniel Eleazar Osorio García, quien a su vez lo entregó los agentes Federales de Investigación Y señaló que tal exclusión probatoria atiende a que las pruebas relatadas resultan ilícitas, pues la extracción de información se realizó sin la autorización respectiva de la autoridad federal competente. En atención a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber cumplido con la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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