Marco Antonio Hernández Nava
Expediente 882/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 882/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 10/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marco Antonio Hernández Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en la que se negó el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se concedió la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieron la Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla anexos I al XIV, devuélvansele y solicíteseles de la manera más atenta y de no tener inconveniente alguno, se sirva acusar de recibo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito signado por el quejoso Marco Antonio Hernández Nava, a través del cual expresa su conformidad con el sentido de la sentencia dictada en el presente expediente, y su voluntad para renunciar a su derecho de interponer recurso de revisión, por lo cual solicita que -a la brevedad posible- cause estado esa resolución, por los motivos que expresa en el escrito de cuenta. Al respecto, dígasele que deberá estarse a lo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, esto es, una vez que transcurra el plazo de diez días, y en caso de que ninguna de las demás partes se inconforme, se proveerá lo conducente.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A Verónica Flores García, quien compareció en su carácter de asesora jurídica y representante de las victimas (terceras interesadas), LOS PROVEÍDOS DE 28-FEBRERO-2019 Y 04 DE marzo DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALAN: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE OFICIO. Intégrese a sus autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al que adjunta copia certificada de la resolución dictada el catorce de febrero de dos mil diecinueve en el toca R-330/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el quejoso Marco Antonio Hernández Nava, contra la sentencia dictada en este expediente, así como los autos originales del juicio de amparo 882/2018 y catorce anexos. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente, realícense las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo y, agréguese a estos autos únicamente las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA. Comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria, en la que Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 882/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Marco Antonio Hernández Nava contra los actos y autoridades citados en el considerando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en esta resolución." PUNTOS MEDULARES CONSIDERADOS POR EL TRIBUNAL DE ALZADA. La parte considerativa por la que se ordenó la reposición del procedimiento en el presente expediente, se remite -en esencia- a lo siguiente: "[.] Como se adelantó, dichos agravios son fundados, suplidos en su deficiencia, toda vez que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 882/2018-D, que dejó sin defensa a la parte quejosa, de conformidad con el precepto 93, fracción IV de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: [.] Por lo anterior, procede revocar dicho fallo y ordenar reponer el procedimiento, en atención a las razones que enseguida se exponen: [.] El citado precepto en su párrafos transcritos, tiene como finalidad primordial que se le dé vista a las partes con el informe con justificación rendido por las autoridades responsables, así como se respete el plazo de ocho días que debe transcurrir en su integridad entre la fecha de notificación a la parte quejosa de dicho informe y la celebración de la audiencia constitucional, pues es la única forma en que se garantiza su derecho a que se impongan de su contenido, así como de las constancias que justifican el acto reclamado, a fin de que estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el diverso artículo 119 de la Ley de Amparo, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial, como así se desprende de este último numeral que dice: [.] En el caso resulta incorrecto que se emitiera la sentencia impugnada por la que se negó el amparo solicitado por el quejoso, en virtud de que si bien es cierto la autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federal en el Estado de Puebla aceptó el acto reclamado, y al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, se le tuvo como cierto el acto a él reclamado, por estimarse que es inminente la identificación administrativa del inconforme, al ser una mera consecuencia del auto de bien preso dictado en su contra; también lo es que el Juez de Distrito dejó de observar el contenido de los párrafos primero y segundo del artículo 117 de la Ley de la Materia. [.] En efecto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, como sucede en el caso, en que el propio juzgador federal mediante proveído de once de octubre de dos mil dieciocho dictado en el diverso juicio de amparo 23/2018, ordenó que se integraran los anexos IV a XIV de la causa penal 561/2015, al expediente de amparo que ahora se revisa, por encontrarse relacionadas las constancias (fojas 64 y 65); en términos del artículo 75, debe darse vista a las partes con ellas, de conformidad con el diverso 117 de la ley de la materia, interpretado a contrario sentido, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado. [.] Aunado a lo anterior, la notificación al quejoso de los anexos IV a XIV remitidos por la autoridad responsable, ordenada por lista y practicada al día siguiente (dieciséis de octubre de dos mil dieciocho), surtió sus efectos el día diecisiete, de conformidad con el artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo. En consecuencia, el mencionado plazo de ocho días transcurrió, del dieciocho a veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, descontándose los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho (sábados y domingos), por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la audiencia constitucional se celebró el veintidós de octubre del referido año, es evidente que respecto de los anexos IV a XIV enviados por la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, no se dio vista a la parte quejosa, sino que sólo se le hizo de su conocimiento practicándose una notificación por lista el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, con lo cual tampoco se respetó el mencionado plazo de ocho días que debían transcurrir. Máxime, que se reitera, se trató de los anexos remitidos por la autoridad responsable ordenadora, que dieron sustento al acto reclamado por el impetrante de garantías, con los cuales se encontraba en la obligación de dar vista al quejoso. [.] Por ello, asiste razón a la parte quejosa al señalar que al no otorgarle el plazo de por lo menos ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, por tratarse de los anexos en que consta el sustento del acto reclamado, pero incluso se advierte que no se le dio vista con ellos, sino que sólo se ordenó la notificación por lista del proveído de quince de octubre de dos mil dieciocho en que se ordenó integrar a los autos los mencionados anexos remitidos por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, con lo cual el Juez de Distrito le está dejando en estado de indefensión; pues se estima que al no dar vista con los anexos y menos aún respetarse el plazo de ocho días que debe mediar de manera completa y continua entre la notificación de los autos con los que se dio vista con los aludidos informes y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, no se le está permitiendo al quejoso tener conocimiento para realizar una debida defensa. Como puede advertirse de lo hasta aquí expuesto, las dos violaciones procesales apuntadas, trascendieron al resultado del fallo, ya que el Juez de Distrito con base en las constancias existentes en el juicio de amparo, los cuales dijo son necesarios para resolver el controvertido constitucional, teniéndolas como pruebas de la autoridad responsable, sin que se diera vista y sin que trascurriera el plazo de ocho días que se indica, para que el quejoso se impusiera de los anexos remitidos en apoyo al informe justificado recibido del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, dejó en estado de indefensión al ahora recurrente. [.] En consecuencia, ante las violaciones procesales destacadas, de conformidad con el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede revocar la resolución recurrida y ordenar la reposición del procedimiento a efecto de que el Juez de Distrito: a) Deje insubsistente la audiencia constitucional, así como la sentencia que dio motivo al presente recurso. b) Reponga el procedimiento a efecto de que ordene dar vista al quejoso con los anexos IV a XIV, remitidos por la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado rendido en el expediente 23/2018 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; para que tenga conocimiento de las constancias remitidas por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional y continúe con los trámites legales. [.]" CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA. Consecuentemente, en estricto acatamiento a lo ordenado por la superioridad, este Juzgado Federal determina lo siguiente: - Se deja insubsistente la audiencia constitucional y la sentencia recurrida. -Se ordena reponer el procedimiento, y se ordena dar vista a la parte quejosa con los anexos IV a XIV, remitidos por la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla -como parte complementaria de su informe justificado- en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente expediente. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. En términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso Marco Antonio Hernández Nava el presente proveído, en el lugar en el que se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla)..." Y "San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Del estado procesal que guarda el presente expediente se aprecia que el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se recibió el testimonio de la resolución dictada el catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca R-330/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el quejoso Marco Antonio Hernández Nava, contra la sentencia dictada en este expediente. Sin embargo, se omitió notificar ese acuerdo a Verónica Flores García, quien mediante diligencia de uno de octubre de dos mil dieciocho, compareció en su carácter de asesora jurídica y representante de las victimas (terceras interesadas) indicadas en el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Por lo que, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la aludida asesora jurídica, el auto de veintiocho de febrero pasado, para los efectos legales procedentes. Finalmente, a efecto de dar oportunidad a las partes de que se impongan del contenido del presente asunto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración que fueron señaladas las once horas con treinta minutos del quince de marzo próximo para la celebración de la audiencia constitucional, resulta evidente que para esa data no se encontrará debidamente integrado el presente juicio de amparo; en tal virtud, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional, procede diferirla anticipadamente; por lo que, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración...", RESPECTIVAMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Del estado procesal que guarda el presente expediente se aprecia que el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se recibió el testimonio de la resolución dictada el catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca R-330/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el quejoso Marco Antonio Hernández Nava, contra la sentencia dictada en este expediente. Sin embargo, se omitió notificar ese acuerdo a Verónica Flores García, quien mediante diligencia de uno de octubre de dos mil dieciocho, compareció en su carácter de asesora jurídica y representante de las victimas (terceras interesadas) indicadas en el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Por lo que, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la aludida asesora jurídica, el auto de veintiocho de febrero pasado, para los efectos legales procedentes. Finalmente, a efecto de dar oportunidad a las partes de que se impongan del contenido del presente asunto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración que fueron señaladas las once horas con treinta minutos del quince de marzo próximo para la celebración de la audiencia constitucional, resulta evidente que para esa data no se encontrará debidamente integrado el presente juicio de amparo; en tal virtud, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional, procede diferirla anticipadamente; por lo que, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.
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