Marco Antonio Hernadez Merino

Expediente 483/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
483/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/06/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Hernadez Merino

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en el que se desechó su demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veintiséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 680 a 683), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diez al treinta de mayo de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvase el anexo I, consistente en el original del cuaderno correspondiente al incidente no especificado de revisión de medida cautelar relacionado a la causa penal 68/2012 de su índice; y, requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que el quejoso Fredy Hernández Pérez, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Xicotepec de Juárez, Puebla, de acuerdo al artículo 27, fracción II, y 116, párrafo segundo del mismo ordenamiento general, así como 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese atento despacho al Juez de lo Penal de ese Distrito Judicial, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al peticionario de amparo la presente sentencia, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Xicotepec de Juárez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso Fredy Hernández Pérez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 718/2018-D; d) Notifique al quejoso el presente auto; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Así mismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se diligenció en sus términos, la encomienda planteada. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cincuenta días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no logró notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de veinticuatro de mayo del año en curso, por los motivos que a continuación se exponen: El Fedatario Judicial, refiere que el veintisiete de mayo del actual, a las once horas con cuarenta y nueve minutos, se constituyó en el domicilio sito en Avenida Juárez, 2915, despacho 101, colonia La Paz, ciudad de Puebla (domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones), y al tocar en la puerta de acceso a dicho inmueble, fue atendido por una persona del sexo femenino, quien dijo llamarse Osmara Velasco Gracian, quien le informó que ese es el domicilio buscado, sin embargo ahí no vive Alicia Muñoz Arroniz, Marco Antonio Hernández Merino ni Ángel Ovidio Díaz Flores, y que tampoco los conoce. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, notifíquese a la parte quejosa, el auto de veinticuatro de mayo del presente año, el presente proveído, y los subsecuentes, incluso los de carácter personal por medio de lista de acuerdos. AUTO DE 24 DE MAYO DE 2019 QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo promovida por Alicia Muñoz Arroniz, en su carácter de defensora particular de Marco Antonio Hernández Merino, con el número 483/2019-E, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV y 114, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que, dentro del plazo de cinco días computado legalmente, realice lo siguiente: Único. Aclare el acto o actos que reclama a las autoridades responsables. Ello es así, pues en el apartado correspondiente al acto reclamado, la promovente manifestó: "(.) Reclamo de la ordenadora señalada en primer término, por ser Titular y encargada de la Procuración de Justicia en el estado, quien emite los criterios de actuación de sus subordinados. De las mencionada con el número dos, por ser quien conoció de la CONSTANCIA DE HECHOS NÚMERO 605/2014/AEHOM, (de la agencia especializada en homicidios, mesa vespertina), que se inició con motivo de la PRIMER DENUNCIA sobre los mismos hechos de origen. De las mencionadas con los números tres a seis, la serie de acuerdos, comunicaciones e instrucciones que entre ellos se giraron y que esencialmente derivaron que en se REALIZÓ UNA SEGUNDA DENUNCIA por los mismos hechos materia de la CONSTANCIA DE HECHOS NÚMERO 605/2014/AEHOM para ser ACUMULADA A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 6466/2017/ZC, (de las de la Unidad de orientación, análisis y resolución inmediata, a cargo del abogado Rafael Pedro Sánchez Martínez). (.) b) Se reclama de la autoridad señalada como ejecutora PRECISAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES Y ACTOS DE AUTORIDAD DE LAS ORDENADORAS, al estar a cargo de la investigación pero conforme al sistema acusatorio adversarial, en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 6466/2017/ZC, de la Unidad de orientación, análisis y resolución inmediata, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del estado de Puebla. c) DE LAS RESPONSABLES; RECLAMO TODAS Y CADA UNA DE LAS CONSECUENCIAS MEDIATAS, INMEDIATAS, DIRECTAS O INDIRECTAS QUE DEL ACTO RECLAMADO SE PUDIERAN DESPRENDER, PUESTO QUE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL, TIENEN CIERTAS CARACTERÍSTICAS DISTINTAS DE LOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL, PERMITIENDO CON ELLO QUE SE GENEREN EFECTOS CORRUPTORES CONFORME A LA DOCTRINA, CON EFECTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, QUE PUEDEN AFECTAR INMEDIATAMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS DE MI DEFENDIDO, AUNADO A LO ILEGAL DE UTILIZAR LA LEY EN FORMA RETROACTIVA, (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES), CONTRAVINIENDO INCLUSO A ÉSTA MISMA LEGISLACIÓN." De lo anterior se advierte que no precisa a qué acto de molestia se refiere como acto reclamado, pues no aterriza en una idea concreta y específica de lo que se duele, pues de la literalidad del escrito de demanda, se advierte que refiere lo siguiente: "Los actos de molestia NO SE HACEN CONSISTIR EN LA INVESTIGACIÓN, lo que preocupa, por ser violatorio de los derechos humanos de mi defendido, es que, se sigan realizando actuaciones ministeriales, viciadas, o como la doctrina las llama: "con un efecto corruptor que se traduzca en violaciones al debido proceso, que afecte directamente sus derechos sustantivos." Además, que no indica a cuáles "acuerdos, comunicaciones e instrucciones" se refiere, por lo que no es clara su precisión del acto reclamado; lo que implica que la demanda de amparo sea obscura en ese sentido y no se pueda plantear la litis de manera correcta en el presente juicio de derechos fundamentales. En tal sentido, la promovente deberá señalar con claridad y precisión en qué consiste el acto de molestia que reclama a las autoridades responsables, pues de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades debe señalarse con claridad y precisión, ya que esta autoridad Federal no puede presumir cuál es el acto reclamado a éstas, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales y, en la especie, resulta necesario para este órgano jurisdiccional a efecto de mejor proveer en relación a la medida cautelar solicitada. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse la norma general, acto u omisión reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que subsanen las irregularidades ya precisadas, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que amplíe la misma. Signifíquese a la promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ella misma, y no por autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que, de no dar cumplimiento integral a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte promovente, para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda. No así el correo electrónico que refiere, pues la Ley de Amparo no lo contempla como un medio a través del cual se puedan realizar notificaciones. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ángel Ovidio Díaz Flores, por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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