Marco Antonio Huerta Nuñez
Expediente 412/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marco Antonio Huerta Nuñez
- Juez de Control de la Región Judicial Centro Con Sede En la Ciudad de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de junio de dos mil veintidós, que por una parte sobreseyó en el juicio, y por otra negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Así mismo, al tratarse de un asunto en el que se negó el amparo solicitado, este expediente es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). En la inteligencia que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar tanto el disco versátil digital, como las copias certificadas de diversos registros escritos que obran dentro de la causa penal 898/2022/PUEBLA (con la que se ordenó formar el anexo I), que remitió el 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla: Mario Cortés Aldama, en apoyo a su informe justificado, se ordena su devolución; sin que sea necesario requerirle el acuse de recepción, en virtud de que dicha autoridad reside en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, por lo cual, se encomienda al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercera interesada Rosa Chávez López, abuela materna y representante de los niños terceros interesados de identidad reservada identificados con las iniciales M.G. H.L. y D.A.H.L.; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 412/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Marco Antonio Huerta Núñez -privado de su libertad en el Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla-; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado al siguiente día a este órgano jurisdiccional, Marco Antonio Huerta Núñez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Mario Cortés Aldama, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, y otra autoridad. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 9, 11, 12 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 7 y 8 de la .... III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Décimo. Notificación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al quejoso la presente sentencia, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad -Centro Penitenciario de la ciudad Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran en el domicilio señalado para tal efecto, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, toda vez que se entiende que su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso, sin perjuicio de que, si con posterioridad se estima necesario, se notifiquen las determinaciones en el lugar de su reclusión. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, 73, 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 412/2022, promovido por Marco Antonio Huerta Núñez, contra el acto, autoridad y por los motivos precisados en el considerando tercero, Apartado A, de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marco Antonio Huerta Núñez, respecto a las determinaciones de i) vinculación a proceso e ii) imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, dictadas en audiencia oral de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, celebradas dentro de la causa penal 898/2022/PUEBLA; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso Marco Antonio Huerta Núñez, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el domicilio señalado en la demanda de amparo; por lista a Rosa Chávez López, abuela materna y representante de los menores de edad terceros interesados de identidad reservada MGHL y DAHL; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 08 DE junio DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se aprecia que a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -nueve horas con veintiocho minutos del quince de junio de dos mil veintidós- se encontrará transcurriendo el término de ocho días concedido al tercero interesado menor de edad de identidad reservada DAHL -víctima del delito-, representado por su abuela Rosa Chávez López, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; ello, tomando en cuenta que su emplazamiento se efectuó el dos de junio de actual. En tales condiciones, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintiocho minutos del quince de junio de dos mil veintidós se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta y dos minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Finalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al quejoso la presente determinación, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad -Centro Penitenciario de la ciudad Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran en el domicilio señalado para tal efecto, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, toda vez que se entiende que su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso, sin perjuicio de que, si con posterioridad se estima necesario, se notifiquen las determinaciones en el lugar de su reclusión. Notifíquese personalmente al quejoso Marco Antonio Huerta Núñez, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el domicilio señalado en la demanda de amparo; y, por lista a demás partes..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se aprecia que a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -nueve horas con veintiocho minutos del quince de junio de dos mil veintidós- se encontrará transcurriendo el término de ocho días concedido al tercero interesado menor de edad de identidad reservada DAHL -víctima del delito-, representado por su abuela Rosa Chávez López, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; ello, tomando en cuenta que su emplazamiento se efectuó el dos de junio de actual. En tales condiciones, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintiocho minutos del quince de junio de dos mil veintidós se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta y dos minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Finalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al quejoso la presente determinación, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad -Centro Penitenciario de la ciudad Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran en el domicilio señalado para tal efecto, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, toda vez que se entiende que su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso, sin perjuicio de que, si con posterioridad se estima necesario, se notifiquen las determinaciones en el lugar de su reclusión. Notifíquese personalmente al quejoso Marco Antonio Huerta Núñez, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el domicilio señalado en la demanda de amparo; y, por lista a demás partes.
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