Marco Antonio Gonzales Padilla
Expediente 1067/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1067/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marco Antonio Gonzales Padilla
- Juez Cuarto de lo Penal de la Ciudad de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA. Agréguese a las presentes actuaciones, el oficio signado por la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, a través del cual informa que el pasado quince de noviembre del año en curso, el aquí quejoso exhibió la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, 00/100), por concepto de garantía que le fue fijada dentro del proceso penal de origen; de lo que el suscrito, toma conocimiento para los efectos legales conducentes. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución no se integrará al expediente físico pues no es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. CÚMPLASE.
- Principal
I. Sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con base en las constancias que integran este expediente y en aras de velar por lo ordenado en el artículo 17 Constitucional, el suscrito juez Federal estima procedente sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. En principio, es necesario indicar que, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso por conducto de su defensor particular reclama en este juicio de derechos fundamentales, lo siguiente: La resolución dictada por el Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del incidente de revisión de medidas cautelares derivado de la causa penal específicamente, en la parte en que se le impuso como medida cautelar la exhibición de una garantía económica equivalente a la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional). La autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de dicho acto; por lo que se tiene plenamente probado (fojas 24 y 25)." Certeza que se corrobora el duplicado del incidente de revisión de medidas cautelares derivado de la causa penal y con el disco versátil digital (DVD) que contiene el registro de audio y video de la audiencia de revisión de medida cautelar llevada a cabo el veintiuno de septiembre del año en curso, dentro de la referida causa penal; documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, de las que se advierte que, en la fecha precisada, el juez responsable dictó la resolución reclamada por la parte quejosa en la presente instancia constitucional. Ahora bien, no obstante la certeza de la existencia del mencionado acto reclamado, se estima innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional para analizar su constitucionalidad, dado que, respecto del mismo, se actualiza -de forma manifiesta e indudable- la causal de improcedencia que a continuación se explica. Como ya fue precisado, el acto reclamado consiste en la resolución pronunciada por el juez responsable el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del incidente de revisión de medidas cautelares derivado de la causa penal ********************, específicamente, en la parte en que le impuso al quejoso como medida cautelar la exhibición de una garantía económica equivalente a la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional). Por tanto, el suscrito juzgador advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocados, modificados o nulificados; de modo que, aquellas resoluciones susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas, a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto; pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de derechos fundamentales, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese orden de ideas, conforme al precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se deben colmar las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Contemplándose como casos de excepción, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento; o, cuando se trate del auto de vinculación a proceso; mismos que en el caso particular no acontecen. En efecto, de la reproducción del registro audiovisual que contiene la audiencia celebrada [conforme al procedimiento establecido en los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según lo previsto en el artículo Quinto transitorio de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis] el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del incidente de revisión de medidas cautelares derivado de la causa penal se aprecia que -medularmente- ocurrió lo siguiente: a. Una vez que se individualizaron las partes que intervinieron en la audiencia [Ministerio Público, defensor particular y sentenciado], el juez de la causa les explicó el motivo y finalidad de esa audiencia [dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 80/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, y con libertad de jurisdicción, determinar si la agente del Ministerio Público justificó o no la prolongación de la prisión preventiva en contra de b. Con base en la información que aportaron las partes en diversa audiencia de veinte de enero de dos mil veintitrés, el juez de la causa determinó -con libertad de jurisdicción- que la agente del Ministerio Público no acreditó ni justificó la necesidad de prolongar la prisión preventiva del encausado, aquí quejoso, por lo que ordenó su cese, y por tanto, su inmediata libertad; c. Abrió nuevo debate entre las partes, quienes expusieron los argumentos que estimaron pertinentes en torno a la imposición de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva; a partir de ello, el juez impuso las siguientes: - La exhibición de una garantía económica por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional); - La presentación periódica quincenal ante el Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; y, La prohibición de salir del país sin autorización judicial. Sobre dicha resolución, la parte quejosa únicamente se duele de la porción en la que se le impuso como medida cautelar, la exhibición de una garantía económica por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional), pues refiere que resulta excesiva y desproporcionada, al haberse impuesto sin darle oportunidad a su defensa de ejercer el contradictorio correspondiente. Atento a lo anterior, dada la naturaleza del procedimiento del que deriva el acto reclamado, resulta necesario invocar el contenido del artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares;.". Del precepto legal transcrito se advierte que la resolución emitida por la autoridad judicial sobre medidas cautelares, es impugnable mediante el recurso de apelación; sin que en la especie se ubique en un caso de excepción al principio de definitividad, pues lo reclamado no incide en la libertad personal del quejoso, al inconformarse únicamente sobre la imposición de una garantía económica, como medida cautelar. Por ello, resulta incuestionable que si la ley aplicable contempla un medio de defensa ordinario que tiene por objeto que el acto reclamado pueda ser confirmado, modificado o revocado, la parte quejosa, previamente a intentar la acción constitucional, debió agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, interponiendo en contra de esa resolución, el recurso de apelación previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, ya que al accionante de amparo le reviste el carácter de parte en la causa penal de origen (sentenciado), lo que implica que se encuentra facultado para hacer valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio y, en razón de ello, está en aptitud de interponer el medio de impugnación referido en contra de la resolución que hoy reclama. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo esas consideraciones, el quejoso se encontraba obligado a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de apelación que prevé el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, al no haberlo hecho, no respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. De modo que, respecto del acto sometido a estudio, se encuentra plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Resulta orientadora, la tesis II.3o.P.59 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que señala: "MEDIDA CAUTELAR DE EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La medida cautelar de exhibición de garantía económica es de naturaleza real, ya que únicamente implica una afectación monetaria, pues requiere a los imputados a efecto de que exhiban una cantidad definida para garantizar su presencia en el proceso penal. Lo que revela que, por regla general, su imposición no restringe, ni siquiera en forma indirecta, la libertad personal de los imputados, ya que se circunscribe a que exhiban una determinada cantidad, sin que con esa imposición se limite o restrinja su libertad personal. En estas condiciones, si en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución del Juez de Control del sistema penal acusatorio que impone al imputado la medida cautelar de exhibición de garantía económica, establecida en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo pues, previo a promoverlo, debe agotarse el recurso de apelación regulado en el diverso artículo 467, fracción V, del propio código, en observancia al principio de definitividad, sin que se actualice alguna excepción a éste, ya que como se refirió, el acto reclamado no impone una medida cautelar restrictiva de la libertad, ni se trata de un acto que afecte la libertad personal, sólo implica una afectación económica. No obsta a lo anterior, el hecho de que en caso de un eventual incumplimiento a la exhibición monetaria, con base en lo expuesto por la Representación Social y la decisión del Juez de Control, pueda imponerse una medida cautelar diferente, la cual podría -de estimarlo conveniente la autoridad jurisdiccional- afectar la libertad personal; sin embargo, dicha afectación, en caso de imponerse, sería consecuencia directa e inmediata de una diversa determinación judicial, futura y de acontecimiento incierto." Ahora, es importante clarificar que la resolución reclamada no encuadra en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad contempladas por la Ley de Amparo. Se estima de esa manera, en virtud que -como ha sido destacado- en la audiencia en la que se emitió la resolución reclamada, el juez ordenó el cese de la prisión preventiva que imperaba sobre el hoy quejoso, ordenando su inmediata libertad; y, si bien a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, su defensor particular manifestó que ******************** aún continuaba interno en el Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla, ello resultó por causas ajenas a la resolución reclamada, pues el propio peticionario de amparo hizo del conocimiento del juez de la causa que se encontraba a disposición de diversa autoridad judicial en un procedimiento de ejecución de sentencia (fojas 117 y 118 del anexo I). Sumado a ello, la parte de la resolución de la que se duele el quejoso, es aquélla en la que se le impuso la exhibición de una garantía económica, por lo que, evidentemente, ello no incide en su libertad personal, pues el cumplimiento de tal medida no fue una condición para que aquél pudiera obtener su libertad. Además, el peticionario de amparo no es una persona extraña al procedimiento, dado que tiene el carácter de sentenciado en la causa penal de origen; y, la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues conforme a la porción normativa transcrita, es claro que, contra las resoluciones pronunciadas por el órgano jurisdiccional sobre medidas cautelares procede el recurso de apelación. En mérito de lo expuesto, como se adelantó, este órgano de control constitucional estima que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Apoya la anterior determinación, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". II. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En consecuencia de lo determinado en este auto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con seis minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la parte tercera interesada; y, por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada y a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
quince de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en el informe justificado rendido por la autoridad responsable, éste refiere que el promovente Christian Uriel Cazares Trejo, es defensor particular del quejoso Marco Antonio González Padilla, dentro de la causa penal 266/2013, de su índice. Por lo que, en términos del numeral 11, en relación con el diverso 14, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por reconocida la personalidad con la que Christian Uriel Cazares Trejo, compareció al presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de autos se advierte que a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de noviembre dos mil veintitrés, no trascurre el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte tercera interesada se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, por lo que se difiere anticipadamente y se señalan las diez horas con seis minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues que impulsa el procedimiento. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las diez horas con cinco minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1067/2023, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistido de la Secretaria Nahieli Avendaño Palacios, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************a través de quien se ostenta como su defensor particular ********************, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable identificada en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS; MEDIANTE OFICIOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ASÍ COMO AL FISCAL FEDERAL ADSCRITO.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Marco Antonio Estrada Lopez1208/2016
- Marco Antonio Garcia Corpus1463/2016
- Marco Antonio Garcia Garcia1298/2017
- Marco Antonio Garcia Gil730/2022
- Marco Antonio Garcia Pavon599/2022
- Marco Antonio Garcia Pavon Garcia671/2023
- Marco Antonio Gonzalez Padilla80/2023
- Marco Antonio Grajales Echegaray1102/2016
- Marco Antonio Gutierrez Nuñez560/2018
- Marco Antonio Hernadez Merino483/2019
- Marco Antonio Hernandez Nava23/2018
- Marco Antonio Hernandez Nava734/2017