Marbella Urizar Natareno
Expediente 472/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/07/2022
Partes del expediente
- Marbella Urizar Natareno
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, que tuvo por no presentada la demanda de amparo, transcurrió del veintidós al veintiocho de julio del año dos mil veintidós, con exclusión de los días veintitrés y veinticuatro de julio del año en curso, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la quejosa Marbella Utizar Natareno, no compareció a la diligencia de ratificación de firma de su demanda de amparo programada para las once horas del dieciocho de julio de dos mil veintidós, pese a estar debidamente notificada del acuerdo de catorce de esos mismos mes y año, por conducto de su autorizado Olivero Contreras López. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de catorce de julio de dos mil veintidós, por ende, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, catorce de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Marbella Urizar Natareno, contra actos del Juzgado Segundo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, y otra autoridad, radíquese con el número de expediente 472/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará el escrito de demanda y si advirtiere deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda. Ahora bien, el análisis integral de la demanda de amparo pone de manifiesto que en su última foja, encima del nombre de la quejosa, aparece un signo gráfico "X", lo que a juicio de este juzgador no cumple con la finalidad de una firma que es la de atribuir al suscriptor del documento su autenticidad e incorporar la manifestación de voluntad de su autor, en tanto que no aporta un signo gráfico que logre individualizar determinado trazo que lo diferencie de otro y lo vuelva único respecto de la persona que lo asienta, antes bien, el signo "X" es una marca o un signo de fácil elaboración. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.4o.C.69 C (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, abril de 2019, Tomo III, página 2035, Décima Época, que dice: "FIRMA. EL SIGNO "X" PUESTO EN DOCUMENTOS PRIVADOS NO TIENE AQUELLA CALIDAD. El signo "X" no admite ser considerado como la firma que debe asentarse en los documentos donde se formaliza un contrato, en términos del artículo 1834 del Código Civil Federal (similar al correlativo del Código Civil vigente en la Ciudad de México). Ciertamente, la doctrina jurídica considera a la firma, como un signo gráfico íntimo y personal de cada individuo, compuesto a veces con la anotación manuscrita del nombre y/o con rasgos de figuras caprichosas, impresos con solidez y estabilidad por una persona; puede ser completa o parcial, con o sin ortografía e incluso puede estar formada por signos caligráficos que no constituyen letras, y sirve para amparar la autenticidad de los actos y la legitimidad de los compromisos que se hacen constar en un documento. La principal característica de la firma es que los signos gráficos son únicos respecto de la persona que los imprime, por lo cual, la firma no pueda ser reproducida de manera manuscrita por otra persona, de modo que esta característica la convierte en un sello de distinción propio y personal, respecto de quien la asienta. Así, la finalidad de colocar la firma en la forma escrita de un contrato consiste en que: i. Se deje constancia de que la persona a quien se atribuye el acto jurídico es realmente quien lo emitió y, ii. Se proporcione seguridad para constituir la prueba de que sí se aceptaron los términos del acto jurídico. En ese sentido es dable considerar, que el elemento esencial de la firma, consiste en otorgar seguridad, en principio, a las partes que participan en la constitución de un determinado acto jurídico. En este contexto, el signo "X" no cumple con las características ni con la finalidad de la firma que exige el artículo 1834 del Código Civil Federal, en tanto que no aporta un signo gráfico que logre individualizar determinado trazo que lo diferencie de otro y lo vuelva único respecto de la persona que lo asienta, con aptitud para generar seguridad a quienes formalizan por escrito un contrato. Por el contrario, la "X" es una marca o un signo de fácil anotación, que se puede hacer incluso con una regla, lo que demuestra que sólo es una forma de simular una firma, pero no constituye la firma por sí misma, ante la carencia de elementos gráficos que permitan identificar plenamente a la persona que celebró el acto jurídico. De ahí, que si en la forma escrita del contrato privado consta únicamente el signo de "X", éste no es contundente para determinar que se trata de la firma de la persona a quien se atribuye, porque al no constituir un trazo inequívoco, no da la certeza que evidencie fehacientemente la manifestación de voluntad de su autor." Por consiguiente, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que la quejosa probablemente pertenece a un grupo vulnerable que la coloca en una situación de desventaja social, pues refirió que es una persona adulta mayor y débil visual; con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa Marbella Urizar Natareno, para que se presente a las once horas del dieciocho de julio de dos mil veintidós, ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ubicado en calle Caballito de Mar, número 34-A (entre calles 50 y 52), Playa Norte, Ciudad del Carmen, Campeche, código postal 24115, con identificación oficial vigente que acredite su identidad, con la finalidad de que en diligencia formal, previa lectura que se le haga de su demanda de amparo, manifieste si ratifica o no su contenido. Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 3 y 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022 de dicho órgano colegiado, genérese la cita respectiva a nombre de la quejosa, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el módulo "Agenda OJ" al servicio del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, deberá entregarse el "Código QR" respectivo al momento de la notificación de este proveído, con la finalidad de que el día y hora programados para la diligencia ordenada pueda comparecer ante este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que podrá acudir acompañada de cualquiera de las personas que autorizó en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por algún familiar o persona de su confianza dada su condición de persona adulta mayor y débil visual. Se apercibe a la quejosa Marbella Urizar Natareno que de no comparecer ante este órgano jurisdiccional dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá no presentada la demanda. Por analogía, resulta aplicable la tesis aislada XVII.2o.1 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 51, febrero de 2018, Tomo III, página 1410, Décima Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO DE SU EXAMEN EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTA QUE EL QUEJOSO SE ENCUENTRA EN CLARA DESVENTAJA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL JUICIO Y EN LUGAR DE LA FIRMA CONTIENE ÚNICAMENTE LA HUELLA DACTILAR, DEBERÁ PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA IRREGULARIDAD Y NO DESECHARLA. Cuando del examen de la demanda de amparo se advierta que el quejoso únicamente estampó su huella dactilar, por no saber o no poder firmar, debido a sus condiciones de pobreza o marginación que pudieran consistir, entre otros supuestos, en la carencia de estudios que le impidan insertar un gráfico que lo identifique; que su situación médica se lo impida; que sea persona adulta mayor y tenga especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercer sus derechos; ello, aunado a que en el momento procesal correspondiente no esté a su alcance el auxilio de un tercero que a su ruego promueva en su nombre, el Juez de Distrito, al advertir esa clara desventaja social para la defensa del juicio, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deberá observar los estándares constitucionales y convencionales de los que el Estado Mexicano es Parte, a efecto de salvaguardar sus derechos humanos, así como de las garantías para su protección; esto es, en términos del artículo 17 constitucional, en relación con los diversos 8, numeral 1 y 25, numeral 1, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deberá otorgar al gobernado la oportunidad de acceder a la impartición de justicia para su debida defensa en el juicio, por lo que lo requerirá para que ratifique o reconozca como suya la huella dactilar que estampó en su demanda, con los apercibimientos respectivos; lo anterior, además, con apoyo en el numeral 114, fracción I, de la Ley de Amparo, pues dicha circunstancia constituye una irregularidad de la demanda que amerita la prevención." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Plaza Maná, local 1, planta baja, Avenida Santa María Guadalupe, manzana 0, lote 3, entre Avenida Nardos y calle Ciricote, Fraccionamiento Maderas, Ciudad del Carmen, Campeche. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Olivero Contreras López, Judith Margarita Delgado Méndez y Roberto Rangel Herrera, pues de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que los autorizados de la parte quejosa cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho. En cambio, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a P. de D. Olivero Contreras Martínez, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal. Lo anterior, dado que en el escrito de demanda la parte quejosa no proporciona datos que acredite que la mencionada persona se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a Olivero Contreras López, consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "vialegal", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022 de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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