Marco Antonio De Los Santos Heredia
Expediente 202/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/10/2023
Partes del expediente
- Marco Antonio De Los Santos Heredia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Hágase del conocimiento a las partes que en sesión ordinaria celebrada del catorce de julio de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó la primera adscripción de la Jueza Emma Magnolia Ayala Rivera, a cargo de este Juzgado de Distrito, en sustitución del Juez José Elías Pacheco Martínez, con efectos a partir del quince de agosto de dos mil veintitrés. La notificación a las partes, incluyendo a las autoridades responsables y en su caso, a las autoridades que tengan el carácter de tercero interesado, se realiza por medio de lista, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.17.ae SAMARA ROBLES ROMERO consultable en el Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, con registro digital 2002576, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, CAUSÓ ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Previas las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme al artículo 20, fracción II del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.17.ae SAMARA ROBLES ROMERO Juicio de Amparo 202/2023-III ??????????????? Notifíquese.
- Principal
MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, remite copia certificada del auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, así como de su respectiva notificación a la parte actora -aquí quejosa-, actuaciones derivadas del expediente ***. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Precisión del acto reclamado. En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, ***, promovió demanda de amparo contra las siguientes autoridades y actos reclamados: 1. De la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche; la omisión de acordar la promoción presentada por la parte actora el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral ***. 2. Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, la omisión de notificar a la parte actora -aquí quejosa- el acuerdo recaído a su promoción presentada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral número ***. Inexistencia del acto reclamado. Al respecto, por lo que hace a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye. Para demostrar dicha negativa remitió copia certificada del auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, de cuyo contenido se advierte que efectivamente, acordó y dio respuesta a la promoción presentada por la parte actora el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el sentido de decretar requerimiento de pago y embargo en contra de ***, ***, *** y/o quien resulte legitimo responsable o propietario de la fuente de trabajo. Documental a la que se confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que la expidió. En ese sentido, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Bajo esa premisa, si el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, el quejoso ***, promovió demanda de amparo contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, a quien en concreto reclamó la omisión de acordar la promoción presentada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral ***. Y, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad de Carmen, se advierte de forma clara y manifiesta que el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se acordó el escrito de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, signado por ***, como apoderado legal de la actora ***, es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, -veintisiete de febrero de dos mil veintitrés-, la omisión reclamada a dicha Presidenta no existía. Por consiguiente, al ser notoriamente inexistente el acto reclamado a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, consistente en la omisión de acordar la promoción presentada por la parte actora el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral ***, en relación a la fecha de la presentación de la demanda; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo, por lo que hace a dicho acto y autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Cesación de efectos del acto reclamado. Por otra parte, respecto al acto reclamado atribuido al Actuario adscrito a la Junta responsable, consistente en la omisión de notificar a la parte actora el acuerdo recaído a su promoción presentada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en expediente laboral número ***; se actualiza la diversa causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por lo que debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Al respecto, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye, sin embargo, de su contenido, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto omisivo que se le atribuye, sí existía al momento de la presentación de la demanda, dado que en ese momento aún no había notificado a la aquí parte actora el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictado en expediente laboral número ***, por el que se dio respuesta a su promoción presentada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Lo cual se corrobora con la copia certificada de la constancia de notificación realizada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, a la parte actora respecto del multicitado auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***. Notificación que se reitera, por una parte permite concluir que a la fecha de la presentación de la demanda efectivamente existía el acto omisivo, no obstante, con la misma documental se acredita que durante la tramitación del presente juicio de amparo cesaron los efectos del acto reclamado, pues el actuario responsable notificó a la parte actora el auto recaído a su escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en expediente laboral número ***. Documental a la que se confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió. Bajo ese contexto, si el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, la quejosa ***, promovió demanda de amparo contra actos del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclamó la omisión de notificar a la parte actora el auto recaído a su escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en expediente laboral número ***. Y, de las constancias remitidas por el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad de Carmen, se advierte de forma clara y manifiesta que el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, notificó a la accionante el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***. Resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta responsable, consistente en la omisión de notificar a la parte actora -aquí quejosa- el acuerdo recaído a su promoción presentada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en expediente laboral número ***, por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo, por lo que hace a dicha autoridad y acto reclamado. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Shawn Daniel Benjamín Bámaca Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen (ahora Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche), mediante el cual, en atención al requerimiento decretado en auto de diecinueve de abril del año en curso, remite copia certificada de las constancias de notificación a la parte actora -aquí quejosa- de veintiséis de marzo de dos mil veintitrés, del auto de veintidós de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ***. Ahora bien, toda vez que en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se requirió a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, para que dentro del plazo de tres días remitiera copia certificada de la constancia de notificación y/o diligencia de requerimiento de pago realizado a los demandados. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación y/o diligencia de requerimiento de pago y embargo ordenada en el juicio laboral ***, por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, practicada a las demandadas (i) ***; (ii) ***; (iii) ***; y/o quien resulte legítimo responsable o propietario de la fuente propietario. Se comunica a la autoridad responsable que continúa subsistente el apercibimiento decretado en auto de cuatro de abril del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese por lista a las partes, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *** de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen (ahora Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche), mediante el cual, en atención al requerimiento decretado en auto de cuatro de abril del año en curso, remite copia certificada de las constancias de notificación a la parte actora -aquí quejosa- de veintiséis de marzo de dos mil veintitrés, del auto de veintidós de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ***. Ahora bien, toda vez que en proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se requirió a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, para que dentro del plazo de tres días remitiera copia certificada de la constancia de notificación y/o diligencia de requerimiento de pago realizado a los demandados. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación y/o diligencia de requerimiento de pago y embargo ordenada en el juicio laboral ***, por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, a las demandadas (i) ***; (ii) ***; (iii) ***; y/o quien resulte legítimo responsable o propietario de la fuente propietario. Se comunica a la autoridad responsable que continúa subsistente el apercibimiento decretado en auto de cuatro de abril del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para esta fecha y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Fecha que se fija atendiendo a las cargas de trabajo de este Juzgado de Distrito y porque cuenta con una plantilla limitada de personal para la tramitación de los asuntos. Notifíquese por lista a las partes, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Cuauhtémoc Fuentes Rodríguez, Secretario de juzgado con quien actúa y da fe.
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