Manuel Vera Rodriguez
Expediente 363/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/06/2023
Partes del expediente
- Manuel Vera Rodriguez
Actuaciones
- Principal
MESA V "... Ciudad del Carmen, Campeche, siete de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio ***, del Actuario Judicial Adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco, Campeche, mediante el cual, transcribe el proveído de uno de junio de dos mil veintitrés, de cuya lectura se advierte que ese órgano jurisdiccional admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ***, a través de su representante legal Manuel Vera Rodríguez contra el acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, registrándolo bajo el número de queja ***. Circunstancia de lo que se toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese por lista al quejoso. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solís, Secretario Proyectista con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V "... Ciudad del Carmen, Campeche, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ***, autorizada de la parte quejosa en términos amplios, a través del cual, manifiesta que los oficios número *** y ***, derivado del acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en la cual se tuvo por presentado el recurso de queja, se encuentran dirigidos a autoridades distintas a las señaladas como responsables, por tanto solicita se reenvíen para que tengan conocimiento del aludido medio de defensa. No ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que en el proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, que tuvo por interpuesto el recurso únicamente se ordenó notificar por lista a la parte actora. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra debidamente integrado el presente juicio de amparo, toda vez que obra la constancia de notificación a la parte quejosa de los acuerdos de doce de abril y ocho de mayo de dos mil veintitrés, el primero por el que se desechó su demanda de amparo y el segundo que tuvo por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de doce de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, remítase escrito de interposición del recurso y de expresión de agravios, así como copia certificada del presente expediente, al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, para la substanciación del recurso de queja hecho valer por el quejoso ***, administrador único de ***. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, Secretario Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V..."Ciudad del Carmen, Campeche, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito suscrito por *** administrador único de la sociedad mercantil quejosa ***, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la parte quejosa, contra el auto de doce de abril de dos mil veintitrés. Asimismo, en términos del numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho. Por tanto, una vez que este expediente se encuentre integrado remítase el escrito de interposición del recurso y de expresión de agravios vía interconexión, a la superioridad para el trámite respectivo. Finalmente, con apoyo en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que haga disponible la consulta electrónica del presente expediente a fin de que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, pueda consultar las constancias; debiendo la secretaria encargada del expediente realizar la certificación relativa. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, Secretario Proyectista con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V..."Ciudad del Carmen, Campeche, doce de abril de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por *** administrador único de la moral ***, personalidad que acredita en términos de la escritura pública seiscientos ocho de catorce de abril de dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número doce del Estado de Campeche, contra actos de la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, radíquese con el expediente ***, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. Por otra parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de Amparo Indirecto 363/2023-V 3 improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, interpretó la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, entendiéndose como tal aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta ejecutoria emergió la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, intitulada: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En el caso que nos ocupa, el examen de la demanda de amparo, pone de manifiesto que el reclamado es la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, emitida dentro del toca de apelación ***, de la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, declaró procedente la incompetencia territorial por declinatoria planteada por la parte demandada *** en el expediente ***, del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche. Ahora bien, la decisión de incompetencia emitida por la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, no tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, en razón de que para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de quien el Tribunal de Alzada, consideró legalmente competente se niegue a conocer del asunto o plantee un conflicto competencial, por las razones siguientes: 1. La decisión de competencia involucró a dos órganos jurisdiccionales sobre los cuales solamente en uno el tribunal de alza ejerce jurisdicción, a saber, el Juez Oral de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. En cambio, no ejerce jurisdicción respecto al Juzgado de Primera Instancia competente en Materia Mercantil del Primer Poder Judicial de la Ciudad de México, por no encontrarse dentro de su ámbito territorial. 2. Del artículo 1100 del Código de Comercio, deriva que ningún juez puede sostener competencia con su superior inmediato, pero sí con otro juez o tribunal que, aunque sea superior en su clase, no ejerza jurisdicción sobre él, al igual que con aquellos de fuero federal, cuando se esté en el caso de jurisdicción concurrente en los términos de la fracción I-A del artículo 104 de la Constitución. Lo anterior, significa que lo decidido por el tribunal de alzada en la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, emitida dentro del toca de apelación ***, no tiene la naturaleza de cosa juzgada porque existe la posibilidad de que el órgano jurisdiccional, a quien el tribunal de alzada consideró legalmente competente, se niegue a conocer del asunto o plantee algún conflicto competencial. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIX.1o.A.C.11 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, mayo de 2016, Tomo IV, página 2756, Décima Época, intitulada: "COMPETENCIA POR DECLINATORIA EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DECLARA FUNDADA LA EXCEPCIÓN RELATIVA Y ENVÍA LA DEMANDA A UN JUEZ CIVIL, RESPECTO DEL CUAL NO EJERCE JURISDICCIÓN, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. La tramitación de la excepción de incompetencia por declinatoria en el juicio oral mercantil, atiende al artículo 1390 Bis 34 del Código de Comercio. Ahora bien, si la autoridad responsable declaró como competente a un Juez civil residente en un lugar donde no ejerce jurisdicción, existe la posibilidad de suscitarse un conflicto competencial, lo que le quita el carácter de definitiva a la decisión reclamada constitucionalmente, incluso, sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, en términos de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos definitivos susceptibles de impugnarse en sede constitucional, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria). Por tanto, la resolución que emita la autoridad responsable en un juicio oral mercantil, donde declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y envía la demanda a un Juez civil, respecto del cual no ejerce jurisdicción, no puede considerarse como definitiva para efectos de ser impugnada en el juicio de amparo indirecto. En efecto, del examen de los artículos 1100, 1114, fracción II, 1117 y el citado 1390 Bis 34 del Código de Comercio, que regulan la tramitación de esta figura procesal y siguiendo los lineamientos que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", se concluye que cuando se declare fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y se ordena el envío a un Juez civil, respecto del cual la autoridad que la resuelve no ejerce jurisdicción, no puede ser una resolución definitiva para efectos del amparo indirecto, pues conforme al referido artículo 1100 del Código de Comercio, el Juez a quien se declina la competencia sí puede generar conflicto con el tribunal declinante, lo que le quita definitividad a la decisión que resuelve la declinatoria pues, en estos casos, la resolución definitiva será aquella que acepta la competencia declinada y no en la que se emite, por tanto, resulta improcedente el amparo indirecto promovido contra esta última al no producir una afectación personal y directa en la esfera de derechos del interesado, conforme al artículo 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por **** administrador único de la moral ***, en contra de la resolución de resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, emitida dentro del toca de apelación ***, de la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita el promovente, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho ***, ***, ***, ***, *** y ***, pues de la certificación de cuenta, se advierte que después de una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se encontró que los autorizados de la moral quejosa cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, intitulada: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en **** CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la promovente con nombre de usuario "chicanul", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "chicanul", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022, de dicho órgano 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de Amparo Indirecto 363/2023-V 11 colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". DATOS DE CONTACTO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2° de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener la dirección de correo electrónico que proporciona el promovente como medio de contacto para entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, preveía como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales", como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, sin embargo, el aludido Acuerdo General estuvo en vigor hasta el seis de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo General 22/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del consejo en el contexto de la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis 12 En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis Secretario Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
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