Manuela Rivera Cordova

Expediente 743/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
743/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Manuela Rivera Cordova

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, que tuvo por no presentada la demanda de amparo, transcurrió del trece al diecinueve de octubre de dos mil veintidós, con exclusión de los días quince y dieciséis de octubre del año en curso, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso b), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de José Daniel Nápoles Flores, quien se ostenta como apoderado de Manuela Rivera Córdova, mediante el cual, pretende desahogar la prevención ordenada en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós. En su atención, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento decretado en auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós. Es así, en razón de que el promovente José Daniel Nápoles Flores, para acreditar su carácter de apoderado de la quejosa de Manuela Rivera Córdova, exhibió una carta poder digitalizada de la que se desprende que el veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, Manuela Rivera Córdova, ante dos testigos de asistencia otorgó poder especial, amplio, cumplido y suficiente a José Daniel Nápoles Flores y otros, para que en su nombre y representación comparecieran conjunta o separadamente, litigaran, gestionaran y tramitaran todo lo relativo al juicio de amparo indirecto entablado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Esto es, el poder otorgado por Manuela Rivera Córdova, a favor de José Daniel Nápoles Flores y otros, es de fecha posterior a la presentación de la demanda, ya que el poder se otorgó el veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, mientras que la demanda de amparo se presentó el quince de esos mismos mes y año. En esa medida, al haberse otorgado el poder con posterioridad a la presentación de la demanda, no puede tenerse por acreditada la personalidad de José Daniel Nápoles Flores, pues dicha representación surte efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó. Al respecto, resulta exactamente aplicable la jurisprudencia P./J. 91/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, septiembre de 2000, página 9, Novena Época, que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con un poder general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó." En esa medida, al estar acreditado que a partir del veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, la quejosa Manuela Rivera Córdova, otorgó poder especial, amplio, 08/10/22 10:08:34 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d3.96 ARTURO SANCHEZ ANALCO 4 cumplido y suficiente a favor de José Daniel Nápoles Flores y otros, para que en su nombre y representación comparecieran conjunta o separadamente, litigaran, gestionaran y tramitaran todo lo relativo al juicio de amparo indirecto entablado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, resulta inconcuso que la demanda de amparo presentada el quince de septiembre de dos mil veintidós, no se promovió por la persona física a quien afectaba el acto reclamado, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo, puesto que, en esa fecha, José Daniel Nápoles Flores no tenía facultades para instar la acción de amparo, esto es, carecía de legitimación procesal activa. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 75/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, enero de 1998, página 351, Novena Época, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." En esa medida, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que el plazo de cinco días concedido a José Daniel Nápoles Flores, quien se ostentó como apoderado de Manuela Rivera Córdova, para desahogar la prevención ordenada en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, transcurrió del veintitrés al veintinueve de septiembre dos mil veintidós, con exclusión de los días veinticuatro y veinticinco de septiembre del año en curso, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo diera cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional. Y, que a partir del veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, surtió efectos la representación que le otorgó la quejosa Manuela Rivera Córdova, esto es, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda. Con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo que promovió José Daniel Nápoles Flores, en su carácter de apoderado de Manuela Rivera Córdova. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veinte de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por José Daniel Nápoles Flores, en su carácter de apoderado legal de Manuela Rivera Córdova, contra actos de la Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en la Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente 743/2022-III, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PREVENCIÓN. El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará el escrito de demanda y si advirtiere deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda. Por otro lado, en términos del artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la representación de quien comparece en representación del quejoso se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimiento Civiles. Y, conforme al artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre y representación del quejoso o tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable le será admitida siempre que lo acredite con la constancia respectiva. En el caso que nos ocupa, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente José Daniel Nápoles Flores, se ostenta como apoderado de Manuela Rivera Córdova, personalidad que aduce acreditar con la carta poder de trece de enero de dos mil veintidós. Sin embargo, el promovente no acredita con alguna constancia la representación que dice tener a favor de Manuela Rivera Córdova, por ende, su sola manifestación de que es representante legal de dicha persona, es insuficiente para reconocerle ese carácter. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y III de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días: 1. Exhiba original o copia certificada del documento idóneo con el que acredite tener facultades para promover demanda de amparo en nombre y representación de Manuela Rivera Córdova. 2. Señale el motivo por el cual señala como autoridad responsable al Secretario Instructor adscrito al Juzgado Laboral del Poder Judicial de la Federación, Sede Carmen [autoridad federal]; lo anterior, tomando en cuenta que el acto consistente en la omisión de admitir la demanda presentada el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se la reclama al Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, es decir, una autoridad local. Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en la calle 49 número 05 entre 38-A y 48, colonia Santa Margarita, código postal 24120, de esta ciudad. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Por cuanto hace a las designaciones de autorizados que realiza el promovente en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, una vez que desahogue la prevención ordenada, se acordará lo que en derecho proceda, pues esa autorización sólo puede admitirse cuando está demostrada la personalidad de quien promueve amparo a nombre de otra persona, lo que por el momento no está acreditado. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/202, 9/2022 y 16/2022 de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente al promovente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen · 2,040 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano