Mará del Pilar Larrosa Delgado

Expediente 597/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
597/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Mará del Pilar Larrosa Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV..."Ciudad del Carmen, Campeche, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual transcribe el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de queja ******, con el que acusa recibo del diverso por el que se remitió el escrito de la quejosa *****, mediante el cual interpuso recurso de queja y formuló agravios, en contra del proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, informa que el referido medio de impugnación fue admitido y registrado con el número de recurso de queja *****; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa *****, en el proveído de treinta de junio del año en curso, para que señalará domicilio en Ciudad del Carmen, para oír y recibir notificaciones, transcurrió del dieciocho al veinte de julio de dos mil veintitrés, sin que diera cumplimiento a lo requerido. Por consiguiente, ante la omisión de la quejosa *****, de señalar domicilio en esta ciudad en el cual pueda ser notificado; se hace efectivo el apercibimiento decretado; por ende, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos que se fijará en los estrados de este Juzgado, con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase por recibido el escrito de la quejosa *****, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la quejosa *****, contra el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, en términos del numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho. Por tanto, remítase de inmediato el escrito de interposición del recurso y de expresión de agravios, así como, copia certificada del presente expediente, al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, para la substanciación del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa. De igual forma, con apoyo en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se instruye para que se haga disponible la consulta electrónica del presente expediente a fin de que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, pueda consultar las constancias; debiendo el secretario del expediente realizar la certificación respectiva. Finalmente, incorpórese a los autos el oficio *****, firmado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, mediante el cual, transcribe el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el que solicita acuse de recibo el oficio *****, por el que remitió el auto de incompetencia de trece de junio de dos mil veintitrés y el expediente original ****, asimismo, se informe lo acordado en relación a dicha incompetencia; por tanto, comuníquesele que, en proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, y otros, la cual se radicó bajo el juicio de amparo *****, asimismo, acúsese recibo. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA III..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa *****, en el proveído de treinta de junio del año en curso, para que señalará domicilio en Ciudad del Carmen, para oír y recibir notificaciones, transcurrió del dieciocho al veinte de julio de dos mil veintitrés, sin que diera cumplimiento a lo requerido. Por consiguiente, ante la omisión de la quejosa *****, de señalar domicilio en esta ciudad en el cual pueda ser notificado; se hace efectivo el apercibimiento decretado; por ende, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos que se fijará en los estrados de este Juzgado, con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase por recibido el escrito de la quejosa *****, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la quejosa *****, contra el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, en términos del numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho. Por tanto, remítase de inmediato el escrito de interposición del recurso y de expresión de agravios, así como, copia certificada del presente expediente, al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, para la substanciación del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa. De igual forma, con apoyo en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se instruye para que se haga disponible la consulta electrónica del presente expediente a fin de que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, pueda consultar las constancias; debiendo el secretario del expediente realizar la certificación respectiva. Finalmente, incorpórese a los autos el oficio *****, firmado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, mediante el cual, transcribe el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el que solicita acuse de recibo el oficio *****, por el que remitió el auto de incompetencia de trece de junio de dos mil veintitrés y el expediente original ****, asimismo, se informe lo acordado en relación a dicha incompetencia; por tanto, comuníquesele que, en proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, y otros, la cual se radicó bajo el juicio de amparo *****, asimismo, acúsese recibo. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA IV..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio ***, remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, mediante el cual, transcribe el acuerdo de trece de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto ***, por el que el titular de ese órgano jurisdiccional, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Notario Público Número Doce del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, asimismo remite el expediente formado con motivo de la demanda de amparo. Acúsese recibo. Por tanto, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Sentado lo anterior, el análisis integral de la demanda de amparo, revela que la parte quejosa reclama los actos siguientes: I. Al Congreso del Estado de Campeche, le reclama: a) La inconstitucionalidad de la "sección segunda" del procedimiento notarial en materia de sucesión legitima y testamentaria de la Ley del Notariado para el Estado de Campeche; y, b) La inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 33 de la Ley del Notariado para el Estado de Campeche. II. Al Notario Público Número Doce del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, le reclama: a) El injusto e ilegal procedimiento de sucesión testamentario de quienes en vida respondieran a los nombres de ***, *** y ***, según la escritura pública ***, de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, sin que hubiera sido citada a comparecer al mismo para defender sus derechos. Asimismo, del escrito aclaratorio de la demanda de amparo, se advierte que la "sección segunda" del procedimiento notarial en materia de sucesión legitima y testamentaria de la Ley del Notariado para el Estado de Campeche, y la fracción II del artículo 33 de la Ley del Notariado para el Estado de Campeche, se reclaman como normas "heteroaplicativas" y que el acto concreto de aplicación se hace derivar del procedimiento de sucesión testamentario de quienes en vida respondieran a los nombres de ****, **** y ****, según la escritura pública ***, de diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Así las cosas, respecto del acto reclamado que se atribuye al Notario Público Número Doce del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, consistente en el procedimiento de sucesión testamentario de quienes en vida respondieran a los nombres de ***, *** y ***, según la escritura pública ***, de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/1992, sostuvo que por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del gobernado, en donde esos actos pudieran exigirse su cumplimiento mediante el uso de la fuerza pública. De este criterio, emergió la tesis aislada P. XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo V, febrero de 1997, visible a foja 118, Novena Época, intitulada: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99- SS, señaló las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Criterio que se contiene en la tesis aislada 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 364/2016, sostuvo que el notario público es un delegatario del poder público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está permitido por la ley a fin de darles autenticidad. Es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. Asimismo, que la institución del notariado es totalmente sui géneris en el sistema jurídico mexicano, ya que la función notarial se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, pero se trata de una función de orden público, puesto que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos; por tanto, es un servicio público regulado por el Estado. De igual forma, que el notario está facultado para autenticar y dar forma, en los términos de ley, a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, por lo que éstos al ser certificados por el notario tienen el carácter de auténticos y valen erga omnes, esto es, con efectos generales. Además, debe asesorar a los otorgantes y comparecientes. Así también, que la fe pública de la que es investido el notario es originalmente un atributo del Estado que tiene por virtud de su imperio, y es ejercitada a través de los órganos estatales y del notario, y ésta es la necesidad de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. Para otros autores, la fe pública es la garantía que da el Estado de que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho. De ahí que la fe pública notarial debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto, se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto. Esta función del notario contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que actúa y da certeza. En ese orden, dijo, que es el Estado a través del Poder Ejecutivo local, quien otorga la patente respectiva a aquellos que reúnan los requisitos previstos por la ley correspondiente y vigila que los notarios al realizar su actuación cumplan con dicha legislación, e inclusive tiene la facultad para suspender o revocar dicha patente, en los casos que prevé la ley. Agregó, que la función que desempeña el notario deviene por mandato expreso del legislador, a través del cual, delegan a los fedatarios públicos facultades que originalmente estaban concedidas a la autoridad judicial para conocer de varios tipos de procedimientos, y es por ello que los particulares pueden válidamente realizar tramitaciones, como las sucesorias ante los notarios públicos, sin tener que acudir necesariamente ante la presencia de un órgano jurisdiccional cuando se cumplen ciertos requisitos. Y, que en general, las actuaciones dentro de los procedimientos sucesorios no son constitutivos de derechos y obligaciones, sino que son meramente declarativos: se limitan a esclarecer una situación preexistente, particularmente los derechos y obligaciones adquiridos por la muerte de cuius y desde el momento de la misma. Explicó, que el modus operandi del derecho sucesorio en México nos permite llegar a esa conclusión. El hecho que transmite los derechos es precisamente la muerte del de cuius, no así las determinaciones que en su caso tome el Juez o el notario. Éstos solamente declaran una situación jurídica previa a la tramitación de la sucesión. En realidad no constituyen derechos ni obligaciones, ni modifican la esfera jurídica de los intervinientes. Resaltó, que en la eventualidad de que se deba resolver un conflicto, sea entre herederos o con un tercero, el notario debe abstenerse de conocer el asunto porque no tiene facultades para dirimir controversias. La función del notario consiste únicamente en dar fe pública de actos jurídicos o hechos, no así para modificar situaciones jurídicas. En ese orden de ideas, afirmó que en los procedimientos sucesorios en general pueden existir resoluciones constitutivas de derechos y obligaciones. No obstante, éstas son exclusivas de la autoridad judicial. Los notarios auxilian al poder judicial en los procedimientos de esta naturaleza, siempre y cuando se mantengan en el plano declarativo. De lo contrario deberán remitir el asunto al Juez de lo familiar competente, como se señaló en párrafos precedentes. Y, que a pesar de que su actuación está regulada en una ley y que auxilian al poder judicial en la tramitación de procedimientos sucesorios, lo cierto es que no puede decirse que se afecte la esfera jurídica de los particulares, pues su función dentro de estos procedimientos es dar fe pública de: a) la situación jurídica generada a partir de la muerte del causante de la sucesión; y, b) los actos jurídicos que celebren los herederos, legatarios y el albacea, respecto de los bienes materia de la sucesión, sin que sea el notario quien unilateralmente determine dichas situaciones. Precisó, si bien los notarios llevan a cabo funciones originalmente encomendadas a los Jueces en la tramitación de sucesiones, lo cierto es que dichas actuaciones se limitan al ámbito declarativo, en el entendido de que las resoluciones judiciales pueden ser tanto constitutivas como declarativas. Entonces, si las actuaciones delegadas a los notarios son únicamente de carácter declarativo, es claro que no constituyen derechos y obligaciones a cargo de los particulares. Como se mencionó en párrafos precedentes, se reserva a la autoridad judicial la facultad de emitir resoluciones que resuelvan controversias y constituyan derechos. A partir de lo anterior, concluyó que a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de la nueva ley de Amparo, que los notarios públicos cuando tramitan sucesorios extrajudiciales, ya sea testamentaria o intestamentaria, no pueden ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, en razón de que: a) No establece una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente da fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cuius y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y el albacea, ya sea entre ellos o con terceras personas. b) No emite unilateralmente resoluciones que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones. c) No establece nuevas situaciones jurídicas. Sin embargo, si alguno de los intervinientes en el procedimiento sucesorio extrajudicial o un tercero siente que hay una vulneración a su esfera jurídica, deberá promover el procedimiento ante la autoridad judicial competente. De esta ejecutoria emergió la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, agosto de 2019, Tomo II, página 1144, Décima Época, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." En el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto jurídico a que se refiere la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que la parte quejosa reclama el procedimiento de sucesión testamentario tramitado de manera extrajudicial ante notario público. Por tanto, al existir jurisprudencia en el sentido de que los notarios públicos no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, cuando se les reclamen actos derivados de la tramitación de sucesiones extrajudiciales, ya sea testamentaria o intestamentaria, resulta inconcuso que el juicio de amparo resulta improcedente contra el acto reclamado consistente en: a) El injusto e ilegal procedimiento de sucesión testamentario de quienes en vida respondieran a los nombres de Frida Alejandrina Reyes Luna, Jade Paola Reyes Luna y Guillermo Octavio Reyes Luna, según la escritura pública 1083, de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, sin que hubiera sido citada a comparecer al mismo para defender sus derechos, que se atribuye al Notario Público Número 12 del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. No se soslaya, que en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el auto inicial de tramite no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya definió jurisprudencialmente que los notarios públicos no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, cuando se les reclamen actos derivados de la tramitación de sucesiones extrajudiciales, ya sea testamentaria o intestamentaria, En esa medida, en el caso concreto, el auto inicial de la demanda de amparo indirecto, sí es la actuación oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Por otra parte, respecto a los restantes actos reclamados que se atribuyen al Congreso del Estado de Campeche, consistentes en: a) La inconstitucionalidad de la "sección segunda" del procedimiento notarial en materia de sucesión legitima y testamentaria de la Ley del Notariado para el Estado de Campeche; y, b) La inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 33 de la Ley del Notariado para el Estado de Campeche. También se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer lugar, es menester recordar que cuando se reclama una norma general con motivo de su acto de aplicación, esto es, como ley heteroaplicativa, como en el caso acontece, el Juez de Distrito -con el fin de no desvincular el estudio de la disposición impugnada de la que concierne a su acto de aplicación- debe proceder de la manera siguiente: 1. En principio, analizará si el juicio de control constitucional resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, y en el caso de actualizarse una causal de improcedencia, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. 2. De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente. 3. En el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a la disposición impugnada, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados en contra del acto de aplicación, única y exclusivamente, si se hacen valer por vicios propios; 4. Si ocurre que habiéndose negado el amparo en contra de la ley por estimarse que no es inconstitucional, la parte agraviada no formula motivos de inconformidad atinentes a vicios propios del acto concreto de aplicación, entonces esa negativa abarcará a este último; y, 5. Si se concediera la protección constitucional en contra de los preceptos impugnados por estimar que vulneran los derechos subjetivos del quejoso, esa concesión alcanzará al acto de aplicación de la norma. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 (9a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 235, Novena Época, intitulada: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Bajo ese contexto, en razón de que el juicio de amparo resultó improcedente contra el acto de aplicación de las normas cuya inconstitucionalidad reclama la parte quejosa, dado que el acto de aplicación no proviene de una autoridad (notario público) para efectos del juicio de amparo, ello trae como consecuencia de que el juicio de amparo también resulte improcedente contra la norma reclamada, pues, como se dijo, el análisis de la ley respectiva no puede desvincularse del que concierne a su acto de aplicación, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, de lo contrario, conduciría a tener como acto de aplicación de un precepto su simple cita en algún escrito formulado por cualquier particular, sin las atribuciones legales que de una autoridad prevé la propia Ley de Amparo, lo que trastocaría las reglas para el estudio del juicio de amparo indirecto contra leyes, cuando se promueve con motivo de un acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VII.2o.T.2 CS (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, página 2861, Décima Época, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE SE RECLAMA NO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (COMISIÓN DICTAMINADORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NÚMERO 07), AL NO PODER DESVINCULARSE EL ANÁLISIS DE LA LEY, AL DEL ACTO. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos de autoridad o disposiciones generales que violenten derechos humanos, entendiendo por autoridad aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, contra actos de particulares que tengan la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, esto es, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos de los gobernados, siempre y cuando sus funciones estén determinadas por una norma general; entonces, si el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional proviene de la Comisión Dictaminadora del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Número 07, la cual no colma los requisitos para ser considerada como autoridad para los efectos del amparo indirecto, en términos de la tesis VII.2o.T.24 L (10a.), emitida por este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de marzo de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, página 1706, con el título y subtítulo: "DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO LABORAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", debido a que su actuación no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones coercitivas para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones; en consecuencia, el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, al no provenir de una autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, requisito indispensable para la procedencia de dicho juicio; torna improcedente a éste, tanto por lo que respecta al aludido acto de aplicación, como por lo que hace a la norma impugnada, pues, como se dijo, el análisis de la ley respectiva no puede desvincularse del que concierne a su acto de aplicación, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, publicada en la página 235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". Estimar lo contrario, conduciría a tener como acto de aplicación de un precepto su simple cita en algún escrito formulado por cualquier particular, sin las atribuciones legales que de una autoridad prevé la propia Ley de Amparo, lo que trastocaría las reglas para el estudio del juicio de amparo indirecto contra leyes, cuando se promueve con motivo de un acto de aplicación." Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA. Ahora bien, toda vez que el domicilio que señaló la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera del lugar de la residencia de este Juzgado, en consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los numerales 1, 27, 28, 79 a 82 y 101, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique a la parte quejosa el presente acuerdo. Además, la requiera para que dentro de los tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fijará en los estrados de este juzgado, en términos de los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo. Para la realización de la diligencia, se faculta desde este momento al homólogo exhortado para que en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para dar cumplimiento a la encomienda solicitada. Hecho lo anterior, devuelva por la misma vía las actuaciones que realice, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Shawn Daniel Benjamín Bámaca Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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