Manuel Chávez Celis
Expediente 576/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuel Chávez Celis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el diez de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de la autoridad responsable, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, en términos del inciso c), del artículo 21 del referido Acuerdo General, es susceptible de destrucción. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas relativas a este expediente y a la del incidente de suspensión. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos originales que anexó al escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el diez de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de la autoridad responsable, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, en términos del inciso c), del artículo 21 del referido Acuerdo General, es susceptible de destrucción. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas relativas a este expediente y a la del incidente de suspensión. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos originales que anexó al escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
SENTENCIA En Morelia, Michoacán, a las trece horas con diez minutos del diez de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo III576/2020, promovido por Manuel Chávez Celis, por propio derecho, contra actos de: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. Subdirector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro; y, Subdirector de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. El oficio de once de septiembre de dos mil veinte, en el cual el Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, niega la solicitud de la colonia "Nuevo Milenio" perteneciente al municipio de Pátzcuaro, Michoacán, consistente en extenderle los permisos para la regularización y escrituración de dicha colonización, ello debido que no cumple con los requisitos contemplados en el Código de Desarrollo Urbano para el Estado de Michoacán de Ocampo. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada Karla del Rosario Herrera Bacab, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública , con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la presencia de las partes, en términos de la circular SECNO/12/2020 -respuesta a pregunta catorce-, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Enseguida, la secretaria procede a efectuar la relación de constancias que obran en autos, entre las que destacan: Escrito inicial de demanda. ? Auto de prevención de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. ? Auto de dos de octubre de dos mil veinte, en el que se le reiteró la prevención del veinticuatro de septiembre pasado. ? Auto admisorio de tres de noviembre de dos mil veinte, Por otro lado, se hace constar: Que no obran los informes previos de las autoridades responsables siguientes: ? Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. ? Subdirector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. ? Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro; y, ? Subdirector de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. Ello no obstante que se encuentran debidamente notificadas como se obtiene de los acuses que obran glosados en autos. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede, asimismo, respecto de la falta de informes previos de las autoridades responsables en comento, provéase lo conducente en la resolución que se dicte. A continuación, se declara la apertura del período de pruebas y dentro de la etapa de admisión o desechamiento, la secretaria hace constar: Que obran en autos las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, lo que el Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Se abre el período de alegatos, en el que la secretaria hace constar: Que ninguna de las partes los formuló. A lo anterior el Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes en alegar. Acto seguido, procede dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-576/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y recibido al día sigueinte en este juzgado, Manuel Chávez Celis demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. Subdirector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. Director de Urbanismo El oficio de once de septiembre de dos mil veinte, en el cual el Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, niega la solicitud de la colonia "Nuevo Milenio" perteneciente al municipio de Pátzcuaro, Michoacán, consistente en extenderle los permisos para la regularización y escrituración de dicha colonización, ello debido que no cumple con del Ayuntamiento de Pátzcuaro; y, Subdirector de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. los requisitos contemplados en el Código de Desarrollo Urbano para el Estado de Michoacán de Ocampo. Los que considera violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. El tres de noviembre de dos mil veinte, previas prevenciones, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once); 36 de la Ley de Amparo; 48, 51 fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que radican dentro de la jurisdicción correspondiente a esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y su alcance y contenido, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este sentido de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por esta vía constitucional, consisten en El oficio de once de septiembre de dos mil veinte, en el cual el Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, niega la solicitud de la colonia "Nuevo Milenio" perteneciente al municipio de Pátzcuaro, Michoacán, consistente en extenderle los permisos para la regularización y escrituración de dicha colonización, ello debido que no cumple con los requisitos contemplados en el Código de Desarrollo Urbano para el Estado de Michoacán de Ocampo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. En principio, debe decirse que las autoridades responsables fueron omisas en rendir su informe justificado, ello no obstante que se encuentran debidamente notificadas el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, del proveído por el cual les fue requerido el mismo, por lo que el término para rendir su informe justificado transcurrió del diecisiete de noviembre al ocho de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, de conformidad con el artículo 117, quinto párrafo se tiene presuntivamente cierto el acto reclamado a las autoridades responsables. Presunción de certeza que se robustece con el original del oficio de once de septiembre de dos mil veinte, que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, en el cual el Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, niega la solicitud de la colonia "Nuevo Milenio" perteneciente al municipio de Pátzcuaro, Michoacán, consistente en extenderle los permisos para la regularización y escrituración de dicha colonización, ello debido que no cumple con los requisitos contemplados en el Código de Desarrollo Urbano para el Estado de Michoacán de Ocampo. Prueba que tiene el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y, por tanto, se le confiere pleno valor probatorio1 en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del ordenamiento legal en consulta. En consecuencia, se tiene por acreditada la existencia del acto reclamado CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador federal, de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Actualización de la causa de improcedencia En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La causa de improcedencia referida tiene como base lo que establece la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, que en lo conducente prevén: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ley de Amparo Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los citados preceptos legales se colige que el juicio de amparo es el medio de control de la constitucionalidad de actos de autoridad, y excepcionalmente de particulares. Asimismo, se establece que el juicio de amparo se sigue siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, el que se vio afectado de forma real y actual, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con motivo del acto de autoridad reclamado. Por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo, y que ese interés resulte agraviado por la autoridad, de modo que, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En el caso concreto, el quejoso refiere que el acto de autoridad consistente en oficio de once de septiembre de dos mil veinte le afecta, pues la negativa de la regularización del asentamiento en la Colonia Nuevo Milenio en Pátzcuaro, Michoacán, carece de fundamentación y motivación. En ese sentido, el quejoso debe demostrar que es titular del derecho de posesión conculcado por el acto de autoridad; lo cual no significa que en el juicio de amparo se decida y se haga un pronunciamiento sobre la titularidad de ese derecho, sino que dicho análisis en relación con el valor probatorio de los documentos, deberá realizarse exclusivamente para efectos de comprobar el interés jurídico y, por consecuencia, la legitimación del promovente y la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. LII/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, página 333, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público." A efecto de acreditar el derecho subjetivo de posesión en la Colonia Nuevo Milenio del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán, el quejoso remitió el original del oficio de once de septiembre de dos mil veinte, signado por el Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. Asimismo, de la demanda de amparo se advierte que el aquí quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que ". formulamos atenta promoción y petición a las autoridades correspondientes a fin de que nos dieran los permisos necesarios para poder estar en condiciones de regularizar nuestras posesiones y que se nos diera certeza jurídica a los que habitamos en la multicitada colonia popular", empero, pese a la manifestación bajo protesta de decir verdad, tal aspecto no quedó corroborado con constancia alguna, pues el quejoso no allegó la solicitud que adujo haber presentado ante las autoridades responsables. Máxime que la respuesta a dicha solicitud se encuentra dirigido a Francisco Fraga Hernández, en su calidad de representante de la Colonia Nuevo Milenio del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán, esto es, se trata de una persona diversa al promovente del amparo. De igual forma, la parte quejosa se duele de una afectación en sus derechos, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues aduce ser parte de los habitantes de la Colonia Nuevo Milenio del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán; de ahí que resulte pertinente abundar en el concepto de interés legítimo. El interés legítimo es la facultad que tienen todas aquellas personas que, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen interés en que determinados actos de autoridad, se ajusten a la legalidad, cuyo objeto es que al ejercerlo les sea reparado el derecho violado; es decir, es aquella circunstancia que produce que el quejoso en el juicio de amparo sea quien resienta una afectación con motivo de un acto de autoridad que altere de manera directa su esfera de facultades y deberes, un derecho reconocido por el orden jurídico o, bien, que se violen derechos reconocidos por la Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cobra aplicación a lo anterior la tesis con registro 2003067, número 2a. XVIII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVIII, marzo de 2013, tomo 2, página 1736, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella". Establecido lo anterior, se reitera, el hoy quejoso controvierte el oficio de once de septiembre de dos mil veinte en el cual le negaron a los habitantes de la Colonia Nuevo Milenio del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán, la regularización de dicha colonia. En tales condiciones, a efecto de demostrar el interés legítimo, esto es, la existencia de una afectación en su esfera jurídica en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, el promovente tiene la carga de demostrar el carácter de residente o de vecindad de dicha colonia que resulta afectada con el acto de autoridad, pues con ese carácter se encontraría en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión demandada en juicio, ya sea por una circunstancia personal, o por una regulación sectorial o grupal y que, de prosperar la acción constitucional, se traduciría en la protección del derecho legítimo en disputa. Ahora, la parte quejosa durante el trámite del presente juicio de amparo, no ofreció prueba idónea para acreditar su interés legítimo, ello se dice, debido a que si bien allegó al presente expediente como prueba: ? Acta constitutiva de la persona moral "GENGANHUACHEN", Asociación Civil, de veintisiete de septiembre de dos mil once, con número de registro "22" y Tomo "15" del protocolo de la Notaria Pública Número 24, con ejercicio y residencia en Pátzcuaro, Michoacán, a cargo del Licenciado José Hernández Garnica. De dicha constancia se advierte que: ? La persona moral "GENGANHUACHEN", Asociación Civil, tiene el objeto de formar una asociación civil, para tramitar y conseguir créditos de vivienda popular, así como lo mismo en un área de terrenos. ? El presidente de dicha de la mesa directiva tendrá la representación de la asociación con el poder más amplio para la administración general, pleitos y cobranzas y actos de dominio; y, ? El promovente Manuel Chávez Celis no figura con cargo alguno dentro de dicha asociación, pues la mesa directiva está constituida de la forma siguiente: o Presidente: David Hernández Gerónimo. o Secretario: Hernán Cortés Gómez; y, o Tesorera: María del Pilar Guzmán Jaramillo. En efecto, dicha documental no acredita que la colonia "Nuevo Milenio" perteneciente al municipio de Pátzcuaro, Michoacán, forme parte de la persona moral "GENGANHUACHEN", Asociación Civil, como tampoco revela que el aquí quejoso sea uno de los integrantes de la mesa directiva de dicha asociación, ni que sea de las personas que habita o es vecino de dicha colonia. En estas condiciones, la vinculación jurídicamente relevante y protegida, no depende de la simple manifestación del interesado, en el sentido de que goza de un interés legítimo, sino que debe justificarlo, lo que en el presente asunto no fue acreditado por el hoy quejoso, pues -se insiste- éste no aportó probanzas, para demostrar que, efectivamente, tenía el interés requerido para promover el presente juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que, aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley referida, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que señala el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en mención. Por lo expuesto y fundados se R E S U E L V E : Primero. Se sobresee el juicio de amparo solicitado por Manuel Chávez Celis, por las autoridades y actos precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando cuarto Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
Parte quejosa solicita devolución de constancias. Agréguese a los autos el escrito signado por Manuel Chávez Celis, quejoso en el presente asunto; en atención a su contenido, se le tiene solicitando la devolución de los documentos originales que anexó a su escrito inicial de demanda. Al respecto, dígasele que no ha lugar proveer de conformidad, ello en virtud de que es necesario que dichas constancias obren en autos, toda vez que pueden ser objetadas por las partes y, si bien es cierto, puede pedir la devolución del documento aportado al juicio, en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó dicho numeral en el sentido de que la invocada devolución procederá siempre que haya transcurrido el plazo de la objeción o ésta se haya dirimido definitivamente; de ahí que sólo será factible su devolución una vez que concluya el juicio o, bien, haya precluido el derecho de las partes para hacer valer, en su caso, la objeción que prevé el artículo 122 de la Ley de Amparo, la cual podrá hacerse hasta la audiencia constitucional; entonces ya sea con posterioridad a ello o concluido el juicio, así lo estime conveniente, deberá reiterar su petición. No obstante lo anterior, hágasele saber que si lo desea, puede solicitar copia certificada de los documentos a que hace alusión, en caso de que así lo requiera. Digitalización expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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