Manor A. S. P.
Expediente 580/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manor A. S. P.
Actuaciones
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ARTURO SANTOYO PANTOJA. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de diez de julio de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Arturo Santoyo Pantoja, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, queda FIRME el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar ni documentos originales; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ARTURO SANTOYO PANTOJA, EL CONTENIDO DEL SOGUIENTE PROVEIDO; ? Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Arturo Santoyo Pantoja, por propio derecho, contra actos de la Administradora Regional del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guanajuato, Guanajuato; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número II-580/2018, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ? Precisión del acto reclamado. Ahora, de la demanda de amparo analizada como un todo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: Autoridades responsables. Administradora Regional del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guanajuato, Guanajuato [Ordenadora]. Administradora Regional del Poder Judicial de la Federación, con sede en Morelia, Michoacán. [Ejecutora] Acto reclamado. "Lo es la disminución de la cantidad de pensión alimenticia decretada el veinte de febrero de dos mil tres dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 894/2002 por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en las cuales se decretó alimentos provisionales a mi favor, representado por mi madre Alma América Pantoja Mendoza, a cargo del deudor alimentista JOAQUÍN SANTOYO RAMÍREZ, por la cantidad resultante del 30% de sus percepciones salariales netas; disminución de pensión alimenticia que se realiza sin que autoridad jurisdiccional alguna haya decretado alguna reducción del porcentaje antes citado, afectando con ello gravemente mis derechos." Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, pues se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Establecido lo anterior, en principio, es importante precisar algunos aspectos en cuanto a las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Pues bien, la Ley de Amparo, en sus artículos 1o, fracción I, y 5o fracción II, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, que la autoridad responsable, tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; a su vez, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto setraducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así como la tesis 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Conforme a los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es autoridad para efectos del amparo aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin que para ello requiera de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De tal manera que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que, para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, se está frente a actos de autoridad cuando existe una relación de supra a subordinación con un particular; cuando se establezca en la ley; cuando a través de ella emita actos unilaterales, con los que cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado y cuando para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que cuando se imputa un acto de autoridad lesivo a los derechos fundamentales, debe analizarse si se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, donde el promovente debe tener el carácter de gobernado o si la vinculación de que se trata deriva de una relación de coordinación, que excluiría la concepción de autoridad y de resultar esto último, el litigio que se suscite ha de ventilarse conforme al procedimiento establecido en el derecho privado. Puede suceder también que las normas constitucionales coloquen al Estado en una situación jurídica parecida a la de un particular. Por ello, con base en los criterios transcritos, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio, están reguladas por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro; por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; en tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Ahora, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general.". Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. En ese tenor, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente establece que por autoridad responsable debe entenderse "...la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ..."; por tanto, para que los actos de un particular sean considerados como de autoridad para efectos del juicio constitucional, deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en su caso, el particular deberá omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, para que los particulares puedan tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, su actuar deberá desempeñarse en ejercicio de funciones públicas, es decir, no podrá considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a los particulares que actúen en forma convencional y en sí como entes privados o particulares. Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, se obtiene que el acto reclamado a las Administradoras Regionales del Poder Judicial de la Federación referidas, es el siguiente: ? La disminución de la cantidad que venía percibiendo por concepto de pensión alimenticia. Cabe referir que dicho acto lo reclama la parte quejosa bajo la perspectiva consistente en que, la disminución de mérito, se realizó sin que autoridad jurisdiccional alguna haya decretado un ordenado la reducción en el porcentaje al que tiene derecho, como se desprende de la siguiente transcripción: ".disminución de pensión alimenticia que se realiza sin que autoridad jurisdiccional alguna haya decretado alguna reducción del porcentaje antes citado, afectando con ello gravemente mis derechos." Determinado lo anterior, debe indicarse que el acto reclamado no puede ser considerado como acto de autoridad o alguno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo. A fin de sustentar lo anterior, es conveniente citar que del contenido del apartado de antecedentes, expresados bajo protesta de decir verdad, el quejoso sostuvo que en las diligencias jurisdicción voluntaria 894/2002, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Uruapan, Michoacán, se decretó como medida cautelar provisional el pago de alimentos a favor del quejoso por el monto del treinta por ciento de las percepciones de su progenitor Joaquín Santoyo Ramírez. Luego, refiere que promovió el diverso juicio de amparo indirecto 400/2018 ante este juzgado federal, en el cual se señaló como autoridad responsable a la Administradora Regional del Poder Judicial de la Federación con residencia en Guanajuato, Guanajuato; juicio en el que se le concedió la suspensión provisional y, por tal motivo, -considera- se le debió seguir haciendo entrega de la cantidad correspondiente al treinta por ciento del total de las percepciones del deudor alimentista. Sin embargo -aduce-, el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la Administradora Regional del Poder Judicial de la Federación con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, le hizo entrega [por conducto de su progenitora] la cantidad de $9,432.08 (nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 08/100 moneda nacional), la cual resulta inferior al treinta por ciento del salario de su progenitor, ya que hasta octubre de dos mil diecisiete se le entregaba la cantidad de $11,187.86 (once mil ciento ochenta y siete pesos 86/100 moneda nacional). Esto es, aduce que las autoridades señaladas como responsables Administradora Regional del Poder Judicial de la Federación con residencia en Guanajuato, Guanajuato y Administradora Regional del Poder Judicial de la Federación con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, "disminuyeron" la cantidad que se le descontaba ordinariamente al tercero interesado, sin que dicha disminución haya sido ordenada por órgano jurisdiccional alguno. Cuestión que no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo toda vez que, como lo refiere, los órganos administrativos que señala como autoridades responsables, sólo son entes patronales a cargo de quienes se hace el descuento de la cantidad fijada para los alimentos y la entrega al quejoso, por lo que su actuar no deriva de una relación de supra a subordinación, sino que actúan en un plano de coordinación entre el tercero interesado como empleado del Poder Judicial de la Federación y el quejoso por conducto de su progenitora, quien realiza los cobros por conducto de la administración regional con sede en esta ciudad. En ese orden, si la disminución no emana de algún mandato de autoridad [como lo afirma el quejoso en el planteamiento de su demanda], la actuación que realice la entidad patronal a quien le atribuye el carácter de autoridad responsable no se realiza en un plano de autoridad, sino que evidencia un acto entre particulares como entes privados y no se está constriñendo al afectado a un hacer, ni se le exige algo de forma inexcusable, aunado a que tampoco se trata de un acto unilateral que emane de sus competencias, sino que la entrega de la cantidad que se le descuenta al acreedor alimentista que, a decir de la quejosa, disminuyó, deriva de su obligación que debe cumplir [en su calidad de patrón] como consecuencia de un mandato de una autoridad judicial. Por tanto, se insiste, los actos que a ambos entes patronales señalados como responsables, se les atribuye, no son actos de autoridad que ocurran en una relación de supra a subordinación, sino en una diversa, esto es, en una relación de coordinación, la cual se entabla en un plano de igualdad con los gobernados, es decir, dentro del ámbito del derecho privado que rige las relaciones entre particulares, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado, por lo cual no puede ser considerado como acto u omisión de autoridad para efectos del juicio constitucional. Lo anterior se estima así, pues del capítulo de antecedentes que, bajo protesta de decir verdad manifestó el quejoso, se desprende que en las diligencias jurisdicción voluntaria 894/2002, del índice del juez referido en el párrafo anterior, se decretó como medida cautelar provisional el pago de alimentos a favor del quejoso por el monto de 30 % de las percepciones de su progenitor Joaquín Santoyo Ramírez, de ahí que se concluya que la autoridad responsable señalada como ordenadora sólo actúe en consecuencia a un mandato judicial y que posiblemente tal disminución podría atender a una indebida cuantificación del monto, la que en todo caso debe ser combatida ante la propia autoridad judicial que determinó continuar con el descuento aludido a cargo del tercero interesado. Se insiste, no podría considerarse como "autoridad responsable ordenadora" a la Administradora Regional del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guanajuato, Guanajuato, y como "autoridad ejecutora" a la Administradora Regional del Poder Judicial de la Federación, con sede en esta ciudad, ya que las mismas, conforme al contexto de los antecedentes narrados, sólo actúan en su carácter de entidades patronal del progenitor del solicitante de amparo y, por tal motivo, de actuar por mutuo proprio, tal circunstancia puede ser sujeta de control por el juez competente que haya ordenado continuar con el descuento en cantidad del treinta por ciento. En ese sentido, no es posible tener como acto reclamado "la disminución del pago de pensión" atribuida a un órgano administrativo como lo es la Administradora Regional del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guanajuato, Guanajuato, púes ésta actúa como un ente patronal, por lo que su "actuar unilateral" lo realiza en su calidad de patrón retenedor y no como autoridad para efectos del juicio de amparo. Habida cuenta que tampoco podría atribuírseles a las citadas entes patronales, la cuantificación del porcentaje fijado para descuento al progenitor del quejoso, pues éstas obedecen a un mandato judicial emitido dentro de un procedimiento jurisdiccional de índole familiar, en cuyo procedimiento de instrucción y ejecución está a cargo del órgano rector del proceso, como podría ser el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Uruapan, Michoacán, quien, conforme al planteamiento del quejoso en su demanda, sería el obligado a llevar y aplicar todos los medios legales que prevé la norma ordinaria a fin de hacer ejecutable todas sus determinaciones, entre ellas, que se dé el debido cumplimiento a tal mandato judicial. Sobre dicho tópico, la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 458/2010, sostuvo que si un ente público interviene o colabora para la retención y/o cobro de una pensión alimenticia decretada por un juez competente, ello no lo convierte en una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues en este se le equipara a un particular que actúa como auxiliar en la administración de la justicia; por lo que se concluye que el acto reclamado en el presente juicio no se trata de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. La contradicción de tesis aludida dio como consecuencia la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento, DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Magdalena Hernández Jiménez879/2020
- Magdalena López Ayala3/2015
- Magdalena Rosalía Galván Ruiz827/2021
- Magdalena Vázquez Molina725/2020
- Magnolia Judith Chávez Galván779/2020
- Malleny Michelle García Suárez1206/2021
- Manuel Aarón García Escutia740/2021
- Manuel Alejandro Alvarado Badillo673/2014
- Manuel Bremer González870/2006
- Manuel Chávez Celis575/2020
- Manuel Chávez Celis576/2020
- Manuel Coronel Suárez666/2018