Manuel Escobar González

Expediente 463/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 60 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
463/2021
Año
2021
Actuaciones
60
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Manuel Escobar González
  • Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 60.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental la suspensión provisional y la suspensión definitiva se concedió en relación a los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Devolución de constancias. Toda vez que del sumario se aprecia que el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, adjuntó a su informe justificado toca de apelación I-37/2021, el cual obra glosado en autos, por lo que, previo desglose ya que resulta innecesaria su permanencia, devuélvanse al mismo, sin que haya lugar acusar recibo de su recepción.

  2. Principal

    SENTENCIA: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 463/2021, promovido por Manuel Escobar González, por conducto de su apoderado José Antonio Rodríguez Corona; por alegada violación de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama a la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación I-37/2021 formado con motivo del recurso interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil con sede en esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 542/2010, promovido por Emma Herminia Escobar González frente al peticionario de amparo. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una sentencia dictada por autoridad residente en esta ciudad, territorio en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. La magistrada responsable, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado. Lo que además se corrobora con la documental que adjuntó al mismo, consistente en el toca de apelación I-37/2021, el que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTA. Análisis de la procedencia del juicio. Tal tópico constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte la existencia de alguna, por lo que se procede a realizar el estudio sobre la legalidad de los actos reclamados. QUINTA. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo. SEXTA. Cuadro procesal. Para proporcionar claridad en el estudio de fondo de la cuestión propuesta en este juicio, es pertinente realizar una síntesis de los antecedentes del acto reclamado. En el juicio ejecutivo mercantil 542/2010 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en esta ciudad, promovido por Emma Herminia Escobar González frente al peticionario de amparo, en la etapa de ejecución de sentencia, el catorce de diciembre de dos mil veinte, se dictó interlocutoria en el incidente de actualización de intereses promovido por la accionante, el cual concluyó con la aprobación a favor de la incidentista de la cantidad de $1,040,000.00 (un millón cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios, generados respecto de los tres pagarés accionarios en dicho juicio mercantil. El demandado e incidentado no estuvo conforme con esa determinación, por lo que interpuso en su contra recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien registró el expediente bajo el número de toca 37/2021, y mediante sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, confirmó la interlocutoria apelada. Siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SÉPTIMA. Estudio sobre la legalidad del acto reclamado. Los motivos de disenso expuestos en la demanda de amparo resultan inoperantes en un aspecto, e infundados en otro, por tanto, ineficaces para conceder la protección solicitada. Es importante destacar que los argumentos contenidos en el único concepto de violación, se atenderán en un orden distinto al en que se encuentran en la demanda de amparo, sin que ello genere afectación al peticionario de amparo, dado que se atenderán la totalidad de los expuestos en la demanda, aunado a que la ley de la materia permite esa forma de estudio. Argumentos inoperantes. Previo a justificar la inoperancia decretada, es pertinente destacar que ante la imposibilidad jurídica y material, propia de las leyes en sentido formal, para precisar todos los supuestos jurídicos que puedan derivarse de sus enunciados normativos, resulta de especial relevancia la actividad interpretadora que realizan los órganos del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 14, último párrafo, y 94, décimo párrafo, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 217 de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno y en Salas, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, han desarrollado una interpretación jurisprudencial sobre la inoperancia de los argumentos que exponen los quejosos, al intentar rebatir un acto de autoridad y que, en un primer orden, se pueden dividir en operantes e inoperantes; siendo los primeros aquellos que permiten su confrontación contra el acto reclamado, de modo que pueden ser objeto de estudio y pronunciamiento por el órgano jurisdiccional, ya sea declarándolos fundados o infundados. En cambio, cuando el argumento es inoperante, la función del juzgador se limitará a declarar el supuesto jurisprudencial de inoperancia en que encuadra el mismo, sin que pueda decidir el fondo, ante el vicio de que adolece. Un concepto de violación será inoperante (como género) cuando, por algún motivo establecido en jurisprudencia obligatoria, no cumple con las exigencias mínimas que la lógica exige para considerar que se rebatió determinada consideración del acto reclamado o, bien, cuando por otra cuestión -de igual modo establecida en jurisprudencia-, no sea posible su decisión de fondo ante los vicios que aquejan al propio argumento (en relación con el acto impugnado o con el expediente del que deriva), siendo especies de la propia noción jurídica de inoperancia, mismas que los criterios obligatorios han enunciado, entre otros, como la deficiencia, la ineficacia o la inatendibilidad. Resulta pertinente invocar, en vía de orientación, la jurisprudencia número 2a./J.188/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. Así, resultan inoperantes los conceptos de violación o los agravios que se limitan a realizar meras afirmaciones sin fundamento, es decir, sin exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que se reclaman o recurren, en confrontación con los motivos aducidos por la autoridad responsable para sustentar el sentido de la determinación que se reclame, precisamente para proporcionar los elementos mínimos que permitan al juzgador de amparo, realizar el estudio respectivo para determinar si efectivamente es ilegal o inconstitucional el acto que se llevó a su conocimiento; de igual modo, deben recibir esta calificativa los motivos de disenso que se limitan a reiterar los argumentos que se expusieron ante la autoridad responsable, pero sin controvertir el análisis jurisdiccional de esa proposición; o bien, cuando en ellos deje de atenderse alguno de los razonamientos torales en los que se apoye la determinación impugnada, entre otros, precisamente porque ante tales deficiencias, el tribunal de amparo no cuenta con una base argumentativa mínima suficiente, para confrontar la legalidad de la resolución de que se trate, en aquellos casos en los que no opera la institución de la suplencia de la queja deficiente, como en el caso que nos ocupa. Como se indicó, en el caso particular, la génesis del acto reclamado, lo constituye la interlocutoria de liquidación de catorce de diciembre de dos veinte, en la que se aprobó a favor de la aquí tercera interesada el cobro de la cantidad de $1,040,000.00 (un millón cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios generados respecto de los tres pagarés accionarios en el juicio mercantil de origen. Así, resulta innegable que la determinación en forma líquida de dicha prestación accesoria -intereses moratorios- es la sustancia de la interlocutoria de origen, y por ello, también de la sentencia de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación contra dicha cuantificación del juez natural, lo que se corrobora con el contenido de la sentencia reclamada, en donde la magistrada responsable, es tajante en acotar como materia de estudio del fallo primigenio y de la sentencia de alzada, la cuantificación de intereses moratorios que se generaron con motivo de la suscripción de tres pagarés, a cuyo pago se condenó al accionado e incidentado ahora quejoso. De ahí que las manifestaciones contenidas en los conceptos de violación sobre cuestiones atinentes a la prescripción de la ejecución de la sentencia del juicio de origen, no guardan relación con la materia de la sentencia reclamada, que se circunscribe a analizar la petición liquidatoria de intereses moratorios que se promovió en el juicio natural. Por tanto, al referirse a cuestiones ajenas a la litis, es inconcuso que tales señalamientos resultan inoperantes para otorgar la protección constitucional solicitada. En otro aspecto, se tiene que el peticionario de amparo inicia mencionando los derechos fundamentales que se protegen en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, así en los diversos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; para continuar con el señalamiento de las hipótesis normativas que se contienen en los numerales1, 1054, 1063, 1085, 1324, 1325 y 1327 del Código de Comercio, en relación con los actos de comercio, las normas procedimentales supletorias para los procedimientos civiles, así como los requisitos formales que deben cumplir las sentencias dictadas en los juicios mercantiles. Así, el quejoso continuó indicando que la condena a los intereses moratorios que llevó a cabo la autoridad responsable, a razón del 6% seis por ciento mensual desde el siete de abril de dos mil once, hasta el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, violenta su capacidad económica; de igual modo, señala que ponderando el interés dado a conocer por el Banco de México, con el plasmado en los títulos valor, se puede advertir que éstos son excesivos, en el tenor de que se encuentra identificado como interés usurario, pues si bien quien otorga un préstamo tiene derecho a recibir una retribución económica por el riesgo que corre y para no dejar de recibir las ganancias que produjera su dinero, en caso de que lo tuviera invertido, también es cierto que cuando ese interés es más alto que las tasas permitidas, se está obteniendo una ganancia que tampoco es permisible, por encontrarse fuera de los parámetros legales o usos comerciales, lo que trae un menoscabo del patrimonio del demandado, quien ante la acumulación de intereses excesivos va sufriendo la disminución del valor de las propiedades que embargó la acreedora; por lo que este tribunal de alzada -sic- puede advertir que el cobro de intereses convencionales del seis por ciento mensual, equivale al cincuenta y cuatro por ciento anual, porcentaje considerado como usurario, lo que se dejó de analizar atendiendo a la facultad que a ese respecto concede el artículo 1 constitucional. Reitera que si bien en los contratos mercantiles, en primer orden debe prevalecer la voluntad de las partes, ello deja de tener aplicación cuando tal consenso resulta ilícito, en términos del artículo 77 del Código de Comercio; por lo que en respeto a los preceptos constitucionales y convencionales referidos, debió hacerse una interpretación conforme para establecer que los intereses pactados por las partes son usurarios, a fin de salvaguardar el patrimonio del accionado; aduce que el juez primario debió obtener de mutuo propio los parámetros de intereses permitidos en el mercado financiero nacional, para ajustar la tasa pactada que al ser pactada en un cincuenta y cuatro por ciento anual, sobrepasa la tasa de interés más alta del mercado financiero que observa de la página de internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; asimismo, señala que ante esa situación debió atenderse a la obligación impuesta en el artículo 1 constitucional, para dejar de aplicar lo establecido por las leyes mercantiles, aunado a que debió valuar ese carácter de excesivo de la tasa pactada en los títulos base, atendiendo a los indicadores de inflación consultable en la página de internet del Banco de México. Asimismo, indica el quejoso, que si bien la cosa juzgada tiene características de inmutabilidad, también debe advertirse que cuando dicha sentencia produce una afectación a un derecho humano, motiva una determinación expresa sobre los límites de la cosa juzgada, puesto que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los humanos reconocidos por la constitución y los tratados internacionales, para hacer respetar los derechos violentados aun ante dicha institución. Argumentos inoperantes. Lo que resulta de ese modo, porque el peticionario de amparo se limita a reiterar lo que expuso ante la alzada en calidad de agravios, puesto que prácticamente en los mismos términos se pronunció ante la magistrada responsable; sin embargo, omite controvertir la respuesta que dio la responsable a tales planteamientos, quien al efecto expuso en la sentencia reclamada, que si bien en ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad los órganos jurisdiccionales tienen facultad para revisar el respeto a los derechos humanos, aun en los asuntos de estricto derecho como el juicio de origen; lo cierto es que tal facultad tiene un límite que se presenta en la cosa juzgada, puesto que ante la fuerza de inmutabilidad de una sentencia firme, ya no es factible que se revise de nueva cuenta una decisión jurisdiccional. En efecto, la magistrada responsable tomó en consideración los argumentos que ahora reitera el peticionario de amparo, y con relación a ellos manifestó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el control de constitucionalidad y convencionalidad no puede ser ejercido en aquéllos asuntos en los que ha operado la institución de la cosa juzgada; por ende, no es factible que en el incidente de liquidación que se reclamaba en la alzada, fuera analizada la tasa de interés que se aprobó en sentencia definitiva firme, siendo que en el incidente liquidatorio únicamente se atiende lo relativo a determinar los montos, pero no así los porcentajes de los intereses a que fue condenado el incidentado. Así, la magistrada responsable apoyó su determinación en la jurisprudencia número 1ª./J. 28/2017 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. Sin embargo, el peticionario de amparo omitió controvertir estas determinaciones, pues nada dijo con relación a la aplicación de la jurisprudencia citada por la responsable, sino que se limitó a reiterar lo que expuso como agravios ante la magistrada responsable, pero sin controvertir lo que a ese respecto se determinó en la sentencia reclamada, de ahí que tales manifestaciones resulten inoperantes para los efectos pretendidos. Argumentos infundados. En otro aspecto, señala el peticionario de amparo que la sentencia reclamada se encuentra carente de fundamentación y motivación, ya que no cumple con los requisitos de forma que para ello imponen los artículos 1324, 1325, 1326 y 1327 del código mercantil, porque en su dictado no se atienden los principios de fundamentación y motivación que deben respetar todas las autoridades del país; asimismo, señala que el magistrado responsable omitió hacer la ponderación de los derechos fundamentales previstos por la constitución federal y los tratados internacionales firmados por el estado mexicano, para establecer la protección máxima de éstos, incluso inaplicando los artículos de la ley mercantil que prevén la convención de las partes como prevalente sobre el respeto a los derechos humanos. Previo a justificar la calificativa anotada, conviene precisar que es obligación de toda autoridad jurisdiccional -como en el caso la responsable-, el fundamentar y motivar las decisiones que emita en los juicios que pongan a su consideración. Tal obligatoriedad deriva de lo dispuesto en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, que en su parte conducente establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]". Del precepto transcrito se desprende la obligación de las autoridades de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, para lo cual se encuentran obligadas a mencionar los preceptos legales o razones de derecho en que funden su determinación y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad; siendo así, que todas las resoluciones que emitan las autoridades deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, para que una determinación o resolución de autoridad administrativa se encuentre debidamente fundada y motivada debe contener él o los preceptos jurídicos que la sustenten, que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Cobra aplicación al caso, por identidad sustancial la jurisprudencia número 1a./J. 139/2005 que en contradicción de tesis sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se trascribe: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. De igual modo, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia I.4o.A. J/43, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". En el caso concreto, de la lectura del acto reclamado, se observa que, contrario a lo aducido por el peticionario de amparo, la magistrada responsable, señaló los preceptos legales aplicables al caso, por lo que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, la magistrada responsable cumplió con la obligación constitucional de fundamentar debidamente su resolución, al citar los preceptos legales que prevén la determinación que emitió en el auto motivo de estudio. En otro aspecto, con relación a la motivación del acto reclamado, se observa que, contrario a lo aducido por el quejoso, ésta sí fue colmada por la responsable, dado que señaló con claridad el motivo por el cual el caso concreto se adecua a las hipótesis previstas en la norma, es decir, al atender los planteamientos del apelante, señaló el por qué no se podía acceder a la petición del incidentista, indicando no solo los preceptos legales que así lo disponen, sino también la interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo dispone. Por tanto, dado que la sentencia reclamada establece con claridad los motivos y fundamentos que llevaron a la responsable a pronunciarse en el sentido que lo hizo, torna infundados los planteamientos que así lo proponen. En las relatadas circunstancias, ante lo inoperante e infundado de los argumentos propuestos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Resta agregar que aun cuando no se tiene obligación legal dar contestación a los alegatos formulados por la tercera interesada, las manifestaciones contenidas en los mismos, se atienden con las consideraciones expuestas líneas atrás, para los efectos legales pertienntes. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 79, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuel Escobar González, contra el acto que reclamó de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en la parte final del último considerando de este fallo.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: EMMA HERMINIA ESCOBAR GONZÁLEZ, la siguiente sentencia: SENTENCIA: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 463/2021, promovido por Manuel Escobar González, por conducto de su apoderado José Antonio Rodríguez Corona; por alegada violación de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama a la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación I-37/2021 formado con motivo del recurso interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil con sede en esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 542/2010, promovido por Emma Herminia Escobar González frente al peticionario de amparo. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una sentencia dictada por autoridad residente en esta ciudad, territorio en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. La magistrada responsable, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado. Lo que además se corrobora con la documental que adjuntó al mismo, consistente en el toca de apelación I-37/2021, el que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTA. Análisis de la procedencia del juicio. Tal tópico constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte la existencia de alguna, por lo que se procede a realizar el estudio sobre la legalidad de los actos reclamados. QUINTA. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo. SEXTA. Cuadro procesal. Para proporcionar claridad en el estudio de fondo de la cuestión propuesta en este juicio, es pertinente realizar una síntesis de los antecedentes del acto reclamado. En el juicio ejecutivo mercantil 542/2010 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en esta ciudad, promovido por Emma Herminia Escobar González frente al peticionario de amparo, en la etapa de ejecución de sentencia, el catorce de diciembre de dos mil veinte, se dictó interlocutoria en el incidente de actualización de intereses promovido por la accionante, el cual concluyó con la aprobación a favor de la incidentista de la cantidad de $1,040,000.00 (un millón cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios, generados respecto de los tres pagarés accionarios en dicho juicio mercantil. El demandado e incidentado no estuvo conforme con esa determinación, por lo que interpuso en su contra recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien registró el expediente bajo el número de toca 37/2021, y mediante sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, confirmó la interlocutoria apelada. Siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SÉPTIMA. Estudio sobre la legalidad del acto reclamado. Los motivos de disenso expuestos en la demanda de amparo resultan inoperantes en un aspecto, e infundados en otro, por tanto, ineficaces para conceder la protección solicitada. Es importante destacar que los argumentos contenidos en el único concepto de violación, se atenderán en un orden distinto al en que se encuentran en la demanda de amparo, sin que ello genere afectación al peticionario de amparo, dado que se atenderán la totalidad de los expuestos en la demanda, aunado a que la ley de la materia permite esa forma de estudio. Argumentos inoperantes. Previo a justificar la inoperancia decretada, es pertinente destacar que ante la imposibilidad jurídica y material, propia de las leyes en sentido formal, para precisar todos los supuestos jurídicos que puedan derivarse de sus enunciados normativos, resulta de especial relevancia la actividad interpretadora que realizan los órganos del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 14, último párrafo, y 94, décimo párrafo, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 217 de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno y en Salas, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, han desarrollado una interpretación jurisprudencial sobre la inoperancia de los argumentos que exponen los quejosos, al intentar rebatir un acto de autoridad y que, en un primer orden, se pueden dividir en operantes e inoperantes; siendo los primeros aquellos que permiten su confrontación contra el acto reclamado, de modo que pueden ser objeto de estudio y pronunciamiento por el órgano jurisdiccional, ya sea declarándolos fundados o infundados. En cambio, cuando el argumento es inoperante, la función del juzgador se limitará a declarar el supuesto jurisprudencial de inoperancia en que encuadra el mismo, sin que pueda decidir el fondo, ante el vicio de que adolece. Un concepto de violación será inoperante (como género) cuando, por algún motivo establecido en jurisprudencia obligatoria, no cumple con las exigencias mínimas que la lógica exige para considerar que se rebatió determinada consideración del acto reclamado o, bien, cuando por otra cuestión -de igual modo establecida en jurisprudencia-, no sea posible su decisión de fondo ante los vicios que aquejan al propio argumento (en relación con el acto impugnado o con el expediente del que deriva), siendo especies de la propia noción jurídica de inoperancia, mismas que los criterios obligatorios han enunciado, entre otros, como la deficiencia, la ineficacia o la inatendibilidad. Resulta pertinente invocar, en vía de orientación, la jurisprudencia número 2a./J.188/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. Así, resultan inoperantes los conceptos de violación o los agravios que se limitan a realizar meras afirmaciones sin fundamento, es decir, sin exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que se reclaman o recurren, en confrontación con los motivos aducidos por la autoridad responsable para sustentar el sentido de la determinación que se reclame, precisamente para proporcionar los elementos mínimos que permitan al juzgador de amparo, realizar el estudio respectivo para determinar si efectivamente es ilegal o inconstitucional el acto que se llevó a su conocimiento; de igual modo, deben recibir esta calificativa los motivos de disenso que se limitan a reiterar los argumentos que se expusieron ante la autoridad responsable, pero sin controvertir el análisis jurisdiccional de esa proposición; o bien, cuando en ellos deje de atenderse alguno de los razonamientos torales en los que se apoye la determinación impugnada, entre otros, precisamente porque ante tales deficiencias, el tribunal de amparo no cuenta con una base argumentativa mínima suficiente, para confrontar la legalidad de la resolución de que se trate, en aquellos casos en los que no opera la institución de la suplencia de la queja deficiente, como en el caso que nos ocupa. Como se indicó, en el caso particular, la génesis del acto reclamado, lo constituye la interlocutoria de liquidación de catorce de diciembre de dos veinte, en la que se aprobó a favor de la aquí tercera interesada el cobro de la cantidad de $1,040,000.00 (un millón cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios generados respecto de los tres pagarés accionarios en el juicio mercantil de origen. Así, resulta innegable que la determinación en forma líquida de dicha prestación accesoria -intereses moratorios- es la sustancia de la interlocutoria de origen, y por ello, también de la sentencia de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación contra dicha cuantificación del juez natural, lo que se corrobora con el contenido de la sentencia reclamada, en donde la magistrada responsable, es tajante en acotar como materia de estudio del fallo primigenio y de la sentencia de alzada, la cuantificación de intereses moratorios que se generaron con motivo de la suscripción de tres pagarés, a cuyo pago se condenó al accionado e incidentado ahora quejoso. De ahí que las manifestaciones contenidas en los conceptos de violación sobre cuestiones atinentes a la prescripción de la ejecución de la sentencia del juicio de origen, no guardan relación con la materia de la sentencia reclamada, que se circunscribe a analizar la petición liquidatoria de intereses moratorios que se promovió en el juicio natural. Por tanto, al referirse a cuestiones ajenas a la litis, es inconcuso que tales señalamientos resultan inoperantes para otorgar la protección constitucional solicitada. En otro aspecto, se tiene que el peticionario de amparo inicia mencionando los derechos fundamentales que se protegen en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, así en los diversos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; para continuar con el señalamiento de las hipótesis normativas que se contienen en los numerales1, 1054, 1063, 1085, 1324, 1325 y 1327 del Código de Comercio, en relación con los actos de comercio, las normas procedimentales supletorias para los procedimientos civiles, así como los requisitos formales que deben cumplir las sentencias dictadas en los juicios mercantiles. Así, el quejoso continuó indicando que la condena a los intereses moratorios que llevó a cabo la autoridad responsable, a razón del 6% seis por ciento mensual desde el siete de abril de dos mil once, hasta el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, violenta su capacidad económica; de igual modo, señala que ponderando el interés dado a conocer por el Banco de México, con el plasmado en los títulos valor, se puede advertir que éstos son excesivos, en el tenor de que se encuentra identificado como interés usurario, pues si bien quien otorga un préstamo tiene derecho a recibir una retribución económica por el riesgo que corre y para no dejar de recibir las ganancias que produjera su dinero, en caso de que lo tuviera invertido, también es cierto que cuando ese interés es más alto que las tasas permitidas, se está obteniendo una ganancia que tampoco es permisible, por encontrarse fuera de los parámetros legales o usos comerciales, lo que trae un menoscabo del patrimonio del demandado, quien ante la acumulación de intereses excesivos va sufriendo la disminución del valor de las propiedades que embargó la acreedora; por lo que este tribunal de alzada -sic- puede advertir que el cobro de intereses convencionales del seis por ciento mensual, equivale al cincuenta y cuatro por ciento anual, porcentaje considerado como usurario, lo que se dejó de analizar atendiendo a la facultad que a ese respecto concede el artículo 1 constitucional. Reitera que si bien en los contratos mercantiles, en primer orden debe prevalecer la voluntad de las partes, ello deja de tener aplicación cuando tal consenso resulta ilícito, en términos del artículo 77 del Código de Comercio; por lo que en respeto a los preceptos constitucionales y convencionales referidos, debió hacerse una interpretación conforme para establecer que los intereses pactados por las partes son usurarios, a fin de salvaguardar el patrimonio del accionado; aduce que el juez primario debió obtener de mutuo propio los parámetros de intereses permitidos en el mercado financiero nacional, para ajustar la tasa pactada que al ser pactada en un cincuenta y cuatro por ciento anual, sobrepasa la tasa de interés más alta del mercado financiero que observa de la página de internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; asimismo, señala que ante esa situación debió atenderse a la obligación impuesta en el artículo 1 constitucional, para dejar de aplicar lo establecido por las leyes mercantiles, aunado a que debió valuar ese carácter de excesivo de la tasa pactada en los títulos base, atendiendo a los indicadores de inflación consultable en la página de internet del Banco de México. Asimismo, indica el quejoso, que si bien la cosa juzgada tiene características de inmutabilidad, también debe advertirse que cuando dicha sentencia produce una afectación a un derecho humano, motiva una determinación expresa sobre los límites de la cosa juzgada, puesto que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los humanos reconocidos por la constitución y los tratados internacionales, para hacer respetar los derechos violentados aun ante dicha institución. Argumentos inoperantes. Lo que resulta de ese modo, porque el peticionario de amparo se limita a reiterar lo que expuso ante la alzada en calidad de agravios, puesto que prácticamente en los mismos términos se pronunció ante la magistrada responsable; sin embargo, omite controvertir la respuesta que dio la responsable a tales planteamientos, quien al efecto expuso en la sentencia reclamada, que si bien en ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad los órganos jurisdiccionales tienen facultad para revisar el respeto a los derechos humanos, aun en los asuntos de estricto derecho como el juicio de origen; lo cierto es que tal facultad tiene un límite que se presenta en la cosa juzgada, puesto que ante la fuerza de inmutabilidad de una sentencia firme, ya no es factible que se revise de nueva cuenta una decisión jurisdiccional. En efecto, la magistrada responsable tomó en consideración los argumentos que ahora reitera el peticionario de amparo, y con relación a ellos manifestó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el control de constitucionalidad y convencionalidad no puede ser ejercido en aquéllos asuntos en los que ha operado la institución de la cosa juzgada; por ende, no es factible que en el incidente de liquidación que se reclamaba en la alzada, fuera analizada la tasa de interés que se aprobó en sentencia definitiva firme, siendo que en el incidente liquidatorio únicamente se atiende lo relativo a determinar los montos, pero no así los porcentajes de los intereses a que fue condenado el incidentado. Así, la magistrada responsable apoyó su determinación en la jurisprudencia número 1ª./J. 28/2017 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. Sin embargo, el peticionario de amparo omitió controvertir estas determinaciones, pues nada dijo con relación a la aplicación de la jurisprudencia citada por la responsable, sino que se limitó a reiterar lo que expuso como agravios ante la magistrada responsable, pero sin controvertir lo que a ese respecto se determinó en la sentencia reclamada, de ahí que tales manifestaciones resulten inoperantes para los efectos pretendidos. Argumentos infundados. En otro aspecto, señala el peticionario de amparo que la sentencia reclamada se encuentra carente de fundamentación y motivación, ya que no cumple con los requisitos de forma que para ello imponen los artículos 1324, 1325, 1326 y 1327 del código mercantil, porque en su dictado no se atienden los principios de fundamentación y motivación que deben respetar todas las autoridades del país; asimismo, señala que el magistrado responsable omitió hacer la ponderación de los derechos fundamentales previstos por la constitución federal y los tratados internacionales firmados por el estado mexicano, para establecer la protección máxima de éstos, incluso inaplicando los artículos de la ley mercantil que prevén la convención de las partes como prevalente sobre el respeto a los derechos humanos. Previo a justificar la calificativa anotada, conviene precisar que es obligación de toda autoridad jurisdiccional -como en el caso la responsable-, el fundamentar y motivar las decisiones que emita en los juicios que pongan a su consideración. Tal obligatoriedad deriva de lo dispuesto en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, que en su parte conducente establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]". Del precepto transcrito se desprende la obligación de las autoridades de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, para lo cual se encuentran obligadas a mencionar los preceptos legales o razones de derecho en que funden su determinación y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad; siendo así, que todas las resoluciones que emitan las autoridades deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, para que una determinación o resolución de autoridad administrativa se encuentre debidamente fundada y motivada debe contener él o los preceptos jurídicos que la sustenten, que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Cobra aplicación al caso, por identidad sustancial la jurisprudencia número 1a./J. 139/2005 que en contradicción de tesis sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se trascribe: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. De igual modo, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia I.4o.A. J/43, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". En el caso concreto, de la lectura del acto reclamado, se observa que, contrario a lo aducido por el peticionario de amparo, la magistrada responsable, señaló los preceptos legales aplicables al caso, por lo que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, la magistrada responsable cumplió con la obligación constitucional de fundamentar debidamente su resolución, al citar los preceptos legales que prevén la determinación que emitió en el auto motivo de estudio. En otro aspecto, con relación a la motivación del acto reclamado, se observa que, contrario a lo aducido por el quejoso, ésta sí fue colmada por la responsable, dado que señaló con claridad el motivo por el cual el caso concreto se adecua a las hipótesis previstas en la norma, es decir, al atender los planteamientos del apelante, señaló el por qué no se podía acceder a la petición del incidentista, indicando no solo los preceptos legales que así lo disponen, sino también la interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo dispone. Por tanto, dado que la sentencia reclamada establece con claridad los motivos y fundamentos que llevaron a la responsable a pronunciarse en el sentido que lo hizo, torna infundados los planteamientos que así lo proponen. En las relatadas circunstancias, ante lo inoperante e infundado de los argumentos propuestos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Resta agregar que aun cuando no se tiene obligación legal dar contestación a los alegatos formulados por la tercera interesada, las manifestaciones contenidas en los mismos, se atienden con las consideraciones expuestas líneas atrás, para los efectos legales pertienntes. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 79, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuel Escobar González, contra el acto que reclamó de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en la parte final del último considerando de este fallo

  4. Principal

    1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que se señalaron las once horas con trece minutos del veintinueve de abril del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, tomando en consideración que la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal otorgó licencia al titular del este juzgado y que, además, la secretaria que estará encargada del despacho únicamente practicará las diligencia y dictará las providencia de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; no es factible llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional. 2. Diferimiento de audiencia constitucional. En atención a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

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